Estado, poder y política

¿CÓMO PUEDEN RELACIONARSE TEÓRICAMENTE LOS CONCEPTOS DE ESTADO, PODER Y POLÍTICA? EJEMPLIFIQUE UTILIZANDO UN CASO DE LA REGIÓN.

El concepto de Estado presupone el de política (Schmitt 1985). El estado surge de una concepción natural de estado de derecho, de ordenamiento jurídico, pero al mismo tiempo como forma de organización social inevitablemente unido a las relaciones sociales subyacentes, distinguiéndose el punto de vista jurídico y el sociológico; entre el deber ser y el ser, entre su valor ideal y empírico; transformando el Estado de derecho en Estado social (Bobbio 2000, 70-74) donde la relación entre estado y sociedad es, la política, hasta volverse la sociedad en el todo del estado (Bobbio 2000, 79), al surgir la sociedad postindustrial con sus leyes económicas y la sociedad global (Bobbio 2000, 80).

Una contradicción fundamental entre la fenomenología de la tiranía y los sujetos pasivos de la relación original que se convierten en activos (Bobbio 2000, 82-83) a través de su vínculo común, la referencia al vínculo del poder (Bobbio 2000, 102) físico y constrictivo, psicológico y mental (Bobbio 2000, 103) dependientes de la tipología del poder económico, ideológico y político; “de la riqueza, del saber y de la fuerza” (Bobbio 2000, 110). Un poder que surge de lo lícito, del principio de legitimidad (Bobbio 2000, 117).

Principio de legitimidad válido para el Estado, pero ilegítimo en las relaciones “entre” los Estados pues permea en los últimos años hacia formas neoimperialistas de dependencia, marginación y exclusión social; una dependencia exacerbada en la ausencia de personalidad y mente social (PISA, OCDE) por cuanto ideológica y en consecuencia educativa y cultural; convergente en lo económico por cuanto determinada en lo económico (BM, BID); y absurda en lo político por cuanto casi ausente de la polis real e ideal institucionalizada (debilitamiento del Estado).

Una colonización sorda del poder económico, militar e ideológico que no vacila en extender su predominio de intereses particulares hacia los menos poderosos, desde los intentos de una economía dolarizada, la construcción de su propia hegemonía, la intervención armada; en lugar de discutir y aprobar entre Estados su existencia, igualdad y reconocimiento, lastimando la libertad, pero esencialmente la soberanía; trastocando conceptos, ideales, interpretaciones al convertir el principio de legitimidad entre los estados en principio de intervención, con las naturales consecuencias de fricción entre ellos (López 2005).

Desde el tratado de libre comercio hasta la economía (incluyendo la del conocimiento), la dominación ejercida y el desarrollo de políticas teóricamente de reciprocidad, que visualizaban en el debate propuestas de eliminación de barreras (arancelarias y cognitivas) no ha hecho más que incrementar, en la mayoría de los casos, las barreras políticas. El objeto de cada Estado a elegir, su sistema político, económico y social, se convierten simplemente en letra muerta; ante las condiciones neocoloniales en que Estados Unidos mantiene (en beneficio de sus propios intereses) los monopolios necesarios, aún con el uso a veces innecesario o injustificado de la fuerza última del estado en el ejercicio del poder, el poder militar (López 2005).

Un poder político caracterizado y actuante desde un Estado poderoso hasta una “sociedad” de estados cuyos ideales de calidad de vida, derechos humanos, soberanía; se ven atropellados  por un imperialismo global hegemónico expresando medidas de dominación, inequidad y pobreza en la mayoría de los países de América Latina. Un sueño americano sin todos los americanos, exclusivo; donde la mayoría de “los todos” desean, que no sea estable y mucho  menos permanente (López 2005).

Los estados se convierten en articuladores del proceso de acumulación del capital financiero mundial, priorizando el capital privado sobre el público; el capitalismo expresado, como una simple variación del estado burgués (Vitale 1992).

Una sociedad relativamente anárquica que “ordena” (como esquema de poder) un desorganizado orden global, donde la sociedad internacional navega a la deriva, entre las olas aceleradas de los mercados financieros, arrullándose en la espuma de su propia frivolidad (Monedero 2004, 9-10).

Una relación insatisfecha entre Estado, poder y política con escenarios inciertos; Estados debilitados, poderes exacerbados y política de abandono social; globalizado, tecnocrático, falso; alejada de la sociedad justa, con pactos quebrados y múltiples interrogantes por responder cibernéticamente. Tal vez la pregunta más importante siga siendo la misma: ¿Por qué obedecemos al Estado, aún con sus diez responsabilidades transformadas? (Monedero 2004, 24).

EL DESARROLLO ECONÓMICO CAPITALISTA COMO EL MOTOR PRINCIPAL DEL NACIMIENTO Y DEVENIR DEL ESTADO LATINOAMERICANO

Posiblemente en respuesta a la pregunta anterior, el Estado busco desarrollar un modelo económico hacia adentro con la finalidad de reducir su vulnerabilidad, priorizando un mercado interno y limitando sus exportaciones; aún cuando existían limitaciones como acceso al financiamiento externo y falta de tecnología, el Estado se ocupó de esta tarea organizando empresas de su propiedad y apoyando programas de industrialización que el sector privado no quería apoyar, pero que al mismo tiempo eran muy importantes para dejarlas en manos de empresas y capital extranjero. Sin embargo, aún cuando la producción industrial intentaba reducir las importaciones, la industrialización seguía siendo dependiente de éstas, causando interminables problemas en su balanza de pagos con consecuencias de inestabilidad cambiaria, presiones inflacionarias y dependencia de enfoques monetaristas, como los del Fondo Monetario Internacional (Bulmer 1998).

Otros decidieron orientar su respuesta hacia el sector exportador, básicamente primario y secundario como: petróleo, pesca, gramíneas, minerales; pero muy poco de productos transformados a no ser manufacturas ligeras, además de políticas anti exportadoras externas. Si bien a finales de los 50´s la mayoría de los países latinoamericanos ya habían entrado e incluso rebasado la etapa de industrialización, esta era ineficiente y de muy alto costo (Bulmer 1998).

La solución posible según la CEPAL era la integración regional como instrumento para ampliar el mercado interno, impulsándola hacia la oportunidad de construir una industria de bienes de capital, con un buen mercado interno y tecnología autónoma lo que permitiría una menor inestabilidad. Una buena idea pero, chocaba con la realidad a consecuencia de la falta de armonización entre la política cambiaria, fiscal y monetaria, las barreras arancelarias y la distribución de los beneficios netos entre los países miembros; de ahí que los esfuerzos solo tuvieran resultados limitados. La desigual distribución de activos, el crecimiento demográfico, la necesidad de mano de obra calificada, crecía paralelamente con la brecha salarial, desempleo y pobreza, trasladando en muchos casos la problemática de los ambientes rurales a los contextos urbanos como la tenencia de la tierra, sus productos y productividad, la posibilidad de ahorro o migración; cuando en el sentido de cambio de los sectores de la producción y ocupación indicaban que deberían crecer a mayor ritmo en los sectores secundario y terciario que en el primario (Rodríguez 1983).

Una debilidad posible es que al tener el estado el poder de disponer de la economía, solo pudo contribuir con variaciones concretas y en función del poder de las empresas, a achicar o agrandar el aparato estatal, contrastando y enfrentando permanentemente las fuerzas del poder económico contra el poder político (González, Casanova Pablo; Roiman, Rosenmann 1995).

Su fortaleza producto de la lucha entre centro y periferia, entre clase obrera y burguesía, seguía siendo una lucha en crisis entre el imperio del capital y la imperiosa necesidad de democracia; es decir, una crisis que requiere la necesidad de plantearse una posible reestructuración del Estado, aunada a la del sistema político y la propia estructura social (González, Casanova Pablo; Roiman, Rosenmann 1995, 22-24).

Conocer y contrastar fortalezas y debilidades tiene un potencial enriquecedor, sin embargo, la ideología dominante expresa que cualquier medida de justicia e independencia es subversiva, populista, anticuada e insuficiente. El dilema se encuentra entre escoger una política económica neoliberal o una democracia gobernable conservadora; ambas son altamente inestables, pero esconden bajo cada una de ellas el rostro del poder económico. Pues una fuerza de poder popular democrática tendría que enfrentar los círculos más reaccionarios del poder económico; o como afirma González Casanova al reconocer que “la hipocresía es un fenómeno epistemológico y no solamente moral” (González, Casanova Pablo; Roiman, Rosenmann 1995, 38).

El estado al adquirir funciones de empresario, cambia el tipo de relaciones sociales al convertirse en capitalista, prevaleciendo las del capital extranjero y dominando el capital público sobre el capital privado. La empresa privada requirió organizarse en confederaciones, cámaras y asociaciones pero solo fueron instrumentos de los propios empresarios con organizaciones en el terreno económico, jurídico y político más que una búsqueda de estrategias comunes. El poder del sector patronal frente al ejecutivo y el gobierno en general, aún cuando sigue siendo menor al de otros países debido a la intervención del estado en el ritmo de la actividad económica, intenta mantener el equilibrio, desde el control de la energía, comunicaciones y trasportes, industria extractiva y de transformación, íntimamente ligado a la administración pública (González 1980).

DESCRIBA Y RELACIONE PARA EL CASO MEXICANO, TRES HITOS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO NACIONAL CONTEMPORÁNEO

Latinoamérica, y con ella México sigue cargada de una enorme herencia colonial, al mismo tiempo las posibilidades de desarrollo económico, político y sobe todo cultural parecen haberse agotado; la nacionalización de la banca (L. Portillo) y el avance de la crisis económica (De la Madrid, Salinas de G.) requirieron plantear una reforma política del Estado Mexicano, pues a pesar de la apertura democrática planteada por ellos, los rasgos básicos del autoritarismo del estado mexicano (presidencialismo, partido oficial, corporativismo, clientelismo, control gubernamental de los comicios) siguen presentes (Salazar, C. Luis; Blanco, J.J.; Woldenberg 1992), olvidándose el vínculo entre democracia, Estado y sociedad (Oliver 2005).

Aunado a ello, las limitaciones propias de la democracia y la determinación globalizadora el Estado Nacional se subordina al capital transnacional, en lugar de desarrollar proyectos autónomos que permitan atender las necesidades crecientes de pobreza, desempleo, antes que las de los grupos sociales privilegiados de las grandes oligarquías financieras y grupos de capital mundializado (Oliver 2005, 56-57).

En un primer momento, la globalización (como relación de capital) producto de la proliferación de las empresas redes y la mundialización del capital, permitieron a estas apropiarse del ahorro interno, dominar las relaciones económica, incluso la quiebra controlada y desarrollar procesos de privatización desregulando el Estado, manipulando la economía y el sistema de poder internacional para someter a su dinámica la reestructuración de los países dependientes (Oliver 2005, 59-60).

En su segundo momento, las repercusiones en América Latina al asumir los modelos económicos de manera acrítica modificando no solo la dinámica del poder político; sino también, la de la empresa, la comunidad y los ciudadanos. Al debilitarse la regulación del estado desaparece el capitalismo de estado y con él, los compromisos populares; y al desarrollarse las estructuras productivas para la exportación, paralelamente se produce, la desintegración de la industria nacional (Oliver 2005, 61-62).
Y el momento más crítico, la trasferencia de la soberanía del estado en la medida en que las élites dominantes se subordinan a las directrices económicas internacionales con la consecuente pérdida de legitimidad interna y soberanía, ante los necesarios ajustes estructurales, la política pública restrictiva con las consecuentes crisis financieras acompañadas de austeridad fiscal y reducción del gasto público, privatización y liberalización financiera, comercial y de servicios; en lugar de la búsqueda de cohesión social de la nación, convirtiendo a las instituciones del Estado en precarias y volátiles; contrario a la afirmación democrática de los proyectos populares (Oliver 2005, 63-67).

Mientras que en nuestro país su ideología revolucionaria no ha podido llevar a cabo las reformas pertinentes; el carácter hegemónico con su legitimidad ex ante y sus discursos de voluntad política, solo permitieron la permanencia del presidencialismo; el reformismo populista de su reforma agraria, expropiaciones, nacionalizaciones, control y supresión sindical; acciones todas que en cierta medida hizo del crecimiento del corporativismo utilitario, una visión burguesa del desarrollo nacional (Salazar, C. Luis; Blanco, J.J.; Woldenberg 1992).

La heterogeneidad de la sociedad mexicana, unida al corporativismo, la iglesia y sus valores, a la par de un autoritarismo paternalista del Estado Mexicano difícilmente podrían desarrollar sistemas de autoorganización moderna, sin primero arrancarse del lastre de valores tradicionalistas y conservadores (Salazar, C. Luis; Blanco, J.J.; Woldenberg 1992, 358). Además del presidencialismo y un partido oficial corporativo, que limitaba y deformaba la eficacia de los procesos electorales, incluso su transición inexplicable que impedía aún con los avances legislativos sustituir el corporativismo estatal por el societal que solo puede lograrse a través de un cambio de cultura política; sucesos esenciales en este sentido fueron, el incremento en el número de partidos, la transición pacífica al Gobierno del Distrito Federal y la alternancia del año 2000 (Crespo 2000, 85).

La reforma democrática del Estado mexicano requiere construir una nueva hegemonía más abierta, sobre todo plural, en su contenido; pero esencialmente, en su forma de procesar y formular proyectos colectivos, aún cuando dependientes de factores socioeconómicos, culturales y políticos; como opción efectiva de progreso social para la construcción de un verdadero (real e ideal) Estado Nacional Contemporáneo (Salazar, C. Luis; Blanco, J.J.; Woldenberg 1992, 375).

BIBLIOGRAFÍA