El presente ensayo intenta abordar un análisis teórico conceptual sobre la calidad de la democracia; sus principales aspectos caracterizados como indicadores y su relevancia en el proceso de transición para el futuro democrático ideal de México partiendo del planteamiento hipotético inicial: ¿Es posible en el proceso de transición hacia la democracia de nuestro país obtener una democracia de calidad? y ¿Cuál sería el ideal a alcanzar?

INTRODUCCIÓN

El ideal de desarrollo de un país surge del deseo de que su política pública sea coincidente a la necesidad social, real e ideal; y expresada en congruencia consciente en sus agendas políticas como reflejo de las mismas.

En este ensayo se intenta abordar la democracia no solo desde la perspectiva política, sino también, aunque parcialmente desde la política social como expresión de la dinámica de la transición democrática que implica, por cuanto incluye, la democracia como efecto social; pero además, desde la percepción de Thesing J. (2004: 145) quien refiere que “un sistema democrático funciona en último término solo cuando es apoyado por muchos demócratas”.

Esto plantea una contradicción expresado por un problema fundamental; un demócrata participativo desde una perspectiva de actuación requiere de un proceso de formación política que solo puede lograrse a partir de una cultura política que privilegie su participación democrática como una consecuencia de dimensiones actitudinales; es decir, la participación de un demócrata para la transición o consolidación democrática solo puede ejercerse desde un cambio de su modelo mental que permita ponderar esta necesidad de participación y que esta participación sea un efecto de conducta social, donde una sociedad más participativa aprehende la democracia con “h”; es decir, que no solo es consecuencia del saber político, sino que además, es capaz de reconstruirla permanentemente e incidir socialmente con ella. Para ello requiere que la sociedad perciba como anota Thesing J. (1996: 69 – 122) la democracia “como una forma de vida” .

Su postura conceptualiza una participación no desde la participación de la “sociedad civil”, sino desde la participación de la “sociedad de ciudadanos”; ya que solamente el ciudadano puede constituir la parte activa de la democracia con un sentido solidario de autorresponsabilidad ciudadana, donde el estado provee a través de la educación política de un extenso y prolongado cambio de conciencia, de tal forma que el concepto de democracia implica calidad democrática como expresión de calidad de vida y aprecio por el bien común. Un tránsito necesario de la democracia de lo legal a la democracia de propuestas, consensos e intenciones de ciudadanos socialmente organizados en, por, para y con la democracia participativa.

Los cambios hacia este estadio deben ir más allá de las formas y reformas electorales, sus indicadores y tendencias objetivas, de las reformas supuestas en su carácter legal y centrarse más en la legitimidad de la incidencia e impacto social; es decir, en la importancia subjetiva de sus actores que garantice realmente la estabilidad social en la democracia; su contrastación y validación con los modelos mediáticos que intentan delinear y conducir la opinión pública a partir de una representación de intereses y no de una representación ciudadana su carácter pendular entre el sensacionalismo y la utopía como esfera de la negación controlada; una expresión de la superficialidad del comentario banal en lugar de el análisis profundo de la realidad social y su potencial de solución ante la gran cantidad de conflictos irresolubles, por cuanto desapercibidos de su realidad; cuya finalidad, más que contribuir a la solución permean el mantenimiento de sus propios intereses económicos bajo una máscara ilegítima de manipulación al parecer bien intencionada, pero esencialmente perversa en su complicidad.

Destrabar esta posibilidad, sin soslayar la realidad sistemáticamente arbitraria y autoritaria de la realidad democrática implica la necesidad de caracterizar no solo la democracia como una conducta esencial de participación ciudadana; sino también, comprender que una democracia representa y es el reflejo de aprender a vivir, de calidad de vida y bienestar de esa “sociedad de ciudadanos”; donde el poder del ciudadano al modificar su actitud consecuencia de una adecuada formación política implica que el estado, más que el propio gobierno constituyan y se constituyan en un proceso dinámico y coincidente orientado permanentemente hacia la consecución de una legítima y auténtica democracia.

Una democracia como la actual en nuestro país, declarada por algunos estudiosos como en transición y por otros más atrevidos en proceso de consolidación es simplemente, una democracia fragmentada, lo que explica que es evidentemente incompleta.

Este carácter categórico de incompletud permite percibir la posibilidad de alcanzar la democracia como expresión de una “sociedad de ciudadanos”; alcanzarla con calidad es el objeto de estudio del presente ensayo desde la modalidad de análisis teórico –conceptual.?
MARCO TEORICO CONCEPTUAL

En su sentido más elemental, democracia no es más que “el gobierno del pueblo” , lo cual significa que las decisiones que nos afectan a todos, sean tomadas por todos; donde el voto, la representación y participación política sean garantía para todos en los derechos civiles, políticos y sociales; una democracia de la ciudadanía.

La democracia de las dos últimas décadas en América Latina muestra avances significativos, pero por otra parte ha sido insuficiente al mantener profundas desigualdades, generando crisis desestabilizadoras y enfrentando una creciente crisis social; en la que se advierte que una gran proporción de “demócratas insatisfechos” estaría dispuesta a sacrificar un gobierno democrático en aras de un progreso socioeconómico real ((PNUD), 2004).

La democracia en su carácter reduccionista como democracia del elector manifiesta un significado conceptual insignificante; colocar al ciudadano como fundamento de la democracia, renueva la esperanza de enriquecer su significado y modifica su manera de evaluarla; la “noción de ciudadanía” abre la posibilidad de contemplar al ciudadano como miembro de una comunidad que decide democráticamente con plena garantía de ejercicio en la expresión de sus derechos y obligaciones ciudadanas como condición de éxito y satisfacción de sus aspiraciones. El desarrollo de la calidad de la democracia estará dado “por la capacidad de dar vigencia a los derechos de los ciudadanos y constituir a estos en sujetos de las decisiones que los afectan” .

El grado de desarrollo de la calidad democrática dependería no solo del conocimiento de las formas del sistema que permite acceder a los cargos públicos; sino que esencialmente depende de la calidad de la ciudadanía civil, social y política de los hombres y mujeres que conforman una nación; es decir, de la calidad de sus ciudadanos en un marco democrático y sustentable, dependiente de la condición humana, sus insuficiencias de equidad, libertad, igualdad y progreso y el potencial posible para su desarrollo .

Con base en las citas de Duhem (2006: 59) en relación a Morlino considera como democracia de calidad: “aquella que presenta una estructura institucional estable que hace posible la libertad e igualdad de los ciudadanos mediante el funcionamiento legítimo y correcto de sus instituciones y mecanismos”; para Jauregui los criterios están alrededor de la congruencia entre legitimidad y eficacia; Schmiter considera que mas allá de la elección de sus representantes, estos (los ciudadanos) puedan sancionarlos, vigilarlos y exigir que tomen decisiones de acuerdo a sus necesidades y demandas; en la medida de que esto sea posible, hará posible una democracia de mayor o menor calidad. Estos tres ejes, análisis de las instituciones, variables valorativas de la democracia y papel de los ciudadanos son componentes redundantes en la mayoría de los estudios sobre calidad democrática. Sin embargo, considera la importancia no solamente de la evaluación de estos ejes o dimensiones de manera particular, sino que también con base en los documentos de Diamond y Morlino enfatiza las multiples relaciones posibles entre: Estado de derecho, participación, competencia, rendición de cuentas (vertical, societal y horizontal), libertad, igualdad y reciprocidad. Paralelamente al modelo de Altam y Pérez – Liñan que explora tres dimensiones: derechos civiles , participación y competencia efectiva.

Incorpora además estándares del umbral superior de la calidad democrática donde la participación ciudadana, la sociedad civil, la opinión pública y la cultura cívica son categorías fundamentales de modificación de la política pública, independencia de estado y control democrático, la libre y equitativa expresión de los ciudadanos y valores democráticos de pertencia. Considera además en sus conclusiones, la importancia de la relación entre los ciudadanos y sus representantes; así como la temporalidad de la existencia democrática para su contrastación en estudios comparativos .

Por otra parte, la agenda pública se mantiene como un componente central de la organización social democrática; constituye el vínculo entre la política social y la política pública determinando las cuestiones esenciales de los intereses individuales, de las organizaciones y el conjunto de la sociedad; cuyo contenido es determinante para la calidad democrática presente y futura.

El concepto de ciudadanía social permanece en un debate que no ha sido dilucidado del todo en los ámbitos académicos y políticos, sin embargo se ha mantenido un consenso que evidencia algunos componentes centrales cuyo aporte surge de un ambiente de desarrollo humano; derecho a la salud y a la educación, empleo, pobreza, desigualdad, cuyos indicadores son simplemente un acercamiento a la capacidad efectiva del ejercicio de la ciudadanía en América Latina .

Lo anterior plantea una serie de problemas a enfrentar para el fortalecimiento de la democracia y estos se agrupan en tres grandes momentos; el primero referido a la necesidad de realizar una reforma política para fortalecer las instituciones; el segundo el de tomar medidas sustantivas que ayuden a enfrentar las profundas inequidades de la sociedad; y el tercero a la necesidad de fortalecer la educación en general (no solo el acceso a ella, sino su calidad) y la cultura democrática en particular .

Recomponer la agenda para el desarrollo de la democracia no puede ser solo un problema educativo, es un problema más profundo, de las instituciones representativas y de gobierno del estado; ya que el déficit de poder democrático se constituye en un problema de estatalidad donde la sociedad civil aumenta su poder de participación para que la voluntad general se convierta en acciones transformadoras de su realidad, en las que la calidad de sus instituciones permee hacia la calidad democrática .

“La calidad de la democracia está determinada tanto por quienes están involucrados en prácticas asociativas, como por quienes están excluidos de ellas” .

El surgimiento de organizaciones autoorganizadas para sugerir y atender las demandas no resueltas o ignoradas del estado en defensa de sus intereses y respetuosas del marco legal existente se convierte en un nicho de oportunidad y de atención pública; pues cuando la sociedad recupera las grandes cuestiones de la ciudadanía, es porque el estado, las ha ignorado .

Históricamente, un gran número de instituciones han realizado innumerables esfuerzos para asegurar la calidad de la democracia. El Instituto Internacional de Democracia y Asistencia Electoral (International Institute of Democracy and Electoral Assistance (IDEA) en Estocolmo los caracteriza bajo dos principios básicos: control popular y equidad política; estos principios derivan en siete indicadores: participación, autoridad, representación, balance, transparencia, responsabilidad y solidaridad (Do Chull Shin, 2003).

Estos estándares han sido ampliamente utilizados así como los derechos políticos, libertades civiles y de prensa. Mientras que Gallup International en Londres en su programa internacional la calidad de la democracia los caracteriza en términos de derechos humanos, elecciones libres y participación ciudadana.

Sobre la base de esta concepción se infiere que la calidad de la democracia es el grado en que esas dos normas o principios son satisfechas a partir de la elección democrática y la representación popular. Sin embargo, son los indicadores derivados los que determinan la baja, media o alta calidad democrática; denominándose baja, cuando cumple menos de cinco, media con cinco y alta cuando cumple con todos ellos; solo que la base de esta posición teórica – práctica es desarrollada desde una perspectiva del ciudadano ordinario y de su diario vivir contrastando experiencia y satisfacción y, caracterizando el problema de la calidad democrática como un fenómeno subjetivo multidimensional entre las demandas populares y las de élite.

Frances Hagopian (2004: 41) considera que la mayoría de los latinoamericanos se muestran ambivalentes ante los regímenes democráticos y, “en medio de tasas de crecimiento estancadas, altas tasas de desempleo, crecientes tasas delictivas y acusaciones de corrupción” se ha llegado a la remoción de sus presidentes en Ecuador, Argentina, Bolivia y Haití; debido no solo a que no han tendio un buen desempeño, y han padecido deficiencias en su calidad.

Enfatiza también la ausencia de una correspondencia entre la efectividad de los gobiernos y el grado en que apoyan su democracia y estan satisfechos con ella.

Por ello, aún no existe consenso sobre la calidad de la democrácia como concepto ni como definición, ya que esta va desde el establecimiento de la oficina de un ombudsman, hasta ofrecer agua potable en barrios pobres o crear oportunidades para una democracia deliberativa, lo que le quita valor utilitario como variable independiente.

Concurre también en este proceso el Proyecto de Gobernanza Global del Banco Mundial en sus seis dimensiones que incluyen la efectividad del gobierno y su calidad regulatoria, junto con el estado de derecho, el control de la corrupción, la voz y rendición de cuentas (vertical, societal, y horizontal accountability y responsiveness), y la estabilidad política; considera que la calidad de estos indicadores disminuye, en la medida que aumenta el número de paises estudiados, lo que plantea nuevos retos metodológicos e instrumentales que permitan mejorar y contrastar modelativamente las diferentes dimensiones de la calidad en función de su significancia; ya que al estratificarlos o ponderarlos bajo modelos de indicadores generales, estos pueden ocultar sus mismas dimensiones, erosionandolos.

Este proyecto del Banco Mundial considera la calidad en dos dimensiones: derechos y representación, tratando la protección de derechos, el estado de derecho, el control de la corrupción y la igualdad como derecho y, la rendición de cuentas, la responsividad y la participación como representación; ya que estos estimulan más la participación y la lealtad a la democracia, que los buenos resultados gubernamentales; considerando que ninguna medida de calidad democrática esta completa, si no tiene en cuenta la manera en que el público la percibe a través de estas dimensiones (Hagopian, 2004:45-46).

Marshall (Marshall, 1950) contrasta la realidad entre la desigualdad cuantitativa que puede amenazar la igualdad política y el umbral de acceso a la educación y a la información (tan bajo), que pueden debilitar la capacidad de ejercer las responsabilidades ciudadanas, concluyendo que, estas dimensiones no son estáticas; la calidad democrática puede aumentar o disminuir, lo importante es comprender cómo y porqué lo hace, si es que queremos mejorarla, pues las democracias de alta calidad generan satisfacción, apoyo y posiblemente una mejor gobernanza, produce sociedades socialmente más cohesionadas y facilitan que la democracia sobreviva (Hagopian, 2004:84).

Abascal (2004: 3-17) coincide en que existe crisis en los sistemas de representación política en los actuales sistemas políticos representativos lo que influye en la calidad de las democracias modernas en el sentido de una menor profundidad del gobierno del demos, lo que supone a su vez, la necesidad de una ampliación del proceso de democratización expresado en el aumento de espacios públicos en los que los ciudadanos puedan participar en las decisiones que les conciernen. Avanzar más allá de “engrasar” la democracia formal hacia las nuevas cualidades de la acción política e integrando a los ciudadanos comunes a un nuevo “espacio público” que contribuya a la socialización de la política. Ya que el presupuesto participativo constituye una experiencia que mejora la transparencia y la gestión de la política pública, además de incrementar la densidad del capital social comunitario lo que incide en la relegitimación del sistema democrático.

Castaño & Ramírez (2007: 3-32) cosideran acertada la necesidad de medir la democracia especialmente en aquellas regiones que han tenido procesos difíciles de trasformación, adecuación y consolidación de sus regímenes políticos. En su análisis de los resultados obtenidos encuentra cuatro puntos significativos: La financiación de las investigaciones, la forma como se integra la región para efectos de su análisis comparativo, la evaluación de la democracia más allá de la elecciones y el marcado carácter estado – céntrico contenido en estos materiales. En el primero operan organismos multilaterales de cooperación intenacional, en el segundo se utilizan cortes histórico – metodológicos en materia económica y política para delimitar sus evaluaciones, en el tercero se comprende la democracia más allá de las elecciones y en el último, se dejan de lado las mediciones sobre la aprehensión individual de los derechos y las estrategias para hacer efectivas las pretensiones y propuestas políticas que surgen de la expresión de los intereses ciudadanos desplazando la acción político – social.

Clasifica estas tendencias en: teóricas, descriptivas y comparativas. Las primeras se basan en la necesidad de “sustanciar empiricamente” algunos conceptos a través de variables e indicadores, las descriptivas en términos de “observaciones neutrales” y las comparativas en contrastaciones que permiten “marcar tendencias”. Consideran que se requieren categorías más amplias que permitan dar cuenta de la “progresión democrática” en sus dos ejes de contrastación: tradicional – moderno y Estado – centrismo. Su percepción de calidad democrática la contrastan entre la prioridad en la calidad de los resultados vs. la calidad de los contenidos; consideran que es la segunda la que permite distinguir entre procesos históricos de transición, cosolidación y adecuación del régimen político, dando cuenta de la importancia de la participación ciudadana, de sus expresiones informales y de aquellos movimientos sociales que hacen de la democracia, una democracia más real y más amplia.

En un estudio diferente sobre la calidad de la democracia en México (Alberto Martin Álvarez et al, 2003: 2-10) realizado sobre “redes transnacionales de solidaridad” que respondan a las ineficacias de los canales institucionales para dar soluciones a reivindicaciones ciudadanas específicas (como es el caso de “las muertas de Juárez”) apuntan que, su resolución implica reformas institucionales de fondo insertas en un proceso más amplio de mejora de la calidad democrática; sin embargo a pesar de la enorme cantidad de presión ejercida, esta presión no provoca los cambios últimos que se pretenden como consecuencia de los múltiples factores concernientes tanto a problemas de fondo del estado democrático de derecho, como a las dificultades en la implementación de mecanismos de rendición de cuentas que atañen a los contextos socioculturales particulares donde predominan formas legitimadas de relación social basadas en la violencia y la escasa receptividad democrática de los responsables políticos y el discurso político de normalidad, que paradogicamente acepta como cotidiano lo intolerable, sin satisfacer los derechos básicos de los ciudadanos, como lo és, el derecho a la vida.

Además nos remiten a Diamond y Morlino (Diamond L., 2004) quienes consideran que el Estado de Derecho es la base sobre la que descanza cualquier otra dimensión de la calidad de una democracia y para construirlo el primer paso es: la edificación de la capacidad, independencia y autoridad de los tribunales. Ya que ante la carencia de sensibilidad democrática de los responsables políticos y las dificultades para el fucionamiento de los mecanismos horizontales y verticales de rendición de cuentas, estas necesidades no se ven plena y socialmente satisfechas.

En relación a la participación política y la calidad de la democracia en México Holzner (2007: 69 – 87) anota que “la igualdad intrínseca de cada ciudadano es una suposición fundamental de cualquier sistema democrático”. Por ello considera que la evaluación de la calidad de la democracia debería considerar “el grado en que los ciudadanos tienen oportunidades más o menos iguales de participar en la toma de decisiones colectivas”.

Considera que desde el punto de vista de los procesos políticos y normas jurídicas, la transición y consolidación democrática se ha alcanzado con éxito; los gobernantes son elegidos por los ciudadanos, está asegurada la limpieza e integridad de las elecciones, la libertad de prensa, de asociación y de expresión están garantizadas y no existen obstáculos jurídicos para la participación ciudadana en el país. Estas formas de evaluación de la calidad democrática, no se ponen en duda como realidad, aunque si se evidencia una cierta cantidad de limitaciones.

Otros autores, admiten la importancia de la participación ciudadana en las que las democracias deben proporcionar a todos los ciudadanos oportunidades de escuchar la “voz ciudadana” para incidir en las agendas decisionales de los gobiernos. Una voz constituida por tres componentes: la frecuencia o intensidad de participación, la capacidad de comunicar información a las autoridades y la de obligarlos a rendir cuentas ante los ciudadanos. Es esta desigualdad ciudadana donde se expresan las desigualdades sistémicas que son correlativas en desigualdades sociales, las que en términos de calidad democrática tiene que considerar no solamente diferencias en los niveles de participación, sino también la variación en los actos políticos que los diferentes grupos políticos pueden ejercer.

La cooperación entre vecinos y la participación en organizaciones ciudadanas no siempre apuntan hacia organizaciones del estado, pero si tienen objetivos explícitamente políticos, por cuanto tienen importantes implicaciones para la igualdad de la voz y para la calidad del sistema democrático.

La estratificación por clases sociales evidencia una cruenta realidad; los pobres y con bajos niveles de escolaridad acuden con más frecuencia a votar, participan más en mítines y huelgas e intenta contactar en mayor medida a funcionarios, que la gente con mayor educación e ingresos. En los últimos años personas con mayor ingreso han incrementado también su participación política y han trabajado para resolver problemas comunitarios, acudiendo a otras organizaciones, medios de comunicación u organizándose a sí mismos. Lo anterior posiblemente como consecuencia de un pesimismo adquirido ante los pocos efectos ante la voz ciudadana, al darse cuenta que las actividades políticas no darán mejores resultados.

Si bien la participación ciudadana es importante, difícilmente se traduce en poder político, donde la respuesta política no escucha el más ligero eco de la necesidad ciudadana como no sea a través de su más ruda expresión; los mítines y las marchas como expresión de cantidad de participantes. Sigue prevaleciendo la democracia de la cantidad, sobre la democracia de la razón.

En un estudio sobre la calidad de la democracia en Colombia (Gabriel Muriño Castaño, 2006), considera que es necesario comprender la democracia en función de la expresión de sus elementos cualitativos lo que implica la comprensión de las herramientas institucionales, de la existencia de las libertades y de la satisfacción de los ciudadanos, llegando a la conclusión de que “la democracia no está. Que su dinámica y fortalecimiento son contemporáneos a un tiempo que sería todo, salvo contemporáneo. ¡Un tiempo que desaparece y aún está por venir!”.

Un artículo Venezolano sobre calidad de la democracia (Kornblith, 2006 - 2007), considera que los procesos mediante los cuales se selecciona y controla a los gobernantes son de baja o mínima calidad democrática, existiendo falta de equidad en los procesos y ausencia en la separación de los poderes, lo que visto como ventajismo progubernamental es deficitario en equidad y calidad de la competencia electoral. Su régimen definido como una alianza cívica – militar sustenta una creciente “securitización” y militarización de la gestión pública y de las interacciones colectivas, con diversas consecuencias práctico - políticas que se derivan para el ejercicio de la ciudadanía, por lo que sus indicadores de calidad democrática varían enormemente y dependen de la perspectiva adoptada y su evolución con respecto al régimen. En este orden y con base a la percepción internacional, escapa a la expectativa de un modelo democrático liberal, pues percibe que los resultados han sido inducidos intencionalmente, pero además expresan un claro déficit en cada una de las dimensiones e indicadores de calidad de la democracia, por su régimen autoritario electoral.

En el análisis de la calidad de la democracia chilena (Garretón M., 2004) menciona un componente ético centrado en la existencia de un orden social consensuado de convivencia nacional, cuya democracia post – dictatorial y el carácter retórico de su democracia de consensos ocultaba el tema de los derechos humanos, la política frente a las fuerzas armadas, los enclaves autoritarios, el modelo socioeconómico y redistributivo, la ausencia del rol dirigente del Estado, la regionalización y democratización local, las relaciones laborales y la sustentabilidad del modelo de desarrollo; con un evidente efecto en su calidad en la relación entre el Estado y las personas y la canalización del conflicto y las demandas sociales al no permitir la presencia de la diversidad ni la expresión de las mayorías y las minorías. El origen del problema de calidad de la democracia chilena radica en el orden constitucional impuesto, que aceptan, pero no se identifican con él. El desafío es de la sociedad civil para la realización de debates nacionales y la integración de comisiones representativas .

O como menciona (Munck, 2004) “es útil pensar en términos de una cadena de múltiples eslabones que vinculan a los ciudadanos, a los tomadores de decisiones gubernamentales y a la burocracia que implementa las políticas del gobierno, y considerar la manera en la que podrían proceder los actores poderosos que desean romper esa cadena” .

Y el problema en estudio incrementa aún más su complejidad cuando se analiza desde la dimensión de la corrupción (Mendieta, 2004), cuando asegura que es necesario construir una sociedad que “asegure colectivamente” como un elemento fundamental para una democracia de calidad que requiere una ciudadanía implicada, exigente, informada y formada como el principal activo contra la corrupción en todas sus vertientes.

Y el carácter inclusivo del ambiente deliberativo en la calidad democrática (Velasco: 36 - 43) como componente esencial de la participación democrática en cinco pasos: como ingrediente central del proceso democrático, sus afinidades con el republicanismo contemporáneo, sus implicaciones civiles y públicas, las oportunidades de las tecnologías de la información y la virtualidad que ofrece la perspectiva crítico –utópica . Su integralidad deliberativa incluye, agentes que deliberan, razón como eje democrático y decisión como resultado de la misma. El debate público, el acceso a la información y el uso correcto de tecnologías como prácticas de comunicación democrática. Enlazado a “estructuras de racionalidad” expresadas en formas de vida concretas.

En un estudio en Costa Rica (Jiménez, 1999: 1 - 28) sobre la propiedad de los medios de comunicación, las presiones sobre los periodistas y medios de comunicación, la identificación de la relación entre medios y partidos políticos, su propaganda, publicidad, campos y programas, se privilegia la publicidad por enima de la información; lo que constituye un fraude hacia la audiencia, ya que considera que eticamente se debe distinguir la no tan clara diferencia entre publicidad e información; la primera posee un sesgo partidista ya que disimulan textos que son claramente anuncios para hacerlos parecer como noticia; mientras que la segunda deviene de un interés común.

La idea de participación democrática y democracia deliberativa de los ciudadanos debería ir más allá del concepto de populismo irracional, hacia una gestión ciudadana de los conflictos (Walker, 2006); donde la movilización política deja de ser el actor principal en los procesos de democratización otorgando calidad de agentes tanto a los grupos sociales movilizados, como a las teorías de negociación de las élites frente al contexto de la movilización social (Ackerman, 2006).

Covarrubias (2006: 115 - 132), considera que en nuestro país existe un triángulo político que conjuga exclusión – paticipación – ciudadanía; vinculando este fenomeno excluyente con la problemática de una ciudadanía de calidad, y junto con ellas el de la participación y sus grados de intensidad entre quienes se encuentran en posiciones de superioridad (exclusividad) frente al conjunto de la sociedad (excluida).

Al mismo tiempo considera que existe una relación afectiva que genera una base emocional en la cual se expresan la sorpresa, la extravagancia y lo vulgar por las aspiraciones e impotencia de la ciudadanía; que dificultan el mejorar la calida de vida y, del mundo social y compartido en nuestro país; construyendo una dimensión de participación ciudadana de baja intensidad en lugar de una ciudadanía de compromiso.

O´Donell (1996: 89) afirma en su estudio sobre las “democracias incompletas”: la calidad, en algunos casos más bien pobre y triste, de la vida social, que esta entretejida con las actuaciones de varios tipos de poliarquía. Como mejorar esa calidad depende en parte de cuán realistamente comprendamos la situación pasada y presente de cada caso. Posiblemente permanezca y corresponda aplicar a la calidad democrática por su carácter sociohistórico y dinámico, la expresión de quedar relegada “a un limbo teórico” pues dificilmente podrá existir una correspondencia estrecha y razonable entre sus reglas formales y la conducta real. Declarando la existencia de una permanente “anomalía paradigmática”.

O bien como afirma Claudio Lomnitz (Fractal, 1969) en respuesta a una pregunta sobre la transición mexicana; “Los hombres y los nombres están por encima de los programas y las ideas. Esto trae consigo no sólo una desideologización de los propios partidos, sino una definición cada vez más vaga de su identidad y de sus perspectivas”.

CONCLUSIONES

¿Es posible en el proceso de transición hacia la democracia de nuestro país obtener una democracia de calidad? y ¿Cuál sería el ideal a alcanzar?; la respuesta es: Sí es posible, si se caracterizan indicadores a partir de una cultura política, de un aprender a vivir con calidad democrática.

Si consideramos la política social como expresión de la dinámica de la transición democrática que implica, por cuanto incluye, la democracia como efecto social, también deberíamos considerar la calidad democrática de este efecto social.

Si adoptamos la percepción de Thesing J. (2004: 145) quien refiere que “un sistema democrático funciona en último término solo cuando es apoyado por muchos demócratas”. La contradicción fundamental expresada en este problema es, considerar unos de los puntos comentados pero aún ausente como indicador de esta participación, la formación política.

Esta formación solo puede lograrse a partir de una cultura política que privilegie su participación democrática como una consecuencia de dimensiones actitudinales; la actitud o la modificación de esta actitud solo podría ejercerse desde un cambio del modelo mental y social que permita ponderar esta necesidad de participación como efecto de conducta social y, esta conducta social sea percibida como forma de vida. De tal forma que si el cambio del modelo mental se expresa en esta modificación actitudinal, la formación democrática o educación para la democracia requiere de un aprender a vivir una vida democrática como una recreación permanente, e incidir socialmente en el desarrollo o consolidación de nuevas cualidades democráticas.

El concepto de calidad democrática implica por tanto una expresión de calidad de vida, desde el sujeto individual hasta la caracterización diferenciada y el aprecio por el bien común. Un tránsito necesario de la democracia de lo legal a la democracia de las propuestas, consensos e intenciones de ciudadanos socialmente organizados en, por, para y con la calidad democrática participativa.

Donde, la importancia subjetiva de sus actores garantice realmente la estabilidad social, su contrastación y validación con los modelos mediáticos horizontales y de control político vertical que determinan y conducen la opinión pública a partir de una representación de intereses que omite el análisis profundo de la realidad social.

Se hace necesario comprender que una democracia representa y es el reflejo de un aprender a vivir, de una categórica calidad de vida y del bienestar de esa “sociedad de ciudadanos”. Un término más preciso sería educación para una democracia con calidad.

Una democracia como la actual en nuestro país, es simplemente una democracia fragmentada lo que explica que es evidentemente incompleta. Se puede alcanzar la calidad si y solo si se prioriza la investigación en la ciencia política de las formas, los indicadores y resultados del cambio actitudinal y de los modelos sociales de actuación política en los particulares contextos democráticos transicionales y/o consolidados tomando como base la formación democrática que implica una formación política.

Esta formación política concurrente a las necesidades de suficiencia social requiere de una cultura democrática, la cual solo es producto de la experiencia democrática contrastada entre la realidad y el ideal; una contradicción dinámica permanente que no puede evitar contrastar al mismo tiempo que esta cultura democrática solo puede ser construida desde una democracia cultural.

Que al ser construida socialmente implica una socioconstrucción orientada teleológicamente a un fin común; el proceso educativo centrado en el aprendizaje para un aprender a vivir con calidad y democráticamente. Aspecto que ya se aborda en la Comunidad Europea (Andrés, 2005) centrado en educar para la participación, en valores, a favor de la dignidad humana, a favor de la paz, para la globalización, en la ética, en la solidaridad, para la diversidad y la convivencia.

Una educación cívica para la participación democrática. La educación para la ciudadanía (Rodríguez, 2006), tiene como objetivo trabajar sobre las actitudes, el argumento social, la realidad injusta y/o la controversia cultural como una construcción constante y en permanente intervención.

O como se asume en la Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la educación para la ciudadanía democrática adoptada por el Comité de Ministros el 16 de octubre de 2002, en la 812a. reunión de los Delegados de los Ministros:

La cual afirma:

“Que la educación para la ciudadanía democrática es esencial en lo que respecta a la función principal del Consejo de Europa, que es la de promover una sociedad libre, tolerante y justa y que contribuye, junto con las demás actividades de la Organización, a defender los valores y principios de la libertad, el pluralismo, los derechos humanos y el imperio de la ley, que son los fundamentos de la democracia”.

Y declara:

“Que la educación para la ciudadanía democrática debe abarcar cualquier actividad educativa formal, no formal o informal, incluida la de la familia, permitiendo que el individuo actúe durante toda su vida como un ciudadano activo y responsable, respetuoso con los derechos de los demás”.

“Que la educación para la ciudadanía democrática es un factor para la cohesión social, el mutuo entendimiento, el diálogo intercultural e interreligioso y la solidaridad, que contribuye a fomentar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, y que favorece el establecimiento de las relaciones armoniosas y pacíficas entre los pueblos, así como la defensa y desarrollo de la sociedad democrática y de la cultura”.

Si bien esta línea se encuentra dentro de las ciencias sociales; corresponde, más que a las ciencias políticas, a las ciencias de la educación (Comité ad hoc de expertos, 2004) desde la formación inicial (Eurydice, 2005) hasta las competencias genéricas del nivel medio las cuales intentan ser relevantes para la integración exitosa del individuo en los ámbitos de la vida ciudadana, académica y profesional; además de participar con una conciencia cívica y ética (SEP, 2008) .

Lamentablemente, esta línea de investigación no ha sido abordada aún, lo que permite plantear la posibilidad de ser investigada en este sentido.

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