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En respuesta a la primera ejecución pública llevada a cabo desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán, Dinushika Dissanayake, directora adjunta de Amnistía Internacional para Asia meridional, ha manifestado:“El deplorable regreso de las ejecuciones púbicas en Afganistán es la última fase del alarmante abuso de los derechos humanos en el país por los talibanes, que continúan pisoteando los principios de derechos humanos de manera flagrante y despreciando completamente el derecho internacional de los derechos humanos.Las ejecuciones en público agravan la naturaleza ya de por sí cruel, inhumana y degradante de la pena de muerte y ejercen un efecto deshumanizante en la víctima y embrutecedor en quienes las presencian. Estos homicidios expuestos públicamente perpetúan una cultura de aceptación de la violencia, más que de confianza en la justicia.Todas las ejecuciones violan el derecho a la vida. Las llevadas a cabo en público constituyen un grave e intolerable atentado contra la dignidad humana que no puede tolerarse. Este paso retrógrado de los talibanes supone un enorme retroceso para los derechos humanos”.Información complementariaTaj Mir, de la provincia de Herat, fue ejecutado públicamente hoy en un estadio deportivo abarrotado en la provincia sudoccidental de Farah.Fue declarado culpable de asesinato por los más altos tribunales talibanes, según la declaración emitida por los talibanes.A la ejecución en la provincia occidental de Farah asistieron cientos de espectadores, entre ellos numerosos altos cargos talibanes: Mawlawi Abdul Hakim, presidente del Tribunal Supremo talibán; Abdul Ghani Barader, viceprimer ministro talibán; Sirajuddin Haqqani, ministro del Interior talibán; Mohammad Khalid Hanafi, ministro de Vicio y Virtud talibán; y Abdul Hakim Sharghi, ministro de Justicia talibán.Según expertos de la ONU en derechos humanos, las ejecuciones públicas no tienen ninguna utilidad legítima, sino que no hacen más que agravar la naturaleza cruel, inhumana y degradante de esta pena.
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Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra el próximo 10 de diciembre, Amnistía Internacional celebrará una nueva edición de “Escribe por los derechos”, uno de los eventos por los derechos humanos más grandes del mundo y que desde el año 2001 involucra a personas de más de 200 países.Así, la organización propondrá escribir cartas o mensajes de dos tipos. La primera, a las propias personas que han sido encarceladas injustamente por defender los derechos humanos para mostrarle apoyo y solidaridad; la segunda a las autoridades del país para exigir su puesta en libertad. En 2021 se registraron 4,5 millones de alguna de estas acciones.De este modo, 14 grupos de activistas de Amnistía Internacional saldrán a la calle en estos días en sus respectivas localidades, uniéndose así centenares más en todo el mundo y a aquellas que participarán en movilizaciones digitales.“La simple acción de enviar una carta, unida a la de otras miles de personas en el mundo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la prisión y la libertad, y en todo caso servirá para que quien la reciba sepa que ahí fuera hay quienes se preocupan por la injusticia que se está produciendo”, afirmó Juan Ignacio Montanos, portavoz de Amnistía Internacional España.Además, activistas de la organización tienen previsto una movilización conjunta en redes sociales para hacer llegar su apoyo a las personas encarceladas injustamente y para reforzar la presión a las autoridades sobre estos casos.Logros y nuevos objetivosDesde Amnistía Internacional recuerdan que cada año estos millones de cartas se convierten en cambios importantes en las vidas de personas en todo el mundo. Así, Germain Rukuki, defensor de los derechos humanos de Burundi, fue liberado el año pasado tras cumplir más de cuatro años de una condena de 32 años de prisión por su activismo. Al igual que Magai Matiop Ngong, a quien fue devuelta su libertad el pasado marzo después de haber sido encarcelado con solo 15 años y haber pasado casi tres años en el corredor de la muerte en Sudán del Sur. La iniciativa también sirvió para que el activista guatemalteco Bernardo Caal Xol fuera puesto en libertad este año tras ser encarcelado por cargos falsos relacionados con su defensa del medio ambiente.Ahora la organización de derechos humanos trata de apoyar a una artista rusa, un líder social marroquí, una estudiante de Honk Kong, un pintor cubano, y una peluquera de Camerún. Cinco personas de cuatro continentes pero que comparten una misma historia: haber sido encarceladas por alzar la voz y defender sus derechos. Estos son los cinco casos para quienes Amnistía Internacional pide movilizarse, escribir cartas, firmar peticiones y actuar en redes sociales para conseguir su liberación.Dorgelesse Nguessan, Camerún. El 22 de septiembre de 2020 la vida de Dorgelesse se hizo añicos al ser detenida tras una protesta en la ciudad de Duala. Esta madre soltera había conseguido poner en pie una peluquería. Antes no había participado en ninguna otra manifestación, pero la situación económica de su país le convenció para sumarse a la de ese día.Tras disparar balas de goma, lanzar gas lacrimógeno y usar cañones de agua contra los manifestantes pacíficos, la policía comenzó las detenciones, entre ellas a Dorgelesse. Desde ese momento estuvo 9 días en una celda junto otras 22 personas en condiciones terribles. Hoy permanece en la cárcel de Duala, ya que en diciembre de 2021 fue condenada a cinco años de cárcel. Su delito, “insurrección y participación en concentraciones, reuniones y manifestaciones públicas”.Dorgelesse era el sostén económico de la familia, su hijo tiene una enfermedad crónica y apenas puede pagarse la medicación que necesita.Luis Manuel Otero, Cuba. Artista autodidacta, la casa de Luis Manuel, en uno de los barrios más humildes de la Habana era un espacio abierto para su comunidad. Frustrado por la censura a las voces críticas, Luis Manuel se convirtió en líder del Movimiento San Isidro, un grupo de artistas, periodistas y activistas que defienden la libertad de expresión y cuyos miembros sufren con frecuencia intimidación, vigilancia y detenciones.En mayo de 2021 fue detenido en su casa, donde se había declarado en huelga de hambre para protestar contra la confiscación de sus obras por las autoridades. Fue llevado a un hospital sin poder tener contacto con el exterior. Un mes más tarde quedó en libertad pero continuaron vigilando sus movimientos.Tras colgar un video en el que afirmaba que participaría en las multitudinarias protestas de julio, Luis Manuel fue detenido y llevado a la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde continúa recluido. El pasado junio fue condenado a cinco años de prisión tras un juicio celebrado a puerta cerrada. En la cárcel, Luis Manuel no recibe la asistencia médica adecuada por lo que su salud se está deteriorando.Chow Hang Tung, Hong Kong. Alumna brillante de una de las mejores universidades de Hong Kong, Chow era vicepresidenta de un grupo que organizaba la mayor vigilia con velas del mundo para conmemorar a las víctimas de la represión de Tiananmen. El 4 de junio de 2021, Chow animó a la gente por redes sociales a encender velas para unirse a la protesta. Fue detenida ese mismo día por “anunciar o promocionar una reunión no autorizada”.Condenada a 22 meses de prisión por animar a una protesta pacífica, ahora se enfrenta a un nuevo encarcelamiento por, supuestamente, poner en peligro la seguridad nacional a través de sus acciones. “Decir que no tengo miedo sería mentira, pero no tengo tanto como para no atreverme a hacer nada”, afirmó la joven.Nasser Zefzafi, Marruecos. Nasser llevaba una vida tranquila junto a su familia en el Rif, una región del país, cuya población ha sido marginada por los sucesivos gobiernos.
En octubre de 2016, la muerte de un pescador aplastado en el interior de un camión de basura cuando intentaba recuperar el pescado que le habían confiscado las autoridades desencadenó una serie de protestas pacíficas. Había nacido el movimiento Hirak El Rif y Nasser pasó a ser una de sus figuras destacadas.En los meses siguientes Nasser fue uno de los centenares de los detenidos. Fue sometido a torturas por parte de la policía y en 2017 fue condenado a 20 años de prisión por alzar la voz para mejorar las condiciones de su región. En la cárcel su salud ha empeorado enormemente ya que se le ha negado la asistencia médica que necesita para sus problemas respiratorios y visuales.Aleksandra Skochilenko, Rusia. Compositora, autora de viñetas y libros de cómic y organizadora de conciertos, Aleksandra es una conocida artista rusa contraria a la invasión de su país a Ucrania. Su compromiso y su creatividad le llevaron a sustituir etiquetas de precios en los supermercados por información real sobre la guerra en supermercados de San Petersburgo.Por ello, se encuentra detenida, acusada de difundir "deliberadamente información falsa" sobre las fuerzas armadas rusas. Si es declarada culpable, podría pasar entre 5 y 10 años de cárcel. Tras la denuncia pública de que no estaba recibiendo comida sin gluten a pesar de su celiaquía, al menos ahora recibe comida adecuada una vez al día. Sin embargo, ha perdido mucho peso, lo que supone un riesgo alto debido a su enfermedad y está siendo sometida a una fuerte presión psicológica por parte de los guardias del centro y sus propias compañeras de celda. Las entidades que harán acciones en la calle con motivo del Día de de los Derechos Humanos son: Bilbao, Calahorra, Granada, Euskadi, Extremadura, León, Madrid, Menorca, Murcia, Palma de Mallorca, Tenerife, Valencia y Zamora.
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Si los impactantes informes sobre la ejecución pública de tres adolescentes en Corea del Norte son ciertos, esto es un dato más que demuestra que el sistema de justicia en este país adolece de graves deficiencias y funciona totalmente al margen de los principios de derechos humanos.El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe el uso de la pena de muerte por delitos cometidos por personas menores de 18 años. No cabe excepción ni suspensión alguna de esta prohibición en ninguna circunstancia.La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de su culpabilidad o inocencia y del método de ejecución.Información complementariaSe ha informado de que, en octubre de 2021, Corea del Norte ejecutó públicamente mediante fusilamiento a tres adolescentes: dos por ver y distribuir películas surcoreanas y uno por asesinar a su madrastra. Amnistía Internacional no puede verificar de forma independiente los detalles de estas tres ejecuciones.
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“Las declaraciones imprecisas y contradictorias de las autoridades iraníes sobre la supuesta disolución de lo que se conoce como “policía de la moral” de Irán no deben engañar a la comunidad internacional sobre la violencia contra las mujeres y niñas implícita en las leyes sobre el uso obligatorio del velo y alimentada por la impunidad de quienes las hacen cumplir con violencia”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.Durante una conferencia de prensa celebrada el 3 de diciembre de 2022, el fiscal general de Irán, Mohammad Jafar Montazeri, dijo: “La ‘policía de la moral’ (gasht-e ershad) no tiene ninguna relación con el poder judicial y ha sido clausurada por el [organismo] que la había creado.” Después matizó su declaración añadiendo: “El poder judicial seguirá regulando la conducta de las personas en la sociedad”, indicando que continuará la vigilancia del cuerpo de las mujeres en virtud de las leyes sobre el uso obligatorio del velo. Los medios de comunicación estatales informaron al día siguiente de que “ninguna autoridad oficial de la República Islámica de Irán ha confirmado el cierre de la policía de la moral.”“La declaración del fiscal general fue deliberadamente imprecisa y no mencionaba la infraestructura legal y normativa que mantiene firmemente en su sitio contra las mujeres y las niñas la práctica del uso obligatorio del velo. Decir que la “policía de la moral” no tiene relación alguna con el poder judicial distorsiona la realidad de que, desde hace decenios, el poder judicial avala la criminalización de las mujeres y las niñas en aplicación de las leyes abusivas y discriminatorias sobre el uso obligatorio del velo. Ante la indignación suscitada en Irán y en el resto del mundo por esta forma extrema de discriminación y violencia de género, las autoridades iraníes se limitan a culparse entre sí para eludir su responsabilidad”, ha declarado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.“La comunidad internacional y los medios de comunicación globales no deben permitir que las autoridades iraníes les engañen. El uso obligatorio del velo está afianzado en el Código Penal y en otras leyes y normas iraníes que permiten que los organismos de seguridad y administrativos sometan a las mujeres a detención arbitraria y les nieguen el acceso a instituciones públicas como hospitales, escuelas, oficinas gubernamentales y aeropuertos si no se cubren el cabello. Hasta el día que se eliminen todas estas leyes y normas, la misma violencia que provocó la detención y la muerte bajo custodia de Mahsa (Zhina) Amini seguirá ejerciéndose contra millones de mujeres y niñas más.”La “policía de la moral” iraní es una rama de la policía del país, que depende del Ministerio del Interior. Pese a la declaración del fiscal general que intenta distanciar el poder judicial de la “policía de la moral”, según el Código de Enjuiciamiento Criminal iraní, los agentes de policía son considerados “funcionarios judiciales” (zabetan-e qazai) que pueden practicar detenciones e interrogatorios bajo la supervisión e instrucciones del fiscal.La “policía de la moral” somete a toda la población femenina a vigilancia, pero la vigilancia del cuerpo de las mujeres no la ejerce solamente el Estado. La abusiva, discriminatoria y degradante legislación iraní sobre uso obligatorio del velo permite no sólo a agentes estatales, sino también a agentes parapoliciales, que no son agentes del Estado, hostigar y agredir a mujeres y niñas a diario en público.La legislación sobre el uso obligatorio del velo viola toda una serie de derechos, entre ellos los relativos a la igualdad, la intimidad y la libertad de expresión y de creencias. Esta legislación degrada también a las mujeres y las niñas, privándolas de su dignidad, su autonomía corporal y su autoestima.En virtud del artículo 638 del Código Penal Islámico de Irán, todo acto que se considere “ofensivo” para la moral pública está castigado con una pena de entre 10 días y 2 meses de prisión, o 74 latigazos. Una nota aclaratoria de este artículo explica que las mujeres a las que se vea en público sin velo serán castigadas con una pena de entre 10 días y 2 meses de prisión o una multa. La ley se aplica a niñas de tan sólo 9 años, que es la edad mínima de responsabilidad penal para las niñas en Irán. En la práctica, las autoridades han impuesto el uso obligatorio del velo a las niñas a partir de los 7 años, cuando empiezan la escuela elemental.“Es importante recordar que quienes protestan en Irán no piden sólo la disolución de la ‘policía de la moral’, sino la transición de Irán a un nuevo sistema político y jurídico que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales. El alzamiento popular que está teniendo lugar en todo Irán refleja la ira nacional por decenios de opresión de la población iraní, gran parte de la cual sigue siendo víctima de homicidio ilegítimo a diario sólo por querer libertad, democracia y derechos humanos”, concluyó Heba Morayef.
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“Durante la invasión de Rusia, ha sido desproporcionado el número de muertes y heridas entre personas de más edad, que no pueden acceder a viviendas en igualdad de condiciones con otras personas tras ser desplazadas”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.El informe, titulado ‘I used to have a home’: Older people’s experience of war, displacement, and access to housing in Ukraine, documenta cómo las personas de más edad se quedan a menudo en zonas afectadas por el conflicto o no pueden huir de ellas, lo que las expone a sufrir perjuicios y a condiciones de vida peligrosas en viviendas gravemente dañadas. Gran parte de las que huyen no pueden pagar un alquiler, y miles han tenido que quedarse en instituciones estatales desbordadas que no tienen personal suficiente para proporcionar el nivel de cuidados necesario.La invasión rusa de Ucrania, que tiene un impacto devastador en civiles de todas las edades, amenaza la integridad física de las personas más mayores y ha expulsado a millones de sus casas. En última instancia, la forma más oportuna de proteger los derechos de la población civil de más edad en Ucrania es que Rusia ponga fin a su guerra ilegítima.“La devastadora invasión rusa está teniendo un impacto desproporcionado en las personas de más edad en Ucrania, donde muchas se quedan atrás, en zonas donde a menudo están en peligro de sufrir los incesantes ataques por tierra y por aire”, ha declarado Laura Mills, investigadora de Amnistía Internacional sobre personas de edad avanzada y personas con discapacidad.“Las personas de edad avanzada suelen vivir en casas inseguras o, cuando pueden huir, terminan en refugios que no tienen recursos suficientes para atender sus necesidades, sobre todo si tienen discapacidades. Desde ahí, corren el riesgo de ser internadas en instituciones estatales. Ahora que se endurece el invierno, la comunidad internacional debe actuar con urgencia para reforzar el apoyo a este grupo de personas.”El gobierno ucraniano ha hecho esfuerzos significativos para evacuar a la población de las zonas afectadas por el conflicto, incluso con el anuncio de la evacuación obligatoria de alrededor de 200.000 personas de la región de Donetsk en julio.Sin embargo, el coste y la logística de garantizar alojamiento a las personas de más edad desplazadas por la guerra no debe recaer sólo en Ucrania. Amnistía Internacional pide a otros países que faciliten la evacuación de estas personas —prestando especial atención a las que tienen discapacidades— a alojamientos accesibles en el extranjero cuando sea posible.Las organizaciones internacionales deben tomar más medidas para apoyar económicamente a las personas de más edad para que puedan alquilar una vivienda y, trabajando junto con las autoridades ucranianas, incluirlas entre las que tienen prioridad para ser ubicadas en alojamientos de nueva construcción.Riesgos desproporcionadosEn Ucrania, las personas mayores de 60 años representan casi una cuarta parte de la población. Las personas de más edad son desproporcionadamente vulnerables a los ataques: según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que recaba datos sobre víctimas civiles en Ucrania, las personas mayores de 60 años son el 34% de la población civil que ha muerto violentamente desde febrero hasta septiembre de 2022 para casos en los que se registró la edad.Las personas mayores, que tienen con más frecuencia problemas de salud, corren también un riesgo mayor en las zonas ocupadas, donde las fuerzas rusas han restringido severamente el acceso a la ayuda humanitaria, en flagrante violación del derecho internacional.Svitlana*, de 64 años, que estaba en un pueblo ocupado por Rusia cerca de Járkov, dijo que su hermano de 61 años tuvo un ictus en abril de 2022. Fue hospitalizado, pero el hospital no tenía electricidad ni agua corriente. Le dieron de alta al día siguiente.“No podían hacer nada, no podían hacer electrocardiogramas, no podían hacer electroencefalogramas, no tenían medicamentos”, dijo Svitlana. Menos de una semana después, su hermano murió por un segundo ictus, según el certificado de defunción que vio Amnistía Internacional.Desplazamiento y aumento de la institucionalizaciónMuchas personas mayores desplazadas tienen dificultades para encontrar un alojamiento adecuado. Expulsadas del mercado privado por los precios cada vez más altos del alquiler y unas pensiones muy por debajo de los niveles de subsistencia, muchas de ellas corren un riesgo mayor de perder por completo el acceso a una vivienda.Nina Silakova, de 73 años, que fue desplazada de la región de Luhansk, fue desalojada dos veces de un apartamento de alquiler: una en agosto, después de sufrir un ataque al corazón, cuando la propietaria temió tener que cuidarla, y de nuevo en octubre. A Nina le preocupaba no poder encontrar un tercer apartamento. “No hay lugares por ese precio en la ciudad porque hay muchas [personas desplazadas] [...] No sé adónde ir [...] ¿Y si salgo a la calle y le pregunto a la gente? La gente se limitará a pasar creyendo que soy una abuela enferma.”Amnistía Internacional halló que los refugios eran muchas veces físicamente inaccesibles para las personas de más edad con discapacidad y que no tenían personal suficiente para ayudarlas. Como consecuencia, a menudo estas personas no tenían más remedio que vivir en una institución estatal. Según declaraciones del Ministerio de Política Social de Ucrania, solamente entre febrero y julio de 2022, al menos 4.000 personas de edad avanzada vivían en instituciones estatales tras perder su casa durante el conflicto.Olha Volkova, que dirige un refugio para personas mayores con discapacidad desplazadas en Dnipró, dijo: “Casi el 60% de la gente [es enviada a instituciones]. No pueden pagar alquilar una vivienda, pagar los suministros, comer. Así que tenemos que enviarlas a residencias de ancianos.”Amnistía Internacional visitó siete instituciones para personas mayores y personas con discapacidad en Ucrania y halló que estos centros no podían proporcionar el nivel de cuidados necesario —sobre todo para personas mayores con movilidad limitada— en parte porque no tienen personal suficiente para atenderlas. Entidades de observación ucranianas independientes informaron de que estas condiciones eran habituales antes de la invasión, que sólo ha exacerbado la escasez de personal.“Sólo me dan la vuelta una vez cuando me cambian el pañal por la mañana, una vez cuando me cambian el pañal por la noche [...] Estamos abandonados aquí”, dijo Liudmyla, de 76 años, que vive en una institución en la región de Járkov.“En una residencia de ancianos no hay básicamente rehabilitación”, dijo Olha Volkova. “La persona está allí tumbada hasta que se muere.”Mientras la guerra de Rusia contra Ucrania continúa, la infraestructura civil y los servicios están sometidos a una intensa presión. Sin embargo, el gobierno ucraniano debe hacer todo lo posible para garantizar que las entidades de observación pueden acceder a instituciones estatales y que las personas mayores que viven en ellas están entre las que tienen prioridad para recibir una vivienda alternativa en cuanto se disponga de una.Viviendas peligrosasAlgunas personas mayores han decidido quedarse atrás, en su casa. Otras dijeron a Amnistía Internacional que no podían huir porque la información sobre evacuaciones era menos accesible para ellas.Liudmyla Zhernosek, de 61 años, vive en Chernígov con su esposo, de 66 años, que usa una silla de ruedas. Contó: “Veía todos los días a personas más jóvenes caminando con mochilas junto a mi edificio. No me enteré hasta más tarde, por otras personas de la escalera, que iban al centro de la ciudad, había evacuaciones desde allí. Pero se tarda 40 minutos a pie, yo no podía llegar allí con mi esposo. Nadie nos dijo nada de evacuaciones, siempre me enteraba después.”Amnistía Internacional también ha documentado casos de personas mayores que viven en casas sin electricidad, gas o agua corriente. Las ventanas o tejados dañados durante el conflicto ya no proporcionaban protección de la lluvia, la nieve o el frío.Cuando Amnistía Internacional entrevistó a Hanna Selivon, de 76 años, en Chernígov, sólo tenía techo el cuarto de año, donde personas voluntarias habían puesto un colchón en la bañera para que pudiera dormir.Hanna dijo: “Todo el mundo en nuestra calle se marchó. Sólo quedamos yo y otras dos mujeres mayores [...] Una tenía una discapacidad. Simplemente no teníamos adónde ir. Yo me escondía en un agujero en el sótano [...] El 29 de marzo cayeron muchas bombas y cuando salí [del sótano] vi sólo que volaban las llamas [...] que [mi casa] se estaba quemando. Mis piernas no se movían.”Amnistía Internacional pide a los gobiernos y a las organizaciones internacionales que aumenten la ayuda a las personas mayores en Ucrania facilitando su evacuación voluntaria al extranjero, garantizando que tienen prioridad para recibir ayuda en efectivo y apoyando la creación de alojamientos físicamente accesibles para las que tienen una discapacidad.“Ahora que han llegado los gélidos meses del invierno, la gente mayor debe ser evacuada a refugios accesibles, y debe darse prioridad a la reparación de sus casas”, concluyó Laura Mills.MetodologíaAmnistía Internacional entrevistó a 226 personas para este informe, incluso en visitas personales a siete instituciones estatales. La investigación se llevó a cabo entre marzo y octubre de 2022, e incluyó un viaje de cuatro semanas a Ucrania en junio y julio de 2022.Rendición de cuentas por crímenes de guerraAmnistía Internacional documenta crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario cometidos en la guerra de agresión de Rusia en Ucrania. Encontrarán toda la documentación producida por Amnistía Internacional aquí.Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente que se haga rendir cuentas a los miembros de las fuerzas rusas y a las autoridades responsables de la agresión contra Ucrania y de violaciones del derecho internacional, y ha recibido con satisfacción la investigación en curso de la Corte Penal Internacional en Ucrania. La rendición de cuentas exhaustiva en Ucrania requerirá los esfuerzos concertados de la ONU y de sus órganos, así como iniciativas en el ámbito nacional en aplicación del principio de jurisdicción universal.
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“Hace muchos decenios que las autoridades cubanas usan sistemáticamente la legislación penal —o la amenaza de usarla— para silenciar la disidencia. El nuevo Código Penal contiene un conjunto de disposiciones aterradoras que confieren a las autoridades facultades aún mayores para seguir sofocando la libertad de expresión y de reunión en 2023 y años posteriores”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. El nuevo Código Penal de Cuba, con sus 141 páginas, sustituye al anterior, que se remontaba a 1987, y contiene varias disposiciones nuevas y antiguas preocupantes para los derechos humanos. Entra en vigor en un momento en el que muchos cientos de personas siguen en prisión por protestar en julio de 2021, y después de que las oleadas de protestas de octubre de este año fueran también objeto de represión. A continuación se explican cinco aspectos alarmantes del nuevo Código Penal: 1. Conserva muchas disposiciones del Código Penal que se emplean hace decenios para silenciar y encarcelar a activistasTras la represión de las protestas de julio de 2021, Amnistía Internacional nombró a seis personas presas de conciencia: apenas algunos casos emblemáticos que representan únicamente una pequeña fracción del número total de personas que probablemente merecen ser designadas como tales. Tres de estas personas siguen en prisión, mientras que, según la información de que dispone Amnistía Internacional, las autoridades obligaron a las restantes a exiliarse. Todas las personas presas de conciencia de Amnistía Internacional, y muchos centenares de personas más criminalizadas en el contexto de las protestas, fueron acusadas en aplicación de varias disposiciones del Código Penal que se utilizan históricamente para silenciar la disidencia, como las relativas a “desórdenes públicos”, “resistencia” y “desacato.” Por ejemplo, el artista Luis Manuel Otero Alcántara fue declarado culpable de “desórdenes públicos”, “desacato” y “ultraje a los símbolos nacionales”. Por su parte, el líder del grupo de oposición política no oficial de Cuba, José Daniel Ferrer García, a quien se le ha limitado a menudo el acceso al mundo exterior desde su detención en julio de 2021, fue acusado de “desórdenes públicos”. Todas estas disposiciones siguen estando en el nuevo Código Penal: aunque hay algunos cambios de redacción, las penas mínimas aumentan. Por ejemplo, el “desacato”, los “desórdenes públicos” y la “resistencia” conllevan actualmente una pena mínima de seis meses a un año de privación de libertad y/o multa, frente al mínimo de tres meses a un año de prisión y/o multa del Código Penal anterior. Del mismo modo, el “ultraje a los símbolos nacionales”, que incluye mancillar o mostrar con otros actos desprecio a la bandera o al himno nacional, incluye ahora una pena de privación de libertad de dos a cinco años o una multa considerable o ambas, frente a la pena de tres meses a un año de privación de libertad o multa del Código anterior.En un contexto en el que el poder judicial sigue sin ser independiente ni imparcial, y permite que se entablen procedimientos penales contra quienes critican al gobierno como mecanismo para prevenir la expresión de esas opiniones, disuadir de ella o castigarla, esto podría resultar en el encarcelamiento de activistas de derechos humanos o actores críticos durante periodos aún más largos. Además, Amnistía Internacional considera que las personas que ocupan cargos públicos deben tolerar más críticas que los individuos particulares. El uso de leyes sobre difamación penal con el fin o el efecto de impedir las críticas legítimas al gobierno o a cargos públicos viola el derecho a la libertad de expresión. Amnistía Internacional se opone también a las leyes que prohíben el insulto o las expresiones de falta de respeto a jefes de Estado o figuras públicas, fuerzas armadas y otras instituciones públicas, o a banderas o símbolos (como las leyes sobre lesa majestad y desacato). La organización se opone a las leyes que penalizan la difamación, ya sea de personalidades públicas o de particulares, ya que este tipo de asuntos deben tratarse por la vía civil. 2. El nuevo Código Penal castiga a cualquier persona que “ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento” del gobierno El artículo 120.1 del nuevo Código permite que la persona que “ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del Estado y el Gobierno cubano” sea castigada con privación de libertad de entre 4 y 10 años.Según el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión sólo puede restringirse en circunstancias muy limitadas. Toda restricción debe cumplir todos los elementos de un estricto análisis de tres partes: debe estar prevista en la ley, debe ser necesaria y debe ser proporcionada para el propósito de proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral públicas, o los derechos o la reputación de otras personas. Además, para impedir la imposición abusiva de restricciones, debe existir un proceso efectivo de apelación ante un órgano independiente o un proceso de revisión judicial. Las disposiciones de redacción ambigua, como “poner en peligro el orden constitucional” y “normal funcionamiento del Estado y el Gobierno cubano”, son incompatibles con las normas y leyes internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión. 3. Criminaliza la recepción de fondos, lo que limita aún más las actividades de periodistas independientes y activistas El artículo 143 del nuevo Código Penal limita aún más la capacidad de organizaciones de la sociedad civil, activistas y periodistas independientes de actuar en el país al prohibir la recepción o uso de fondos cuando se considere que su propósito es “sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional”. Toda persona hallada culpable de estar en posesión de fondos que se considere que se utilizan con este fin puede ser castigada con una pena de entre 4 y 10 años de prisión.El derecho internacional prohíbe criminalizar a los defensores y defensoras de los derechos humanos por recibir financiación extranjera. Estas limitaciones son contrarias al derecho de asociación, ya que constituyen un impedimento para que los defensores y defensoras de los derechos humanos realicen su labor, pues la financiación es una herramienta esencial para la existencia y el funcionamiento efectivo de cualquier asociación. Esta nueva disposición ya está creando un efecto atemorizante en quienes ejercen el periodismo independiente que, según la ONG Artículo 19, han recibido presiones para renunciar antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal. 4. Limita severamente la libertad de expresión en línea Por primera vez, el nuevo Código Penal de Cuba permite expresamente a las autoridades limitar severamente la libertad de expresión en las redes sociales y tipifica una serie de delitos de redacción ambigua relacionados con “telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación” que, en un contexto en el que las autoridades históricamente reprimen la libertad de expresión, podrían ser utilizados para cometer abusos. Además, según el artículo 391.1 del nuevo código, cualquier persona que difunda “hechos falsos” a sabiendas puede ser condenado a entre seis meses y dos años de prisión o multa, o ambas, e incurrirá en penas más severas, entre otros motivos, si la información se divulga en las redes sociales o en medios de comunicación social en sus espacios físico y digital. Igualmente, quien, “de propósito, por escrito o de palabra, por medio de dibujos, gestos o actos, ofenda a otra persona en su honor, incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a un año o multa […] o ambas.” Este delito se considera asimismo agravado si la información se divulga en redes sociales. Según el derecho internacional de los derechos humanos, las leyes redactadas de forma ambigua y excesivamente general, por ejemplo, las que prohíben la difusión de “información falsa” o castigan a quien ofende el “honor” de una persona, no cumplen los tres requisitos antes citados y son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión. 5. El nuevo Código Penal mantiene la pena de muerte para 23 delitosMientras la mayoría de los países del mundo va hacia la abolición de la pena de muerte, el nuevo Código Penal de Cuba va contracorriente al mantenerla para los delitos graves. La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de su culpabilidad o inocencia y del método de ejecución. “Cuando nos acercamos al final de 2022, cientos de personas siguen en prisión en Cuba por expresar pacíficamente sus creencias, se continúan reprimiendo las protestas y presenciamos una de las mayores olas de migración forzada desde Cuba de la historia reciente cuyos protagonistas tratan de construir una vida nueva con más libertad en otro país”, concluyó Erika Guevara Rosas. “Seguiremos observando atentamente a las autoridades en 2023 y pidiendo a la comunidad internacional que condene con la máxima contundencia el uso indebido de la legislación penal para silenciar la disidencia.” El artista Luis Manuel Otero Alcántara fue condenado por “desórdenes públicos”, “desacato” y de “ultraje a los símbolos nacionales”. Amnistía Internacional sigue haciendo campaña en favor de la libertad de Luis Manuel y defiende los derechos de muchas personas más que han sido castigadas por criticar a las autoridades cubanas. Firma la petición: Pide la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara
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La legislación, la Directiva europea sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, con respecto a la que los Estados miembros alcanzaron hoy una posición del Consejo, pretende obligar a las empresas de la Unión Europea a respetar los derechos humanos y el medioambiente, pero parece que va a estar muy lejos de cumplir este objetivo. “Los Estados miembros quieren excluir la fase de utilización de los productos de las obligaciones de las empresas con respecto a abordar los daños a los derechos humanos y al medioambiente, lo que significa que las empresas europeas que venden municiones, porras y gas lacrimógeno a gobiernos con expedientes deficientes en materia de derechos humanos no tendrían que ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos. Los inversores europeos también podrán seguir invirtiendo en proyectos que provocan daños a las personas y al planeta”, afirmó Mark Dummett, director de Empresas y Derechos Humanos en Amnistía Internacional. “El Consejo también está intentando excluir de la ley algunas protecciones de derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos de los niños y niñas y los derechos relacionados con la eliminación de la discriminación contra la mujer. Los Estados tienen el deber de proteger a la gente frente a los daños causados por las empresas, y no de elegir cuidadosamente los derechos que las empresas deben respetar.” “Además de comprometerse a abordar los daños a los derechos humanos y al planeta provocados por las empresas, los Estados miembros de la UE tienen el deber de proteger los derechos humanos. En lugar de eso, el Consejo ha elegido minimizar drásticamente el alcance de la ley, lo que dejará sin someter a control una cantidad importante de operaciones empresariales que causan daños a los derechos humanos y el medioambiente.” “Si el Consejo se sale con la suya y se excluye la responsabilidad civil por los daños medioambientales, se estará abandonando a las víctimas. El Consejo no ha armonizado los requisitos de diligencia debida en materia medioambiental con las normas internacionales, como el Acuerdo de París o la legislación de la UE, pese a la emergencia de la crisis climática”, manifestó Mark Dummett. “Esta ley debería suponer un punto de inflexión, estableciendo un nuevo conjunto de normas sobre cómo deben operar las empresas en todo el mundo el mundo y garantizando que éstas respetan tanto a las personas como al planeta. En su lugar, el Consejo se propone introducir un complejo conjunto de condiciones que determinarán los casos concretos en que las empresas deberán ejercer la diligencia debida.”
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El domingo 4 de diciembre, las autoridades israelíes tienen previsto expulsar al defensor de los derechos humanos franco-palestino Salah Hammouri, al que han revocado su permiso de residencia en Jerusalén. Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, manifestó: “Salah Hammouri ya ha pasado nueve meses en detención administrativa sin cargos ni juicio este año en represalia por su incansable trabajo de campaña por el fin del apartheid de Israel contra la población palestina. Estos últimos planes no son sólo un intento vergonzoso de obstaculizar el trabajo de derechos humanos de Salah; son también una manifestación del escalofriante objetivo político a largo plazo de las autoridades israelíes de reducir el número de personas palestinas en Jerusalén Oriental.” “La expulsión ilegítima de los Territorios Palestinos Ocupados constituye una infracción grave del IV Convenio de Ginebra y un crimen de guerra. La expulsión llevada a cabo el fin de mantener un sistema de apartheid constituye un crimen de lesa humanidad. Todos estos crímenes están bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal ha abierto una investigación de la situación en Palestina. Reiteramos nuestra petición para que se incluya el crimen de apartheid en esa investigación; las autoridades israelíes deben rendir cuentas.” “A lo largo de los últimos veinte años, Salah Hammouri ha sufrido muchos de los actos inhumanos de los que las autoridades israelíes se sirven para imponer y mantener su sistema de apartheid. Ha sido sometido a detención administrativa prolongada en varias ocasiones, así como a hostigamiento, separación familiar, vigilancia y amenazas constantes de revocación de la residencia. Esta persecución debe acabar ya. Las autoridades israelíes deben dejar en libertad a Salah Hammouri, restituir su condición de residente en Jerusalén y permitirle proseguir con su labor de derechos humanos sin temor a represalias.” Información complementariaEl 30 de noviembre Salah Hammouri recibió la notificación de que será expulsado a Francia el domingo 4 de diciembre de 2022, fecha de vencimiento de su orden de detención administrativa. Salah lleva recluido sin cargos ni juicio desde el 7 de marzo en virtud de una orden de detención administrativa de tres meses que ha sido renovada en varias ocasiones. La expulsión de Salah Hammouri sentaría un peligroso precedente. Se basa en una modificación de una ley que autoriza al Ministerio del Interior israelí a expulsar a residentes permanentes (la condición jurídica que tienen la mayoría de las personas palestinas residentes en Jerusalén) si se concluye que han sido “desleales” al Estado de Israel. Esto se contradice con el derecho internacional, que no exige lealtad por parte de la población ocupada hacia la potencia ocupante. En virtud del derecho israelí, las personas palestinas residentes en Jerusalén Oriental no son ciudadanas israelíes y no son residentes de Cisjordania. En su lugar, se les concede un frágil estatuto de residencia permanente que les permite residir y trabajar en la ciudad y que puede ser revocado por una serie de razones discriminatorias.
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Durante la represión del Paro Nacional en 2021, mujeres y personas LGBTIQ+ que se manifestaban, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos sufrieron violencia sexual y otras formas de violencia de género a manos de la Policía Nacional de Colombia y su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe que presenta en Bogotá.La Policía no me cuida: Violencia sexual y otras violencias basadas en género en el Paro Nacional de 2021 documenta 28 casos de violencia de género que tuvieron lugar en siete ciudades contra mujeres y personas LGBTIQ+ en el marco de las protestas. El informe expone con detalle una serie de conductas violentas por parte de agentes del Estado, especialmente agentes de la Policía Nacional; esas conductas van desde el uso de lenguaje sexista, misógino y abusivo hasta la violencia sexual, que puede constituir una forma de tortura.“La violencia de género, y especialmente la violencia sexual, arrastra un doloroso historial en el contexto del conflicto armado de Colombia: un historial que las autoridades aún no han superado. Durante el Paro Nacional de 2021 recibimos cientos de reportes de violencia de género en los que se exponían con detalle violencia psicológica, discriminación, amenazas, tocamientos, acoso sexual, desnudez forzada, tortura y violencia sexual. Tras haber documentado 28 de estos incidentes en profundidad, está claro que la violencia de género fue utilizada por la Policía Nacional como herramienta de represión para castigar a quienes se atrevieron a alzar la voz y protestar”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.Los casos documentados tuvieron lugar en las ciudades de Cali y Palmira (Valle del Cauca), Popayán (Cauca), Soledad (Atlántico), Tunja (Boyacá), Manizales (Caldas) y Bogotá. Las mujeres que se manifestaban fueron objeto de numerosos ataques, y entre las sobrevivientes hay mujeres afrodescendientes e indígenas, defensoras de los derechos humanos, periodistas, trabajadoras de la salud y madres.El informe revela de qué manera la violencia contra mujeres y personas LGBTIQ+ estuvo indisolublemente ligada a otros factores de discriminación, como la raza, el origen étnico y la orientación sexual. Los testimonios de mujeres indígenas, afrodescendientes y trans revelan cómo sus identidades se convirtieron en motivos adicionales de represión, y agravaron el riesgo de violencia. Además, las mujeres y personas LGBTIQ+ dedicadas al periodismo y a la defensa de los derechos humanos sufrieron ataques caracterizados por el machismo, la homofobia y otras formas de odio y estigmatización.Las violaciones de derechos humanos tuvieron lugar principalmente en dos situaciones: durante la actuación de la Policía Nacional para dispersar las protestas, y durante las detenciones que siguieron a la intervención inicial. En ambas situaciones, actuando a título oficial, hubo agentes de la Policía Nacional que cometieron actos que iban desde los insultos sexistas y las amenazas hasta la violencia sexual. El factor común en todos estos casos fue la intención con la que se perpetró la violencia: sus autores pretendían castigar a quienes se manifestaban por cuestionar las normas sociales de género y por salir a la calle a ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica.Amnistía Internacional recibió asimismo información sobre la manera en que el sistema de justicia (y especialmente la Fiscalía General de la Nación) eludió responder, o respondió inadecuadamente, a las denuncias presentadas por sobrevivientes de violencia de género. Varias sobrevivientes declararon también que habían decidido no presentar denuncia ante la Fiscalía, por temor y por desconfianza.“Cómo máximo mandatario de la Policía Nacional, el presidente Gustavo Petro debe dictar una orden en la que condene todas las formas de violencia sexual y de género y exija que se les ponga fin. Es preciso investigar todas las denuncias relacionadas con el Paro Nacional de 2021 y hacer rendir cuentas a los responsables. Asimismo, las autoridades colombianas deben abordar las causas fundamentales de esta violencia y deben trabajar con las mujeres y las personas LGBTIQ+ para desarrollar y adoptar medidas efectivas que garanticen una vida sin discriminación institucional ni violencia de género. Este es el mínimo indispensable para empezar a preparar el camino a la justicia y la rendición de cuentas”, ha manifestado Agnès Callamard.Antes de este nuevo informe, Amnistía Internacional publicó varias declaraciones e informes que documentaban otras graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del Paro Nacional, incluidas las restricciones desproporcionadas a las manifestaciones pacíficas, el paramilitarismo urbano, las detenciones arbitrarias y la tortura y malos tratos a manifestantes pacíficos en la ciudad de Cali, así como las lesiones oculares causadas por agentes del ESMAD a consecuencia del uso ilegítimo de armas de letalidad reducida.Más información:Colombia: La Policía no me cuida: Violencia sexual y otras violencias basadas en género en el Paro Nacional de 2021Colombia: Tiros a la vista: traumas oculares en marco del Paro Nacional (investigación, 26 de noviembre de 2021) https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/5005/2021/es/Colombia: Cali: En el epicentro de la represión (investigación, 30 de julio de 2021) https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/4405/2021/es/
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Hussein Abo al Kheir, hombre de nacionalidad jordana y padre de ocho hijos que lleva desde 2015 en espera de ejecución tras ser declarado culpable de tráfico de drogas, corre peligro de ser ejecutado de forma inminente, declaró hoy Amnistía Internacional, ahora que Arabia Saudí reanuda las ejecuciones por delitos de drogas que había suspendido durante dos años. Desde el 10 de noviembre de 2022, Arabia Saudí ha ejecutado a 20 personas —un 60% de ellas, extranjeras— declaradas culpables de delitos de drogas. Se teme que decenas de presos más corran la misma suerte. “La reanudación de las ejecuciones por delitos de drogas en Arabia Saudí significa que Hussein Abo al Kheir podría ser ejecutado en cualquier momento. Ya ha visto cómo se han llevado a otros reclusos de su centro para ser ejecutados. Se debe poner fin a estas crueles ejecuciones ya. Nadie tendría que sufrir esta pena cruel, inhumana y degradante”, manifestó Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “Las autoridades saudíes deben conmutar de inmediato su condena a muerte y la de todas las personas que están en espera de ejecución. Deben establecer urgentemente una suspensión de todas las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte por completo.” Hussein Abo al Kheir fue detenido el 18 de mayo de 2014 por presunto tráfico de anfetaminas por funcionarios de aduanas cuando cruzaba la frontera entre Jordania y Arabia Saudí. Fue recluido en régimen de incomunicación en un lugar desconocido durante 12 días y no se le permitió contactar con su familia hasta dos semanas después de su detención. Dice que las autoridades obtuvieron una “confesión” suspendiéndolo cabeza abajo por los pies y golpeándolo tan fuerte que no podía ni sostener el bolígrafo. Al final, dijo que sólo pudo “firmar” el documento con su huella dactilar. Más tarde se retractó de su “confesión” ante el Tribunal Penal de Tabuk y solicitó un informe médico, pero dice que sus denuncias de tortura no han sido investigadas. No tuvo acceso a representación letrada ni asistencia consular en ningún momento durante su detención preventiva ni durante las actuaciones judiciales. En junio de 2021, Hussein dio buenas noticias a su familia después de que las autoridades le dijeran que su condena a muerte había sido suspendida y estaba siendo revisada a la luz de una directiva emitida por el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud en virtud de la cual se indultaría a algunas personas recluidas por delitos de drogas. Aunque no estaba claro si la orden se aplicaría a las personas condenadas a muerte, se excarceló a varios presos de su centro. Desde entonces, no obstante, las autoridades no han dicho nada a Hussein sobre su caso, y dado que Arabia Saudí ha vuelto a incrementar el uso de las ejecuciones por delitos de drogas, la familia de Hussein vive en la agonía, consciente de que podrían ejecutarlo en cualquier momento. La hermana de Hussein, Zainab Abo al Kheir, contó a Amnistía Internacional: “Hussein nos llamó ayer y nos dijo que las autoridades penitenciarias se habían llevado a un hombre saudí de su sección para ejecutarlo, y que dos semanas antes habían hecho lo mismo con dos hombres jordanos. Tuvimos la sensación de que nos estaba preparando para su muerte inminente, como si se estuviera despidiendo. No sabemos que ocurrirá con Hussein, pero, ¿cómo es posible que las autoridades puedan ejecutarlo de un momento a otro sin decírnoslo? Nuestro miedo y desesperación son inexplicables”. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que Hussein se encuentra recluido arbitrariamente y que su privación de libertad “carece de fundamento jurídico”, antes de recomendar a Arabia Saudí la “anulación de su condena a muerte” y “su puesta en libertad inmediata e incondicional”. Hoy, 1 de diciembre, personas expertas de la ONU expresaron preocupación por que Hussein Abo al Kheir pudiera “ser ejecutado próximamente”, y pidieron al gobierno saudí que establezca una suspensión oficial e inmediata de todas las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.Información complementaria En enero de 2021, la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí dijo que el país había suspendido las ejecuciones por delitos de drogas, y que “el Reino y su sistema de justicia se est[aban] centrando más en la reinserción y la prevención”. Entre enero de 2020 y octubre de 2022, Arabia Saudí no llevó a cabo ninguna ejecución por delitos de drogas, pero la suspensión de las ejecuciones nunca se consagró en la legislación, que estable la pena de muerte para el tráfico de drogas o los delitos conexos según el principio de ta’zir (discrecionalidad del juez). Entre 2016 y 2020, las autoridades saudíes ejecutaron al menos a 987 personas, incluidas 232 de nacionalidad saudí y extranjera condenadas por delitos de drogas. Arabia Saudí ha llevado a cabo 148 ejecuciones este año. En marzo, las autoridades ejecutaron a 81 personas en un solo día —la mayor ejecución colectiva en años—, incluidas 41 de la minoría chií del país. Las autoridades también han seguido imponiendo condenas de muerte contra hombres de la minoría chií, entre ellos algunos que aún no habían cumplido 18 años en el momento de cometer presuntamente los delitos.
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Ante la sentencia del Tribunal de Distrito de Tokio que confirma la prohibición por el gobierno japonés del matrimonio entre personas del mismo sexo, Boram Jang, investigadora de Amnistía Internacional para Asia Oriental, ha manifestado:“Aunque el Tribunal ha respaldado hoy la discriminatoria prohibición por el gobierno del matrimonio entre personas del mismo sexo, también ha reconocido que la inexistencia de un sistema jurídico para que las parejas homosexuales tengan una familia era una vulneración de sus derechos humanos. Esto es, al menos, un motivo de esperanza.Esta no es la sentencia que quería la comunidad LGBTI, pero sigue siendo un importante paso adelante para las parejas del mismo sexo y los derechos LGBTI en Japón. Aun así, queda mucho más por hacer para combatir la discriminación que sufren las personas LGBTI en la sociedad japonesa. Es hora de que el gobierno cambie de rumbo en relación con sus derechos.Hace años que se sigue retrasando en el Parlamento de Japón un proyecto de ley para promover la ‘comprensión’ respecto a estas personas y prevenir su discriminación. El gobierno debe implantar medidas concretas que pongan fin a la discriminación de las parejas homosexuales y otras personas LGBTI en todos los ámbitos de la sociedad”.Información complementaria La demanda fue presentada por cuatro parejas homosexuales que alegaron que las disposiciones del Código Civil y de la Ley de Registro Civil que no permitían el matrimonio entre personas del mismo sexo violaban la Constitución. Una de las personas demandantes murió el año pasado a los 61 años sin llegar a conocer la sentencia.El Tribunal de Distrito de Tokio resolvió hoy que la prohibición del matrimonio homosexual en Japón no era inconstitucional y desestimó la reclamación de indemnización presentada por parejas homosexuales que alegaban que las disposiciones de la ley violan la libertad de matrimonio que garantiza la Constitución.Sin embargo, el Tribunal también razonó que “la inexistencia de un sistema legal es una amenaza grave y no hay motivos razonables a la luz de la dignidad de la persona” y que “la situación es inconstitucional, pues es contraria al artículo 24.2 de la Constitución”.La decisión se ha dado a conocer después de dos casos similares en los últimos años que han tenido resultados diferentes.En junio de 2022, el Tribunal de Distrito de Osaka confirmó la prohibición gubernamental del matrimonio homosexual. En cambio, en marzo de 2021, el Tribunal de Distrito de Sapporo había resuelto que la prohibición del gobierno era inconstitucional.Los tribunales de distrito no tienen facultades para reconocer el matrimonio homosexual en su jurisdicción si no existe legislación vigente al respecto.Japón aún no ha introducido legislación nacional para eliminar la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y la condición de intersexual. El 1 de noviembre, el gobierno metropolitano de Tokio comenzó a emitir a parejas homosexuales unos certificados que no incluyen todos los derechos de un matrimonio, incluido el de herencia.Amnistía Internacional sigue pidiendo al gobierno japonés que priorice los derechos de las personas LGBTI e introduzca legislación nacional que sea exhaustiva y que prohíba específicamente la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y condición de intersexual.
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El conflicto sirio viene caracterizándose por detenciones arbitrarias prolongadas, tortura y otros malos tratos, y desapariciones forzadas a manos de todas las partes en el conflicto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propuso este mecanismo en un informe histórico publicado en agosto de 2022 sobre cómo reforzar las medidas para abordar la situación de los miles de personas detenidas y desaparecidas y proporcionar apoyo a sus familias. “La práctica de hacer ‘desaparecer’ a personas en Siria ha dejado un devastador legado para cientos de miles de personas y sus seres queridos”, ha manifestado Adam Coogle, director adjunto para Oriente Medio de Human Rights Watch. “Una nueva entidad internacional que aborde esta desoladora situación inconclusa derivada del conflicto sirio que nunca se puede pasar por alto ofrece un atisbo de esperanza para las familias.” El gobierno del presidente sirio Bachar al Asad es responsable de la inmensa mayoría de esas desapariciones, que a menudo tienen como consecuencia muertes bajo custodia y ejecuciones extrajudiciales. Incluso antes del comienzo de la crisis en 2011, las autoridades sirias sometían a personas a desaparición forzada por su oposición política pacífica, la difusión de informaciones críticas y su activismo de derechos humanos. Los grupos armados no estatales también han secuestrado a personas, y algunos, como ISIS, han tomado rehenes y los han ejecutado sumariamente. En agosto, la Red Siria de Derechos Humanos calculaba que quedan alrededor de 111.000 personas en paradero desconocido, aunque se cree que la mayoría están en manos del gobierno sirio. No se puede determinar la cifra exacta porque no existe acceso a la inmensa mayoría de los centros de detención, especialmente a los que administran las fuerzas de inteligencia, para las personas ajenas a ellos. Las personas detenidas por los servicios de seguridad del gobierno o muchos grupos armados no estatales de Siria son sometidas habitualmente a desaparición forzada o recluidas en régimen de incomunicación, y las familias no pueden obtener información sobre el paradero de sus seres queridos o lo que les ha sucedido. Grupos que representan a familias de personas que han estado detenidas, así como la sociedad civil siria y organizaciones internacionales de derechos humanos, han defendido incansables a las víctimas de tortura y a los miles de personas desaparecidas, detenidas arbitrariamente y secuestradas, reclamando un organismo independiente y enérgico para investigar millares de desapariciones. Recientemente, 10 asociaciones sirias de víctimas expresaron su opinión sobre cómo debería ser ese organismo. Coincidente con las opiniones de las asociaciones sirias de víctimas, el informe del secretario general de agosto reconocía las dificultades sistémicas que afrontan las familias en toda Siria cuando buscan información sobre sus seres queridos en paradero desconocido y ponía de relieve las insuficiencias de los esfuerzos actuales. El secretario general también expuso la propuesta de mandato y prioridades de un nuevo organismo para este fin, que incluían proporcionar apoyo adecuado a víctimas y sobrevivientes, y a sus familias. Este organismo ofrecería una única vía para registrar nuevos casos, y se coordinaría con otros mecanismos existentes para servirse de la información disponible acumulada y agilizar los esfuerzos para afrontar esta cuestión. “Han pasado 11 años desde que comenzó el conflicto, y el gobierno sirio y los grupos armados de la oposición siguen haciendo desaparecer o secuestrando a cualquiera que se oponga a ellos, mientras sus aliados, Rusia y Turquía, no hacen nada para acabar con estas violaciones de derechos”, afirmó Diana Semaan, directora adjunta en funciones de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “Mientras decenas de miles de personas permanecen en centros de detención u otros lugares, las familias carecen de vías fiables para conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos. La falta de voluntad política para abordar esta cuestión sólo ha servido para prolongar el sufrimiento de las familias. La propuesta del secretario general de la ONU ofrece una vía para que se haga cumplir el derecho de las familias a la verdad, y los Estados miembros deben sumarse a ella.” La Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria ha respaldado totalmente la propuesta del secretario general y sus miembros han anunciado, en un artículo de opinión para Al Jazeera English, que pondrá a disposición del nuevo mecanismo la considerable cantidad de información que ha recogido la Comisión en 11 años. Los miembros de la Comisión también advirtieron que cuanto más se tarde en establecer este mecanismo, más difícil será aclarar dónde están y la suerte que han corrido las personas en paradero desconocido y las que son objeto de desaparición forzada. “Las familias llevan demasiado tiempo esperando una acción en el ámbito internacional”, han afirmado. “Ya es hora de actuar.” Los Estados miembros deben hacer todo lo que esté en su mano para garantizar que se establece con rapidez por medio de la Asamblea General un nuevo organismo internacional en consonancia con las recomendaciones del secretario general. “Los países con influencia en Siria deben asimismo presionar a las partes en el conflicto para que actúen con rapidez a fin de resolver lo que ya se considera una de las mayores tragedias del conflicto sirio”, han declarado Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Rusia e Irán, los defensores más destacados del gobierno sirio, deben presionar a éste para que publique inmediatamente los nombres de todas las personas que han muerto en centros de detención sirios e informe a sus familias y devuelva los cuerpos a éstas. También deben presionar al gobierno para que facilite información sobre el paradero de todas las personas objeto de desaparición forzada y lo que les ha ocurrido, poner fin a la práctica de la desaparición forzada y permitir que agencias humanitarias independientes accedan a centros de detención. Los países que apoyan a los grupos armados no estatales, como Turquía, Arabia Saudí y Estados Unidos, deben obligar a los grupos a los que respaldan a que revelen lo ocurrido a las personas detenidas bajo su custodia y permitan el acceso de las agencias humanitarias a sus centros de detención.
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En respuesta a los informes de que María Kolésnikova, figura de la oposición encarcelada, ha sido llevada apresuradamente a cuidados intensivos desde su “celda de castigo” para ser sometida a cirugía, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha manifestado: “Las autoridades bielorrusas deben revelar de inmediato toda la información sobre el estado de María Kolésnikova, si su vida corre peligro y cuál es su paradero. El secretismo que rodea a las personas privadas de libertad en Bielorrusia es inaceptable. Esta situación demuestra una vez más el cruel e impenetrable sistema que Aleksandr Lukashenko ha construido en sus esfuerzos por castigar a quienes se atreven a disentir de su gobierno o plantarle cara”. “El gobierno de Lukashenko no conseguirá su objetivo de silenciar una potente voz de protesta pacífica arrojando a María Kolésnikova a una celda de castigo en condiciones inhumanas, negándole el contacto con su abogado y negándonos a los demás cualquier información sobre su bienestar.” Información complementaria La noticia de la hospitalización de María Kolésnikova se recibió del equipo del político bielorruso encarcelado Víktor Babariko —colega de María Kolésnikova— el 29 de noviembre. Ese mismo día, al abogado de María Kolésnikova le negaron una visita por tercera vez consecutiva. Según el equipo de Víktor Babariko, a principios de noviembre María Kolésnikova fue encerrada en una celda de castigo, un tipo de reclusión más duro, normalmente en régimen de aislamiento. El equipo no recibió información sobre los motivos y la duración de esta medida de sanción. Según información adicional, confirmada más tarde por el abogado, María Kolésnikova fue trasladada el 28 de noviembre al hospital de la ciudad de Homel, donde fue sometida a cirugía y después trasladada a cuidados intensivos. El 6 de septiembre de 2021, el Tribunal Regional de Minsk condenó a María Kolésnikova y a su colega Maxim Znak, miembros del Consejo de Coordinación de la oposición y colaboradores del candidato presidencial encarcelado, Víktor Babariko, a 10 y 11 años de cárcel, respectivamente, por cargos falsos entre los que se encontraba “conspiración para hacerse con el poder por medios inconstitucionales”.
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Con motivo de la celebración de la 20ª edición de la Jornada Mundial contra la Pena de Muerte “Ciudades por la Vida”, la Comunidad de Sant’Egidio y Amnistía Internacional seguimos denunciando cómo, a pesar de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, en el último año se ha producido un preocupante aumento de las ejecuciones y las condenas a muerte en países como Irán o Arabia Saudí.La Jornada de Ciudades por la Vida se convoca desde 2002 para impulsar la abolición de la pena capital en todo el mundo y viene a conmemorar la primera vez que fue prohibida en el Gran Ducado de Toscana en 1786. Se trata de una iniciativa internacional impulsada por la Comunidad de Sant’ Egidio, con el apoyo de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, de la cual Amnistía Internacional y Sant’Egidio son miembros fundadores y en la que se agrupan más de 60 organizaciones, colegios de abogados, sindicatos y autoridades locales y regionales de todo el mundo.Este año participarán en la iniciativa miles de ciudades y municipios de todo el mundo, desde Roma a Buenos Aires, entre otras. En España, son más de 80 las ciudades inscritas a esta iniciativa. Albacete, Barcelona, Bilbao, Burgos, Castelló, León, Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, San Sebastián, Valencia o Vitoria, entre otras, llevan a cabo actos, como por ejemplo, la iluminación de edificios emblemáticos con sus respectivos ayuntamientos, así como jornadas en escuelas y universidades.Con motivo de la celebración de este día, Sant’Egidio ha invitado a España a Delia Pérez Meyer, cuyo hermano Louis Castro lleva más de 20 años en el corredor de la muerte en Texas. Delia explicará su testimonio en universidades y colegios de Madrid y Barcelona, llegando así a miles de jóvenes, en unas jornadas de reflexión y sensibilización sobre la pena capital. “Precisamente ahora que el mundo está sufriendo el impacto de la guerra en Ucrania, queremos continuar apostando por una sociedad que defienda los derechos humanos y la vida de toda persona, sin renunciar por ello a la justicia. Luchar contra la pena capital es luchar por un mundo más pacífico y más humano, lanza un potente mensaje contra todas las violencias que buscan una legitimación, es una respuesta a todas las muertes violentas restituye la voz de las víctimas”, declararon responsables de la organización.Por su parte, Amnistía Internacional, como ya hizo el pasado 10 de octubre, Día Mundial Contra la Pena de Muerte, ha aprovechado la ocasión para recordar la relación entre el uso de la pena de muerte y la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por ejemplo, en los casos en los que la pena de muerte se ha impuesto tras un juicio injusto en el que se han utilizado pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos.Además, la organización de derechos humanos destaca como el uso de la pena de muerte se ha intensificado en países como Irán o Arabia Saudí. En el caso de Irán, en las últimas semanas se ha dado un escalofriante uso de la pena de muerte para sofocar aún más brutalmente el levantamiento popular que lleva agitando el país desde septiembre. Desde el 13 de noviembre, las autoridades, en distintas declaraciones, han anunciado que los Tribunales Revolucionarios de Teherán han condenado a muerte a cinco personas. Al menos otras 12 personas, entre ellas una mujer, se enfrentan también a cargos punibles con la muerte en relación con las protestas. Según la organización de derechos humanos, “las autoridades iraníes están utilizando la amenaza de las condenas a muerte como una forma de intimidación y de castigo para sofocar las protestas y disuadir a la población de unirse a ellas”.Por su parte, Arabia Saudí ejecutó el pasado 10 de noviembre a dos personas de nacionalidad pakistaní por delitos de drogas, las primeras ejecuciones de este tipo desde que la Comisión de Derechos Humanos del país anunció la suspensión del uso de la pena de muerte por delitos de drogas en enero de 2021. Desde comienzos de 2022, las autoridades saudíes han llevado a cabo 128 ejecuciones.La pena de muerte en el mundoA pesar de la regresión en países como Irán o Arabia Saudí, el total de ejecuciones de 2021 representa la segunda cifra más baja que ha registrado Amnistía Internacional desde al menos 2010, lo que confirma que las ejecuciones son propias de tan solo una minoría de países. En 2021, Amnistía Internacional registró 579 ejecuciones repartidas en 18 países, lo que supuso un incremento del 20% respecto a las 483 ejecuciones registradas en 2020. Esta cifra representa el segundo número de ejecuciones más bajo registrado por Amnistía Internacional al menos desde 2010. La mayoría de las ejecuciones de las que se tuvo noticia se produjeron en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria, por ese orden.Al concluir 2021 se tenía constancia de al menos 28.670 personas condenadas a muerte. Nueve países concentraban el 82% del total conocido: Irak, Pakistán, Nigeria, Estados Unidos, Bangladesh, Malasia, Vietnam, Argelia y Sri Lanka.Actualmente, más de dos tercios de los países del mundo han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. En 108 países, (la mayoría de los países del mundo) se ha abolido la pena capital en la ley para todos los delitos, y 144 países la han abolido en la ley o en la práctica. En 55 países aún se conserva la pena de muerte.
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Ante los comentarios del secretario general del Comité Supremo de la Copa Mundial de Qatar, Hassan al Thawadi, sobre las muertes de trabajadores y trabajadoras migrantes, realizados durante una entrevista con Piers Morgan, y la posterior aclaración emitida por el Comité Supremo, Stephen Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, ha declarado: “El debate en curso en torno al número de trabajadores y trabajadoras que han muerto en la preparación de la Copa Mundial revela la cruda realidad de que muchas familias desoladas aguardan aún verdad y justicia. En el último decenio, miles de trabajadores han vuelto a casa en un ataúd, sin que se diera explicación alguna a sus seres queridos. El calor extremo y las penosas condiciones laborales de Qatar han contribuido probablemente a centenares de estas muertes, pero si no hay investigaciones exhaustivas, nunca se conocerá la auténtica dimensión de la pérdida de vidas. Mientras tanto, las familias sufren la angustia añadida de la grave inseguridad económica derivada de la pérdida de quien era la principal fuente de ingresos”.“No hay nada natural en la magnitud de la pérdida y no puede haber ninguna excusa para seguir negando a las familias la verdad, justicia y una compensación. Hasta que se rectifiquen todos los abusos sufridos por los trabajadores y trabajadoras migrantes en Qatar, el legado de esta Copa Mundial se verá gravemente empañado por su maltrato.” Información complementariaDurante una entrevista en el programa de Piers Morgan Uncensored, Hassan al Thawadi dijo que alrededor de 400-500 trabajadores y trabajadoras migrantes habían muerto como consecuencia del trabajo que realizaban para la Copa Mundial. El Comité Supremo emitió posteriormente una aclaración en la que dijo que la cifra citada por Al Thawadi se refería a estadísticas nacionales del periodo 2014-2020 que abarcaban todos los fallecimientos relacionados con el trabajo en el ámbito nacional de Qatar, en todos los sectores y de todas las nacionalidades.
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El Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, Amnistía Internacional reitera su llamamiento a la acción global para poner fin al sistema de apartheid impuesto impunemente por las autoridades a la población palestina. Este sistema se ha vuelto más violento y opresivo a lo largo del último año: en Cisjordania, las fuerzas israelíes han matado a 127 personas palestinas desde enero y han herido a centenares más, y se ha observado un incremento de las agresiones y la violencia contra población palestina por parte de colonos respaldados por el Estado. Las autoridades israelíes han intensificado el uso de la detención administrativa para recluir a personas palestinas sin cargos ni juicio, y también sus ataques contra organizaciones de la sociedad civil palestinas. En Gaza, la ofensiva militar israelí llevada a cabo en agosto agravó la dura crisis humanitaria generada por el bloqueo ilegal impuesto por Israel.“Hoy, y todos los días, Amnistía Internacional está al lado de la población palestina en la reivindicación de sus derechos frente a los ataques incesantes de Israel. Pedimos a nuestros simpatizantes en todo el mundo que muestren su solidaridad alzando la voz, de la manera que puedan, para reclamar el fin del apartheid israelí”, ha afirmado Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.“Ante la acumulación de violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades israelíes y el ataque sin precedentes que sufre la sociedad civil palestina, hoy más que nunca la población palestina necesita apoyo internacional. Pedimos a la comunidad internacional que suspenda toda forma de apoyo, directo o indirecto, por acción u omisión, al sistema de apartheid israelí.”Amnistía Internacional dispone de portavoces para entrevistas sobre:El deterioro de la situación de la población palestina de CisjordaniaLas fuerzas israelíes han intensificado la actividad militar en Cisjordania este año, con cientos de incursiones violentas y la imposición de nuevos cierres que han endurecido las restricciones de circulación hasta el estrangulamiento. Según la ONU, 2022 ha sido el año más letal para la población palestina de Cisjordania desde, al menos, 2005. Las fuerzas israelíes han matado a 127 personas palestinas en lo que va de año, entre ellas muchos menores de edad.El auge de los ataques violentos contra población palestina por colonos respaldados por el EstadoColonos israelíes han llevado a cabo cientos de ataques violentos contra personas palestinas durante la pasada temporada de cosecha de la aceituna: agresiones físicas, miles de olivos arrancados y quemados y casas y automóviles destruidos al amparo de las fuerzas armadas israelíes.El brusco aumento de las órdenes de detención administrativaEn lo que va de año, las autoridades israelíes han emitido 1.789 órdenes de detención administrativa, según la organización palestina Addameer, y la tendencia al alza continúa. El 26 de noviembre había 820 personas palestinas en reclusión indefinida sin cargos ni juicio en cárceles israelíes; su detención se basa en información “secreta”. Entre ellas está Salah Hammouri, abogado y defensor de los derechos humanos francopalestino que lleva en detención administrativa desde el 7 de marzo de 2022.La crisis humanitaria y los ataques ilegítimos sistemáticos en la Franja de GazaEn agosto de 2022, las fuerzas israelíes causaron aún más muertes, lesiones y desplazamientos de civiles en aparentes crímenes de guerra cometidos en la asediada Franja de Gaza, documentados por Amnistía Internacional en un documento.La campaña de Israel para aniquilar la sociedad civil palestinaEn agosto de 2022, las fuerzas armadas israelíes irrumpieron en las oficinas de Addameer, Al Haq, Defensa de Niñas y Niños Internacional – Palestina (DCIP), la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, el Centro Bisan para la Investigación y el Desarrollo, los Comités de Trabajo Sanitario y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, y confiscaron archivos y equipos. Emitieron órdenes militares de cierre de las oficinas y soldaron sus puertas. Estas organizaciones habían sido calificadas de “terroristas” con arreglo a la legislación israelí el año anterior.Demoliciones y desalojos forzosos en cursoEn Masafer Yatta, Cisjordania, 1.150 personas corren peligro de ser desplazadas a la fuerza por las autoridades israelíes. La semana pasada, las fuerzas israelíes demolieron una escuela en la zona, arrebatando a 23 niños y niñas su derecho a la educación. Si Israel sigue adelante con las demoliciones y expulsiones previstas en Masafer Yatta, sus actos serán equiparables a traslado forzoso, un crimen de lesa humanidad. También la semana pasada, las autoridades israelíes demolieron la aldea palestina beduina no reconocida de Al Araqib (en la región de Negev/Naqab) por 209ª vez. Son sólo dos entre miles de ejemplos.
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En respuesta a las protestas generalizadas sin precedentes en los últimos años, la directora regional adjunta de Amnistía Internacional, Hana Young, ha manifestado: “La tragedia del incendio de Urumqi ha desencadenado una oleada de notable valentía en toda China. Manifestantes pacíficos portan papeles en blanco, cantan eslóganes y se implican en muchas formas de disidencia creativa. En China es prácticamente imposible que la población proteste pacíficamente sin sufrir hostigamientos y procesos judiciales. Las autoridades han mostrado tolerancia cero con la oposición, especialmente en los últimos diez años de presidencia de Xi Jinping, pero esto no ha detenido las protestas.” “En vez de castigar a la ciudadanía, el gobierno debe escuchar sus peticiones. Las autoridades deben dejar que la gente exprese con libertad lo que piensa y proteste pacíficamente sin temor a represalias.” “Desgraciadamente, China funciona con un guion muy previsible. La censura y la vigilancia continuarán, y lo más probable es que en las próximas horas y días veamos a la policía hacer uso de la fuerza y detener en masa a manifestantes. También es de esperar que se dicten largas penas de prisión contra manifestantes pacíficos.” “La gente ha sido increíblemente paciente con las medidas de confinamiento, pero las autoridades no deben abusar de las políticas de emergencia. Estas protestas sin precedentes demuestran que la ciudadanía está llegando al límite de su tolerancia ante las restricciones excesivas por la Covid-19.” “El gobierno chino debe revisar de inmediato sus políticas sobre la Covid-19 para asegurarse de que son proporcionadas y tienen un límite de tiempo previsto. Todas las medidas de cuarentena que amenazan la seguridad personal y restringen innecesariamente la libertad de circulación deben ser suspendidas.” “Además, el gobierno también debe investigar minuciosamente, sin demora y con eficacia las circunstancias del fuego de Urumqi para evitar que un hecho así vuelva a ocurrir, proporcionar justicia a las víctimas y sus familias y demostrar a la gente que tiene una actitud receptiva ante sus quejas.” Información complementariaEl jueves 24 de noviembre se declaró un incendio en un edificio de apartamentos de Urumqi en el que murieron al menos 10 personas, según fuentes oficiales. Muchas voces achacaron las muertes a las restricciones por la Covid-19, algo que las autoridades locales han negado. Esto no impidió que estallaran protestas en Urumqi, la capital de la región de Xinjiang, al oeste del país. A la mañana siguiente, el gobierno declaró que el brote de Covid está bajo control y que se relajarán las medidas de confinamiento tras más de cien días de severas restricciones en la circulación de sus habitantes. Desde el 25 de noviembre circularon por las redes sociales vídeos que mostraban protestas en universidades y ciudades de toda China, incluidas Pekín, Guangdong, Shanghái y Wuhan. Manifestantes pacíficos conmemoraron a las víctimas del incendio de Urumqi y pidieron que se relajaran las medidas de confinamiento. Muchos exigieron también el fin de la censura, y algunos la dimisión del presidente Xi. Amnistía Internacional no puede realizar una verificación independiente de todos los vídeos enviados desde múltiples ciudades que circulan en Internet. Al menos una mujer ha sido detenida en Urumqi por “difundir rumores”, según fuentes oficiales. Decenas de personas fueron detenidas en la calle Urumqi de Shanghái la noche del 26 de noviembre, según fuentes online. Las protestas continúan.
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En respuesta al anuncio de hoy de que el Consejo de Derechos Humanos ha aprobado una resolución histórica para establecer una misión de investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Irán en relación con las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022, en especial con respecto a las mujeres y los niños y niñas, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado: “Este importante paso, que debía haberse dado hace tiempo, demuestra que finalmente se ha escuchado el clamor de la gente de Irán por la justicia. Esperamos que el establecimiento de esta misión de investigación marque un cambio determinante en el enfoque de la comunidad internacional sobre el abordaje de la crisis de impunidad sistemática que desde hace mucho tiempo viene exacerbando los crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos en Irán. La resolución no sólo refuerza el escrutinio internacional de la terrible situación en Irán, sino que también pone en marcha un proceso para reunir, consolidar y preservar pruebas cruciales para futuros procesamientos. Amnistía Internacional lleva años trabajando en favor del establecimiento de un mecanismo internacional de investigación y rendición de cuentas sobre Irán. Aunque la misión de investigación debería haberse establecido mucho antes, la votación de hoy envía a las autoridades iraníes el mensaje inequívoco de que no pueden seguir cometiendo crímenes de derecho internacional sin temor a las consecuencias. “Ahora los Estados deben garantizar que el mandato esté operativo y cuente con recursos suficientes sin demora, e instar a las autoridades iraníes a cooperar plenamente con la misión y permitir el acceso sin trabas al país. La votación de hoy también debe servir de llamada de atención a las autoridades iraníes para que pongan fin de inmediato a su total ataque militarizado contra quienes se manifiestan.” Información complementariaDurante la negociación de la resolución en Ginebra, las autoridades iraníes continuaron rechazando las conclusiones de los expertos y expertas de la ONU y las organizaciones de derechos humanos. Mientras tanto, en el país seguían empleando de forma generalizada medios letales ilegítimos y solicitando la pena de muerte para manifestantes. La misión de investigación tiene el mandato de “reunir, consolidar y analizar las pruebas de tales violaciones de derechos humanos, y de preservarlas, con vistas, entre otras cosas, a cooperar en los posibles sumarios penales.” La represión mortífera del levantamiento popular que estalló en Irán a raíz de la muerte bajo custodia de Mahsa (Zhina) Amini el 16 de septiembre de 2022 es el último embate en el ciclo de ataques violentos llevados a cabo por las autoridades contra quienes expresan sus quejas legítimas desde diciembre de 2017 y enero de 2018. Amnistía Internacional ha documentado sistemáticamente crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas por las autoridades iraníes en el contexto de las protestas, incluidos homicidios ilegítimos como resultado del uso injustificado de medios letales, detenciones y reclusiones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos e imposición de largas penas de prisión o de la pena de muerte tras juicios manifiestamente injustos. Las autoridades iraníes han ignorado los llamamientos reiterados de la comunidad internacional a iniciar investigaciones penales de esos delitos. En su lugar, han intentado destruir las pruebas de sus crímenes y perseguido a las personas sobrevivientes y familiares de las víctimas que piden verdad, justicia y reparación.
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En repuesta a la flagelación pública de 3 mujeres y 11 hombres el miércoles por orden de un tribunal talibán en relación con cargos de robo y delitos contra la moral en la provincia afgana de Logar, Samira Hamidi, responsable de campañas sobre Asia meridional de Amnistía Internacional, manifestó:“La flagelación pública de mujeres y hombres supone un alarmante retorno a las prácticas extremas de los talibanes. Infringe la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos en virtud del derecho internacional y no debe llevarse a cabo bajo ninguna circunstancia.” “Los talibanes siguen haciendo caso omiso de las críticas generalizadas y pisoteando flagrantemente los principios básicos de derechos humanos en un alarmante deslizamiento hacia lo que parece un recordatorio sombrío de su gobierno de hace tres décadas. Estos castigos ominosos son un paso más en la legalización de prácticas inhumanas por parte del cruel sistema de justicia talibán y exponen el completo desprecio del derecho internacional de los derechos humanos por las autoridades de facto. “Se debe poner fin de manera inmediata y sin condiciones a la práctica delictiva de la flagelación pública y a todas las demás formas de castigo corporal, y establecer un mecanismo de justicia formal que garantice el acceso a juicios justos y a recursos legales. La comunidad internacional debe intensificar de inmediato sus iniciativas para garantizar que las autoridades de facto de Afganistán abolen todos los castigos crueles, inhumanos y degradantes.”Información complementaria El domingo 14 de noviembre, el líder supremo talibán dio una orden de obligado cumplimiento de aplicar plenamente la sharia (ley islámica) en Afganistán.Desde entonces, los talibanes han llevado a cabo varias flagelaciones públicas de mujeres y hombres acusados de adulterio, robo, conducta homosexual o secuestro en varias provincias de Afganistán. Esta interpretación de la ley islámica incluye las ejecuciones, amputaciones y lapidaciones públicas que se llevaron a cabo durante el primer gobierno talibán, que finalizó a finales de 2001. Cuando los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, prometieron gobernar el país con más moderación, respetando los derechos derechos de las mujeres.Amnistía Internacional ha documentado la intensificación continua de los abusos y las violaciones de derechos humanos por parte de los talibanes desde que tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, que han incluido ejecuciones extrajudiciales, detención arbitraria, tortura, desapariciones, represión de las mujeres y las niñas y censura de los medios de comunicación y otras restricciones de la libertad de expresión.
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Amnistía Internacional da la bienvenida a una reforma del Código Penal que elimine el delito de sedición y modifique algunos delitos contra el orden público, pero pide al Parlamento que garantice que no se criminaliza indebidamente la protesta pacífica.Este jueves 24 de noviembre, el Pleno del Congreso de los Diputados vota la toma en consideración de una Proposición de Ley de reforma del Código Penal que aborda, entre otros, los delitos de desórdenes públicos. En 2015 Amnistía Internacional ya mostró preocupación por la modificación de estos delitos al entender que podía acarrear limitaciones indebidas al ejercicio del derecho a la protesta. La aplicación del Código Penal desde entonces en actos pacíficos de desobediencia civil ha sido denunciada por la organización en el reciente informe “Derecho a la protesta en España: siete años, siete mordazas que restringen y debilitan el derecho a la protesta pacífica en España”.Amnistía Internacional ya mostró preocupación por la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019, que condenó a Jordi Sànchez y a Jordi Cuixart a 9 años de prisión por un delito de sedición, en relación con las protestas que tuvieron lugar el 20 y 21 de septiembre de 2017 en Barcelona y el referéndum del 1-O en Cataluña. En opinión de la organización, la definición e interpretación del delito de sedición resultan contrarias al principio de legalidad y su aplicación, en el caso de Sànchez y Cuixart, supuso una restricción desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica.Aspectos positivos de la actual propuesta de reforma
Elimina el delito de sedición, cuya definición actual no exige explícitamente que se recurra a violencia o amenaza de violencia, y que puede abarcar una amplia variedad de conductas, no necesariamente violentas, con penas desde un año de prisión para los tipos atenuados hasta 15 años para la pena máxima.
Modifica el delito de desórdenes públicos y corrige la ampliación del tipo de la reforma de 2015: i) al eliminar la posibilidad de que se pueda cometer de forma individual “pero amparado en el grupo”, y ii) al eliminar también la posibilidad de cometer el delito mediante amenazas.
Elimina la modalidad agravada de desórdenes públicos cuando éstos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa. Amnistía Internacional consideró sumamente preocupante que la reforma de 2015 estableciese este tipo agravado vinculado al ejercicio de derechos humanos, ya que la mera existencia de una reunión o manifestación no debería suponer un agravamiento de la pena.
Elimina la sanción penal a la difusión de mensajes que “sirvan para reforzar la disposición a cometer desórdenes públicos”, algo que incorporó la reforma de 2015, y cuya vaguedad, como señaló el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, podía llevar a sancionar declaraciones y opiniones expresadas antes de los desórdenes públicos.
Aspectos preocupantes de la propuesta de reforma
La reforma del delito de desórdenes públicos debe asegurar que sólo se castigan actos de violencia e intimidación graves contra las personas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha expresado que, por ejemplo, los empujones o la interrupción del tráfico de vehículos o peatones o de las actividades diarias no constituyen violencia. Y ha pedido a los Estados que garanticen que la definición de violencia en el contexto de manifestaciones se interpreta de manera restrictiva, estableciendo un umbral elevado de daños a los bienes para considerar el procesamiento, con el fin de limitarlo a casos “graves”.
Amnistía Internacional observa con preocupación en la propuesta el establecimiento de una modalidad agravada de desórdenes públicos que no sanciona situaciones de alteración real y efectiva del orden público, sino la mera posibilidad de haberlo puesto en peligro. Concretamente, si estos actos son “llevados a cabo por una multitud cuyo número, organización y finalidad son idóneas para afectar gravemente el orden público”. Esta definición contiene elementos de ambigüedad que deben ser corregidos. La organización recuerda la obligación del legislador de formular con precisión suficiente cualquier norma que imponga restricciones a la libertad de expresión, reunión y manifestación, de forma que una persona pueda regular su comportamiento de conformidad con ella.
La reforma del Código Penal de 2015 estableció un nuevo tipo penal: el delito de invasión y ocupación de sedes de personas jurídicas. La propuesta de reforma actual no sólo mantiene este delito, sino que expresamente sanciona estos hechos cuando se lleven a cabo sin violencia y sin intimidación. De esta forma, se mantendría la penalización de actos no violentos, si se produce “una perturbación relevante de la actividad normal” de la entidad. El concepto ambiguo de “perturbación de la actividad normal” no permite conocer de antemano qué actuaciones serían punibles.
Amnistía Internacional pide que el trámite parlamentario sea una oportunidad para alinear el Código Penal con los estándares internacionales de derechos humanos. El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha afirmado que “la reforma debe establecer definiciones precisas para no criminalizar indebidamente actos de desobediencia civil pacífica, ni imponer penas desproporcionadas a acciones relacionadas con el ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica”.
