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Una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU prevista para hoy debe dar prioridad urgentemente a la protección civil y la rendición de cuentas por la letanía de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas, y pedir que se ponga fin a la agresión de Rusia contra Ucrania, ha manifestado Amnistía Internacional.Rusia solicitó que la sesión del Consejo de Seguridad se centrase en la creciente preocupación por la militarización de una central nuclear en Zaporiyia, en el sur de Ucrania. El secretario general de la ONU ha advertido de que cualquier daño en esa u otras centrales nucleares podría tener consecuencias “catastróficas” en las inmediaciones y mucho más allá.“Las denuncias que estamos recibiendo directamente desde Enerhodar, la localidad adyacente a la central nuclear, hablan por sí solas del terrible impacto que la militarización rusa de la central y de las zonas circundantes tiene en la población civil. Amnistía Internacional está investigando estos informes preocupantes e insta al Consejo de Seguridad a hacer lo mismo”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“La prioridad inequívoca del Consejo de Seguridad —en lo que respecta no sólo a Zaporiyia, sino a todo el conflicto— debe ser garantizar la protección de la población civil.”Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
“El Consejo también debe incluir la rendición de cuentas por la amplia variedad de flagrantes violaciones de los derechos humanos cometidas por Rusia en el conflicto hasta la fecha.
El peligro inminente que supone la militarización de la central nuclear de Zaporiyia es y debe ser la cuestión clave para el Consejo de Seguridad. Parece que esta militarización forma parte de una estrategia más amplia de las fuerzas rusas para amenazar a la población civil y poner en grave peligro a millones de personas. También debemos mantener la atención en la abominable conducta de Rusia, y en el hecho de que durante los seis meses de agresión contra Ucrania sus fuerzas han puesto en peligro y han matado a muchos civiles. No debemos permitir que las autoridades rusas eludan la rendición de cuentas.”
Desde la invasión, Amnistía Internacional ha documentado y denunciado numerosas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas rusas, entre ellas ataques indiscriminados, uso de municiones de racimo prohibidas y ejecuciones extrajudiciales. Muchas constituyen crímenes de guerra. El Consejo de Seguridad debe condenarlas y allanar el camino para que los responsables sean llevados ante la justicia.
Meses documentando las violaciones de derechos humanos
Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero, Amnistía Internacional ha pasado meses en el terreno documentando las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos por Rusia. La organización ha publicado más de una decena de comunicados de prensa, documentos informativos e informes en los que se condenan estos actos y se pide rendición de cuentas. La organización también ha instado a las fuerzas ucranianas a tomar medida adicionales para proteger a la población civil. Como en todos los conflictos armados, Amnistía Internacional pide a todas las partes que den prioridad a la protección de la población civil y observen el derecho internacional humanitario.
A continuación tienen más información sobre el trabajo de Amnistía Internacional sobre el conflicto hasta la fecha:
1. El ejército ruso lanza ataques indiscriminados durante la invasión de Ucrania, comunicado de prensa, viernes 25 de febrero.
2. Ucrania: Las municiones de racimo matan a un niño y otros dos civiles que se refugiaban en un centro preescolar, comunicado de prensa, domingo 27 de febrero.
3. Rusia/Ucrania: Los prisioneros de guerra deben ser protegidos de la curiosidad pública con arreglo al Convenio de Ginebra, comunicado de prensa, lunes 7 de marzo.
4. Ucrania: Ataque aéreo ruso con bombas no guiadas mató a civiles en Chernígov. Nueva investigación y testimonios, comunicado de prensa, miércoles 9 de marzo.
5. Ucrania: Los corredores humanitarios para la población civil que huye de los ataques rusos deben ofrecer seguridad. Nuevos testimonios, comunicado de prensa, jueves 10 de marzo.
6. Ucrania: La ciudad sitiada de Izium, al límite tras el ataque incesante de fuerzas rusas. Nuevos testimonios, comunicado de prensa, jueves 17 de marzo.
7. Guía de cómo verifica Amnistía los ataques militares en Ucrania, viernes 18 de marzo.
8. “El país entero está en llamas”: Se cumple un mes de la invasión rusa de Ucrania, carta abierta, jueves 24 de marzo.
9: Ucrania: Las crueles tácticas bélicas de asedio utilizadas por Rusia provocan homicidios ilegítimos de civiles. Nuevos testimonios e investigación, comunicado de prensa, viernes 1 de abril.
10. Ucrania: Los presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Bucha deben ser investigados, declaración, miércoles 6 de abril.
11. Ucrania: Las fuerzas rusas ejecutan extrajudicialmente a civiles en lo que parecen ser crímenes de guerra – Nuevos testimonios, comunicado de prensa, jueves, 7 de abril.
12. Ucrania: Las fuerzas rusas deben responder ante la justicia por crímenes de guerra en la provincia de Kiev, documento informativo y comunicado de prensa, viernes 6 de mayo.
13. Ucrania: Cientos de muertos en el incesante bombardeo ruso en Járkov, informe y comunicado de prensa, lunes 13 de junio.
14. Ucrania: El mortal ataque al teatro de Mariúpol, un “claro crimen de guerra” de las fuerzas rusas, informe y comunicado de prensa, jueves 30 de junio.
15. Ucrania: Mueren civiles en sendos ataques rusos “temerarios” contra un edificio residencial y un complejo turístico en Serhiivka, comunicado de prensa, jueves 7 de julio.
16. Ucrania: Las tácticas de combate ucranianas ponen en peligro a la población civil, comunicado de prensa, jueves 4 de agosto.
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Ante la serie de atentados que, en los últimos días, han causado la muerte y lesiones a alrededor de 120 personas en zonas dominadas por comunidades chiíes de etnia azara del oeste de Kabul, Zaman Sultani, investigador regional de Amnistía Internacional para Asia meridional, ha declarado:“Los ataques sistemáticos contra la comunidad minoritaria chií hazara de Afganistán podrían constituir crímenes de lesa humanidad y deben ser condenados rotundamente”.“En el último año ha habido múltiples ataques contra esta comunidad minoritaria y se han tomado escasas medidas o ninguna al respecto. Es esencial que, como autoridades de facto, los talibanes lleven a cabo una investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre los ataques, que debe realizarse en consonancia con el derecho y las normas internacionales. Los presuntos responsables penales de estos crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos deben responder ante la justicia en juicios justos ante tribunales civiles ordinarios y sin recurso a la pena de muerte”.“Los talibanes tienen la responsabilidad de tomar todas las medidas necesarias para proteger a la población civil de Afganistán y deben aumentar inmediatamente las medidas para garantizar que se protege a toda la población civil del país”.Información complementariaEl viernes 5 de agosto, al menos 8 personas murieron y 18 resultaron heridas en una explosión en Kabul. Al día siguiente, el sábado 6, una bomba explosionó en una concurrida calle comercial de Kabul y causó la muerte de 8 personas y heridas al menos a 22, según los medios de comunicación.El domingo 7 de agosto, la ONU informó de que los atentados, revindicados por el Estado Islámico de la Provincia de Jorasán, habían causado la muerte y heridas al menos a 120 personas.Tras la toma del poder por los talibanes, las comunidades minoritarias carecen de representación efectiva en las estructuras de seguridad y gobernanza talibanes.Amnistía Internacional ha documentado con anterioridad el homicidio selectivo de personas de la comunidad de etnia hazara tras la toma del poder de los talibanes en Afganistán en 2021.
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“Las fuerzas ucranianas ponen a la población civil en situaciones de riesgo al establecer bases y operar sistemas de armas en zonas habitadas por civiles, incluso en escuelas y hospitales, para repeler la invasión rusa que comenzó en febrero”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.Estas tácticas violan el derecho internacional humanitario y ponen en peligro a la población civil, pues convierten bienes de carácter civil en objetivos militares. Los ataques rusos resultantes en zonas pobladas han causado la muerte de civiles y destruido infraestructura civil.“Hemos documentado un panorama en el que las fuerzas ucranianas ponen a la población civil en peligro y violan las leyes de la guerra cuando operan en zonas pobladas”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.“Estar en una posición defensiva no exime a las fuerzas armadas ucranianas de respetar el derecho internacional humanitario”.Sin embargo, no todos los ataques rusos documentados por Amnistía Internacional siguieron esta tendencia. En otros emplazamientos concretos en los que Amnistía Internacional concluyó que Rusia había cometido crímenes de guerra, incluidas algunas zonas de la ciudad de Járkov, la organización no halló indicios de que hubiera fuerzas ucranianas ubicadas en las zonas civiles atacadas ilegítimamente por el ejército ruso.Entre abril y julio, un equipo de Amnistía Internacional pasó varias semanas investigando los ataques rusos en las regiones de Járkov, el Dombás y Mykolaiv. La organización inspeccionó lugares que habían sufrido ataques, entrevistó a sobrevivientes, testigos y familiares de víctimas de ataques, y llevó a cabo labores de detección a distancia y análisis de armas.Durante estas investigaciones, el equipo encontró indicios de que las fuerzas ucranianas lanzaban ataques desde el interior de zonas residenciales habitadas y de que se habían establecido en edificios civiles de 19 ciudades y pueblos de las regiones citadas. El Evidence Lab de la organización ha analizado imágenes satelitales para corroborar aún más algunos de estos incidentes.La mayoría de las zonas residenciales donde se emplazaron los soldados estaban a varios kilómetros de las líneas de frente. Existían alternativas viables que no pondrían en peligro a la población civil, como bases militares o zonas densamente boscosas en las proximidades, u otras estructuras alejadas de las zonas residenciales. En los casos que documentó, Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que los militares ucranianos que se emplazaron en estructuras civiles en zonas residenciales hubieran pedido a la población civil que evacuase los edificios vecinos o la hubiese ayudado a evacuarlos; es decir, no tomaron todas las precauciones posibles para proteger a la población civil.Ataques lanzados desde zonas habitadas por civilesSobrevivientes y testigos de ataques rusos en las regiones del Dombás, Járkov y Mykolaiv dijeron al equipo de investigación de Amnistía Internacional que el ejército ucraniano estaba operando cerca de sus casas en torno al momento de los ataques, exponiendo las zonas a disparos de represalias de las fuerzas rusas. El equipo de investigación de Amnistía Internacional fue testigo de esta conducta en numerosos lugares.El derecho internacional humanitario exige que todas las partes en un conflicto eviten, en toda la medida de lo posible, emplazar objetivos militares dentro de zonas densamente pobladas o en sus proximidades. La obligación de proteger a la población civil de los efectos de los ataques incluye también retirar a ésta de la vecindad de objetivos militares y avisar de forma efectiva de cualquier ataque que podría afectarla.La madre de un hombre de 50 años que murió en un ataque con cohetes el 10 de junio en un pueblo al sur de Mykolaiv dijo a Amnistía Internacional: “Los militares estaban en una casa al lado de la nuestra y mi hijo llevaba a menudo comida a los soldados. Le rogué varias veces que se mantuviera alejado porque temía por su seguridad. Esa tarde, cuando ocurrió el ataque, mi hijo estaba en el patio de nuestra casa y yo estaba en la casa. Murió en el acto. Su cuerpo quedó hecho trizas. Nuestra casa fue parcialmente destruida”. El equipo de investigación de Amnistía Internacional encontró equipo y uniformes militares en la casa de al lado.Mykola, que vive en un bloque de pisos de un barrio de Lisichansk (Dombás) que fue objeto de varios ataques rusos que causaron la muerte de al menos un hombre de edad, dijo a Amnistía Internacional: “No entiendo por qué nuestro ejército dispara desde las ciudades y no desde el campo”. Otro residente, un hombre de 50 años, dijo: “Sin duda hay actividad militar en el barrio. Cuando hay fuego saliente, oímos después fuego entrante”. El equipo de investigación de Amnistía Internacional vio a unos soldados que usaban un edificio residencial situado a unos 20 metros de la entrada del refugio subterráneo que usaban los residentes donde murió el hombre de edad.En una localidad del Dombás, el 6 de mayo, las fuerzas rusas usaron municiones de racimo inherentemente indiscriminadas, cuyo uso está ampliamente prohibido, contra un barrio integrado en su mayoría de casas de uno o dos alturas donde las fuerzas ucranianas manejaban armas de artillería. La metralla dañó las paredes de la casa donde vive Anna, de 70 años, con su hijo y su madre de 95 años.Anna dijo: “La metralla voló a través de las puertas. Yo estaba dentro. La artillería ucraniana estaba cerca de mi campo [...] Los soldados estaban detrás del campo, detrás de la casa [...] Los vi saliendo y entrando [...] desde que empezó la guerra [...] Mi madre está [...] paralítica, por eso no pude huir”.A principios de julio, un agricultor resultó herido cuando las fuerzas rusas atacaron un almacén agrícola en la zona de Mykolaiv. Horas después del ataque, el equipo de investigación de Amnistía Internacional fue testigo de la presencia de personal y vehículos militares ucranianos en la zona de almacenamiento de grano y varios testigos confirmaron que el ejército usaba el almacén, situado al otro lado de la carretera, frente una finca en la que vivían y trabajaban civiles.Mientras el equipo de Amnistía Internacional examinaba los daños de edificios residenciales y públicos colindantes en Járkov y en pueblos del Dombás y del este de Mykolaiv, oyeron fuego saliente desde posiciones militares ucranianas ubicadas en las proximidades.En Bajmut, varias personas residentes dijeron a Amnistía Internacional que el ejército ucraniano había usado un edificio situado a apenas 20 metros al otro lado de la calle, frente a un edificio residencial de gran altura. El 18 de mayo, un misil ruso impactó en la parte de delante del edificio, destruyó parcialmente cinco apartamentos y provocó daños en los edificios próximos. Kateryna, residente que sobrevivió al impacto, dijo: “No entendía qué había pasado. [Había] ventanas rotas y un montón de polvo en mi casa [...] Me quedé aquí porque mi madre no quería marcharse. Tiene problemas de salud”.Tres residentes dijeron a Amnistía Internacional que, antes del ataque, las fuerzas ucranianas habían estado usando un edificio al otro lado de la calle, frente al edificio bombardeado, y que había dos camiones militares estacionados delante de otra casa que resultó dañada cuando impactó el misil. El equipo de investigación de Amnistía Internacional encontró indicios de presencia militar dentro y fuera del edificio, incluidos sacos de arena y protecciones de plástico negro que cubrían las ventanas, así como equipos nuevos de primeros auxilios para traumatismos de fabricación estadounidense.“No tenemos voz en lo que hace el ejército, pero pagamos el precio”, dijo a Amnistía Internacional una persona cuya casa también había sido dañada en el ataque.Bases militares en hospitalesEl equipo de investigación de Amnistía Internacional vio a fuerzas ucranianas que usaban hospitales como bases militares de facto en cinco lugares. En dos ciudades, decenas de soldados descansaban, pasaban el tiempo y hacían sus comidas en hospitales. En otra ciudad, los soldados disparaban desde las proximidades del hospital.El 28 de abril, un ataque aéreo ruso hirió a dos personas que trabajaban en un laboratorio médico en un suburbio de Járkov después de que las fuerzas ucranianas hubieran establecido una base en las instalaciones.El uso de hospitales con fines militares es una violación clara del derecho internacional humanitario.Bases militares en escuelasEl ejército ucraniano ha establecido bases de forma habitual en escuels de ciudades y pueblos de la zona del Dombás y de Mykolaiv. Las escuelas están temporalmente cerradas para el alumnado desde que comenzó el conflicto, pero en la mayoría de los casos los edificios estaban cerca de barrios habitados por civiles.En 22 de las 29 escuelas que visitó, el equipo de investigación de Amnistía Internacional encontró soldados usando las instalaciones o indicios de actividad militar actual o pasada, incluida la presencia de atuendos militares, municiones descartadas, paquetes de raciones del ejército y vehículos militares.Las fuerzas rusas atacaron muchas de las escuelas utilizadas por las fuerzas ucranianas. En al menos tres ciudades, después del bombardeo ruso de las escuelas, los soldados ucranianos se trasladaron a otras escuelas de las proximidades, sometiendo a los barrios circundantes al riesgo de sufrir ataques similares.En una ciudad al este de Odesa, Amnistía Internacional vio que los soldados ucranianos usaban habitualmente zonas civiles para alojarse y como áreas de maniobras, incluso emplazando vehículos blindados bajo árboles en barrios puramente residenciales y usando dos escuelas situadas en zonas residenciales densamente pobladas. Los ataques rusos cerca de escuelas han causado la muerte y heridas a varias personas civiles entre abril y finales de junio; el 28 de junio murieron una niña y una anciana en un ataque con cohetes contra su casa.En Bajmut, las fuerzas ucranianas usaban un edificio universitario como base cuando lo alcanzó un ataque ruso el 21 de mayo y, según informes, causó la muerte de siete soldados. La universidad es colindante con un edificio de viviendas de gran altura que resultó dañado en el ataque junto con otras viviendas civiles situadas a unos 50 metros. El equipo de investigación de Amnistía Internacional halló los restos de un vehículo militar en el patio del edificio universitario bombardeado.El derecho internacional humanitario no prohíbe expresamente a las partes en un conflicto establecer bases en escuelas durante los periodos vacacionales. Sin embargo, las fuerzas armadas tienen la obligación de evitar usar escuelas que estén cerca de casas o edificios de apartamentos llenos de civiles, poniendo sus vidas en peligro, salvo que haya una necesidad militar imperiosa. Si lo hacen, deben advertir a la población civil y, en caso necesario, ayudarla a evacuar. Aparentemente, esto no ocurrió así en los casos que ha examinado Amnistía Internacional.Los conflictos armados inciden de forma muy negativa en el derecho a la educación de la infancia, y el uso militar de las escuelas puede causar una destrucción que prive aún más a los niños y niñas de este derecho una vez finalizada la guerra. Ucrania es uno de los 114 países que han respaldado la Declaración sobre Escuelas Seguras, acuerdo para proteger la educación en los conflictos armados que permite a las partes hacer uso de escuelas abandonadas o evacuadas únicamente cuando no haya una alternativa viable.Ataques indiscriminados de las fuerzas rusasMuchos de los ataques rusos que Amnistía Internacional ha documentado en los últimos meses fueron llevados a cabo con armas inherentemente indiscriminadas, incluidas municiones de racimo, prohibidas internacionalmente, o con otras armas explosivas con efectos en una superficie amplia. En otros se usaron armas guiadas con diversos grados de precisión; en algunos casos, las armas eran lo bastante precisas para dirigirse a objetivos específicos.La práctica del ejército ucraniano de emplazar objetivos militares dentro de zonas pobladas no justifica en modo alguno los ataques indiscriminados rusos. Todas las partes en un conflicto deben distinguir en todo momento entre objetivos militares y bienes de carácter civil, y adoptar todas las precauciones posibles, incluso en la elección de armas, para reducir al mínimo el daño a civiles. Los ataques indiscriminados que causan la muerte o heridas a civiles o dañan bienes de carácter civil son crímenes de guerra.“El gobierno ucraniano debe asegurarse inmediatamente de que emplaza a sus fuerzas lejos de zonas pobladas o evacuar a la población civil de las zonas donde opera el ejército. Las fuerzas armadas nunca deben usar hospitales para combatir en una guerra y sólo deben usar escuelas o viviendas civiles como último recurso, cuando no haya alternativas viables”, concluyó Agnès Callamard.El 29 de julio de 2022 Amnistía Internacional se puso en contacto con el Ministerio de Defensa ucraniano para comunicarle las conclusiones de esta investigación. En el momento de la publicación de este comunicado, aún no ha recibido respuesta.
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En respuesta a la decisión anunciada hoy por el Servicio de Instituciones Penitenciarias israelí de renovar el régimen de aislamiento de Ahmad Manasra, un preso palestino que ha desarrollado graves problemas de salud mental desde que fue detenido siendo menor de edad hace siete años, Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:“Resulta indignante que las autoridades israelíes hayan renovado el periodo de aislamiento de Ahmad Manasra. Mantener a este preso recluido en unas condiciones tan inhumanas constituye un cruel acto de injusticia. A Ahmad se he la diagnosticado esquizofrenia y sufre una depresión severa”.“Ahmad Manasra tenía sólo 13 años cuando fue detenido. La decisión de detenerlo debería haber sido en todo momento una medida de último recurso y durante el periodo más breve posible. Ahora, parece que Ahmad se ha convertido en una sombra de sí mismo, y ha amenazado con quitarse la vida. Las autoridades israelíes deben revocar de inmediato su decisión de renovar su aislamiento, y deben liberarlo de ese régimen urgentemente.”El miércoles, el Servicio de Instituciones Penitenciarias israelí rechazó una petición de sacar a Manasra del régimen de aislamiento en la prisión de Eshel. El 16 de agosto se celebrará en el Tribunal de Distrito de Beersheba otra vista sobre su régimen de aislamiento. Su abogado, Khaled Zabarqa, contó a Amnistía Internacional: “La vida de Ahmad corre peligro, un peligro real, y las reiteradas ampliaciones de su régimen de aislamiento le están destruyendo.”Información complementariaAhmad Manasra permanece recluido en un prolongado régimen de aislamiento desde noviembre de 2021, aparte de dos meses que pasó en el hospital, después de que las autoridades israelíes afirmaran que es un peligro para otros presos. Esta situación viola la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.Ahmad Manasra fue detenido en octubre de 2015 por el apuñalamiento de dos ciudadanos israelíes en Pisgat Zeev, un asentamiento ilegal israelí en el territorio ocupado de Jerusalén Oriental. Fue declarado culpable de intento de asesinato y condenado a nueve años y cinco meses de prisión, a pesar de que tenía 13 años en el momento de su detención y de que el tribunal concluyó que no había participado en el apuñalamiento. Además, fue interrogado sin la presencia de un abogado o un progenitor, y durante el interrogatorio fue presuntamente sometido a tortura u otros malos tratos. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se haya abierto investigación alguna sobre la conducta de los agentes de seguridad.La petición de la familia de Manasra para que se le concediera la libertad anticipada fue rechazada, pese a que Ahmad ha cumplido ya dos tercios de su pena. En virtud de la legislación israelí, las personas declaradas culpables de homicidio, violación o abuso infantil pueden optar a que su condena sea conmutada en un tercio. La fiscalía dice que Ahmad no puede optar a la liberación anticipada porque fue declarado culpable de “actos terroristas”, en virtud de una ley que se promulgó después de que hubiera sido detenido.
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La comunidad internacional debe exigir a las autoridades iraníes que rindan cuentas por la oleada de violencia que sus fuerzas de seguridad desataron contra manifestantes en el sudoeste de Irán en mayo de 2022 con absoluta impunidad, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.La nueva investigación de la organización —“They are shooting brazenly”: Iran’s militarized response to May 2022 protests— documenta que las fuerzas de seguridad iraníes efectuaron disparos ilegítimos de munición real y perdigones en mayo de 2022 para reprimir unas protestas, en su mayoría pacíficas, por el aumento de los precios de los alimentos y el derrumbamiento de un edificio que causó varios muertos.Amnistía Internacional verificó la muerte de tres personas en relación con las protestas y documentó una constante de heridas de perdigón entre manifestantes y transeúntes, incluidos niños y niñas, que constituyen tortura. Las autoridades impusieron cierres de Internet e interrupciones en la red de telefonía móvil para bloquear la capacidad de la gente de comunicarse entre sí y para ocultar sus delitos.“En mayo, la gente salió a la calle en ciudades de todo el sudoeste de Irán para protestar contra el aumento de los precios de los alimentos y para exigir justicia para las víctimas del derrumbamiento mortífero de un edificio. La respuesta militarizada de las autoridades puso al descubierto una vez más el absoluto desprecio por la inviolabilidad de la vida humana y las normas jurídicas internacionales sobre el uso de la fuerza y armas de fuego”, manifestó Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.“Es probable que la indignación legítima de la población de Irán por la corrupción estatal, la inflación, el desempleo, los salarios bajos o impagados y la inseguridad alimentaria, así como la represión política, den lugar a más protestas; y, si no se les obliga a rendir cuentas, las fuerzas de seguridad de Irán continuarán sintiéndose envalentonadas para matar y herir a quienes se manifiestan. Habida cuenta de que las vías nacionales a la justicia están completamente cerradas, Amnistía Internacional, reitera la necesidad urgente de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU establezca un mecanismo independiente de investigación y rendición de cuentas para recopilar, consolidar, preservar y analizar pruebas de los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en Irán que posibiliten la interposición de actuaciones judiciales futuras.”Para investigar el uso ilegítimo de la fuerza por las autoridades, Amnistía Internacional examinó y analizó abundantes imágenes de vídeo, declaraciones oficiales e información de medios de comunicación estatales, y habló con defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas que estaban en contacto con personas y comunidades afectadas.Uso ilegítimo de la fuerza y muertes documentadasAmnistía Internacional concluyó que las fuerzas de seguridad iraníes demostraron un absoluto desprecio por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad al reprimir las protestas generalizadas por el aumento de los precios de la alimentación que estallaron en la provincia de Juzestán a principios de mayo y luego se propagaron a las provincias de Chaharmahal y Bakhtiari, ambas en el sudoeste de Irán, entre el 12 y el 17 de mayo.Las pruebas audiovisuales que examinó el Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis de la organización indican que las fuerzas de seguridad dispararon armas cargadas con munición real y perdigones en varias ocasiones durante las protestas.Al menos tres personas, Behrouz Eslami, Jamshid Mokhtar y Saadat Hadipour, murieron violentamente en las provincias de Chaharmahal y Bakhtiari en relación con las protestas entre los días 14 y 17 de mayo. Una cuarta persona, Hamid Ghasemipour, fue herida de gravedad el 13 de mayo, y un residente local informó de que murió poco después, pero Amnistía Internacional no obtuvo información que lo corroborase. Un parlamentario también informó el 15 de mayo sobre la muerte de una persona desconocida en la provincia de Juzestán en el contexto de la protestas por la subida del precio de los alimentos.Aunque una minoría de manifestantes arrojó piedras, provocó incendios y cometió actos vandalismo, las fuerzas de seguridad respondieron con fuera innecesaria o excesiva, lo que impidió a la gran mayoría de las personas que se manifestaron pacíficamente ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica y expresión. En todo el material fílmico examinado por Amnistía Internacional, las personas que se manifestaban no representaban una amenaza inminente de muerte o lesión grave para las fuerzas de seguridad u otras personas, que es el umbral exigido para el uso de medios letales, según las normas internacionales.En las protestas generalizadas que se celebraron entre el 23 y el 31 de mayo de 2022 en la ciudad de Abadán, provincia de Juzestán, tras el derrumbamiento de un edificio en obras que mató a decenas de personas, las autoridades desplegaron fuerza de forma completamente ilegítima, ya que las protestas eran pacíficas. Entre otras cosas, las fuerzas de seguridad dispararon con escopeta contra la multitud de manifestantes afligidos. En al menos un vídeo examinado por Amnistía Internacional, es probable que los disparos que se escuchan fueran de munición real.Tortura y otros malos tratosLas fuerzas de seguridad dispararon ilegítimamente perdigones en ambas protestas, hiriendo a manifestantes y transeúntes. En los vídeos examinados por Amnistía Internacional se aprecia el patrón clásico de rociado de las heridas provocadas por perdigones en la espalda, las nalgas, las piernas o la cabeza de las personas heridas.Los perdigones son intrínsecamente indiscriminados y están concebidos para causar un daño generalizado que siempre es innecesario y excesivo para lograr objetivos legítimos, y su uso infringe la prohibición de la tortura y otros malos tratos.En las imágenes examinadas también se ve cómo las fuerzas de seguridad golpean a una mujer y a un hombre inmovilizado, y usan indebidamente gas lacrimógeno y un cañón de agua para dispersar a manifestantes pacíficos.La comunidad internacional debe tomar medidas para poner fin a los ciclos de derramamiento de sangre en protestasEl uso ilegítimo de la fuerza por las autoridades iraníes durante la represión de las protestas de mayo de 2022 refleja una creciente militarización de la actuación policial en las protestas en años recientes que ha provocado la muerte a cientos de manifestantes y transeúntes, incluidos niños y niñas, y heridas a miles más desde diciembre de 2017.Ha contribuido a ello la crisis de impunidad sistemática del país, que ha dejado sin investigar y castigar crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios injustificados por las fuerzas de seguridad.Amnistía Internacional se hace eco de la preocupación del relator especial de la ONU sobre Irán de que, ante la falta de condiciones para garantizar la rendición de cuentas en el ámbito nacional, la comunidad internacional debe responder a las cifras alarmantemente altas de heridos y muertos y cumplir con su importante función de garantizar la rendición de cuentas.
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Las autoridades de las prisiones y los centros de interrogatorio de Myanmar someten habitualmente a las personas detenidas por oponerse al golpe militar de 2021 a tortura y otros tratos crueles o degradantes; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe, cuando ha transcurrido más de un año y medio desde que la asunción de plenos poderes destrozara la vacilante transición del país a un régimen civil.Basándose en 15 entrevistas realizadas en marzo de 2022 a personas que habían estado detenidas, a abogados de las personas presas y a especialistas, así como en la revisión de más de 100 noticias, el informe titulado 15 Days Felt like 15 Years (“15 días que parecieron 15 años”) documenta las terribles experiencias personales vividas desde el momento de la detención hasta la puesta en libertad, pasando por el interrogatorio y el encarcelamiento.Desde el golpe de Estado que tuvo lugar 1 de febrero de 2021, las fuerzas armadas de Myanmar han detenido a más de 14.500 personas y matado a más de 2.000, según la Asociación de Apoyo a los Presos Políticos (AAPP, por sus siglas en inglés).Con prácticas tales como aparecer sin orden de arresto y obtener confesiones mediante tortura u otro tipo de malos tratos, llevar a cabo desapariciones forzadas, cometer represalias contra los familiares, y mantener a las personas presas incomunicadas de sus familias y su asistencia letrada, las autoridades militares incumplen la ley en todas las fases del proceso de detención y reclusión.Esto quedó espantosamente demostrado en julio con la ejecución extralegal de cuatro hombres, entre ellos un destacado activista en favor de la democracia y exlegislador, después de que un tribunal militar los condenara a muerte. Fueron las primeras ejecuciones que se llevaron a cabo en más de 30 años. En Myanmar, más de 70 personas continúan en el corredor de la muerte y 41 han sido condenadas a muerte in absentia, según la AAPP.“Myanmar ha caído a nuevos e inimaginables niveles de crueldad e infamia en el trato que dispensa a las personas detenidas como parte de una estrategia general que pretende quebrantarles el ánimo y empujar a la población a abandonar cualquier tipo de resistencia al golpe militar de 2021”, ha declarado Agnès Callamard”, secretaria general de Amnistía Internacional.“Sin embargo, está teniendo el efecto contrario. La población myanmara sigue sin doblegarse incluso tras las vergonzosas y despreciables ejecuciones de Kyaw Min Yu —también conocido como Ko Jimmy—, Phyo Zeya Thaw, Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw.”“Las fuerzas armadas de Myanmar deben poner en libertad con carácter de urgencia a los miles de personas que están en situación de detención prolongada simplemente por ejercer sus derechos, y dejarlas que regresen con sus familias. El Consejo de Seguridad de la ONU debe aumentar la presión sobre las fuerzas armadas myanmaras mediante la remisión del caso a la Corte Penal Internacional, un embargo global de armas y sanciones selectivas.”Pistolas Taser y palizasLa investigación realizada por Amnistía revela que el personal penitenciario propinó patadas y bofetadas a las personas detenidas, y también las golpeó con las culatas de los rifles, cables eléctricos y ramas de palmera.Las personas detenidas afirman que fueron torturadas psicológicamente con amenazas de violación y muerte para obligarlas a confesar o para obtener información sobre las actividades en contra del golpe de Estado. A una persona le llegó una entrega de paquetería que contenía una bomba falsa.Varias personas que habían estado detenidas y fueron entrevistadas por Amnistía Internacional señalaron que otros reclusos tenían lesiones corporales visibles, como sangre, las extremidades rotas y los rostros hinchados.“Cuando [los agentes policiales] nos encontraban dormidos, nos golpeaban. Cuando nos descubrían sentados, nos golpeaban… Nos apuntaban en la frente con fusiles G3 y amenazaban con que podían matarnos en cualquier momento”, relató un estudiante detenido en la región de Magwe (en el centro del país).Una mujer oyó a las fuerzas de seguridad de seguridad sumergir la cabeza de otra persona detenida en un cubo de agua y utilizar una pistola Taser contra ella durante el interrogatorio.Un activista estudiantil le explicó a Amnistía Internacional que había visto a la policía golpear la cabeza de un amigo suyo contra la pared. La policía también le aplicó una descarga de pistola Taser en los genitales y amenazó con reventárselos con una granada.Ma Kyu, que fue detenida en el estado de Karenni por protestar contra el golpe de Estado, le contó a Amnistía que un agente policial le había dicho tras su arresto:“Podemos matarte sin más tras la detención. Ni siquiera necesitamos encarcelarte. Podemos simplemente pegarte un tiro.”“Me quitaron la ropa”Los interrogadores también cometieron delitos sexuales y de género.Saw Han Nway Oo es una mujer trans que fue detenida y recluida en septiembre de 2021 por las fuerzas armadas como sospechosa de haber asistido a un curso de autodefensa. La llevaron al centro de interrogatorio del Palacio Mandalay, que se ha hecho famoso por las denuncias de tortura.Saw Han Nway Oo fue interrogada durante tres días en ese centro y en una comisaría de policía, y afirmó que los interrogadores le arañaron las rodillas con objetos afilados y rociaron alcohol en las heridas abiertas. No recibió alimentos ni agua durante tres días.“Durante el interrogatorio, siempre que me refería a mí misma en femenino me decían que era gay y que tenían algo que debía de gustarme, y me mostraban sus genitales masculinos.”También revisaron los mensajes intercambiados con su médico y le preguntaron si se había sometido a una operación de cambio de sexo. Luego le quitaron la ropa, miraron su cuerpo desnudo y se burlaron de ella.Las demás personas LGBTI también fueron objeto de comprobación física de las partes íntimas de su cuerpo para “determinar si [eran] hombres o mujeres”, según una de las personas detenidas.Los registros corporales invasivos y humillantes pueden constituir tortura u otro tipo de malos tratos, especialmente en el caso de las personas trasgénero privadas de libertad.Con los ojos vendados e incomunicadasLas detenciones suelen realizarse por la noche. Durante esas irrupciones nocturnas, los soldados y la policía rompen puertas, golpean a quienes se encuentran en las viviendas, saquean las casas, confiscan dispositivos electrónicos tales como los teléfonos y ordenadores portátiles, y a veces se llevan objetos valiosos tales como las joyas.La lideresa de las protestas Ma Win fue detenida mientras viajaba en un autobús público en la región de Mandalay. Le propinaron bofetadas, le colocaron esposas, le vendaron los ojos y se la llevaron en vehículo a un lugar desconocido.Durante un interrogatorio que duró más de 24 horas, miembros de las fuerzas de seguridad que llevaban botas pesadas le propinaron golpes y patadas, y amenazaron reiteradamente con matarla.Los abogados con los que Amnistía Internacional habló describieron las dificultades con las que se enfrentaban al tratar de averiguar el paradero de sus clientes. En ocasiones, recurrían a pagar sobornos para conseguir información fundamental.Los centros penitenciarios están saturados, y una persona contó que había estado recluida con otras 50 en una celda para 10. Los detenidos y detenidas también encontraban insectos y lombrices muertos en los alimentos.Aunque la experiencia de la reclusión ha pasado una profunda factura psicológica a quienes la sobrevivieron, muchos activistas están decididos a seguir resistiendo.“No vamos a rendirnos nunca —le dijo Saw Han Nway Oo a Amnistía—. Somos como los teléfonos, nos recargamos cuando nos quedamos sin batería.”
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El Departamento de Policía de Nueva York ha recibido la orden de facilitar miles de documentos que demuestran que las fuerzas policiales adquirieron y utilizaron tecnología de reconocimiento facial contra manifestantes del movimiento Black Lives Matter (BLM), después de que la Corte Suprema de Nueva York fallara a favor de Amnistía Internacional y el Proyecto Supervisión de la Tecnología de Vigilancia (proyecto STOP) en la demanda conjunta en virtud del artículo 78 que éstas habían presentado.“La población neoyorquina que exige justicia racial tiene derecho a conocer todos los detalles del uso de tecnología de reconocimiento facial que la policía de Nueva York efectuó durante las protestas de BLM. Esta sentencia reconoce que la policía de Nueva York quebrantó la ley al retener esa información, y es un paso importante para exigir a esta fuerza policial que rinda cuentas por el uso de medidas de vigilancia discriminatoria. El hecho de que fuera necesaria una demanda judicial es una señal inequívoca de la falta de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de la policía de Nueva York”, ha manifestado Matt Mahmoudi, investigador de Amnistía Internacional sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos.“La prohibición del reconocimiento facial destinado a la vigilancia masiva es un primer paso muy necesario para acabar con las actuaciones policiales racistas en Nueva York. Todas las personas tenemos el derecho a protestar de forma pacífica sin temor a estar sometidas a vigilancia.”El juez Laurence Love, de la Corte Suprema de Nueva York, declaró el pasado viernes que la retención de documentación por parte de la policía de Nueva York y su argumento de que el volumen de información supondría una carga para el departamento policial habían sido “refutados de forma absoluta” por Amnistía Internacional.En respuesta a la reiteración de la solicitud en virtud de la Ley de Libertad de Información presentada inicialmente por Amnistía, el juez Love ordenó al Departamento de Policía de Nueva York que facilitara 2.700 documentos y correos electrónicos fechados entre el 1 de marzo y el 1 de septiembre de 2020, relativos a la adquisición y el uso de vigilancia mediante el reconocimiento facial en las protestas de BLM. Eso permitirá a Amnistía Internacional y STOP investigar a fondo la adquisición y uso de tecnología de reconocimiento facial por parte de la policía de Nueva York en toda la ciudad.“Estuvo mal que policía de Nueva York vigilara a manifestantes de Black Lives Matter, y estuvo mal que ocultara las pruebas”, ha señalado Albert Fox Cahn, director ejecutivo del Proyecto de Supervisión de la Tecnología de Vigilancia.“Este departamento policial oculta sistemáticamente los métodos que utiliza para observarnos, pero encubrir la vigilancia ya no va a funcionar. La sentencia fue muy clara: la policía de Nueva York quebrantó la ley al ocultar sus documentos. Cuando actúa en la sombra y viola la legislación sobre la vigilancia, la policía representa una amenaza no sólo para la seguridad pública, sino para la democracia. Espero que el Departamento de Policía de Nueva York del alcalde Adams cumpla la orden con rapidez. La población neoyorquina merece saber el control policial de la disidencia política que se lleva a cabo en esta ciudad. Mas importante aún, estos documentos pueden ayudarnos a evitar que se cometan más abusos contra los derechos humanos en el futuro”.Información complementariaEn septiembre de 2020, Amnistía Internacional Estados Unidos presentó una solicitud de documentos públicos, en virtud de la Ley de Libertad de Información de Nueva York, para obtener la información del Departamento de Policía de Nueva York sobre la labor de vigilancia que había realizado de las históricas protestas del movimiento Black Lives Matter (BLM) de 2020. La solicitud fue rechazada por ese departamento policial, al igual que una apelación posterior. En julio de 2021, Amnistía Internacional y el grupo de derechos civiles y privacidad STOP, anunciaron la interposición de una demanda contra la policía de Nueva York por negarse a facilitar sus documentos.El reconocimiento facial da lugar a una mayor discriminación en la actuación policial e impide el ejercicio libre y seguro del derecho de reunión pacífica, al actuar como herramienta de vigilancia masiva. Las comunidades negras y las minorías corren un peligro mucho mayor de que este método se utilice de forma selectiva contra ellas.En febrero de 2022, una nueva investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional y sus entidades asociadas reveló que la población neoyorquina que vive en las zonas donde hay mayor probabilidad de que la policía aplique la medida de dar el alto y registrar, también está más expuesta a la tecnología invasiva del reconocimiento facial. El análisis, realizado en el contexto de la campaña mundial Ban The Scan (Veto al escaneo) , mostró que la operación de vigilancia masiva de la policía de Nueva York afecta especialmente a quienes ya sufren actuaciones selectivas de dar el alto y registrar en los cinco barrios de la ciudad de Nueva York. En el Bronx, Brooklyn y Queens, la investigación también revela que cuanto más alta es la proporción de población no blanca, mayor es la concentración de cámaras de vigilancia compatibles con tecnología de reconocimiento facial.Amnistía Internacional pide la prohibición total del uso, desarrollo, producción, venta y exportación de tecnologías de reconocimiento facial con fines de vigilancia masiva tanto por el Estado como por el sector privado.
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Amnistía Internacional puede confirmar que el 27 de julio de 2022, las autoridades iraníes usaron una guillotina para amputar los dedos de un hombre declarado culpable de robo. Pouya Torabi, de casi 40 años, fue trasladado con carácter urgente a un hospital inmediatamente después de que le hubieran amputado los dedos en presencia de varios funcionarios y de un médico en la prisión de Evin de Teherán.Hace menos de dos meses, el 31 de mayo, las autoridades iraníes también le amputaron los dedos sin anestesia a Sayed Barat Hosseini, que está desde entonces en régimen de aislamiento en la prisión de Evin sin recibir la atención mental y física adecuadas por las infecciones y el trauma sufridos tras la amputación.“Estas amputaciones son muestras particularmente horrorosas del desprecio de las autoridades iraníes por la dignidad y os derechos humanos. La amputación es una tortura sancionada judicialmente y, por tanto, un crimen de derecho internacional, y todas las personas implicadas en ordenar o llevar a cabo estos castigos corporales deben ser sometidas a juicios con las debidas garantías”, afirmó Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.“Hay actualmente en Irán al menos ocho presos más que corren el riesgo de que se les amputen los dedos. Con la impunidad tan extendida en el país, cada vez habrá más personas sometidas a este castigo indeciblemente cruel a menos que actúe la comunidad internacional. Pedimos a todos los Estados miembros de la ONU que expresen una condena enérgica y hagan todo lo que esté en su mano para presionar a las autoridades iraníes para que procedan inmediatamente a la abolición de los castigos corporales. Instamos además a todos los Estados a que ejerzan la jurisdicción universal para abrir investigaciones penales y enjuiciar a los funcionarios iraníes presuntos responsables penales de estos crímenes de derecho internacional.”Pouya Torabi y Sayed Barat Hosseini fueron condenados a amputación en sendas causas hace alrededor de tres años tras ser declarados culpables de robo por los tribunales penales de Semnan y Kermanshah, respectivamente. Según una fuente informada a la que entrevistó Amnistía Internacional, ambas penas de amputación se llevaron a cabo en un dispensario dentro de la prisión de Evin en presencia de varias autoridades, entre ellas el fiscal de Teherán, el fiscal asociado (dadyar) de la prisión de Evin, el juez que supervisa la ejecución de las penas en dicha prisión, el director de ésta y el médico jefe del dispensario.La misma fuente dijo a Amnistía Internacional que, antes de amputarle los dedos a Sayed Barat Hosseini, las autoridades le dijeron que podía pagar para “congelar” los dedos y que le fueran reimplantados quirúrgicamente después. Sayed Barat Hosseini no tenía dinero para ello.Inmediatamente después de que le cortaran los dedos, Sayed Barat Hosseini perdió el conocimiento debido a la hemorragia y al intenso dolor, y fue trasladado a un hospital fuera de la prisión, a la que fue devuelto tres días después, antes de que se hubiera recuperado de la experiencia, y se le infectaron las heridas. Después de varias semanas en las que se le negó un tratamiento adecuado, a mediados de julio fue llevado de nuevo al hospital, aunque lo devolvieron a la prisión el mismo día. Desde entonces está en régimen de aislamiento en la prisión de Evin sin contacto con el mundo exterior, en un intento de impedir que haya noticias de su castigo y de su actual mala salud.Sayed Barat Hosseini y Pouya Torabi fueron trasladados a Evin desde sendas prisiones provinciales para la ejecución de sus penas de amputación. En abril, se instaló en Evin una guillotina especial para centralizar la ejecución de las penas de amputación impuestas en todo el país.En Irán, las víctimas de amputación judicial proceden en su inmensa mayoría de entornos empobrecidos y carecen de asistencia letrada de su elección. A ellas y a sus familias les resulta enormemente difícil alertar a las organizaciones de derechos humanos y a los medios de comunicación de una amputación inminente debido a las amenazas de represalias de las autoridades iraníes, que rodean de silencio y secreto la imposición y ejecución de las penas de amputación.Amnistía Internacional pide, una vez más, a las autoridades iraníes que procedan inmediatamente a la abolición en la ley y en la práctica de todas las formas de castigo corporal, suspendan todas las amputaciones previstas y concedan a Pouya Torabi, Sayed Barat Hosseini y a todas las demás víctimas de amputación judicial acceso a remedios efectivos y a una reparación por el daño sufrido, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación.Información complementariaEn junio de 2022, Amnistía Internacional advirtió de que las autoridades iraníes estaban preparándose para amputar los dedos de ocho hombres más, entre ellos Hadi Rostami, Mehdi Sharfian y Mehdi Shahivand.Según el Centro Abdorrahman Boroumand, desde enero de 2000, las autoridades iraníes han amputado los dedos de al menos 131 hombres.Los castigos corporales crueles e inhumanos constituyen tortura, que está prohibida por el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que es Estado parte Irán. A pesar de ello, el Código Penal Islámico de Irán prevé diversos castigos corporales que constituyen tortura, como la amputación, la flagelación, la ceguera, la crucifixión y la lapidación.La ley establece que, para ciertos tipos de robo, a las personas declaradas culpables “se les cortarán totalmente cuatro dedos de la mano derecha dejando sólo la palma de la mano y el pulgar”.La legislación iraní exige la presencia de un médico durante la ejecución de castigos corporales, lo que es una violación directa de las directrices éticas y las normas internacionales, que prohíben expresamente la participación en actos de tortura a profesionales de la salud.Las autoridades iraníes defienden sistemáticamente la amputación como la mejor forma de disuadir del robo y lamentan que no pueda llevarse a cabo en público debido a la condena internacional.
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Ante la noticia de que un tribunal bielorruso ha comenzado un juicio por “conspiración para tomar el poder” contra importantes activistas políticos, entre quienes figura el líder del partido Frente Popular Bielorruso Ryhor Kastusyou, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:“Hoy comienza en Minsk otro simulacro de juicio con el único fin de castigar a quienes critican a Alyaksandr Lukashenka y desalentar cualquier cuestionamiento de sus políticas represivas. A diferencia de otros juicios farsa que suelen celebrarse a puerta cerrada, éste estará abierto al público para que el mundo entero pueda verlo como lo que es: un intento desesperado de aplastar la disidencia.”“Todas las personas que critican a las autoridades bielorrusas detenidas sólo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión deben ser puestas en libertad inmediata e incondicional, y deben retirarse todos los cargos contra ellas.”Información complementariaEl 29 de julio, el Tribunal Regional de Minsk dio comienzo a las vistas de un juicio contra el líder del partido Frente Popular Bielorruso Ryhor Kastusyou, el asesor político Alyaksandr Fyaduta, el abogado Yury Zyankovich, la exempleada de éste Volha Halubovich y el activista Dzyanis Krauchuk.Fyaduta y Zyankovich fueron detenidos el 12 de abril de 2021 en Moscú y trasladados posteriormente a Bielorrusia. Kastusyou y Halubovich fueron encarcelados en Minsk ese mismo día; Krauchuk entró en prisión el 26 de abril.Fyaduta, Zyankovich y Kastusyou están acusados de “conspiración para tomar el poder” en aplicación del artículo 357.1 del Código Penal. Zyankovich está acusado, además, de “crear un grupo extremista” (artículo 361-1.1), “llamamientos públicos para tomar el poder” (artículo 361.3) e “incitación al odio social” (artículo 130.3). Halubovich y Krauchuk están acusados de “violación flagrante del orden público” (artículo 342.1).
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Ante un vídeo que, según informes, muestra a unos soldados rusos castrando aparentemente a un prisionero de guerra ucraniano que está amordazado y con las manos atadas a la espalda, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:“Esta horrenda agresión es otro claro ejemplo más de desprecio total a la vida y la dignidad humanas en Ucrania por las fuerzas rusas. Todos los presuntos responsables penales deben ser investigados y, si hay pruebas admisibles suficientes, procesados en juicios justos ante tribunales civiles ordinarios y sin recurso a la pena de muerte.“Desde que comenzó la guerra de Rusia contra Ucrania, Amnistía Internacional ha documentado crímenes de derecho internacional como ejecuciones sumarias de personas cautivas a manos de fuerzas separatistas respaldadas por Rusia en el este de Ucrania y ejecuciones extrajudiciales de personas civiles ucranianas por fuerzas rusas.“El derecho internacional es claro: los prisioneros de guerra no deben ser sometidos a ninguna forma de tortura o malos tratos, y deben recibir acceso inmediato al Comité Internacional de la Cruz Roja Las autoridades correspondientes deben respetar plenamente los derechos de los prisioneros de guerra con arreglo a los Convenios de Ginebra”.Información complementariaSegún los medios de comunicación, las impactantes imágenes se publicaron al principio en una página prorrusa de Telegram y después se difundieron más extensamente en redes sociales. En el vídeo, un hombre vestido con uniforme ruso y gorra negra usa una especie de cuchilla para castrar aparentemente a un hombre vestido con uniforme ucraniano que está inmovilizado con las manos atadas a la espalda.Pueden consultar aquí la documentación en curso por Amnistía Internacional de crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra, cometidos durante la guerra en Ucrania.
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El 28 de julio, la Asamblea General de la ONU examinará una resolución sobre el reconocimiento universal del derecho a un medioambiente saludable. La resolución fue presentada por una coalición diversa de Estados miembros de la ONU, como reconocimiento de los costes humanos y económicos de la aceleración del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación tóxica.“El jueves, el mundo observará con atención cómo los Estados miembros de la ONU declaran públicamente cuál es su postura sobre el futuro del planeta. Está claro que un medioambiente saludable es un requisito previo para el disfrute de todos los demás derechos humanos: no habrá libertad ni igualdad cuando vivamos en un mundo abrasado, hundido y tóxico”, ha manifestado Chiara Liguori, investigadora y asesora de Amnistía Internacional sobre Justicia Climática.“Los incendios forestales, las sequías y las inundaciones que en la actualidad están causando conmoción y sufrimiento en todo el mundo son sólo un anticipo de la distopía que podemos esperar si no cambiamos de rumbo. Amnistía Internacional pide a todos los Estados que demuestren su compromiso de proteger el medioambiente y de defender todo el espectro de derechos humanos apoyando esta resolución en la Asamblea General.”“Los Estados que planean oponerse a ella deben ser conscientes de que están a punto de perder permanentemente su credibilidad y autoridad sobre cuestiones relacionadas con el clima. Los Estados que han intentado diluir el texto de la resolución también se arriesgan a situarse firmemente en el lado erróneo de la historia.La resolución ha contado con el apoyo de numerosos organismos de la ONU, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones que representan a pueblos indígenas. Resulta alentador que decenas de Estados hayan indicado ya su apoyo al copatrocinar formalmente la resolución.El año pasado, el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 miembros, adoptó una resolución similar en la que reconocía que un medioambiente limpio, seguro, saludable y sostenible es un derecho humano universal. Aquel fue un hito que proporcionó un fuerte impulso moral a los y las activistas contra el cambio climático en todo el mundo. La afirmación de este derecho en la Asamblea General —un órgano que representa a los 193 Estados miembros de la ONU— demostraría que existe una voluntad política inequívoca y generalizada de proteger los derechos humanos frente a la catástrofe medioambiental.“Una resolución de la Asamblea General en este sentido sería un medio de presión sobre los Estados que aún no han reconocido en su legislación el derecho a un medioambiente saludable para que lo hagan”, ha manifestado Chiara Liguori.“También proporcionaría una nueva herramienta para quienes defienden los derechos ambientales, que trabajan incansablemente para proteger al resto de la humanidad del impacto de la destrucción medioambiental.”
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Según datos del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán y Amnistía Internacional, las autoridades iraníes se han embarcado en una campaña de ejecuciones, que se ha cobrado la vida de, al menos, 251 personas entre el 1 de enero y el 30 de junio del año en curso. Ambas organizaciones han advertido que, de continuar las ejecuciones a este espeluznante ritmo, pronto sobrepasarán el total de 314 registradas durante todo el año 2021.La mayoría (146) de las personas ejecutadas en 2022 habían sido declaradas culpables de asesinato, aunque, tal y como está ampliamente documentado, las ejecuciones se llevan a cabo, de manera sistemática, tras juicios manifiestamente injustos. Otras 86, como mínimo, fueron ejecutadas por delitos de drogas que, de conformidad con el derecho internacional, no se deben castigar con la muerte. El 23 de julio, en la provincia de Fars, las autoridades ejecutaron en público a un hombre, tras dos años de suspensión de las ejecuciones públicas durante la pandemia.“Durante los seis primeros meses de 2022, las autoridades iraníes ejecutaron, al menos, a una persona al día por término medio. La maquinaria del Estado está perpetrando homicidios a escala masiva en todo el país, en lo que puede definirse como un atroz ataque contra el derecho a la vida. La impactante cifra de ejecuciones de Irán durante la primera mitad de este año hace pensar, con pavor, en el año 2015, cuando se produjo otro alarmante repunte de las ejecuciones”, afirma Diana Eltahawy, directora regional adjunta para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.“Este nuevo aluvión de ejecuciones, incluso en público, demuestra una vez más hasta dónde llega la falta de sintonía de Irán con el resto del mundo, ahora que 144 países han rechazado ya la pena de muerte por ley o en la práctica. Las autoridades iraníes deben establecer de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con miras a la abolición definitiva de la pena capital”, afirma Roya Boroumand, directora ejecutiva de la organización iraní de derechos humanos Centro Abdorrahman Boroumand.Las cifras recopiladas por el Centro Abdorrahman Boroumand y Amnistía Internacional proceden de diversas fuentes, entre ellas personas presas, familiares de personas ejecutadas, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, además de noticias de los medios de comunicación estatales y de medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos independientes.Probablemente la cifra real sea superior, dado el secretismo que envuelve el número de condenas a muerte que las autoridades imponen y llevan a cabo.Ejecuciones masivas en las prisionesLa información recopilada revela que, desde principios de 2022, las autoridades vienen consumando ejecuciones de manera habitual en todo Irán.El pasado 15 de junio, las autoridades de la prisión de Rajai Shahr (provincia de Alborz) ejecutaron, al menos, a 12 personas. Poco antes, el 6 de junio, había habido otra ejecución masiva de, como mínimo, 12 personas más en la prisión de Zahedan (provincia de Sistán y Baluchistán) .El 14 de mayo, las autoridades ejecutaron a nueve personas: tres en la prisión de Zahedan, una en la prisión de Vakilabad (provincia de Jorasán Razaví), cuatro en la prisión de Adelabad (provincia de Fars) y una en la prisión de Dastgerd (provincia de Isfahán).Según una fuente informada entrevistada por Amnistía Internacional el pasado mes de junio, desde principios de 2022, las autoridades de la prisión de Rajai Shahr —una de las que albergan más personas condenadas a muerte— vienen ejecutando a cinco personas por semana por término medio, y algunas semanas ha habido hasta 10 ejecuciones. La cifra concuerda con las cartas públicas escritas por separado, a lo largo de los últimos meses, por los defensores de derechos humanos Saeed Eghabli y Farhad Meysami, ambos injustamente recluidos en la prisión de Rajai Shahr. En ellas, el primero ha mencionado ejecuciones semanales de hasta 10 personas en la prisión de Rajai Shahr, mientras que el segundo ha advertido de que el número total de ejecuciones podría superar las 200 al terminar el año 2022.La referida fuente informada afirmó también que el fiscal asociado (dadyar) de la prisión de Rajai Shahr había comunicado recientemente a los presos que la Oficina de Aplicación de Condenas había escrito a las familias de unas 530 víctimas de asesinato para pedirles que decidan, antes de finales de marzo de 2023, si perdonar o promover la ejecución de las personas condenadas por el asesinato de sus familiares.Esa misma fuente explicó, además, que, durante los últimos meses, las reiteradas declaraciones del presidente de la Magistratura, Gholamhossein Mohseni Ejei. y de otras altas instancias judiciales sobre la necesidad de abordar la masificación de las prisiones habían suscitado el temor generalizado, entre la población reclusa, de que el aumento de las ejecuciones estuviera relacionado con las iniciativas oficiales destinadas a reducir el número de personas presas. Estos temores se ven avalados por los datos del Centro Abdorrahman Boroumand, que en el pasado ha observado pautas según las cuales los repuntes de ejecuciones parecen coincidir con los periodos en que las autoridades formulan declaraciones reiteradas sobre su deseo de abordar la acumulación de casos atrasados y de reducir la masificación.Renovado aluvión de ejecuciones por delitos de drogasLa ejecución de, al menos, 86 personas por delitos de drogas en los seis primeros meses de 2022 hace retrotraerse a las nefastas prácticas antidrogas de los años comprendidos entre 2010 y 2017, en los que la mayoría de las ejecuciones registradas fueron por delitos de drogas.En noviembre de 2017, en vista de la intensa presión internacional —incluido el cese de la facilitación de fondos, por parte de algunos países europeos para operaciones antidrogas de las fuerzas policiales iraníes— las autoridades acometieron reformas legales a fin de eliminar la pena de muerte para determinados delitos de drogas.En 2018 y 2020, las autoridades redujeron considerablemente las ejecuciones por delitos de drogas. Sin embargo, en 2021, al menos 132 personas fueron ejecutadas por este tipo de delitos, es decir, el 42% del total registrado, y más de cinco veces la cifra correspondiente de 2020 (23).La comunidad internacional —incluidas la UE y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito— debe tomar con urgencia medidas de alto nivel para pedir a las autoridades iraníes que erradiquen la pena capital como castigo para todos los delitos de drogas. Asimismo, si colabora en iniciativas contra el tráfico de drogas, la comunidad internacional debe cerciorarse de no contribuir con ello, ni directa ni indirectamente, a la privación arbitraria del derecho a la vida, rasgo definitorio de las operaciones antidrogas iraníes.La minoría baluchi, desproporcionadamente afectadaAl menos 65 (el 26%) de las ejecuciones registradas durante el año 2022 corresponden a personas de la empobrecida minoría étnica baluchi, que constituye apenas alrededor del 5% de la población de Irán. De éstas, más de la mitad (38) fueron por delitos de drogas.“El empleo desproporcionado de la pena capital contra la minoría baluchi iraní pone en evidencia la arraigada discriminación y represión que ésta lleva sufriendo desde hace decenios, y resalta la crueldad inherente a la pena de muerte, que se ceba con la población más vulnerable, tanto en Irán como en cualquier otro lugar del mundo”, afirmad Roya Boroumand.Tanto el Centro Abdorrahman Boroumand como Amnistía Internacional se oponen a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características de la persona condenada o el método de ejecución utilizado por el Estado para matarla. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.Información complementariaEn Irán, el número de ejecuciones del año 2021 fue el más elevado desde 2017. Este incremento comenzó en septiembre de 2021, cuando el presidente de la Magistratura, Ebrahim Raisi, asumió la presidencia de la República y el líder supremo designó como nuevo presidente de la Magistratura a, Gholamhossein Mohseni Ejei, exministro de Inteligencia.Las autoridades iraníes consumaron una ejecución pública en 2022, ninguna en 2021, una en 2020, 13 en 2019 y 13 en 2018. Según los anuncios oficiales, a principios de 2022 fueron condenadas a ejecución pública, al menos, dos personas más en la provincia de Isfahán y una en la provincia de Lorestán.En Irán se impone la pena capital tras juicios sistemáticamente injustos, en los que, de manera habitual, se admiten como prueba “confesiones” extraídas mediante tortura. El relator especial de la ONU sobre Irán ha afirmado que “dadas las arraigadas deficiencias legales [...] casi todas —si no todas— las ejecuciones son privaciones arbitrarias de la vida”.De conformidad con la legislación iraní, la pena de muerte se aplica a numerosos delitos, incluidos delitos económicos, violaciones y robos a mano armada. También se pueden castigar con la muerte actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, las relaciones sexuales extramatrimoniales y las expresiones consideradas “insultantes para el profeta del Islam”, además de otros delitos definidos de manera imprecisa, como los de “enemistad con Dios” y “propagación de la corrupción en la Tierra”.
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“Los talibanes están devastando las vidas de las mujeres y las niñas de Afganistán con la represión de sus derechos humanos”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que se publica hoy.Desde que tomaron el control del país en agosto de 2021, los talibanes violan los derechos de las mujeres y las niñas a la educación, al trabajo y a la libre circulación; diezman el sistema de protección y apoyo para quienes huyen de la violencia de género en el ámbito familiar; detienen a mujeres y niñas por infracciones menores de normas discriminatorias; y contribuyen al aumento del número de matrimonios precoces y forzados en Afganistán.El informe, titulado Death in Slow Motion: Women and Girls Under Taliban Rule, revela también que las mujeres que protestan pacíficamente contra estas normas opresivas son amenazadas, detenidas, recluidas, torturadas y sometidas a desaparición forzada.“Menos de un año después de la toma del poder por los talibanes en Afganistán, sus draconianas políticas han privado a millones de mujeres y niñas de su derecho a una vida segura, libre y plena”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.“En su conjunto, estas políticas forman un sistema de represión que discrimina a las mujeres y las niñas en casi todos los aspectos de su vida. Cada detalle diario —sea al ir a la escuela, si trabajan y cómo trabajan, si salen de la casa y cómo salen— está controlado y sometido a grandes restricciones.
“Esta asfixiante represión contra la población femenina de Afganistán aumenta cada día”Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
“Esta asfixiante represión contra la población femenina de Afganistán aumenta cada día. La comunidad internacional debe exigir urgentemente que los talibanes respeten y protejan los derechos de las mujeres y las niñas”.
Amnistía Internacional pide a los talibanes que implementen cambios políticos y medidas de envergadura para respetar los derechos de las mujeres y las niñas. Los gobiernos y las organizaciones internacionales, incluidos todos los Estados miembros de la ONU y el Consejo de Seguridad de esta organización, deben elaborar e implementar urgentemente una estrategia sólida y coordinada para presionar a los talibanes a fin de que introduzcan estos cambios.
Un equipo de investigación de Amnistía Internacional visitó Afganistán en marzo de 2022. La organización hizo una exhaustiva labor de investigación desde septiembre de 2021 hasta junio de 2022 que incluye entrevistas con 90 mujeres y 11 niñas afganas de entre 14 y 74 años residentes en 20 de las 34 provincias del país.
Detención y tortura de manifestantes pacíficas
Desde que tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, los talibanes son las autoridades de facto del país. Pese a sus compromisos públicos iniciales de respetar los derechos de las mujeres y las niñas, introdujeron políticas de discriminación sistemática que violan los derechos de éstas.
Mujeres y niñas de todo Afganistán reaccionaron a esta represión con una oleada de protestas. En respuesta, los talibanes hostigaron a las manifestantes y las sometieron a abusos, detenciones y reclusiones arbitrarias, desapariciones forzadas, y torturas físicas y psicológicas.
Amnistía Internacional entrevistó a una manifestante que fue detenida y estuvo varios días recluida en 2022. Al describir el trato que recibió mientras estuvo recluida, dijo a Amnistía Internacional: “[Los guardias talibanes] seguían viniendo a mi habitación y enseñándome fotos de mi familia. Repetían una y otra vez [...] ‘Podemos matarlos, a todos, y tú no podrás hacer nada [...] No llores, no hagas una escena. Después de protestar, deberías haber previsto días como éste’.”
También dijo que la habían pegado brutalmente: “Cerraron la puerta. Empezaron a gritarme [...] [Un talibán] dijo: ‘Eres asquerosa [...] Estados Unidos no nos da dinero por vuestra culpa, zorras’ […] Luego me dio una patada. Fue tan fuerte que me hizo daño en la espalda, y también me pateó la barbilla [...] todavía siento el dolor en la boca. Me duele cada vez que quiero hablar”.
“Un talibán dijo: ‘Eres asquerosa. Estados Unidos no nos da dinero por vuestra culpa, zorras’. Luego me dio una patada. Fue tan fuerte que me hizo daño en la espalda, y también me pateó la barbilla. Me duele cada vez que quiero hablar”.”
Manifestante que fue detenida y estuvo varios días recluida en 2022
Dos mujeres dijeron que, después de que se publicaran en las redes sociales fotos de las lesiones de una manifestante, los talibanes idearon una nueva estrategia para impedir que mostraran sus lesiones públicamente.
Una de ellas contó a Amnistía Internacional: “Nos pegaban en los pechos y entre las piernas. Lo hacían para que no pudiéramos mostrarlo al mundo. Un soldado que caminaba cerca de mí me pegó en el pecho y dijo: ‘Puedo matarte ahora mismo y nadie dirá nada’. Esto pasaba cada vez que salíamos: nos insultaban físicamente, verbalmente y emocionalmente”.
Las manifestantes detenidas no tenían acceso a comida, agua, ventilación, productos de higiene y atención médica adecuados. Para obtener la libertad, obligaban a las mujeres a firmar un acuerdo en el que se comprometían a no volver a protestar y a no hablar en público de sus experiencias en detención, ni ellas ni sus familiares.
Detención y reclusión arbitrarias por “corrupción moral”
Según cuatro denunciantes de irregularidades de centros de detención talibanes, éstos someten a detención y reclusión cada vez más a mujeres y niñas por infracciones menores de sus políticas discriminatorias, como la norma que prohíbe aparecer en público sin un mahram [acompañante varón] o con un hombre que no puede ser considerado mahram. Las detenidas suelen ser acusadas del ambiguo “delito” de “corrupción moral”.
Una persona miembro del personal penitenciario explicó: “A veces traen a los niños y niñas del café [...] [O] si ven a una mujer que no está con un mahram, pueden detenerla. Antes este tipo de casos no estaban en la cárcel [...] El número aumenta cada mes”.
Una estudiante universitaria que fue detenida en 2022 dijo a Amnistía Internacional que la amenazaron y golpearon tras ser detenida por cargos relacionados con las restricciones sobre el mahram.
Dijo que los talibanes “empezaron a darme descargas eléctricas [...] en el hombro, la cara, el cuello, en todos los sitios que podían [....] Me llamaban prostituta [y] zorra [...] El que tenía la pistola dijo: ‘Voy a matarte y nadie podrá encontrar tu cuerpo’.”
Las personas que denunciaron irregularidades dijeron que las sobrevivientes de violencia de género, que antes vivían en refugios, o quienes trataban de huir de los malos tratos, después de la toma del poder de los talibanes son encerradas en centros de detención. Una persona perteneciente al personal dijo: “Algunas vinieron después preguntar a los mismos talibanes dónde estaba su refugio. [Los talibanes] no tenían ningún sitio, así que acabaron en la cárcel”.
Estas mujeres y niñas son sometidas a régimen de aislamiento, palizas y otras formas de tortura, y obligadas a soportar condiciones inhumanas, como hacinamiento y acceso insuficiente a comida, agua y calefacción en los meses de invierno.
Matrimonio precoz y forzado
Según la investigación de Amnistía Internacional —corroborada por organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en Afganistán, activistas locales y especialistas—, el número de matrimonios precoces y forzados en Afganistán está aumentando bajo el régimen talibán. Los factores causales clave de este aumento incluyen la crisis económica y humanitaria, la falta de perspectivas educativas y profesionales para las mujeres y las niñas, familias que obligan a mujeres y niñas a casarse con un talibán, y talibanes que obligan a mujeres y niñas a casarse con ellos.
Stephanie Sinclair, directora de Too Young to Wed, organización que trabaja sobre el matrimonio precoz y forzado, explicó: “En Afganistán tenemos una tormenta perfecta para el matrimonio infantil: un gobierno patriarcal, guerra, pobreza, sequía, niñas sin escuela. Con la suma de todos estos factores [...] sabíamos que el matrimonio precoz iba a dispararse”.
Khorsheed*, de 35 años, procedente de una provincia del centro de Afganistán, dijo a Amnistía Internacional que la crisis económica la había obligado a casar a su hija de 13 años con un vecino de 30 en septiembre de 2021 por el “precio de la novia” de 60.000 afganis (alrededor de 670 dólares estadounidenses). Dijo que, tras casar a su hija, se sintió aliviada, y añadió: “Ya no pasará hambre nunca”.
Khorsheed dijo que también estaba pensando en casar a su hija de 10 años, aunque se mostraba reacia porque confiaba en que esta hija pudiera mantener a la familia en el futuro. Explicó: “Yo quería que estudiase más. Sabría leer y escribir, y hablar inglés, y podría ganar [...] Tengo la esperanza de que esta hija llegue a ser algo y que mantenga a la familia. Desde luego, si no abren la escuela, tendré que casarla”.
“Yo quería que estudiase más. Desde luego, si no abren la escuela, tendré que casarla”
Khorsheed, sobre su hija de 10 años, después de haber casado a su otra hija de 13
Falta de acceso a la educación
Los talibanes siguen bloqueando la educación para la inmensa mayoría de las niñas de secundaria. Su vuelta a las clases, previsto el 23 de marzo de 2022, fue efímera. Ese mismo día, los talibanes enviaron a casa a las niñas, alegando un “problema técnico” relativo a sus uniformes. Cuatro meses después, los talibanes siguen negando el acceso a la educación a las niñas.
Fatima*, profesora de secundaria de 25 años de la provincia de Nangarhar, dijo a Amnistía Internacional: “Estas jóvenes simplemente querían tener un futuro, y ahora no ven ninguno”.
En el nivel universitario, el hostigamiento de los talibanes a las alumnas —así como las restricciones impuestas a la conducta, la vestimenta y las oportunidades de éstas— ha creado un entorno peligroso en el que las estudiantes están sistemáticamente en desventaja. Muchas de ellas han dejado de asistir a clase o han decidido no matricularse en la universidad.
Asma*, estudiante de 21 años de la universidad de Kabul, dijo a Amnistía Internacional: “[Los] guardias afuera de la universidad nos gritan y dicen: ‘Arreglaos la ropa, el pañuelo [...] ¿Por qué se os ven los pies?’ […] [El] jefe de nuestro departamento vino a nuestra clase y nos dijo: ‘Tened cuidado: sólo podemos protegeros cuando estáis dentro del edificio de la facultad [...] Si los talibanes intentan haceros daño o acosaros, no podremos impedírselo’.”
La responsabilidad de la comunidad internacional
Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que imponga a los talibanes medidas consecuencia de su conducta como sanciones selectivas o prohibiciones de viajar por medio de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, o emplee otras formas de presión que puedan hacerles rendir cuentas por el trato que infligen a las mujeres y las niñas sin perjudicar a la población afgana.
“Los talibanes privan deliberadamente a millones de mujeres y niñas de sus derechos humanos, y las someten a una discriminación sistemática”, concluyó Agnès Callamard.
“Si la comunidad internacional no actúa, estará abandonando a las mujeres y las niñas de Afganistán y perjudicando los derechos humanos en todo el mundo”.
*Nota para periodistas: *Para proteger la identidad de los y las protagonistas, hemos utilizado nombres ficticios.
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Ante la noticia de que Japón ha llevado a cabo su primera ejecución del año con el ahorcamiento de Tomohiro Kato, declarado culpable de matar a puñaladas a siete personas en 2008, Hideaki Nakagawa, director de Amnistía Internacional Japón, ha manifestado:“El ahorcamiento de Tomohiro Kato es un despiadado ataque contra el derecho a la vida. Con independencia de los crímenes que hubiera cometido, nunca debió haber sufrido el exponente máximo de trato cruel, inhumano y degradante a manos del Estado.“Tomohiro Kato había solicitado por segunda vez que se volviera a juzgar su condena a muerte. Llevar a cabo una ejecución mientras se tramitaba su solicitud de nuevo juicio viola claramente las salvaguardias internacionales establecidas para proteger los derechos de las personas condenadas a muerte.“Las autoridades japonesas deben declarar de inmediato una suspensión de las ejecuciones como primer paso hacia la abolición total de la pena de muerte y conmutar todas las condenas a muerte por penas de prisión”.Información complementariaEl 21 de diciembre de 2021, el primer ministro Fumio Kishida ordenó la primera ejecución de su administración. El ahorcamiento hoy de Tomohiro Kato es la segunda ejecución que se lleva a cabo desde que Kishida tomó posesión del cargo en octubre de 2021.Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia de la persona acusada y del método de ejecución utilizado por el Estado.
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En respuesta a los informes que indican que las autoridades de Myanmar han llevado a cabo ejecuciones por primera vez desde finales de la década de 1980, Erwin van der Borght, director regional de Amnistía Internacional, ha declarado:“Estas ejecuciones constituyen una privación arbitraria de la vida y son un ejemplo más del atroz historial de derechos humanos de Myanmar. Los cuatro hombres fueron declarados culpables por un tribunal militar en unos juicios profundamente injustos y rodeados de un enorme secretismo. La comunidad internacional debe actuar de inmediato, ya que se cree que hay más de un centenar de personas condenadas a muerte tras haber sido declaradas culpables en procedimientos similares”.“Desde hace ya más de un año, las autoridades militares de Myanmar han cometido ejecuciones extrajudiciales, tortura y toda una gama de violaciones de derechos humanos. Si no rinden cuentas, el ejército seguirá pisoteando las vidas de la gente.”“En un momento en el que cada vez más países toman medidas para abolir la pena de muerte, la reanudación de las ejecuciones después de más de tres décadas no sólo pone a Myanmar en dirección opuesta a la tendencia mundial, sino que además es contraria al objetivo de abolición consagrado en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. El aislamiento de Myanmar no podría ser más evidente. Instamos a las autoridades a dictar de inmediato una moratoria de las ejecuciones, como primer paso fundamental.”Información complementaria:Según los medios de comunicación estatales de Myanmar, se han llevado a cabo cuatro ejecuciones.Phyo Zeya Thaw, ex miembro del partido de Aung San Suu Kyi (la Liga Nacional para la Democracia), y el destacado activista en favor de la democracia Kyaw Min Yu, también conocido como Ko Jimmy, fueron declarados culpables y condenados a muerte por un tribunal militar en enero por delitos que implican explosivos, atentados con bombas y financiación del terrorismo, en virtud de la Ley Antiterrorista: unos cargos que Amnistía Internacional considera que eran de motivación política. También se confirmaron las condenas a muerte de otros dos hombres, Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, declarados culpables del presunto asesinato de una mujer de la que se creía que actuaba como informante para el ejército en Hlaing Tharyar, Yangón.Los cuatro aparecían nombrados en el artículo del periódico estatal Global New Light of Myanmar.Los procedimientos, celebrados ante un tribunal controlado por el ejército, fueron secretos y flagrantemente injustos.Después de que Myanmar promulgara la Orden 3/2021 de la Ley Marcial, la autoridad de juzgar a los civiles se transfirió a tribunales militares especiales o existentes en los que se juzga a la gente en procedimientos sumarios sin derecho de apelación. Estos tribunales juzgan una amplia variedad de delitos, entre ellos algunos punibles con la pena capital.En virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, las ejecuciones llevadas a cabo tras juicios injustos violan la prohibición contra la privación arbitraria de la vida, así como la prohibición absoluta de la tortura y otras penas crueles, inhumanas o degradantes.La última ejecución de la que se tuvo noticia en Myanmar tuvo lugar a finales de la década de 1980. Desde el golpe de Estado militar de febrero de 2021, Amnistía Internacional ha registrado un alarmante incremento del uso de la pena de muerte en Myanmar, donde para el ejército se ha convertido en una herramienta en su constante persecución, intimidación y acoso contra todas las personas que se atreven a desafiar a las autoridades.Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y en todas las circunstancias. Más de dos tercios de los países de todo el mundo han abolido esta pena en la ley o en la práctica.
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Ante la noticia de que 92 miembros de las fuerzas armadas ucranianas han sido acusados, según informes, de “crímenes de lesa humanidad”, Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha afirmado:“Al acusar a estos 92 miembros de las fuerzas armadas ucranianas en procedimientos que adolecen de falta de transparencia y se basan en desinformación que además tratan de alimentar, las autoridades rusas han puesto de manifiesto una vez más su descarado desprecio por el derecho internacional a un juicio con las debidas garantías y por el derecho internacional humanitario.“Los Convenios de Ginebra afirman claramente que los prisioneros de guerra, incluidos los miembros de las fuerzas armadas, están protegidos frente a procesamiento por tomar parte en las hostilidades. Para que una persona sea acusada formalmente de presuntos crímenes de lesa humanidad, debe haber pruebas suficientes que respalden esa pretensión. Las autoridades rusas no han compartido prueba alguna que respalde estos cargos. En cambio, han utilizado desinformación que culpa a las fuerzas ucranianas de actos como la destrucción del teatro de Mariúpol, un edificio civil destrozado por un ataque deliberado ruso.“Si las autoridades rusas juzgan a los prisioneros de guerra por estos cargos, violarán el Tercer Convenio de Ginebra. Privar intencionadamente a un prisionero de guerra del derecho a un juicio con las debidas garantías constituye un crimen de guerra. Las autoridades rusas sólo deben enjuiciar a los prisioneros de guerra si existen indicios auténticos y admisibles de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, en cuyo caso se les debe conceder su derecho a un juicio justo de acuerdo con las normas internacionales.”Información complementariaAlexander Bastrykin, director del Comité de Investigación de la Federación Rusa, declaró el lunes en el periódico gubernamental Rossiiskaya Gazeta que las autoridades rusas habían llevado a cabo más de 1.300 investigaciones penales contra más de 400 ciudadanos ucranianos, y añadió que al menos 220 personas son sospechosas de cometer “crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad”, mientras que 92 miembros de las fuerzas ucranianas ya han sido acusados formalmente, según informes.La noticia ha trascendido tras un caso a principios de junio en el que un “tribunal” separatista de la región de Donetsk, ocupada por Rusia, ordenó la muerte de dos ciudadanos británicos capturados y un ciudadano marroquí capturado.Ucrania también lleva a cabo investigaciones sobre decenas de miles de crímenes de guerra y crímenes relacionados con la guerra presuntamente cometidos por soldados rusos. La celeridad de al menos uno de estos juicios, que culminó en mayo con la sentencia condenatoria dictada contra Vadim Shishimarin, soldado ruso de 21 años que mató a un civil de 62 años en los primeros días de la guerra, ha suscitado preocupación en relación con el derecho a un juicio con las debidas garantías.
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El nuevo presidente de Sri Lanka debe detener de inmediato la vergonzosa y brutal agresión contra manifestantes pacíficos, ha afirmado hoy Amnistía Internacional tras el ataque llevado a cabo por las fuerzas armadas antes del amanecer contra el lugar de protesta pacífica denominado “GotaGoGama”, en el exterior de la Secretaría Presidencial, horas antes del momento previsto para que las personas manifestantes desalojaran esta zona en Colombo.A primera hora del viernes, una masiva operación conjunta de fuerzas armadas, policía y fuerzas especiales desalojó por la fuerza a manifestantes que dormían en tiendas de campaña en un lugar de celebración de protestas pacíficas establecido en Colombo en abril de este año. Se golpeó y agredió a manifestantes. Se bloqueó la zona, lo que impidió el acceso de medios de comunicación, abogados y activistas. Según informes, más de 50 personas resultaron heridas y 9 han sido detenidas.“Amnistía Internacional condena enérgicamente el ataque perpetrado antes del amanecer por las fuerzas de seguridad contra manifestantes pacíficos en el emblemático lugar de protesta denominado ‘GotaGoGama’, en Galle Face. Era el principal lugar de manifestación contra el gobierno y había llamado la atención mundial sobre la difícil situación a la que se enfrenta la población de Sri Lanka debido a la crisis económica del país. Es lamentable que el nuevo gobierno haya recurrido a tácticas tan violentas a las pocas horas de llegar al poder. Debe respetarse el derecho de las personas a protestar. Todo cargo pendiente contra las personas detenidas por el ejercicio pacífico de ese derecho debe ser retirado de inmediato”, ha afirmado Kyle Ward, secretario general adjunto de Amnistía Internacional.“Las personas que protestan tienen derecho a hacerlo pacíficamente. El uso excesivo de la fuerza, la intimidación y las detenciones ilegítimas parecen ser una constante que se repite sin cesar en la respuesta que las autoridades de Sri Lanka dan a la disidencia y a las reuniones pacíficas. Es evidente que estas acciones represivas incumplen las obligaciones internacionales de Sri Lanka en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, entre otras cosas en lo relativo a la libertad de expresión de las personas.Agresión y malos tratos a manifestantesHacia la 01.00, hora local (19.30 horas GMT del martes), fuerzas militares y policiales equipadas con material antidisturbios irrumpieron de forma violenta en los campamentos de protesta, golpearon y agredieron de forma indiscriminada a todas las personas y cosas que encontraban a su paso y desmantelaron las tiendas de campaña en las que dormían las personas manifestantes desde hacía más de tres meses.Todos los puntos de acceso al lugar donde tenía lugar la protesta fueron bloqueados antes de la operación. Según relatos de testigos presenciales e informaciones de los medios de comunicación, los militares atacaron a muchas personas manifestantes, especialmente a quienes intentaban filmar lo que estaba ocurriendo. Los soldados derribaron “una tienda tras otra” en el tramo que lleva a la Secretaría Presidencial y desmantelaron el lugar de la protesta.Un testigo presencial entrevistado por Amnistía Internacional a primera hora de la mañana del viernes en el lugar del ataque explicó: “Yo diría que había unos 200 o 300 manifestantes en ese momento. De pronto [las fuerzas] salieron de [detrás de] las barricadas y derribaron totalmente las tiendas y las destrozaron totalmente. Había suficientes policías y militares como para abarrotar la zona. La policía y especialmente el ejército golpearon a manifestantes pacíficos.”“[Los militares] llevaron a cabo estas acciones con ira. Vimos que algunos manifestantes que participaban en [la protesta] habían traído sus guitarras. Les vimos quitárselas y romperlas contra vallas de hierro. Les vimos golpear a la gente. […] La represión fue brutal.” Material de vídeo compartido por medios de comunicación también muestra a personas/manifestantes desarmados siendo agredidos por las fuerzas de seguridad.Sin aviso previoRelatos de testigos sugieren que el ataque contra manifestantes y sus tiendas de campaña fue totalmente inesperado, aunque habían circulado rumores de que podría producirse. La operación tomó por sorpresa a las personas manifestantes, que no podían comprender los motivos que explicaban un ataque de esa índole. El personal militar y policial no avisó de que debía desalojarse la zona antes de usar la fuerza bruta contra manifestantes.Otra testigo, que estaba durmiendo en el lugar de la protesta cuando fue asaltado, dijo a Amnistía Internacional: “Hacia la 1.30 de la madrugada se oyeron gritos [de otros manifestantes] que decían ‘nos han rodeado, nos han rodeado, levántense, levántense’. Cuando salí, vi un grupo numeroso de personas armadas que venían hacia nosotros. Algunas de ellas llevaban la cara tapada por lo que no sé quiénes eran. […] No se avisó. […] No nos habían dicho que debíamos marcharnos. De pronto, comenzaron a golpear las tiendas que había a nuestro alrededor. Golpeaban a las personas jóvenes del mismo modo que golpeaban las tiendas.”Amnistía Internacional pide que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial sobre el incidente. Los autores de los actos de violencia, y quienes estaban al mando del ataque, deben ser identificados y rendir cuentas por sus actos.Negación de acceso a abogados y medios de comunicaciónEl periódico The Hindu informó de que, hacia las 3.00 horas de la madrugada, al difundirse la noticia del ataque, medios de comunicación y activistas llegaron al lugar de los hechos pero se les impidió el acceso mientras proseguían las operaciones. Según informes, un miembro de las fuerzas seguridad emplazado en Galle Road, que lleva al lugar de la protesta, dijo: “Nadie puede pasar. Ni siquiera los medios de comunicación o los abogados.”Un videoperiodista de la BBC fue golpeado, según informes, por los militares; un soldado le arrebató el teléfono y borraron sus vídeos.Según informes, las fuerzas de seguridad también impidieron intervenir a abogados que intentaron hacer valer su capacidad profesional. Al menos dos fueron agredidos, según informes.Siete periodistas y al menos un abogado han sido detenidos, según informes.“Las autoridades de Sri Lanka deben abstenerse de detener a personas por ejercer su derecho de reunión pacífica a la vista y al alcance de los destinatarios de las reivindicaciones de las protestas. Además, cualquier detención debe atenerse a las garantías del debido proceso, como el acceso sin demora a asistencia letrada. Consideramos muy preocupantes las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Sri Lanka, ya que las autoridades están usando fuerza ilegítima y restricciones a la libertad de circulación en un intento de reprimir la disidencia”, ha afirmado Kyle Ward.Tiendas de monjes, manifestantes sordomudos y soldados con discapacidad atacadosEl personal de seguridad desmanteló agresivamente las tiendas de manifestantes instaladas en el lugar de manifestación, incluidas las de la comunidad de personas sordomudas y las de soldados con discapacidad que participaban en las protestas pacíficas desde abril.“Vi cómo golpeaban a personas en ambos lados y venían hacia nosotros. Corrimos en dirección contraria ya que nos perseguían. […] El grupo de manifestantes sordomudos tenía un traductor muy joven con ellos. Ese grupo suele estar en esa zona. Nadie sabe lo que les ocurrió. […] Nadie pudo encontrarlos. En la tienda de ‘héroes de guerra’ había un pequeño grupo de soldados con discapacidad, también había delante algunos monjes […] también los golpearon”, explicó un testigo presencial a Amnistía Internacional.Ira y miedo generalizadosRanil Wickremesinghe tomó posesión como presidente el jueves tras la huida del país del expresidente Gotabaya Rajapaksa la semana pasada. Un nuevo primer ministro tomó posesión hoy. Después de 100 días de protesta, las personas manifestantes se comprometieron a desalojar algunas partes del lugar de protesta el viernes. Pero resulta escandalosa la agresiva toma del lugar de protesta por los militares al amparo de la oscuridad cuando no habían transcurrido ni 24 horas desde el cambio de régimen.“Pensamos que lo que el gobierno hizo, al atacar una lucha pacífica, no estuvo bien”, afirmó un manifestante y testigo presencial del incidente de la mañana del viernes.En el marco de los llamamientos a la comunidad internacional para que ayude a Sri Lanka, Amnistía Internacional insta a las autoridades a tomar medidas inmediatas para proteger los derechos de quienes protestan pacíficamente en GotaGoGama (Colombo) y en otros lugares de Sri Lanka. Deben retirarse los cargos contra todas las personas manifestantes, ya que fueron detenidas únicamente por ejercer de forma pacífica sus derechos humanos.“Justicia y rendición de cuentas de las autoridades de Sri Lanka es lo que se necesita en este momento, cuando Sri Lanka busca la estabilidad antes de un rescate del FMI para abordar la crisis económica. Amnistía ha pedido reiteradamente contención a las fuerzas de seguridad en el marco de la normativa de excepción promulgada en el país. Usar esta normativa como pretexto para cometer más violaciones de derechos humanos es profundamente preocupante y proyecta una imagen negativa del nuevo gobierno de Sri Lanka. No se debe desaprovechar esta oportunidad para empezar de nuevo y romper el ciclo de represión de los derechos de las personas, lo que agrava aún más la desconfianza y el miedo en la población de Sri Lanka. Debe protegerse el derecho de protesta pacífica”, ha afirmado Kyle Ward.
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En repuesta a la información sobre la ejecución de Nazeri bin Lajim en Singapur hoy, la experta en pena de muerte de Amnistía Internacional Chiara Sangorgio declaró:“Este año en Singapur se ha ahorcado a cinco personas en un periodo de menos de cuatro meses. Esta oleada incesante de ahorcamientos debe detenerse de inmediato. El uso de la pena de muerte en Singapur, incluida su imposición como pena preceptiva por delitos relacionados con las drogas, vulnera el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.”“Todas las personas ejecutadas en Singapur en 2022 han sido condenadas a la la pena de muerte preceptiva por delitos relacionados con las drogas. En lugar de tener un efecto disuasorio de la delincuencia, estas ejecuciones sólo muestran el absoluto desprecio de las autoridades de Singapur por los derechos humanos y el derecho a la vida.”“Pedimos a los gobiernos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que ejerzan más presión sobre Singapur para que se respeten las salvaguardias internacionales sobre la pena de muerte y para que las políticas de control de drogas se articulen en torno al fomento y la protección de los derechos humanos. El enfoque sumamente punitivo de Singapur no hace ninguna de las dos cosas.”Información complementariaLa ejecución del singapurense Nazeri bin Lajim se llevó a cabo el viernes 22 de julio de 2022. Nazeri fue condenado a la pena de muerte preceptiva en 2017 tras ser declarado culpable en 2012 de poseer 33,39 gramos de diamorfina (heroína) para traficar con ella.El derecho y las normas internacionales exigen que el uso de la pena de muerte se limite a los “más graves delitos” o al homicidio intencional.Singapur ha llevado a cabo cinco ejecuciones este año, todas ellas de personas condenadas por delitos de drogas, después de una pausa de más de dos años durante la pandemia. Con su actitud contraria a la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, Singapur es uno de los sólo cuatro países de los que se sabe que han ejecutado a personas por delitos relacionados con las drogas en los últimos años.“Tanto la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) —órganos de la ONU encargados de la prevención del delito y de la política sobre drogas— han condenado el uso de la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas y han instado a los gobiernos a avanzar hacia la abolición. De hecho, la Posición común del sistema de la ONU sobre políticas de drogas ha sido siempre la de instar a los gobiernos a apartarse de las respuestas punitivas a causa de su poca eficacia a la hora de reducir el tráfico de drogas o abordar el consumo y el suministro de drogas.Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. En la actualidad, 110 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y más de dos tercios de los países del mundo son abolicionistas en la ley o la práctica.
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Hoy la fiscalía rusa ha recurrido la decisión judicial de absolver a Yulia Tsvetkova, artista y activista LGBTI a quien se acusó de “difundir pornografía” por publicar dibujos de cuerpos femeninos en Internet. Yulia fue absuelta el 15 de julio, hace sólo una semana, por el Tribunal Central de Distrito de Komsomolsk del Amur.“La semana pasada calificamos la absolución de Yulia Tsvetkova de triunfo excepcional de la justicia sobre la represión en Rusia. Pero este triunfo, y el tiempo que Yulia se ha visto libre de hostigamiento, han sido dolorosamente efímeros. Hoy las autoridades rusas han reafirmado su ferviente compromiso con la opresión y la crueldad”, ha afirmado Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central.“Desde su detención en 2019, Yulia ha soportado arresto domiciliario, restricciones de viajar y la amenaza constante de pasar varios años en prisión. También ha sufrido continuas represalias por su defensa de los derechos LGBTI, como fuertes multas en aplicación de una legislación profundamente homófoba sobre ‘propaganda gay’.“Si se anula su absolución, Yulia podría tener que cumplir hasta seis años de prisión. Pedimos a las autoridades rusas que retiren de inmediato este recurso y acaben con la necia burla de la justicia que ha dejado la vida de una joven en suspenso durante casi tres años.”
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Las autoridades etíopes deben iniciar urgentemente una investigación imparcial de la ejecución sumaria de más de 400 residentes de la etnia amhara en Tole Kebele, en la región de Oromia, el 18 de junio, manifestó hoy Amnistía Internacional.Cientos de personas murieron y decenas resultaron heridas en un ataque que, según sobrevivientes y familiares de las víctimas, fue perpetrado por el Ejército de Liberación Oromo (ELO).La organización entrevistó a 10 personas, entre ellas cinco testigos presenciales, así como supervivientes, familiares de víctimas y un funcionario local. Las personas entrevistadas coincidían en sus relatos de ejecuciones sumarias, incendios de viviendas y saqueos. El análisis de imágenes por satélite realizado por el Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis de la organización también corrobora las afirmaciones de que el 18 de junio se produjeron incendios en las aldeas de Tole Kebele.“Los horrendos homicidios en Tole, presuntamente a manos del Ejército de Liberación Oromo, revelan el absoluto desprecio de sus responsables por la vida humana. Esta masacre despiadada, en la que también perdieron la vida mujeres y niños y niñas, debe someterse a una investigación independiente y efectiva”, manifestó Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.“Las autoridades etíopes no deben dejar ninguna piedra sin remover para garantizar que los autores de estos asesinatos rinden cuentas ante la justicia en juicios justos.”“Llegaron de repente y nos atacaron”El ataque comenzó alrededor de las nueve de la mañana del 18 de junio, después de que muchos adultos de la zona hubieran abandonado el hogar para acudir a su trabajo en fincas u ocuparse de otros asuntos, según nueve testigos que contaron a Amnistía que estaban en Tole o en sus alrededores cuando se desató el ataque. Los testigos dijeron que las fuerzas del Ejército de Liberación Oromo rodearon los pueblos de la localidad, y que luego sonó un disparo que marcó el inicio del ataque. En su mayoría, las personas que se habían quedado en los pueblos eran madres e hijos e hijas que no pudieron huir de los atacantes.Todos los testigos entrevistados por Amnistía Internacional dijeron que habían perdido a varios familiares en la masacre, en su mayoría mujeres, niños y niñas.Jamila*, que sobrevivió al ataque tras soportar heridas de bala, relató a Amnistía Internacional: “Eran hacia las nueve de la mañana. Estaba labrando en la finca cuando llegaron de repente y nos atacaron. A mí me alcanzaron con varios disparos, y a mi marido lo asesinaron. Estuve tumbada entre seis cadáveres hasta que me rescataron. A mi esposo lo asesinaron con un machete. A los otros, con machete y balas”.Hussein*, familiar de víctimas del ataque de 64 años de edad, contó a Amnistía Internacional que había perdido a 22 hijos e hijas y nietos y nietas. Dijo que cuando empezaron los disparos huyó para ponerse a salvo, y que las mujeres y los niños y niñas se quedaron en casa porque se suponía que no les harían nada. Dijo: “En un sitio mataron a 42 personas. Entre ellas sólo había un hombre. El resto eran mujeres, niños y niñas. Encontramos sus cadáveres apilados juntos. Había bebés recién nacidos. De esas 42 personas, 22 eran hijos y nietos míos. Una de mis hijas murió con sus cinco hijos, la otra con cuatro, la otra con cinco, la otra con dos hijos —una hija recién casada y un niño—”.Jemal*, funcionario de la administración local, perdió a sus tres hijos y su esposa, que estaba embarazada de siete meses. Dijo: “Mientras los buscaba en la calle y entre los arbustos encontré 28 cadáveres, además del de mi esposa y mis hijos. Estaban en el recinto de la Mezquita de Silsaw”.A continuación, añadió: “En el barrio de Chekorsa al menos 104 personas perdieron la vida. De ellas sólo cinco eran varones adultos. El resto eran mujeres, niños y niñas. En el barrio de Silsaw murieron 112 personas. Muchas de las víctimas eran menores, incluso recién nacidos y niños y niñas pequeños”. Dijo que los cadáveres estaban acribillados de balazos.Abdi*, residente que estaban en su finca cuando se produjo el ataque, dijo: “Mi finca está un poco lejos y no pude regresar a casa, ya que los atacantes bloquearon la carretera del pueblo. Lo vi desde una colina cercana. En nuestro pueblo el ataque comenzó hacia las ocho y media de la mañana y continuó hasta las tres de la tarde En otros pueblos se quedaron hasta las cuatro o las cinco”.Según testigos presenciales, algunos de los residentes que se encontraban en los pueblos estaban armados, pero no pudieron defenderse por la superioridad numérica de los combatientes del ELO. La mayoría de las personas que perdieron la vida eran mujeres, niños y niñas desarmados.Los testigos dijeron que sabían que los atacantes eran combatientes del OLA por su característico pelo largo trenzado, su camuflaje militar y porque hablaban la lengua oromiffa. También dijeron que el ELO operaba en la zona desde hacía al menos cuatro años.Un funcionario de la administración local entrevistado por Amnistía Internacional dijo que en el ataque habían muerto al menos 450 personas.“Prendieron fuego a la casa de mi vecino.”Además del homicidio masivo de residentes amhara, los combatientes del ELO también incendiaron viviendas y las saquearon, llevándose ganado, dinero en efectivo y cereales.Dawud* contó que había visto a las fuerzas del ELO atacar a su vecino: “Prendieron fuego a la casa de mi vecino [Shambel Mohammed] con la familia, incluidos sus hijos y sus nietos, y otras personas (12, en total) dentro. Una de ellas estaba embarazada de siete meses y estaba allí con sus dos hijos. Los enterraron en el recinto, ya que estaban completamente carbonizados”.Otro testigo, Abdi*, dijo que los atacantes se habían llevado cuatro bueyes y unos 70,000 birrs etíopes en efectivo (aproximadamente 1.000 dólares estadounidenses) de su casa.“Éste no es el primer ataque contra residentes de la etnia amhara en la región de Oromia. El gobierno etíope debe proteger a la etnia amhara de Oromia frente a los homicidios ilegítimos y otros abusos contra los derechos humanos”, manifestó Deprose Muchena.Las autoridades no respondieronSegún un funcionario local entrevistado por Amnistía Internacional, el ataque se comunicó inmediatamente a los funcionarios del distrito y de la zona, que dijeron que no podían responder porque la carretera estaba cortada.Las fuerzas gubernamentales no intervinieron durante las cinco horas en las que los autores mataron a residentes y quemaron y saquearon casas en Tole, según nueve testigos. La localidad de Gimbi, donde se encuentra la administración local del distrito, está a sólo 49 kilómetros de Tole por carretera.Los residentes dijeron que las fuerzas gubernamentales llegaron horas después de que los combatientes del ELO se hubieran marchado; las personas sobrevivientes ya estaban recogiendo los cadáveres de sus familiares.“La cultura de impunidad generalizada en Etiopía impulsa los ciclos de violencia. “Las autoridades deben ordenar urgentemente una investigación creíble e independiente de todas las atrocidades cometidas en el país y facilitar el acceso de la Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, declaró Deprose Muchena.Información complementariaEl grupo armado Ejército de Liberación Oromo (ELO) se escindió del Frente de Liberación Oromo (OLF, por sus siglas en inglés) después de que éste se introdujese en la política en 2018. Las autoridades gubernamentales llaman OLF Shane al ELO. Desde 2018 se producen confrontaciones armadas frecuentes entre las fuerzas del ELO y las fuerzas gubernamentales en el occidente y el sur de Oromia.Amnistía Internacional ya había documentado ataques anteriores contra la etnia amhara presuntamente efectuados por las fuerzas del ELO. No obstante, los representantes del ELO han rechazado reiteradamente las acusaciones de que sus fuerzas hayan cometido abusos contra los derechos humanos, incluido el ataque en Tole, del que han culpado a las fuerzas gubernamentales.*Nombres cambiados para proteger la identidad.
