Amnistía Internacional Sp

1. Marruecos: Denunciante de irregularidades revela el uso por las autoridades de un entramado de vigilancia para silenciar a periodistas y activistas

   Las autoridades de Marruecos hacen uso de un amplio y extendido aparato de vigilancia que combina herramientas digitales y analógicas para rastrear, vigilar y en última instancia silenciar a periodistas, activistas y otras voces críticas, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.We start with the verdict: Inside Morocco’s surveillance machine (Empezamos por la sentencia. Dentro de la maquinaria de vigilancia de Marruecos) revela cómo las autoridades marroquíes hacen uso de la vigilancia ilícita para atacar a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras voces disidentes y someten a esas personas a enjuiciamiento penal, acoso judicial y otras formas de represión que violan su derecho a la privacidad, a la libertad y a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.“Marruecos ha adoptado plenamente las prácticas tecnoautoritarias, para lo que ha adquirido una amplia variedad de tecnologías de la vigilancia para establecer y activar un sistema represivo diseñado específicamente para infundir miedo entre activistas de los derechos humanos y periodistas, silenciar sus voces y obstaculizar su trabajo dentro y fuera de Marruecos”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.En repetidas ocasiones, Marruecos ha negado el uso de programas espía para espiar a su población. Sin embargo, nuevas pruebas obtenidas por Amnistía Internacional, entre ellos el testimonio de un denunciante de irregularidades, datos de vigilancia filtrados, registros gubernamentales de selección de objetivos del software espía y material de empresas que venden herramientas de vigilancia demuestran lo contrario. Basándose en estas pruebas, la organización documenta no sólo la variedad de herramientas y técnicas que se utilizan para atacar a la disidencia sino el entramado de proveedores internacionales que las suministran.“Esta es otra demostración de una economía mundial de opresión tecnológica, posibilitada por empresas y Estados que no cumplen sus obligaciones en virtud del derecho internacional.”“Este ecosistema represivo hace que sea difícil y peligroso para la población de Marruecos ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Incluso después de haber sido excarceladas, estas personas siguen viviendo bajo la sombra de la vigilancia y son objeto de campaña de desprestigio con detalles privados que sólo pueden obtenerse mediante la vigilancia. Las autoridades marroquíes deben poner fin de forma inmediata a la vigilancia ilícita de defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.Pruebas periciales descubiertas por Amnistía Internacional ponen de manifiesto cómo personas que defienden los derechos humanos fueron atacadas utilizando diversos métodos de infección, como la infección física de dispositivos; ataques de 1 clic, que normalmente se basan en que la víctima haga clic en un enlace malicioso; ataques de 0 clics, que pueden infectar a un objetivo sin que éste tenga que hacer clic en un enlace ni realizar ninguna acción, y ataques de inyección de red, perpetrados a través de la red de Maroc Telecom, de propiedad estatal.Un denunciante de irregularidades en el centro del sistema de vigilancia de MarruecosAmnistía Internacional ya había publicado anteriormente las primeras pruebas periciales que confirmaban las infecciones con el software espía Pegasus de los teléfonos móviles de defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas en Marruecos.Este nuevo informe identifica ahora a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) como la entidad responsable de la implantación del software espía Pegasus en Marruecos, así como los abusos ampliamente documentados de Pegasus contra activistas y periodistas entre 2017 y 2021 a pesar de los desmentidos anteriores de las autoridades marroquíes.Un denunciante de irregularidades, conocido por el seudónimo Safir, es un exempleado de la DGST. En múltiples entrevistas realizadas en el transcurso de varios años, Safir describió el funcionamiento interno de la DGST y detalló la amplia gama de herramientas y técnicas de vigilancia que utiliza este organismo. Amnistía Internacional ha corroborado aspectos clave del testimonio de Safir con fuentes independientes, pruebas técnicas y entrevistas con defensores y defensoras de los derechos humanos.Mediante la combinación de testimonios directos del informante de la DGST con investigación pericial de carácter digital, entrevistas con 10 objetivos de la vigilancia y datos filtrados sobre operaciones de vigilancia en Marruecos y los diversos proveedores de tecnologías de la vigilancia, Amnistía Internacional está en condiciones de ofrecer una de las exposiciones más detalladas y esclarecedoras de las actividades de vigilancia del Estado, y al mismo tiempo contextualizar los abusos de los programas espía como táctica situada dentro de un sistema más amplio de vigilancia y control.Safir explicó que los dispositivos personales no son seguros. Las personas elegidas como objetivo son filmadas y grabadas en audio en secreto mientras están detenidas, en sus oficinas y automóviles, en cafés e incluso en sus dormitorios. Las llamadas telefónicas son interceptadas de forma sistemática. Se rastrean los datos de ubicación, que revelan los movimientos diarios de los y las activistas y sus asociados. Safir explicó que agentes de la DGST captaban tiendas de telefonía para que vendieran teléfonos móviles preinfectados con software espía, y que se recluta como informantes a personas vecinas de los defensores y defensoras de los derechos humanos elegidos como objetivos.Estas tácticas no sólo afectan a los y las activistas elegidos como objetivos, sino que también se extienden a familiares, amistades y redes profesionales. Los agentes actúan sin supervisión judicial ni rendición de cuentas y atacan a los y las activistas en secreto y con impunidad.“En definitiva, para quienes defienden los derechos humanos en Marruecos, no hay prácticamente dónde esconderse ni forma de escapar de la omnipresente red de vigilancia del Estado, que se extiende incluso más allá de las fronteras del país.”Cómo ataca la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) a activistasLas operaciones de vigilancia de Marruecos son ejecutadas principalmente por la DGST. Aunque muchas técnicas avanzadas de vigilancia digital pueden realizarse a distancia, la DGST también ha hecho uso de la infección física de dispositivos como método fundamental de vigilancia contra periodistas y activistas.En su testimonio, Safir señaló que estos métodos se utilizaban sistemáticamente contra personas en tránsito en aeropuertos marroquíes, así como mediante acuerdos para suministrar de forma encubierta dispositivos “nuevos” a personas elegidas como objetivos a través de proveedores de teléfonos de segunda mano. Estos teléfonos parecen nuevos y sin usar, pero cuando se activan permiten el acceso pleno de las autoridades a la totalidad de las comunicaciones de quien los usa.“Infectamos tantos cibercafés con software espía de control remoto. Los agentes sobre el terreno nos decían qué cibercafé iba a visitar el objetivo, y teníamos visibilidad sobre lo que estaban haciendo porque habíamos infectado previamente todas las máquinas del establecimiento”, dijo Safir.El software espía de control remoto permite al operador rastrear llamadas, leer mensajes, acceder a fotografías y grabar audio.Una vez que una persona es señalada como objetivo de la vigilancia, la DGST tiene a su disposición una serie de herramientas, incluidas tecnologías avanzadas de vigilancia digital, tanto selectiva como masiva. Más allá de la vigilancia telefónica, las autoridades colocaron de forma encubierta micrófonos y otros dispositivos de grabación en espacios privados para grabar conversaciones.El periodista Omar Radi, que sufrió años de acoso y posteriormente fue encarcelado a causa de su trabajo sobre la corrupción y las violaciones de derechos humanos, fue víctima de este método. Safir los describió como pequeños micrófonos que funcionan de forma inalámbrica mediante transmisión cifrada de radio, implantados en accesorios de iluminación de su apartamento.Las persona que defienden los derechos humanos también son objeto de vigilancia, enjuiciamiento penal y campañas de desprestigio basadas en información que creen que se ha obtenido mediante la vigilancia. Estas campañas se difunden a través de plataformas afines al Estado, lo que en muchos casos ha significado deslegitimar o estigmatizar a activistas en la sociedad marroquí.La sospecha de que espacios privados y domésticos han sido objeto de intromisión causa un profundo impacto psicológico en los defensores y defensoras de los derechos humanos.En 2021, el veterano activista de los derechos humanos Fouad Abdelmoumni fue filmado de forma encubierta en casa con su novia y el vídeo circuló en WhatsApp.“Cuando vi los vídeos en los que aparecía con mi pareja en la cama, la ubicación y el ángulo de la grabación eran claramente visibles. Debía de estar en la unidad de aire acondicionado. Fui a mirar pero no encontré nada, así que deduje que habían podido instalarlo y quitarlo fácilmente. La calidad de la imagen y el sonido era muy buena, a pesar de que estaba oscuro, por lo que el equipo debía de ser muy sofisticado”, dijo.Safir confirmó el testimonio de Abdelmoumni y lo calificó de “caso de manual” de operación de vigilancia y limpieza de la DGST diseñada para no dejar rastro.La investigación se llevó a cabo como parte de una colaboración con 14 organizaciones de medios de comunicación coordinadas por Forbidden Stories, y se basa en el trabajo del periodista de investigación marroquí Hicham Mansouri, también víctima de la maquinaria de vigilancia de Marruecos y ahora exiliado en Francia. En 2015 fue encarcelado por cargos falsos de “adulterio” y “explotación sexual” tras un juicio que no se ajustó a las normas internacionales. Mansouri explicó a Amnistía Internacional que la vigilancia genera autocensura.“Es muy violento. Un amigo me dijo que, años después de esto, el día que entró en prisión le supuso cierto alivio”, dijo MansouriEn octubre de 2019, Amnistía Internacional documentó con pruebas periciales los primeros intentos de infección con Pegasus en Marruecos, dirigidos contra Abdessadak El Bouchattaoui, abogado de derechos humanos que trabajaba en la defensa de manifestantes del movimiento Hirak El Rif. Los registros del Proyecto Pegasus indican que su número de teléfono fue incorporado al sistema Pegasus de Marruecos el 19 de septiembre de 2017 y seleccionado repetidamente como objetivo del programa espía en múltiples ocasiones, entre ellas el 23 de octubre de 2017; poco antes había recibido un enlace de infección a través de SMS. Esto confirma que las operaciones del software espía Pegasus en Marruecos ya estaban plenamente operativas en octubre de 2017.Evolución y uso del software espía Pegasus contra defensores y defensora de los derechos humanos y periodistasSobre la base del análisis de documentos jurídicos, registros de vigilancia filtrados, información de fuentes abiertas y el testimonio de Safir, el informe ofrece pruebas adicionales de que, a partir de septiembre de 2017, la DGST comenzó a instalar y utilizar Pegasus, y que personal de NSO Group llevó a cabo demostraciones o ejercicios de simulación del sistema en visitas a Marruecos. NSO Group desarrolla el conocido y altamente invasivo software espía Pegasus.Datos adicionales, procedentes de materiales internos de NSO Group no publicados previamente y revelados en el marco de una prolongada causa judicial por la vía civil contra la empresa entablada por WhatsApp y Meta, indica que personal de NSO impartió formación y realizó pruebas para ilustrar nuevas capacidades de su producto de software espía en beneficio de las autoridades marroquíes, a las que NSO Group denominaba internamente como cliente con el nombre en clave de Morgen.El análisis efectuado por Amnistía Internacional de todos los números de teléfono designados como objetivos que se incorporaron al sistema Pegasus marroquí entre septiembre y diciembre de 2017 proporciona pruebas adicionales de que defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas independientes eran los objetivos prioritarios de la DGST.Amnistía Internacional cotejó 103 números de teléfono marroquíes con personas concretas seleccionadas como objetivos potenciales de Pegasus, de las que 65 podían identificarse como miembros de la sociedad civil (34 defensores y defensoras de los derechos humanos, 22 periodistas y profesionales de los medios de comunicación, cinco abogados y cuatro personalidades académicas), 25 eran representantes políticos o funcionarios, y cinco eran diplomáticos o representantes de organizaciones internacionales. Lo ocho restantes eran empresarios, figuras religiosas y otras cuya identidad o clasificación no estaba clara.“El informe también pone de manifiesto y atribuye pericialmente a la DGST numerosos casos de abusos de Pegasus basándose en el análisis técnico de los ataques de este software. En conjunto, estas conclusiones proporcionan indicios sólidos de que Marruecos fue responsable de una amplia campaña de vigilancia transfronteriza contra periodistas críticos, activistas, profesionales de la abogacía y políticos.”Cuatro semanas antes de la publicación del informe, Amnistía Internacional escribió a las autoridades marroquíes, pero no ha recibido respuestas.Antes de la publicación, Amnistía Internacional escribió a las empresas mencionadas en el informe para comunicarles nuestras conclusiones principales relacionadas con sus actividades.Verint respondió que “Verint desinvirtió de esta línea de negocio el 1 de febrero de 2021. Las consultas de los medios de comunicación deben remitirse a Cognyte Software Ltd.”.Memento Labs afirmó: “Podemos confirmarles que no existe ningún contrato activo con ninguna agencia marroquí”. Y añadió: “En los últimos años, Memento Labs ha cambiado radicalmente su forma de hacer negocios y ya ha implementado un programa interno de cumplimiento para supervisar detenidamente las situaciones de los distintos países”.Amnistía Internacional no recibió respuesta de ninguna de las demás empresas.A los efectos de nuestro informe, Amnistía Internacional considera que la vigilancia es ilícita cuando se lleva a cabo infringiendo las leyes y los procedimientos nacionales que rigen el uso de la vigilancia. La vigilancia también puede ser ilícita incluso cuando se lleva a cabo de acuerdo con los procedimientos jurídicos nacionales si se utiliza de maneras que contravienen el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.Las prácticas de vigilancia de Marruecos y muchas de las herramientas que utiliza violan el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Marruecos debe poner fin de inmediato a la vigilancia de defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas que ejercen lícitamente sus derechos humanos. Las autoridades judiciales marroquíes deben garantizar que se lleve a cabo una investigación independiente y efectiva sobre todos lo casos denunciados de vigilancia ilícita por parte de la DGST.Los Estados deben dejar de exportar a Marruecos software espía, herramientas periciales de carácter digital y otras tecnologías que invaden la privacidad hasta que se haya implantado un sistema de salvaguardias de los derechos humanos que pueda prevenir los abusos contra los derechos humanos en la práctica.

2. Amnistía Internacional valora positivamente el Real Decreto Ley sobre vivienda, aunque exige que los desalojos se paralicen de forma estructural y pide a los grupos parlamentarios que lo aprueben

   Madrid.- Amnistía Internacional da la bienvenida a la adopción de algunas medidas que se recogen en el Real Decreto Ley 26/2026, como la suspensión de los desalojos hasta 2030, la regulación del alquiler de temporada y de habitación, y la prórroga extraordinaria de contratos de arrendamiento, entre otras. Medidas todas ellas que contribuyen principalmente a reforzar derechos de las personas inquilinas, entre otras cuestiones. Sin embargo, la organización considera que la suspensión de los desalojos hasta 2030, si bien es positiva porque protegerá a muchísimas personas, debería ser una medida estructural, no temporal. Bajo el derecho internacional, existe una obligación jurídica sin marco temporal de garantizar que ninguna persona en situación de vulnerabilidad debe quedar en una situación de sinhogarismo. Ninguna persona debería ver condicionado el ejercicio de sus derechos a la existencia de prórrogas que dependan de la voluntad política de cada momento. En este contexto de potencial suspensión de desalojos durante cuatro años, Amnistía Internacional insta a todas las administraciones con competencias en la materia a multiplicar los recursos para incrementar el parque de vivienda social. La organización recuerda que España tiene un escaso parque de vivienda social. El país cuenta con un parque de vivienda social de 318.000 viviendas, un 1,71 % del parque de viviendas total. Si se considera el parque de vivienda en alquiler asequible en sentido amplio, más allá del parque de titularidad pública, el Ministerio de Vivienda y de Agenda Urbana estima que la cifra alcanza un 3,5 %. Este porcentaje queda muy alejado de la media de la Unión Europea, un 9 %, y más lejos aún de países como Países Bajos con más del 30 % o Austria y Dinamarca, ambas por encima del 20 %.La organización reconoce el papel de liderazgo de los movimientos sociales, especialmente el Sindicato de Inquilinas y la PAH en su recorrido histórico por haber liderado movilizaciones masivas que han situado a las administraciones en la urgencia de legislar cuestiones que estaban sufriendo una parálisis normativa. A pesar de que lamenta que las medidas se hayan presentado de forma fragmentada, separando la relativa a los contratos indefinidos, Amnistía Internacional- después de analizar el Real Decreto Ley publicado hoy y después de conocer las orientaciones del Gobierno anunciadas ayer sobre la segunda norma- hace un llamamiento a los grupos parlamentarios en el Congreso para que se aprueben los dos reales decretos este viernes en pleno extraordinario dado que representan una mejora en la satisfacción del derecho a la vivienda de las personas. “Tal y como recoge el propio preámbulo del Real Decreto-ley, la crisis actual de vivienda es “poliédrica y multicausal”. Por eso, consideramos que las medidas para abordar esta crisis deberían haber partido de una coherencia normativa y no fragmentando medidas que atienden a la protección de uno de los elementos esenciales del derecho a la vivienda, como es la seguridad de tenencia de las personas respecto a su vivienda. La crisis que vivimos es urgente y afecta especialmente a las personas más vulnerables. Por eso, este viernes necesitamos que estas medidas se conviertan en una realidad” señala Marta Mendiola, investigadora de Derechos Económicos Sociales y Culturales en Amnistía Internacional España.Garantías para el derecho a la protesta, observación de derechos humanos activadaLas movilizaciones por la vivienda, incluida las acampadas y otras acciones pacíficas son legítimas. Las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen el deber de respetar, facilitar y proteger el derecho a la protesta que está ejerciendo la protesta en la Puerta del Sol por el derecho a la vivienda.Ante las amenazas aparecidas estos días en redes sociales desde cuentas vinculadas a grupos de ultraderecha y convocatorias para acudir a desalojar con violencia a las personas acampadas en el centro de Madrid, Amnistía Internacional activó ayer un dispositivo de observación de derechos humanos con un equipo de observación de la protesta in situ y continúa monitoreando la situación para velar por que el derecho a la protesta pacífica no se vea violentado.La Observación general número 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU establece que los Estados deben proteger a las personas que participan en reuniones frente a la violencia, la discriminación y otros abusos contra los derechos humanos por parte de contra manifestantes.Por otro lado, el artículo 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece que no están protegidas por el derecho a la libertad de reunión pacífica las movilizaciones con fines de apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.En consecuencia, la organización recuerda que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen el deber de respetar, facilitar y proteger el derecho a la protesta de las personas acampadas en la Puerta del Sol. La no intervención de las autoridades en caso de amenaza para este derecho y las seguridad de quienes lo están ejerciendo puede constituir en sí misma un incumplimiento de la obligación de proteger y facilitar la participación en reuniones.De igual modo, no investigar los posibles motivos discriminatorios de la violencia o las amenazas de violencia contra participantes en una reunión constituye una violación del derecho de reunión pacífica junto con la prohibición de la discriminación. 

3. España: Amnistía Internacional denuncia tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas migrantes y solicitantes de asilo en Ceuta por parte de fuerzas militares y condiciones indignas de acogida

   Ceuta / Madrid. Amnistía Internacional denuncia tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por miembros de las Fuerzas Armadas españolas que parecen responder a un patrón, en particular por unidades de Regulares y de la Legión, contra personas migrantes, que permanecen en Ceuta en una situación de desprotección y son objeto de abusos, desde la entrada de más de 80.000 personas el pasado 30 de julio.Amnistía Internacional pudo hablar con más de 65 personas migrantes y solicitantes de asilo, y muchos de los testimonios han señalado la violencia y los tratos vejatorios que sufren por parte de militares, incluyendo también a mujeres y niños no acompañados, que en algunos casos, por su severidad, pueden constituir tortura – un crimen de derecho internacional.La organización realizó una visita a Ceuta del 10 al 15 de septiembre, en la que recorrió la mayoría de los emplazamientos de calle donde malviven a la intemperie miles de personas migrantes y solicitantes de asilo, y se reunió con periodistas y ONG desplegadas en el terreno, así como con la Fiscalía y representantes del Gobierno de Ceuta.Durante la visita recogió 22 testimonios directos, que atribuyen a militares que patrullan la ciudad palizas, acoso, humillaciones y el robo de dinero y confiscación y rotura de teléfonos móviles de personas migrantes sin importar su edad, condición o género. Se realizaron más de 65 entrevistas, entre ellas a 31 menores, con edades comprendidas entre los 13 y 17 años, y a 26 mujeres, dos de ellas embarazadas, en las que pudo documentar los riesgos específicos a los que están expuestas mujeres, niños y niñas, y solicitantes de asilo. La organización también se entrevistó con 12 personas que indicaron que habían pedido asilo o tenían intención de hacerlo. Todas eran personas racializadas provenientes de Marruecos, Argelia, Somalia, y Yemen.Amnistía Internacional se ha dirigido por carta a los presidentes del Gobierno de España y del Gobierno de Ceuta para compartirles las conclusiones de esta visita, y para pedirles un plan urgente que proporcione ayuda humanitaria adecuada y una acogida digna, con atención especializada a mujeres, niñas y niños, y a personas en riesgo ya sea en Ceuta o mediante su traslado a la Península.Asimismo, pide a las Comunidades Autónomas que cumplan con la legislación vigente y, lejos de obstaculizar la llegada de personas migrantes a su territorio, faciliten la reubicación de niños, niñas y adolescentes que han llegado solos a Ceuta, aliviando así la saturación de Ceuta y garantizando un trato digno a todas las personas migrantes.La organización es consciente de la complicada situación en Ceuta, tras la entrada de más de 80.000 personas -prácticamente el equivalente a la población de la ciudad- en un solo día, y de la permanencia todavía hoy, dos meses después, de miles de personas en situación de desprotección total en la calle. Amnistía Internacional quiere enviar un mensaje de solidaridad y apoyo a la ciudadanía de Ceuta.Amnistía Internacional también reconoce la dificultad de la labor de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para hacer frente a una situación compleja, que ha incluido también la detención de más de 30 personas migrantes por agresiones a militares, pero recuerda que los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado están obligados a hacer frente a estas situaciones respetando la legislación nacional e internacional y los derechos humanos de todas las personas.Testimonios, lesiones y videos que indican tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de militares a personas migrantesLa organización ha documentado, gráfica y audiovisualmente, cuerpos magullados de migrantes con lesiones que parecen compatibles con golpes de defensas rígidas -porras reglamentarias-. Dos chicos marroquíes entrevistados por la organización presentaban estas lesiones en la cabeza, una zona muy sensible por el alto riesgo de conmociones cerebrales y otros traumatismos craneales, afirmando uno de ellos que fue obligado a arrodillarse antes de ser golpeado. Otro chico marroquí contó a la organización que llevaba 25 días sin poder caminar, tras haber sido empujado por un militar desde una altura elevada, tras ser despertado y acosado, junto con otros migrantes, por un grupo de militares, mientras dormían a las puertas de la Ermita de San Antonio. Otro chico marroquí y otro argelino relataron haber sido golpeados reiteradamente con porras y puñetazos mientras estaban inmovilizados con bridas de sujeción, cuyas marcas en las muñecas pudo constatar la organización: “Me pusieron bridas y me metieron en el maletero. Cuando me sacaron, me amordazaron la boca y me pegaron la cara contra un árbol, y así me pegaron porrazos y puñetazos. Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén”, contó uno de estos jóvenes a Amnistía Internacional.Entre las prácticas denunciadas por las personas entrevistadas figuran insultos y amenazas constantes para que abandonen Ceuta, impedirles dormir por la noche y transitar de día, obligar a los jóvenes a raparse el pelo, arrodillarse para besar una cruz cristiana a personas que son musulmanas, golpearles fuertemente y con brutalidad en la cabeza y la espalda con porras y botas, y retirarles la comida si se niegan a cumplir una orden. Esta violencia es también ejercida contra las mujeres marroquíes incluyendo insultos, humillaciones y vejaciones de carácter sexual. Una joven marroquí relató que un militar se mofó de ella con comentarios de carácter sexual relativos a “cómo había podido abrir las piernas” refiriéndose a su situación de embarazo.Según testimonios, confirmados por videos a los que ha tenido acceso la organización, algunos militares han llegado a actuar de noche y encapuchados contra las personas migrantes -para evitar ser reconocidos- propinándoles golpes y palizas, o rociando la cara y el cuerpo con un espray irritante y procediendo a su expulsión sumaria a través de la valla del Tarajal.Amnistía Internacional también ha tenido acceso a información recabada por el colectivo Border Resistance, que ha llevado a cabo una documentación exhaustiva de alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil. Esta investigación es plenamente consistente con los casos documentados de forma directa por Amnistía Internacional, destacando vídeos que muestran golpes con defensas y patadas a migrantes tendidos en el suelo, y partes médicos que acreditan lesiones, como fracturas en extremidades y traumatismos craneales, que los migrantes refieren han sido causadas por agresiones de soldados.Cientos de mujeres y niños y niñas viviendo en la calle, en una situación de desprotección y riesgo de sufrir violenciaDos meses después de la entrada en Ceuta de miles de personas, todavía cientos de niños y niñas, algunos de tan solo 12 o 13 años, siguen esperando un recurso de emergencia viviendo en la calle en total desprotección. Carecen de acceso alimentación adecuada, y siguen expuestos a la violencia tanto de las fuerzas militares como de particulares. La dimensión del problema se refleja en las cifras institucionales.Recientemente, el responsable del mando único en Ceuta cifró en 2.383 los menores migrantes no acompañados que han sido identificados. Entre 500 y 700 permanecen en la calle hoy sin ninguna cobertura, en el marco de una disputa política sobre la negativa de algunas comunidades autónomas a acogerlos y el rechazo del propio Gobierno ceutí a designar representantes legales. El Ministerio de Juventud e Infancia ha confirmado que 54 menores han sido reagrupados con familiares en la península. Unas 800 mujeres, algunas con sus hijos e hijas, estarían viviendo en la calle.Amnistía Internacional ha identificado familias con niños y niñas, y mujeres que llevan semanas durmiendo a la intemperie en los asentamientos mencionados.Familias monomarentales, mujeres y niños y niñas no acompañados enfrentan riesgos aún más elevadosCientos de mujeres siguen sin recibir ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades, muchas de ellas se encuentran con sus hijos e hijas durmiendo en la calle.Como consecuencia de esta grave desprotección, han surgido iniciativas por parte de algunas personas en Ceuta para dar una respuesta a esta situación, como en el caso de unas 20 familias monomarentales formadas por mujeres con sus hijos e hijas que se encuentran alojadas en una carpa próxima a la mezquita de Sidi Embarek, para evitar que duerman al raso. Sin embargo, dicho lugar no reúne unas mínimas condiciones para una estancia prolongada, ya que las mujeres, sus hijos e hijas duermen en el suelo, y no tienen acceso ni a duchas ni a aseos.Además, se han reportado casos de violencia sexual contra mujeres y niñas migrantes. Según información del Consejo General del Poder Judicial, se iniciaron 37 investigaciones, de las cuales 28 continúan abiertas, tras haber sido archivadas provisionalmente ocho. El total de víctimas es 39: 38 mujeres y un hombre, de las cuales 14 son menores de edad.Amnistía Internacional recogió testimonios de niños no acompañados que acuden casi a diario a los cuerpos policiales a solicitar protección y son rechazados de manera constante, vulnerándose así las obligaciones y los procedimientos que las autoridades españolas deben adoptar, cuando están ante una persona menor de edad sin un adulto responsable, tal y como establece la legislación vigente, delegando esta responsabilidad en ONG, muchas de las cuales son de ámbito local y están al límite de su capacidad.Grupos en riesgo y personas solicitantes de asilo sin identificarConforme a las normas europeas vigentes desde mediados de junio, España debe realizar un triaje a todas las personas para identificar a personas solicitantes de asilo, incluidos controles de salud y seguridad y un control preliminar de vulnerabilidad para identificar a supervivientes de tortura u otros tratos inhumanos o degradantes y a personas con necesidades especiales.La organización ha podido entrevistarse con solicitantes de asilo que habían entrado antes del 30 de julio, procedentes en lugares en conflicto como Somalia y Yemen, cuyos expedientes de asilo no habían sido iniciados, ni se les había realizado ningún tipo de entrevista para detección de vulnerabilidades ni tampoco se les había facilitado información sobre los procedimientos, llegando incluso a ser objeto de expulsiones ilegales, como es el caso de tres ciudadanos yemeníes con los que habló Amnistía Internacional.Un hombre de 34 años solicitante de asilo de Yemen que entró en Ceuta el día 29 de junio cuenta cómo fue expulsado sin procedimiento seis días después de haber entrado. Tras ser rescatado por Cruz Roja a su llegada a la playa tras cruzar a nado la frontera, agentes de la policía le trasladaron al CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes). Sin embargo, no le dejaron entrar por falta de plazas. Junto con otros compañeros tuvo que dormir en el bosque, seis días después, cuando bajó a buscar comida fue objeto de una redada por parte de los militares: “Nos cogieron a unos 70, había principalmente marroquíes, nos sentaron a todos en filas, yo levanté el brazo para enseñar mi pasaporte, pero un militar lo tiró al suelo dándome con la porra en la mano, nos metieron en vehículos militares y nos llevaron a la frontera donde nos entregaron a la policía marroquí. Conseguí volver a entrar porque quiero pedir protección internacional.” Amnistía Internacional ha tenido acceso a documentación que corrobora su versión.Perfilamiento racial y hostigamiento racista, xenófobo e islamófobo La organización también ha documentado el hostigamiento diario de naturaleza racista, xenófoba e islamófoba, que parece perseguir el desgaste de las personas migrantes y afecta también a personas racializadas de Ceuta, al ver impedido el paso al centro de la ciudad y a tiendas o supermercados por parte de militares que, mediante la presencia amenazante en las puertas de acceso o calles aledañas, deciden arbitrariamente, en función del color de la piel o la indumentaria -en el caso de las mujeres si llevan velo-, si pueden o no pasar, realizando identificaciones agresivas. El perfilamiento racial afecta no solo a personas migrantes, sino también a ceutíes de origen marroquí o percibidos así.El equipo de Amnistía Internacional presenció cómo un grupo de militares se dirigía a personas racializadas que hablaban entre ellas sentadas en un banco público cerca del centro de la ciudad preguntándoles si “eran de aquí” y obligándolas a marcharse del lugar. Al preguntar por el motivo de esa pregunta, la respuesta que recibieron fue: “Tenemos órdenes para que no se sientan cómodos”.Amnistía Internacional ha declarado: "Miles de personas llevan desde el 30 de julio en Ceuta sin que se hayan adoptado medidas urgentes para evitar la crisis humanitaria que se está provocando; miles de personas permanecen sin apenas comida, sin recursos de emergencia ni instalaciones sanitarias y, en el caso de las mujeres, expuestas a discriminación y violencia sexual. Por si fuera poco, reciben el hostigamiento y la violencia por parte de militares desplegados en la zona y son ignoradas por las autoridades".Falta de asistencia humanitaria y sanitaria Las personas migrantes en Ceuta no tienen acceso a una asistencia humanitaria y sanitaria adecuada, lo que intensifica el trato cruel e inhumano. Muchas pasan hambre y sed y viven en condiciones indignas en la calle, pernoctando en tiendas de campaña, bajo lonas de plástico o directamente a la intemperie, debido a la falta de lugares adecuados para su acogida, y a que el reparto de comida a cargo de Cruz Roja y otras ONG resulta insuficiente.Cada tarde, y solamente una vez al día, en un extremo de la playa del Trampolín, Cruz Roja entrega una bolsa con una barra de pan, una botella de agua, una lata de atún, un bote de zumo y un paquete de galletas, custodiados por al menos siete furgonetas de la Policía Nacional. Para acceder a esta comida insuficiente, las personas migrantes, incluidas mujeres con sus hijos que se encuentran refugiadas en otras zonas que consideran más seguras que la playa del Trampolín, deben caminar durante horas tanto a la ida como a la vuelta: “Si no acudimos con nuestros hijos no nos dan su ración, que es exactamente la misma que para el resto”.Según los testimonios recogidos por Amnistía Internacional, no hay ningún tipo de medida para garantizar que los niños y niñas, incluyendo algunos de muy corta edad que se encuentran junto a sus progenitores viviendo en la calle, puedan tener acceso a una alimentación adecuada, teniendo acceso a esa ración de comida fría solo una vez al día: “Antes venía la organización Luna Blanca y nos traía comida caliente, pero ya no pueden venir más, algunas personas vienen algunas noches a traernos algo de comida”. En el caso de los varones adultos, están obligados a hacer colas de más de tres horas al sol, sentados en el suelo y custodiados por la Policía Nacional, que de forma arbitraria puede expulsar de la fila y dejar sin comida a quien considere.La asistencia sanitaria de Cruz Roja se presta en la misma playa, a la misma hora y en el extremo opuesto, por lo que muchas personas tienen que elegir entre comer o ser atendidas de heridas y enfermedades, algunas de ellas provocadas por las condiciones de insalubridad en las que viven.En general, Amnistía Internacional ha podido comprobar que hay carencias de agua potable, duchas, elementos de aseo e higiene, ropa limpia y atención sanitaria en los asentamientos de las playas de Benítez y el Trampolín, las Naves del Tarajal, las afueras del CETI, el Centro ecuestre de La Hípica de Ceuta, el terreno anexo a la mezquita de Sidi Embarek y otras zonas, como el bosque que rodea la ciudad o barrios periféricos como Loma Colmenar y afueras de el barrio de El Príncipe.Las familias, compuestas fundamentalmente por mujeres y menores a su cargo viviendo en la calle forman un grupo muy expuesto al riesgo. Sin embargo se está dando prioridad al alojamiento de hombres adultos sobre otros colectivos en lo que parece responder más a medidas para evita que deambulen por la calle. Las propias mujeres han denunciado a Amnistía Internacional la falta de respuesta de las autoridades lo que las expone a mayores riesgos de seguridad y enfermedades como consecuencia de tener que vivir en situaciones indignas.La organización también ha recibido testimonios que señalan discriminación y comentarios racistas y xenófobos contra personas migrantes que acuden al Hospital Universitario de Ceuta por parte de algunos miembros del personal sanitario, dirigiéndose a ellos como invasores, y obligándolas a permanecer en la calle en vez de en la sala de espera de urgencias antes de recibir asistencia sanitaria, incluidos casos de menores de edad. Una mujer marroquí contó: “Acudí al hospital a las doce de la noche con mi hija de 16 años porque tiene molestias urinarias, a ella le dijeron que se tenía que sentar en unos bancos fuera del hospital y a mí no me dejaron estar con ella, tuve que esperar en la carretera. A las cuatro de la mañana, decidimos irnos porque ya ella ya no podía estar más allí, salió alguien y le cortó la pulsera que le habían puesto y nos fuimos, en la farmacia nos han dado algo para el dolor”.Amnistía Internacional ha recogido testimonios de personas con heridas abiertas en la cabeza que denunciaban muchas horas de espera en la calle para ser atendidas por parte del personal sanitario, así como hostigamiento por parte de los militares que patrullan alrededor del hospital. Amnistía Internacional también recogió el testimonio de un hombre en silla de ruedas y con lesiones severas en tobillos, brazos y torso después de ser empujado por militares desde una altura de más de seis metros a quien, según sus declaraciones, no le habían hecho ni una sola radiografía, únicamente un vendaje de emergencia.El odio se extiende por la ciudad por los bulos y la desinformación y una retórica que deshumanizaLa situación en Ceuta se produce en un contexto de creciente deshumanización de las personas migrantes y de intensificación de la retórica de odio por parte de determinadas autoridades y representantes políticos Los datos de monitorización recogidos por Amnistía Internacional confirman esta tendencia que apuntan informes oficiales como el de OBERAXE, que asegura que los mensajes de odio en redes sociales aumentaron un 76% a raíz de la crisis migratoria de Ceuta durante el mes de agosto. Estos mensajes se emplearon para reforzar narrativas que presentan a las personas migrantes como una amenaza para la seguridad y la convivencia.Esta retórica estigmatizante en las redes sociales también se se ha instalado en el debate público. Expresiones como "invasores" o "hay que cazarlos" se han repetido de forma reiterada por parte de autoridades y partidos políticos, que han tenido un enorme eco en medios de comunicación y redes sociales, algo que el equipo de Amnistía Internacional pudo comprobar en diversas manifestaciones que tuvieron lugar durante su visita a Ceuta y situaciones cotidianas en la misma ciudad. El propio secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, llegó a afirmar públicamente que había que "cazar uno por uno" a las personas migrantes que habían entrado irregularmente en Ceuta. La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo publicó un tuit afirmando: “No son migrantes. Son soldados. Usan a las mujeres y los niños de atrezo”. La retórica estigmatizante y abusiva no se limita a enfrentar a "los españoles" con "los inmigrantes", sino que extiende la hostilidad también hacia quienes defienden los derechos humanos, ayudan a las personas migrantes o cuestionan estos discursos, hay ejemplos no solo de hostigamiento verbal sino físico también.Periodistas y ONG son objeto de estigmatización, ataques y de hostigamiento tanto por autoridades como por particulares Además de los ataques denunciados por periodistas de La Sexta, RTVE y eldiario.es —ante los que Amnistía Internacional ha reclamado que se proteja su integridad y su derecho a informar—, se suman incidentes recientes. Organizaciones y colectivos están recibiendo este hostigamiento, especialmente aquellos sobre el terreno intentando proporcionar ayuda humanitaria a las personas migrantes.Amnistía Internacional reconoce el trabajo de periodistas sobre el terreno, como Gabriela Sánchez de eldiario.es, que denunció casos de malos tratos a migrantes a manos de militares y compartieron información con la organización.Una activista de Brigadas contó que las fuerzas de seguridad obstaculizan su labor incluso cuando intentan repartir compresas y otros productos de higiene a las mujeres. Otras organizaciones locales como Luna Blanca también están siendo objeto de insultos y acoso por su labor, que consiste principalmente en proporcionar comida caliente a las personas migrantes.Otro ejemplo flagrante es el de No Name Kitchen, que presta ayuda directa a las personas migrantes desde el inicio de la crisis. Entre varios episodios de hostigamiento, el 12 de septiembre, su sede en Ceuta permaneció bloqueada por un vehículo militar, lo que dificultó el reparto de comida, y sus activistas fueron objeto de insultos sexistas y seguimiento, algo que la delegación de Amnistía Internacional también pudo comprobar in situ. Además, el 25 de agosto dos activistas de esta organización fueron detenidas y están a la espera de juicio por resistencia a la autoridad, tras haber grabado una actuación policial contra un migrante. La Fiscalía sostiene que se negaron a ser registradas, e incluso el Ministro del Interior Grande-Marlaska llegó a afirmar que la detención se produjo por haber “alentado a grupos violentos” que respondieron con agresividad a la policía.Amnistía Internacional no ha constatado, tras verificar la información disponible, ninguna actuación violenta por parte de migrantes -pese a lo cual algunos sí recibieron golpes con porras-, ni tampoco por parte de los activistas, una de las cuales se deja esposar mientras pide un abogado, misma reclamación que hace el otro activista antes de ser inmovilizado y detenido. Otro episodio grave es el relativo a la circulación de fotografías de los documentos de identidad de activistas de No Name Kitchen por grupos de WhatsApp y redes sociales, atribuyéndoles falsamente haber proporcionado espray pimienta a personas migrantes.El caso más reciente, también grave, fue la agresión sufrida por Rafa Borrego, activista, Sofía Cánovas, abogada internacional de derechos humanos, y la diputada ceutí Julia Ferreras el domingo 20 de septiembre, en el marco de una movilización contra la llegada de la ONG navarra Negu Gorriak. Rafa Borrego, que estaba tomando imágenes de la movilización, fue increpado y señalado por uno de los participantes como miembro de dicha ONG: “¡Este es uno de ellos!” Esto motivó que numerosas personas se giraran a gritar a Rafa: ”Es uno de los etarras”. Pese al clima de tensión, ningún agente policial actuó para abordar la situación, y Rafa Borrego se encaminó con Sofía Cánovas al coche que conducía Julia Ferreras. Dentro del vehículo fueron objeto de numerosos lanzamientos de huevos y de piedras. Un hombre fue capaz de llegar al coche, pasando entre los policías, y propinó dos puñetazos al cristal del copiloto, donde estaba Borrego. Otra mujer también consiguió llegar al coche e incluso llegó a abrir la puerta trasera izquierda, cerrándola Sofía Cánovas desde dentro. Con la luna trasera del coche ya reventada por los impactos, un hombre arrojó un objeto ante la mirada e inacción de un agente de la policía.Esta agresión ha supuesto un paso más en la escalada de violencia contra el activismo de derechos humanos en Ceuta, con la preocupación añadida ante una actuación policial que no abordó de forma decidida la situación de hostigamiento, primero, y violencia física, después, contra estas personas, a excepción del policía que condujo el coche fuera del tumulto. La organización insiste en pedir a las autoridades que proporcione seguridad a las organizaciones que prestan asistencia humanitaria.La propia delegación de Amnistía Internacional fue identificada por miembros de la Policía Nacional durante su trabajo de investigación, tras ser alertados de su presencia por militares y miembros de seguridad del Hospital Universitario de Ceuta al cuestionar que estuvieran expulsando de la zona a personas a las que consideraban migrantes. La delegación también recibió hostigamiento, desprecio e insultos por parte del grupo de militares que patrullaba junto a la puerta principal del Hospital el 11 de septiembre a las 17.30 de la tarde: "Perroflautas. ¡A chuparla!", espetó uno de los militares.Nueve recomendaciones de Amnistía Internacional para abordar la grave situación de derechos humanos en CeutaA la luz de estos hallazgos, Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas:Asegurar de manera inmediata la asistencia humanitaria adecuada y condiciones dignas de acogida, incluyendo asistencia alimentaria y sanitaria acceso a agua potable, alimentación suficiente, atención sanitaria y condiciones de higiene dignas, a las personas migrantes y solicitantes de asilo en Ceuta.Asegurar la pronta y adecuada identificación de vulnerabilidades, y una atención humanitaria que considere los impactos diferenciadores de genero y edad.Identificar, proteger y acoger de manera digna de todos los niños y niñas no acompañados presentes en Ceuta, así como considerar el traslado a otras comunidades autónomas, para su acogida solidaria y corresponsable.Proceder al traslado de personas en riesgo a la península, así como de solicitantes de asilo. Ordenar a las fuerzas armadas y las fuerzas y cuerpos de seguridad el cese inmediato de todo ataque u hostigamiento contra personas migrantes, incluyendo palizas, humillaciones y vejaciones, así como las iniciativas de perfilamiento racial. Investigar de manera pronta, imparcial, independiente y exhaustiva las alegaciones de abusos contra personas migrantes, incluyendo los que pueden constituir actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, apartando cautelarmente a los militares implicados en agresiones a migrantes, y la determinación imparcial de responsabilidades penales y disciplinarias correspondientes. Toda investigación requiere abordar la posibilidad de motivación racista de estos ataques.Respetar de manera absoluta el principio de no devolución a países donde personas puedan correr riesgo y la prohibición, sin excepción, de las expulsiones colectivas, garantizando el acceso efectivo al procedimiento de asilo a todas las personas que lo soliciten. Condenar pública y explícitamente, por parte de autoridades y representantes políticos, los discursos racistas, xenófobos e islamófobos, que deshumanizan a las personas migrantes, y adoptar medidas para abordar la difusión de discurso de odio en redes sociales y en el debate público. Estas medidas deben consistir, en los casos graves de incitación al odio, en investigaciones de oficio de la Fiscalía, y en los casos en que estos mensajes no alcancen los umbrales establecidos por el derecho internacional para ser prohibidos y perseguidos, mediante distintas vías que busquen atender las raíces que generan tal división social, tales como campañas de sensibilización y educación .Garantizar que periodistas, personal de organizaciones humanitarias y activistas de derechos humanos pueden ejercer su labor en Ceuta sin ser objeto de agresiones, amenazas ni obstáculos por particulares o personas con cargos públicos e investigar, por parte de la Fiscalía, los ataques y agresiones que han sufrido actuando de oficio cuando corresponda.

4. Malí: Pruebas concluyentes de crímenes de guerra cometidos por fuerzas armadas estatales y personal del grupo Wagner – nuevo informe

   Miembros de las Fuerzas Armadas de Malí, en colaboración con personal del grupo Wagner, cometieron crímenes de guerra, incluidos asesinatos y tortura de civiles, durante las operaciones conjuntas llevadas a cabo entre 2023 y 2025, según afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.‘No one is spared’: War crimes committed by the Malian army and foreign allied forces along the Mauritanian border documenta los homicidios de al menos 34 civiles en siete localidades malienses entre junio de 2023 y diciembre de 2025 cometidos por las Fuerzas Armadas de Malí y el grupo Wagner (empresa militar privada rusa activa en Malí desde finales de 2021 hasta junio de 2025).El informe también documenta otras violaciones graves del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, como tortura, desaparición forzada, y saqueo y destrucción de bienes civiles.“Nuestras conclusiones muestran el panorama desgarrador al que hace frente la población civil atrapada en el conflicto, que está pagando el precio más alto mientras la impunidad sigue imperando. Las autoridades malienses no pueden ignorar estas graves denuncias y no iniciar investigaciones efectivas e imparciales sobre los presuntos crímenes”, ha declarado Marceau Sivieude, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.“Deben proteger a la población civil durante las operaciones militares, cumplir el derecho internacional humanitario y garantizar su respeto, aclarar urgentemente qué cadena de mando supervisa las actuaciones del personal extranjero en el país y realizar el seguimiento de su conducta mediante un mecanismo nacional de rendición de cuentas independiente.”Homicidios ilícitos de civilesEl informe ofrece información detallada sobre siete incidentes en los que 34 personas fueron objeto de homicidio ilícito en las regiones de Ségou, Mopti y Tombuctú.Según la información recabada por Amnistía Internacional, ninguna de las víctimas participaba directamente en las hostilidades en el momento de su muerte. Se disparó deliberadamente contra ellas cuando trataban de huir o tras ser detenidas. Algunas fueron degolladas; otras, quemadas vivas o después de morir.En Tin Adanda, una pequeña aldea de la región de Tombuctú, cuatro personas murieron de manera violenta el 12 de febrero de 2025 durante el despliegue de una patrulla conjunta de las Fuerzas Armadas de Malí y Wagner. Hana*, sobreviviente refugiada en Mberra (Mauritania), perdió a dos hijos y un primo, a quienes arrestaron y mataron. Describió a los miembros de la operación militar de la siguiente manera: “Casi todos eran hombres blancos, e iban acompañados de las Fuerzas Armadas de Malí.”Ataques con drones contra la población civilEl informe describe en detalle dos ataques con drones llevados a cabo por las Fuerzas Armadas de Malí —contra un mercado en Ejdeir (el 16 de marzo de 2025) y contra la casa de una familia en Tangata (en noviembre de 2025), en la región de Tombuctú—, que se saldaron con la muerte de al menos 23 personas, entre ellas al menos cinco menores de edad.“No hallamos indicios de la presencia de miembros de grupos armados u objetivos militares en ninguno de los lugares atacados con drones. De confirmarse ese dato, dichas operaciones constituirían un ataque directo contra la población civil y bienes de carácter civil, y deberían investigarse lo antes posible como crímenes de guerra”, ha afirmado Marceau Sivieude.En Ejdeir, el ataque con drones, sin previo aviso y durante el día, alcanzó un mercado. El 17 de marzo de 2025, las Fuerzas Armadas de Malí afirmaron que habían atacado “reuniones de terroristas” en un campo de tránsito ubicado 109 km al noroeste de Léré, y que habían matado a “11 terroristas”. Según el análisis de Amnistía, la información proporcionada por las Fuerzas Armadas de Malí y, en particular, la ubicación corresponde al lugar que sufrió el ataques con drones en Ejdeir.  Aun en el caso de que hubiera presencia de combatientes u objetivos militares, atacar un mercado lleno de civiles y, a consecuencia de ello, causar víctimas civiles es una acción indiscriminada. Los ataques indiscriminados que matan y hieren a civiles son crímenes de guerra si se realizan de manera intencionada o imprudente.Según siete personas entrevistadas por Amnistía Internacional, algunas de las cuales perdieron a familiares o resultaron heridas en el ataque a Ejdeir, y según organizaciones de la sociedad civil, en el mercado no había combatientes; las 16 personas muertas y las siete heridas eran civiles.“Nos ataron las manos a unos postes; nuestros pies no tocaban el suelo”Amnistía Internacional entrevistó a 15 hombres sobrevivientes de tortura y otros malos tratos de las regiones de Ségou, Mopti y Tombuctú que afirmaron haber sido sometidos a tortura durante las patrullas conjuntas efectuadas por miembros de las Fuerzas Armadas de Malí y del grupo Wagner o bajo custodia en las bases militares de Léré y Nampala.Esta información se vio corroborada por otras personas que presenciaron actos de tortura cometidos contra 30 personas durante las patrullas o dentro de esas bases militares. Testigos presenciales informaron de que cinco personas habían muerto en las bases a causa de la tortura y de las deficientes condiciones de reclusión.Según la investigación de Amnistía Internacional, estos crímenes los cometieron mayoritariamente integrantes del grupo Wagner en presencia de miembros de las Fuerzas Armadas de Malí, que en ocasiones realizaban la función de intérpretes, y que miraban sin hacer nada o incluso, en algunos casos, amenazaban a las personas detenidas. Las víctimas eran suspendidas por los brazos en una barra de metal, asfixiadas mediante simulaciones de ahogamiento, golpeadas con barras de hierro y palos, o sometidas a descargas eléctricas.Las personas detenidas y torturadas en las bases militares no fueron llevadas ante un tribunal. No tuvieron acceso a asistencia letrada ni a sus familiares a lo largo de la detención, que duró entre un día y cuatro meses.Personas de etnia fulani, árabes y tuaregs, en el punto de miraUn pastor de la región de Ségou refugiado en Mauritania afirmó: “En su mente [la de los soldados y los miembros de Wagner], todos los pastores son terroristas, y por eso no dudan en quemar a personas y bienes. No perdonan a nadie, ni siquiera a las personas ciegas o de edad avanzada”.La inmensa mayoría de las víctimas pertenecían a comunidades dedicadas al pastoreo (de etnia fulani, árabes y tuaregs) sospechosas de estar en connivencia con grupos armados no estatales únicamente por su origen étnico y por su presencia en una zona en la que dichos grupos estaban activos.“Instamos a las autoridades malienses a garantizar la plena rendición de cuentas por crímenes de guerra cometidos contra todas las comunidades. Asimismo, deben garantizar que las Fuerzas Armadas de Malí, sus socios militares extranjeros y los miembros de grupos armados sospechosos de cometer crímenes de guerra sean investigados y, cuando proceda, enjuiciados en procesos que cumplan el derecho a un juicio justo, y sin recurrir a la pena de muerte”, ha manifestado Marceau Sivieude.“La población civil de las regiones de Malí afectadas por el conflicto siguen afrontando graves riesgos. Las autoridades deben protegerla y hacer público el acuerdo entre el gobierno maliense y Africa Corps, que en junio de 2025 reemplazó al grupo Wagner y opera en el país actualmente. La Unión Africana debe condenar las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en Malí y apoyar la lucha contra la impunidad por crímenes de derecho internacional”, ha sostenido Marceau Sivieude.Información generalEste informe se basa en las investigaciones efectuadas entre 2025 y 2026 en 10 localidades de la región de Hodh ech-Chargui (Mauritania), donde, a fecha de 31 de julio de 2026, el ACNUR había registrado más de 290.000 personas refugiadas malienses. Amnistía Internacional entrevistó a 119 personas refugiadas de las regiones de Ségou, Tombuctú y Mopti.Las conclusiones del informe se enviaron a las autoridades malienses el 3 de agosto de 2026. Amnistía Internacional no había recibido ninguna respuesta en el momento de la publicación.Durante el último decenio, todas las partes en el conflicto armado no internacional entre las Fuerzas Armadas Malienses y varios grupos armados no estatales han cometido violaciones graves del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Recientemente, Amnistía Internacional denunció varios casos de este tipo de violaciones cometidas por miembros del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM) y del Frente de Liberación de Azawad (FLA).Desde finales de 2021 hasta junio de 2025 se desplegaron en Malí en torno a 1.000 efectivos de la empresa privada de seguridad militar Wagner. Aunque el gobierno maliense negó su presencia en el país, las autoridades rusas afirmaron que Malí había solicitado el apoyo de una empresa privada para luchar contra los insurgentes.La Corte Penal Internacional (CPI) lleva investigando la situación en Malí desde 2013. En junio de 2026, Malí notificó su retirada del Estatuto de Roma. Sin embargo, esto no afectará a las investigaciones en curso, y la CPI mantendrá su jurisdicción sobre los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma cometidos entre enero de 2013 y el 23 de junio de 2027, fecha en que se hará efectiva la retirada.*Los nombres se han modificado para proteger la identidad de las personas en cuestión.

5. La coalición “#NiUnDesahucioMás exige la aprobación de un Real Decreto valiente sobre vivienda que proteja las vidas de quienes alquilan y responda a la fuerte demanda social

   La coalición #NiUnDesahucioMás -que engloba a más de 100 organizaciones sociales por el derecho a la vivienda- exige la aprobación, este martes, de un Real Decreto sobre vivienda ambicioso que incluya, entre otras, la recuperación de la moratoria que pararía miles de desahucios de personas vulnerables, pero también medidas para afianzar los contratos de arrendamiento indefinidos que impongan límites a la actualización anual de la renta, y otras para el control de precios de la vivienda.Las movilizaciones multitudinarias por el derecho a la vivienda en varias localidades del Estado español, además de una acampada permanente en Madrid evidencian el hartazgo de la gente sobre la situación de la vivienda en España, especialmente tras el desahucio de la semana pasada de Maricarmen, una mujer de 87 años, en silla de ruedas y que siempre ha pagado su alquiler. Entre otros aspectos, exigen que este martes se den pasos hacia la solución del problema de la vivienda en España.Las organizaciones llevan meses advirtiendo de la situación crítica que viven muchas personas, en un contexto marcado por el encarecimiento extremo del alquiler, la falta de vivienda de alquiler social y el colapso de los sistemas de protección social y habitacional. Tal y como la coalición denunció la semana pasada, el desahucio de Maricarmen, como el de tantos miles de familias cada año, es el resultado de un sistema que antepone los intereses del mercado especulativo al derecho a la vivienda.Incluso Naciones Unidas denunció que España había incumplido sus obligaciones internacionales en materia de vivienda en el caso de Maricarmen, y exigió medidas para que esta situación no vuelva a suceder, como garantizar un análisis de proporcionalidad en cada caso y ofrecer una alternativa habitacional. España es el país que más condenas tiene por parte del Comité de Derechos Sociales Económicos y Culturales de Naciones Unidas, siendo la práctica totalidad por violación del derecho a la vivienda y por casos de desahucios de personas vulnerables.El caso de Maricarmen no es único: cada día se producen más de 70 desahucios en España, muchos de ellos con personas mayores, niños y niñas, personas dependientes y con problemas de salud. Cuando decayó la moratoria antidesahucios, las organizaciones sociales advertimos de las graves consecuencias que podía conllevar, siendo no obstante una medida limitada en el tiempo y que, aun habiendo protegido a más de 60.000 familias, también había dejado sin cobertura a otras, a pesar de haberse acreditado su vulnerabilidad.Mañana martes, el Gobierno debe presentar un Real Decreto-Ley que dé respuesta a las demandas y proteja efectivamente los derechos de las personas inquilinas, garantizando el derecho a la vivienda.La coalición “Ni Un Desahucio Más” exige que el se incluyan como mínimo las siguientes medidas:Moratoria de desahucios permanente y aprobar soluciones estructurales para superar la emergencia residencial.Renovación automática de los contratos de alquiler en vigor como medida preventiva indispensable para frenar nuevos procesos de expulsión residencial.Congelación de los precios de los alquileres, limitando las actualizaciones anuales de la renta.Asimismo, el poder judicial debe tomar decisiones judiciales que cumplan con las obligaciones internacionales y suspendan desahucios sin alternativa habitacional en situaciones de vulnerabilidad.Las organizaciones reclaman asimismo a los grupos políticos su responsabilidad a la hora de votar en el Congreso el texto que pueda aprobar mañana el Consejo de Ministros.Más allá del decreto de vivienda que se pueda aprobar a corto plazo, la ola de indignación social y de protesta en torno al gravísimo problema de la vivienda que vivimos en España, ha situado encima de la mesa la necesidad de avanzar aún más en otras medidas futuras, abriendo un intenso debate social y político. Existen opciones que deberían ser estudiadas y desarrolladas, como por ejemplo adoptar nuevas regulaciones centradas en limitación de la compraventa especulativa para garantizar que las viviendas sirvan para vivir en ellas, así como activar políticas y líneas de actuación centradas en la movilización de viviendas, sea por adquisición mediante tanteo y retracto, expropiación u otras vías; de los inmuebles que a día de hoy no pueden cumplir con su función social porque están en manos de fondos buitres y/o los grandes propietarios. La prioridad de estas medidas debe ser rescatar a las familias que viven en ellas y aumentar el parque público permanente de vivienda de protección oficial, que se está perdiendo en beneficio de los privados a medida que la protección legal sobre ellas expira.Ante la gravedad de la crisis habitacional y el clamor social, no es el momento de plantear medidas descafeinadas. Gobierno y grupos políticos deben cumplir con sus obligaciones y proteger el derecho a la vivienda. Ni una Maricarmen más, #NiUnDesahucioMás. 

6. Yemen: Un año después, los huzíes deben poner en libertad al abogado Abdul Majid Sabra, detenido arbitrariamente

   Hace un año, el 25 de septiembre de 2025, las autoridades de facto huzíes en Saná detuvieron arbitrariamente a Abdul Majid Sabra, destacado abogado y defensor de los derechos humanos. Como respuesta, Diala Haidar, investigadora de Amnistía Internacional sobre Yemen, ha declarado: “Abdul Majid Sabra, abogado que dedicó su carrera a defender a las personas detenidas por ejercer pacíficamente sus derechos humanos, continúa detenido arbitrariamente en el centro de detención de Seguridad e Inteligencia gestionado por los huzíes en Chamlan. Fue arrestado en su oficina la víspera del aniversario de la Revolución del 26 de Septiembre en Yemen, una fecha a cuya celebración se oponen los huzíes. Según un familiar, Abdul fue interrogado sobre sus publicaciones en redes sociales para conmemorar el aniversario y sobre su profesión como abogado de derechos humanos. Hasta el momento no se han presentado cargos formales en su contra”.“El caso de Abdul Majid Sabra ilustra las prácticas autoritarias más amplias de los huzíes para, en su intento de controlar el espacio cívico y silenciar la disidencia, atacar a personas que las critican, profesionales del derecho, defensores y defensoras de los derechos humanos y personas dedicadas al trabajo de defensa de los derechos humanos y la sociedad civil. El total desprecio de los huzíes hacia el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado de derecho y las garantías procesales ha convertido el sistema judicial bajo su control en una farsa.”“Las autoridades de facto huzíes deben poner en libertad inmediata e incondicional a Abdul Majid Sabra y a todas las personas detenidas arbitrariamente por el mero ejercicio pacífico de sus derechos humanos, y deben poner fin a su campaña contra la disidencia.”Información complementariaAbdul Majid Sabra fue detenido el 25 de septiembre de 2025 en su despacho de Saná por un grupo de fuerzas armadas huzíes y hombres armados vestidos de civil. Su detención formaba parte de un patrón más amplio de detenciones de personas que conmemoraban públicamente el aniversario, el 26 de septiembre, del establecimiento de la República Árabe de Yemen en 1962. El aniversario se conmemora tradicionalmente con celebraciones que incluyen ceremonias de encendido de antorchas y marchas por las calles portando la bandera de la República de Yemen. Amnistía Internacional ha documentado anteriormente una oleada de arrestos y redadas en las que las autoridades de facto huzíes detuvieron a decenas de personas que se habían reunido para conmemorar pacíficamente el aniversario de la Revolución del 26 de Septiembre.

7. El Salvador: Autoridades guardan silencio ante la solicitud de una visita humanitaria a Ruth López

   En el segundo cumpleaños que la defensora de derechos humanos Ruth López pasa tras las rejas, Amnistía Internacional reitera la solicitud a autoridades salvadoreñas para realizar una visita humanitaria y exige su liberación inmediata e incondicional.El 1 de agosto de 2026, Amnistía Internacional envió comunicaciones formales al Fiscal General de la República, al Ministro de Justicia y Seguridad Pública, al Director General de Centros Penales, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la jueza a cargo de la causa, para que una delegación de alto nivel de la organización pudiera visitar a Ruth López y conocer directamente sus condiciones de detención. La solicitud fue reiterada el 26 de agosto y, hasta la fecha, ninguna de las cinco autoridades ha respondido. A propósito, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional declaró: “Es profundamente preocupante que casi dos meses después de solicitar una visita estrictamente humanitaria, ninguna de las cinco instituciones contactadas haya dado siquiera acuse de respuesta a esta petición. Ruth López está bajo custodia de las autoridades salvadoreñas, y sobre ellas pesa la obligación de garantizar su vida, su integridad, su salud y unas condiciones de detención compatibles con las obligaciones internacionales de derechos humanos. El silencio de las autoridades cada día parece más deliberado. Cada minuto que pasa hace todavía más necesario permitir una verificación independiente de las condiciones de Ruth en prisión”.Ruth López ha enfrentado un proceso plagado de irregularidades, incluso cuestionadas por relatorías especiales de Naciones Unidas, que han advertido que las circunstancias de la detención apuntan a represalias por su labor legítima y pacífica como defensora de derechos humanos.A finales del año pasado dirigimos una carta pública a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos señalando la falta de una actuación diligente frente al caso. Ante la ausencia de un mecanismo nacional independiente y eficaz que supervise la situación de las personas privadas de libertad en El Salvador, se suma ahora la negativa tácita a permitir una verificación internacional. Hoy, más de 16 meses después de su detención, no existe ninguna certeza sobre las condiciones en las que se encuentra.“A Ruth y a su familia queremos enviarle nuestro mensaje de afecto y de nuestro compromiso para mantener viva la demanda por su libertad inmediata e incondicional. En este momento, miles de personas de todo el mundo están movilizadas en la campaña Escribe por los Derechos motivadas por la convicción de que, más temprano que tarde, Ruth estará libre”.Amnistía Internacional solicita una respuesta oportuna de las autoridades a las solicitudes de visita humanitaria, reiterando su disposición a realizar esta visita en breve.Información complementaria Ruth López fue detenida el 18 de mayo de 2025.  Amnistía Internacional la reconoció como presa de conciencia, tras concluir que fue privada de libertad exclusivamente por su labor pacífica en defensa de los derechos humanos.En septiembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor al considerar que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud se encontraban en situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable. La CIDH solicitó al Estado garantizar condiciones de detención acordes con los estándares internacionales, poner fin a su incomunicación prolongada, asegurar contacto regular con su familia, sus abogados y sus representantes, y revisar la continuidad de su prisión preventiva. Su familia ha denunciado públicamente que estas medidas no se han cumplido a cabalidad.“Escribe por los Derechos” es la campaña anual más grande de Amnistía Internacional. Movilizando alrededor de 4 millones de acciones en favor de personas o comunidades en riesgo de los 5 continentes. En su aniversario número 25, la campaña de este año incluye la demanda por la libertad inmediata e incondicional de Ruth López.

8. Estados Unidos: Amnistía Internacional pide la disolución del ICE tras documentar violaciones generalizadas de derechos humanos en operaciones contra inmigrantes

   En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional documenta violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de ese país y otras agencias federales durante las operaciones militarizadas de control de la inmigración a gran escala del gobierno de Trump en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington, D.C.El informe “Teníamos silbatos, ellos tenían armas”: Violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para abolir el ICE demuestra que el gobierno de Trump está implementando un sistema de detenciones y deportaciones masivas fomentado por discursos racistas, xenófobos y falsos cuyo objetivo es detener y deportar de Estados Unidos al mayor número posible de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, y sembrar el miedo entre las comunidades de inmigrantes en general.“Nuestro informe documenta un escalofriante patrón de violaciones de derechos humanos en todo Estados Unidos con el fin de infundir miedo en las comunidades de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas”, ha declarado Nadia Daar, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. “El historial del ICE de violaciones de los derechos humanos no es nada nuevo, pero nuestro informe muestra que muchos de estos abusos han alcanzado un peligroso nuevo nivel”.El gobierno de Trump ha cometido numerosos abusos contra los derechos humanos: homicidios ilícitos, algunos de los cuales podrían constituir ejecuciones extrajudiciales; detenciones en régimen de incomunicación arbitrarias y discriminatorias, incluso posibles desapariciones forzadas, en algunos casos en condiciones de confinamiento que podrían violar la prohibición de la tortura; y represión violenta de protestas pacíficas, entre otros. Basándose en estas conclusiones, Amnistía Internacional se une al coro de voces de la comunidad que pide la abolición inmediata del ICE.Hay que abolir el ICELas conclusiones de Amnistía Internacional demuestran que las violaciones documentadas en las cuatro operaciones no fueron incidentes aislados o excepcionales sino parte de un patrón recurrente de abusos con consecuencias devastadoras para los y las inmigrantes, y para comunidades enteras.“Agentes federales enmascarados y armados atacando impunemente a personas en las calles no hacen que nuestras comunidades sean más seguras: ponen a todo el mundo en peligro”, dijo Daar. “El ICE es fundamentalmente inservible y no tiene arreglo. Para que el gobierno de Estados Unidos tenga un sistema de control migratorio que cumpla con las leyes y normas de derechos humanos, es necesario abolir el ICE y empezar de cero.El ICE se creó tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 y en los años siguientes se adoptó un marco de seguridad sumamente problemático. Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado violaciones de derechos humanos cometidas por el ICE y una preocupante ausencia de supervisión y rendición de cuentas desde su creación en 2003. Sin embargo, la magnitud y el horror que venimos presenciando desde enero de 2025, impulsados por miles de millones de dólares nuevos y una impunidad persistente, han alcanzado nuevos niveles.Violaciones de derechos humanosLas cuatro operaciones dieron lugar a violaciones de derechos humanos contra personas inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, así como contra personas consideradas inmigrantes, comunidades negras y de piel oscura, y quienes acudieron en su ayuda y cuestionaron la conducta del gobierno de Trump. También crearon un clima generalizado de temor que se extendió por comunidades enteras.En las cuatro operaciones, Amnistía Internacional documentó:Operaciones de control de la inmigración discriminatorias por motivos raciales y detenciones arbitrarias.Hostigamiento, intimidación, trato degradante y uso injustificado de la fuerza por parte de agentes federales.Uso de fuerza letal y homicidios ilícitos por parte de agentes federales que deberían investigarse como ejecuciones extrajudiciales.Represión de las protestas y uso de armas de letalidad reducida, como gas lacrimógeno y pulverizadores de gas pimienta por parte de agentes federales.Vigilancia ilícita y tecnología de reconocimiento facial.Condiciones de reclusión inhumanas y denegación de garantías procesales que deberían investigarse como tortura.Detención ilegal en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzadaComo documenta el informe, los y las agentes del ICE actuaban en un entorno institucional —apoyado abiertamente y ampliado por el gobierno de Trump— en el que las prácticas violentas y discriminatorias por motivos raciales de control de la inmigración eran fomentadas por altos cargos gubernamentales, incluido el presidente. Además, se actuó a menudo con máscaras y sin identificación, se debilitaron o desmantelaron las salvaguardias previstas para evitar y abordar las conductas indebidas, y las violaciones de derechos humanos casi nunca fueron seguidas de una investigación o rendición de cuentas significativa.El informe detalla un relato de Liish Kozlowski, representante del estado de Minnesota, de origen ojibwa y latine, que dijo: “Mi prima iba en su coche camino del trabajo con su esposo. El ICE llegó, buscando literalmente a personas negras y de piel oscura. Le rompieron la ventanilla a punta de pistola. La golpearon; estaba embarazada. Su esposo gritó: ‘¡es nativa americana, aquí está su tarjeta de identificación tribal!’. Un agente del ICE respondió: ‘Eso no [palabrota] importa, esta es nuestra tierra ahora’”.Este no es más que un ejemplo de las decenas que contiene el informe en las que agentes del ICE aplican aparentemente de forma explícita perfiles raciales.“Aplicar perfiles raciales y secuestrar a gente en la calle, separar familias y detener arbitrariamente a personas no son solo prácticas crueles e ilegales, sino que son enormemente dañinas”, declaró Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Estas prácticas violan derechos humanos y causan temor y angustia psicológica, así como problemas de salud crónicos a niños y niñas, otros miembros de la familia y comunidades enteras”.El informe también pone de relieve cómo se han unido las comunidades para resistir y protegerse mutuamente. Estas redes desempeñaron un papel esencial documentando violaciones de derechos humanos y estando allí para sus vecinos y vecinas a través de redes de ayuda mutua, sesiones formativas sobre observación constitucional, redes de respuesta rápida, autobuses escolares a pie, y otras actividades para apoyar y proteger a las personas más directamente afectadas. Las protestas fueron una herramienta importante de resistencia, pero se encontraron a menudo con más actos de ilegalidad por parte de agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza.Por ejemplo, en Chicago, el centro de Broadview se convirtió en un punto de convergencia para las protestas contra las acciones del ICE y de la Patrulla Fronteriza en la ciudad. El reverendo David Black, que acudía a menudo a este centro para ejercer su ministerio, dijo: “La escalada de violencia por parte del ICE y de la CBP en Broadview cuando estábamos simplemente rezando y cantando fue terrorífica”. Durante un servicio que dirigió en el centro, el reverendo Black, que iba vestido de religioso, estaba pidiendo a tres agentes federales que se encontraban en el tejado del centro que se arrepintieran cuando estos dispararon de pronto en la cara, los brazos y el torso con perdigones explosivos de pulverizador de pimienta. El reverendo Black es una de las numerosas personas cuyas experiencias se documentan en el informe.El informe pone de relieve numerosas violaciones adicionales de derechos humanos cometidas durante estas crueles operaciones de control de la inmigración. El equipo de investigación de Amnistía Internacional entrevistó a 154 personas de los cuatro lugares, lo que permitió a la organización analizar cómo afectan las operaciones de control de la inmigración a diversas comunidades de diferentes contextos políticos, jurídicos e históricos, y concluir que las violaciones de derechos humanos documentadas reflejan patrones nacionales más amplios y no son incidentes locales aislados.“Es desolador ver el dolor y el sufrimiento causados por este gobierno que criminaliza y demoniza a las personas inmigrantes”, manifestó Daar. “También tengo esperanza: las comunidades se han movilizado en apoyo de quienes han sido objeto de ataques y en algunos casos han obligado a ceder al gobierno. Debemos pedir cuentas a los funcionarios del gobierno responsables de este régimen de terror y seguir luchando por un sistema de inmigración basado en los derechos humanos y la dignidad, no en la crueldad”. 

9. Austria: Protesta de “Fin al genocidio” en un partido de Israel en la Liga de las Naciones de la UEFA

   Con el comienzo esta noche de la fase de grupos de la Liga de las Naciones masculina de la UEFA 2026/27, durante el partido de fútbol de Austria contra Israel en Linz, Amnistía Internacional Austria desplegó en el interior del estadio una pancarta que decía: “FIN AL GENOCIDIO”.Amnistía Internacional pide a la UEFA y la FIFA que suspendan la Federación Israelí de Fútbol debido a los claros indicios de que sigue apoyando los asentamientos israelíes ilegales en Territorio Palestino Ocupado.“Hoy, miles de personas vieron el partido de Austria contra Israel en Linz. Durante un momento, dirigimos su mirada hacia la población palestina de la Franja de Gaza, donde las muertes y el sufrimiento continúan a pesar del denominado alto el fuego”.“Nuestra protesta va dirigida contra los numerosos gobiernos y autoridades deportivas que saben exactamente lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y, aun así, no hacen nada para oponerse al genocidio”, ha manifestado Alexander Weihrauch, responsable de campañas de Amnistía Internacional Austria.“El genocidio continuado de Israel contra la población palestina de la Franja de Gaza, su sistema de apartheid contra todas las personas palestinas, incluida la limpieza étnica en la Zona C de Cisjordania, y su ocupación ilegal de todo el Territorio Palestino Ocupado no deben desaparecer de la atención pública.“El silencio ante las violaciones graves y arraigadas de los derechos de palestinos y palestinas y ante el absoluto desprecio de Israel por sus obligaciones legales internacionales afianza aún más la impunidad israelí y el sufrimiento continuado de la población palestina. Esto debe acabar, Israel debe rendir cuentas de sus violaciones del derecho internacional.”Si desean fotografías y material audiovisual, hagan clic aquíInformación complementariaEn octubre de 2025, Amnistía Internacional solicitó por escrito a la FIFA y la UEFA la suspensión de la Federación Israelí de Fútbol a menos que los clubes radicados en asentamientos ilegales en Territorio Palestino Ocupado fueran excluidos de inmediato de las ligas nacionales israelíes.En marzo de 2026, la FIFA anunció que no emprendería ninguna acción contra la Federación Israelí respecto a la participación de clubes radicados en asentamientos ilegales en las ligas nacionales israelíes. Con su postura, la FIFA está legitimando indirectamente la ocupación ilegal llevada a cabo por Israel y sus graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional contra palestinos y palestinas, incluidos el genocidio en la Franja de Gaza y el crimen de lesa humanidad de apartheid, y está arriesgándose a contribuir a ellos. Además, también está haciendo caso omiso de la Opinión Consultiva de 2024 de la Corte Internacional de Justicia. Amnistía Internacional pide asimismo al gobierno de Austria, y a los gobiernos de todos los Estados miembros de la UE, que apoyen la suspensión del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea e Israel, prohíban toda relación comercial con las entidades israelíes que son las máximas responsables de crímenes de derecho internacional contra la población palestina, incluidos los asentamientos en Territorio Palestino Ocupado, y apoyen unos mecanismos de justicia internacional y nacional cuya finalidad sea hacer rendir cuentas a los responsables de estos hechos.A principios de septiembre, 12 Estados, entre ellos ocho Estados miembros de la UE, anunciaron su intención de adoptar restricciones sobre productos procedentes de asentamientos israelíes ilegales en los territorios de Cisjordania ocupados ilegalmente. Austria no se unió a esta iniciativa.Pueden encontrar fotos y vídeos aquí: https://drive.google.com/drive/folders/1E2ouAa0VA9HtsR7ZGtXXWZavqMW_VMLB

10. Treinta y ocho organizaciones de la sociedad civil aportan informe conjunto a demanda en Estados Unidos contra las sanciones de Trump a la Corte Penal Internacional

    “La campaña intensificada de la administración Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI) afecta a mucho más allá de los miembros de la judicatura y de la fiscalía, y de los grupos de derechos humanos a los que ha sancionado: desalienta la colaboración de la sociedad civil con la Corte y menoscaba el acceso de las víctimas a la justicia”, han declarado hoy Amnistía Internacional, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y otras 36 organizaciones de la sociedad civil.El 23 de septiembre de 2026, 38 grupos de la sociedad civil presentaron un informe de amicus curiae (amigo de la corte) conjunto ante la Corte Federal de primera instancia para el distrito sur de Nueva York en apoyo de una demanda formulada por el Comité de Servicio de los Amigos Americanos, el Centro de Derechos Constitucionales, Human Rights Watch y el Instituto para una Sociedad Abierta que cuestiona la legalidad de las sanciones impuestas en virtud de la orden ejecutiva 14203. Estas sanciones afectan a miembros del ministerio público y de la judicatura de la CPI, a una experta en derechos humanos de la ONU y a tres grupos palestinos de derechos humanos.“Detrás de cada organización de la sociedad civil a la que se silencia o expulsa de la CPI están las víctimas y sobrevivientes que esperan que se haga justicia. Estas sanciones afectan a las redes de personas y organizaciones que apoyan a las víctimas que llevan sus historias y pruebas ante la Corte, y siembran el temor mucho más allá de quienes son su blanco directo”, dijo Alexis Deswaef, presidente de la FIDH.“Para las víctimas a quienes la justicia ya ha dado la espalda en su país, cerrar estas vías puede significar perder una de sus últimas oportunidades de que se rindan cuentas”.“Cuando la administración Trump intensifica sus ataques contra la CPI y las organizaciones de la sociedad civil esenciales para su labor, es crucial demostrar a la Corte Federal estadounidense que las sanciones perjudican a la sociedad civil global, a víctimas y sobrevivientes de crímenes de derecho internacional, y al propio concepto de justicia internacional”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.“No vamos a quedarnos de brazos cruzados y dejar que el presidente Trump destruya el Estatuto de Roma. El gran número de organizaciones de la sociedad civil que presentan este informe demuestra la resiliencia y la determinación de la sociedad civil para oponerse a las sanciones de Estados Unidos y proteger la CPI”.El informe de las organizaciones de la sociedad civil expone dos argumentos fundamentales. En primer lugar, las sanciones están fracturando las redes de la sociedad civil que son esenciales para el funcionamiento de la CPI. Las organizaciones de la sociedad civil y quienes defienden los derechos humanos —profesionales del derecho, representantes de víctimas, y defensores y defensoras de sobrevivientes— llevan a cabo un gran abanico de actividades de las que depende la Corte: conectan a víctimas y testigos con la Corte; documentan crímenes atroces; apoyan la participación de víctimas y que se las indemnice; aportan conocimientos especializados fundamentales en materia jurídica, contextual y cultural, y promueven la cooperación de los Estados y las investigaciones y enjuiciamientos en el ámbito nacional, sobre todo en países afectados a los que la Corte tiene acceso limitado.En segundo lugar, imponiendo y amenazando con penas draconianas de índole económica y legal a organizaciones de la sociedad civil y a actores individuales, la orden ejecutiva 14203 viola sus derechos a la libertad de expresión y de asociación, y ha dañado gravemente la colaboración y la infraestructura de las que depende el sistema internacional de justicia. La orden ejecutiva 14203 ya ha hecho que las entidades designadas pierdan financiación, personal, acceso al sistema bancario y a alianzas; ha disuadido a organizaciones de la sociedad civil de relacionarse con la Corte, y la fracturado las relaciones entre muchas de ellas. El resultado es un daño mensurable e irreparable no solo a la sociedad civil, sino a la CPI, a la administración de la justicia penal internacional y, en última instancia, a las víctimas y sobrevivientes a las que el sistema ha de servir.Información complementariaLas 38 organizaciones de la sociedad civil que presentan el informe son (en orden alfabético):1.    Action for the Reform of Justice and Promotion of Human Rights (ARJPDH)2.    Amnesty International3.    Arab Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession (ACIJLP)4.    Arab Coalition for the International Criminal Court (ACICC)5.    Baltasar Garzón International Foundation (FIBGAR)6.    Center for Development of International Law (CDIL)7.    Center for Justice and Accountability (CJA)8.    Centre marocain pour la loi et la paix9.    Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)10.   Chinese Initiative on International Law (CIIL)11.   Clinique de droit international pénal et humanitaire, Faculté de droit, Université Laval (CDIPH)12.   COMPPART Foundation for Justice and Peacebuilding-Nigeria13.   Croatian Helsinki Committee for Human Rights14.   Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)15.   European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)16.   Global Justice Center17.   Human Rights Now18.   HuMENA for Human Rights and Civic Engagement19.   Indonesian Legal Aid Association for Women (APIK)20.   International Federation for Human Rights (FIDH)21.   International Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net)22.   Just Access23.   Kurdish Organizations Network Coalition for the International Criminal Court (KONCICC)24.   Lawyers’ Rights Watch Canada25.   Libya Crimes Watch (LCW)26.   No Peace Without Justice27.   The Nuhanovic Foundation28.   Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)29.   Platform for Peace and Humanity30.   Refugees in Libya31.   Rights for Peace32.   Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center33.   StoptheDrugWar.org34.   Students for Global Democracy Uganda35.   Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)36.   Women’s Initiatives for Gender Justice37.   World Organisation Against Torture (OMCT)38.   World Without GenocideEl informe de amicus curiae contó con la inestimable ayuda de la secretaría de la Coalición por la Corte Penal Internacional, cuyo informe sobre las sanciones estadounidenses Criminalising Accountability: The US lawfare against the international justice system sirvió de referencia clave.Las organizaciones (amici) fueron representadas por Mascarenhas Law PLLC.

11. El desahucio de Maricarmen es una vulneración de derechos humanos resultado del fracaso de las instituciones del estado español

    Hoy se ha producido el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, en silla de ruedas y que siempre, siempre, ha pagado su alquiler. Esta expulsión es el resultado de un sistema que antepone los intereses especulativos de un fondo buitre al derecho de Maricarmen de continuar en su casa de toda la vida.Este desahucio es ilegal, tal y como lo ha considerado la ONU, al tratarse de una persona con discapacidad y sin recursos para costearse una alternativa habitacional en este contexto de precios de alquiler desbocados.Que hoy Maricarmen haya sido desalojada es el resultado del fracaso de las instituciones del estado español:Es responsabilidad de PP, Vox y Junts por haber tumbado el pasado mes de enero el Real Decreto que habría impedido el desahucio de miles de personas vulnerables como Maricarmen.Es, también, responsabilidad del gobierno central, que lleva meses retrasando la aprobación de un nuevo Real Decreto que proteja a nuestros vecinos y vecinas de la especulación de los fondos de inversión.Es responsabilidad de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, que han dado la espalda a Maricarmen y no han planteado alternativas residenciales para que hoy ella no se quedara desamparada y en la calle.Por último, es responsabilidad de la Justicia y el Ministerio del Interior al no haber dado cumplimiento a las medidas cautelares de Naciones Unidas de suspensión del lanzamiento y  desplegado un dispositivo policial completamente desproporcionado, ejerciendo con violencia ante quienes protegían a Maricarmen e impidiendo a los medios de comunicación ejercer su derecho a la libertad de prensa.Es urgente que se tomen medidas valientes de forma inmediata. Desde la caída de la moratoria antidesahucios en enero no hay ninguna medida que proteja a las familias vulnerables y se calcula que entre este año y el próximo vencerán más de un millón y medio de contratos de alquiler. Desde hace meses el gobierno de España tiene paralizado un decreto que podría volver a levantar el escudo social con nuevas moratorias de desahucios y las prórrogas obligatorias del alquiler. El caso de Maricarmen no es un caso aislado, es solo un retrato más del sufrimiento que viven miles de hogares en España ante el que las instituciones, a parte de lamentar lo sucedido ante la prensa, tienen que actuar.Ante esto, el movimiento de vivienda llama a seguir luchando y a llenar las calles en defensa de Maricarmen y de todas las vecinas inquilinas que sufren cada día las consecuencias de un sistema injusto.Por ello, desde la Plataforma #Niundesahuciomás llamamos a participar en unas concentraciones que se están convocando hoy 23 de septiembre a las 19 h en toda España para demostrar que no nos van a parar, que estamos y estaremos enfrente hasta que se garantice el derecho a una vivienda digna.A continuación mostramos las ciudades donde se han convocado concentraciones:Ávila, Plaza del Mercado Grande.Barcelona, frente a la Delegación del Gobierno en Av. del Marquès de l'Argentera, 2Cádiz, frente a la Subdelegación del Gobierno en C. Barcelona, 1.Madrid, frente al Ático de Ayuso, en el Paseo del General Martínez Campos, 35Oviedo, frente a la Delegación del Gobierno, en la Plaza de España, 6.Sevilla, Setas de la Encarnación.Valencia, frente a la Delegación del Gobierno, en la Plaza Temple, 1.

12. Venezuela: A tres meses del doble terremoto sigue ausente una respuesta centrada en derechos humanos

    El 24 de junio de 2026, dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 grados sacudieron el norte de Venezuela y provocaron una de las catástrofes más graves registradas en el país en las últimas décadas. De acuerdo con cifras oficiales, se registraron 6,509 personas fallecidas y 60,785 viviendas impactadas que fueron evaluadas, de las cuales 11,001 fueron clasificadas de alto riesgo.  “A tres meses de estos eventos, queda una deuda hacia las personas damnificadas que debe saldarse enfocando la recuperación en sus derechos humanos y en su dignidad”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Los terremotos golpearon a una población que ya enfrentaba una emergencia humanitaria compleja, graves dificultades para acceder a derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la salud, la alimentación, la vivienda y el trabajo, así como una política de represión sistemática y generalizada que ha empujado a al menos el 25% de la población venezolana a huir del país desde 2015 en búsqueda de protección internacional. Amnistía Internacional entrevistó a 21 personas directamente afectadas en Caracas y en La Guaira entre el 23 de julio y el 14 de agosto de 2026. Las personas entrevistadas mencionaron que la respuesta de las autoridades venezolanas fue tardía y poco coordinada. Fueron familiares y vecinos quienes removieron escombros con sus manos o con herramientas improvisadas mientras solicitaban maquinaria pesada, personal especializado y perros de búsqueda. También reportaron que, aunque hubo un amplio despliegue de cuerpos policiales, militares y de inteligencia, sus labores se enfocaron a la vigilancia y control territorial, en lugar de participar directamente en operaciones de rescate o localización de personas desaparecidas.Falta de información y cifras que no coinciden La información pública brindada por las autoridades venezolanas se ha caracterizado por la opacidad y falta de transparencia. Hasta ahora, no se han publicado cifras oficiales sobre personas desaparecidas, bajo el argumento de querer evitar especulaciones. La única estimación oficial la realizó el gobernador del estado La Guaira que ubicó la cifra en 1579 personas desaparecidas.  Ante la ausencia de estos datos, iniciativas ciudadanas independientes han contabilizado más de 41,000 reportes de personas desaparecidas. A pesar de los valiosos esfuerzos, se han encontrado errores y duplicidad de nombres en estos registros, por lo que las cifras oficiales son esenciales. También existen grandes diferencias entre los registros de personas fallecidas. El gobernador del estado La Guaira expresó que se estimaban 7,265 personas fallecidas, mientras que las cifras del gobierno nacional en su última actualización, el 24 de agosto, daban un total de 6,509 víctimas mortales por la tragedia. Además, los datos disponibles no están desagregados por sexo, edad, ubicación u otras características esenciales, lo que impide identificar los impactos diferenciados de los terremotos y diseñar respuestas adecuadas para niñas y niños, personas mayores, mujeres, personas con discapacidad y otras poblaciones que pueden requerir medidas específicas de protección y atención.Familias obligadas a buscar por sus propios medios Durante las entrevistas realizadas por Amnistía Internacional se reportó escaso acompañamiento institucional y falta de información sobre los mecanismos a los cuales acudir para conocer el paradero de sus familiares o las acciones emprendidas por las autoridades.Las familias han realizado gestiones por su propia cuenta, en instituciones públicas, morgues, hospitales y edificios colapsados, han colocado carteles con fotografías de sus seres queridos en lugares estratégicos; como hospitales y refugios temporales; difundieron información en redes sociales y, junto con organizaciones de la sociedad civil, crearon bases de datos y plataformas digitales para intentar localizar a quienes siguen desaparecidos."Mis niños [nietos de 13 y 14 años] siguen sin aparecer. Yo tengo mucha fe de que a los niños se los llevaron a otro refugio, a otro estado, que están vivos"; en ningún momento han dicho que van a prestar ayuda para buscar, no, en ningún momento”. Persona entrevistada por Amnistía Internacional.La incertidumbre de no saber si sus seres queridos están vivos, si sus cuerpos fueron recuperados o si podrán darles sepultura conforme a sus costumbres y creencias ha generado una profunda angustia. Manejo de cuerpos y restos de personas fallecidasTambién hay miles de víctimas fallecidas que no han sido identificadas y que siguen siendo procesadas en morgues improvisadas, sin protocolos claros y sin que sus familiares y seres queridos conozcan a qué autoridades dirigirse para buscar y recuperar sus cuerpos y/o restos. Las personas entrevistadas que han buscado a sus familiares en Los Silos, un sector dentro del puerto de La Guaira que se asignó como morgue provisional, describieron procedimientos poco claros y la ausencia tanto de información centralizada sobre la búsqueda, recuperación e identificación, como de las herramientas disponibles al resultar necesarias pruebas genéticas u otros métodos de identificación. Algunas señalaron que debían revisar en una tableta digital numerosas fotografías de cuerpos, varios de ellos irreconocibles, y que, en ciertos casos, intentaron identificar directamente cuerpos y restos en bolsas. Estos relatos plantean serias preocupaciones sobre la dignidad de los procedimientos y el acompañamiento ofrecido a las familias.Una mujer que esperaba los resultados de una prueba de ADN señaló: “me dijeron que tenía que seguir esperando porque son muchos fallecidos y que me acuerde de la tragedia de Vargas [deslaves ocurridos en 1999] que todavía hay familiares que buscan a los desaparecidos, imagínese cómo me siento”. Otras personas dijeron que acudían varias veces por semana a Los Silos y a distintas instituciones con la esperanza de obtener información. Adicionalmente, se resaltó la falta de apoyo psicológico durante estos procesos. Algunas personas manifestaron haber recibido los cuerpos de sus familiares incinerados, generándoles desconfianza sobre su identificación.“No confío, porque a veces yo digo que esos muertos los pueden cremar todos juntos y echar las cenizas. Yo a veces pienso eso”. Persona entrevistada por Amnistía Internacional.Pérdidas materiales y falta de soluciones duraderasDe acuerdo con cifras oficiales, al 5 de julio se reportaban 17,345 personas que habían perdido su vivienda. Algunas se alojaron con familiares o personas cercanas, otras acudieron a los refugios temporales establecidos por el gobierno y otras optaron por permanecer cerca de sus viviendas en carpas instaladas por cuenta propia. “Porque tampoco le pueden decir a uno: te van a llamar para que te vayas para allá, para Matusalén [queriendo implicar un sitio muy lejano], ¿y tu terreno de aquí? ¿qué va a pasar con el terreno de aquí? ¿quién lo va a cuidar? ¿quién lo va a mirar? Si uno no está sobre lo de uno, vamos a estar claro que no nos van a resolver nada”. Persona entrevistada por Amnistía Internacional.Las autoridades implementaron un sistema de evaluación de daños mediante etiquetas rojas (se restringe su ingreso), amarillas (de uso moderado) y verdes (completamente habitables) en las fachadas de las viviendas. Las personas entrevistadas que fueron afectadas mencionaron haber sido incorporadas a censos oficiales y registradas, entre otros mecanismos, mediante el Sistema Patria, una plataforma digital oficial que administra y distribuye los programas sociales. Sin embargo, estas personas no contaban con suficiente claridad sobre el propósito y alcance de este procedimiento, los criterios utilizados para la asignación de viviendas, ni los plazos previstos para ofrecer soluciones habitacionales permanentes. “Mi casa está marcada en amarillo, pero mi casa está en alto riesgo porque se fueron dos paredes y aparte todas las columnas colapsaron y el piso se levantó. O sea, hay un desnivel allí en el piso. [...] Yo no me puedo meter con dos personas adultas más dos niños en esa casa así”. Persona entrevistada por Amnistía Internacional.La falta de certeza sobre el carácter temporal o permanente de las soluciones habitacionales se suma a la pérdida de fuentes de ingreso. Las personas entrevistadas señalaron que la destrucción de lugares de trabajo y la reducción del turismo han limitado la capacidad de recuperación de numerosas familias.“Toda la semana nos ofrecen que nos van a dar un material [de construcción], que nos van a resolver y no nos resuelven nada. Entonces ya esto está de verdad saliéndose de control, porque ya las personas estamos un poco ya cansadas, saturadas de tantas promesas”. Persona entrevistada por Amnistía Internacional.Acceso discrecional para organizaciones de la sociedad civil a refugios temporales La respuesta estatal incluyó la instalación de campamentos y refugios temporales en instalaciones educativas, deportivas y otros espacios públicos, pero el funcionamiento de estos espacios no ha sido estandarizado, dejando a las personas en incertidumbre al no existir protocolos específicos de su funcionamiento y no conocer fechas de cierre de los mismos.Por su parte, organizaciones de la sociedad civil reportaron a Amnistía Internacional la ausencia de un mecanismo único de acceso a los refugios para brindar asistencia humanitaria. Las autorizaciones variaban según el refugio y la relación de cada organización con las autoridades, lo que retrasó la atención en algunos lugares. También reportaron la falta de protocolos para atender a poblaciones en situación de vulnerabilidad, incluidas niñas y niños, así como una distribución descoordinada de la ayuda, al ser desproporcional los servicios y ayudas que se brindaban de un refugio temporal a otro. La ley anti-ONG obstaculiza la respuesta de la sociedad civil El funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil ha sido limitado a partir de la publicación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro (Ley anti-ONG) y las recientes publicaciones de dos circulares por parte del Ministerio de Interior y Justicia, ya que, al imponer obstáculos legales y financieros a las organizaciones se ha retrasado o incluso anulado su capacidad de brindar ayuda.  A esto se le suma que las financiadoras y la cooperación internacional suelen solicitar a las organizaciones contar con el registro establecido en la ley para poder acceder a financiamiento. Al respecto, un representante de una organización no gubernamental expresó “El registro lo piden donantes, financiadoras, e incluso los bancos. Para cualquier trámite te piden el acta. Hay una burocracia administrativa gigante, todos los organismos y las financiadoras, lejos de flexibilizar, ponen más requisitos y trabas administrativas, a pesar de estar en un contexto de emergencia”.Conclusiones y recomendaciones“Si bien los terremotos son una tragedia inevitable, las violaciones a derechos humanos derivadas de ellos sí son prevenibles. Las autoridades venezolanas deben garantizar los derechos de todas las personas afectadas” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.  Amnistía Internacional insta a las autoridades venezolanas a garantizar la transparencia y asegurar que todas las personas impactadas por los terremotos, así como las organizaciones trabajando para brindar asistencia humanitaria tengan acceso a la información.  Las autoridades deben publicar información actualizada sobre los plazos, criterios y tipos de apoyo que prestan a las víctimas, así como la forma de acceder a ellos. Esta información debe presentarse en un formato accesible para todas las personas. Las autoridades también deben facilitar información detallada sobre las personas que han perdido la vida a causa de los terremotos, las personas desaparecidas y las medidas que se están adoptando para informar a las familias. Toda la información debe desglosarse por género, edad y otros factores relevantes. Asimismo, las autoridades deben generar un registro único de víctimas al que la población pueda acceder y que garantice el acceso a viviendas y apoyos gubernamentales sin discriminación.A la vez, las autoridades deben publicar un plan de reconstrucción de viviendas afectadas, así como delegar en una autoridad específica la gestión de este plan; brindar atención médica, incluyendo la psicológica, a las personas que lo requieran, en especial a familiares de personas desaparecidas y fallecidas; publicar de manera inmediata los protocolos de la atención en refugios temporales, así como facilitar el acceso de periodistas y organizaciones de derechos humanos; y derogar de inmediato la ley anti-ONG para propiciar las iniciativas de solidaridad comunitaria y social.

13. Europa: La participación de Israel en la Liga de Naciones de la UEFA es una traición a los palestinos y palestinas, a las propias reglas del fútbol y a los derechos humanos

    Ante los partidos iniciales de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA masculina 2026/27, en los que Austria, Irlanda y Kosovo jugarán contra Israel durante la ventana de partidos internacionales que va del 24 de septiembre al 6 de octubre, Steve Cockburn, director regional de Amnistía Internacional para Europa, ha manifestado:“Es inconcebible que el equipo masculino de fútbol de Israel participe en la Liga de Naciones de la UEFA este otoño a pesar de existir pruebas evidentes de que la Federación Israelí de Fútbol continúa apoyando los asentamientos ilegales.”“En lugar de hacer llegar claramente el mensaje de que la ocupación ilegal del Territorio Palestino Ocupado (TPO) y los atroces crímenes contra la población palestina tienen un coste para Israel, la UEFA está ofreciendo a este país una plataforma internacional mientras mantiene su brutal ocupación de los TPO, su sistema de apartheid sobre todos los palestinos y palestinas y continúa con su genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza.”“La UEFA y la FIFA deberían haber suspendido hace tiempo a la Federación Israelí de Fútbol (IFA) por negarse a excluir a los clubes radicados en los asentamientos ilegales en el TPO. El hecho de que estos clubes sigan participando en las ligas israelíes constituye una flagrante violación de los estatutos de la FIFA y es contrario al derecho internacional. Mientras el dinero de la FIFA y la UEFA siga llegando a la IFA, ambas organizaciones se arriesgan a contribuir a la sostenibilidad de los asentamientos ilegales y de la ocupación ilegal de los TPO por parte de Israel, y, por tanto, a las violaciones de los derechos humanos de los palestinos y palestinas perpetradas por Israel.”“Las decisiones y opiniones de los tribunales internacionales, y las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU de las últimas décadas, han condenado en reiteradas ocasiones a Israel por sus múltiples y atroces violaciones”.“El deporte jamás debe ser utilizado como un espectáculo de relaciones públicas de Estados que cometen atrocidades.”“Mientras dirigentes políticos y autoridades deportivas optan por permanecer al margen, contribuyendo a la impunidad de Israel, las aficiones saltan al campo para exigir rendición de cuentas, justicia y juego limpio. Cuando se rompen las reglas, cuando hay una ocupación, un apartheid y un genocidio en marcha, no podemos mirar para otro lado.”Información complementariaEl equipo masculino de fútbol de Israel participará en los partidos de la próxima fase de grupos de la quinta edición de la Liga de Naciones de la UEFA. Los partidos de la fase de grupos se disputarán en dos rondas: los primeros cuatro entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre, y después otros dos entre el 12 y el 17 de noviembre de 2026. Israel forma parte de la Liga B de esta agrupación, junto con Austria, Irlanda y Kosovo.La campaña “Stop the Game” aglutina una fuerte oposición de la opinión pública contra la participación de Israel en competiciones de fútbol en Irlanda. Varias federaciones de fútbol, jugadores, activistas, sindicatos, artistas y figuras políticas han pedido sanciones, el boicot o la suspensión de los partidos entre Irlanda e Israel previstos para el 27 de septiembre y el 4 de octubre.La Federación Irlandesa de Fútbol (FAI) presentó oficialmente una petición a la UEFA para que considerara la suspensión de Israel de las competiciones de la UEFA. Sin embargo, la UEFA ha aprobado el programa de partidos de la Liga de Naciones y el uso de “sedes neutrales” que no sean Israel ni Irlanda cuando sea necesario. Está previsto que los partidos entre Irlanda e Israel tengan lugar en “sedes neutrales” de Hungría y Serbia, a puerta cerrada, sin la presencia de público en los estadios.En octubre de 2025, Amnistía Internacional solicitó por escrito a la FIFA y la UEFA la suspensión de la Federación Israelí de Fútbol (IFA) a menos que los clubes radicados en asentamientos ilegales en Territorio Palestino Ocupado fueran excluidos de inmediato de las ligas nacionales israelíes.En marzo de 2026, la FIFA anunció que no emprendería ninguna acción contra la IFA respecto a la participación de clubes radicados en asentamientos ilegales en las ligas nacionales israelíes. Con su postura, la FIFA está legitimando indirectamente la ocupación ilegal llevada a cabo por Israel y sus graves violaciones de los derechos humanos de palestinos y palestinas, incluido el crimen contra la humanidad de apartheid, y arriesgándose a contribuir a ellos. Además, también está pasando por alto la Opinión Consultiva de 2024 de la Corte Internacional de Justicia.Ante la decisión de la FIFA de rechazar sus denuncias sobre los clubes radicados en asentamientos israelíes, la Federación Palestina de Fútbol presentó recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.El reciente informe de Amnistía Internacional Borrado de todo lo palestino: Limpieza étnica de comunidades beduinas y dedicadas al pastoreo perpetrada por Israel en Cisjordania, expone cómo el actual gobierno israelí ha hecho de la formalización de la anexión de tierras palestinas en el territorio palestino ocupado ilegalmente una política de Estado explícita, cuya aplicación ha impulsado drásticamente utilizando, entre otras cosas, la violencia de los colonos respaldada por el Estado.

14. Ecuador: La militarización continúa y las Fuerzas Armadas siguen sin colaborar

    A un año del lanzamiento del informe ‘Son militares, yo los vi’, que documentó la desaparición forzada de 10 personas de la costa ecuatoriana, entre ellas seis menores de edad, en el contexto del llamado Plan Fénix del presidente Daniel Noboa, ha habido algunos avances importantes. No obstante, la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas en las investigaciones penales y la profundización de la política de militarización de la seguridad pública continúan siendo los principales obstáculos para que todas las familias de las víctimas accedan a la verdad, la justicia y la reparación, y para que se garantice la no repetición de estos crímenes, declaró hoy Amnistía Internacional.  “Los avances logrados durante el último año demuestran que es posible dar respuesta a la exigencia de verdad y justicia de las familias, la sociedad civil y los mecanismos internacionales. Pero esos avances siguen siendo insuficientes mientras muchas de esas familias continúen sin saber qué ocurrió con sus seres queridos y las autoridades militares sigan sin entregar información esencial para las investigaciones”, dijo Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional. En diciembre de 2025, una corte de primera instancia condenó a 16 militares por la desaparición forzada de cuatro niños del sector de las Malvinas, al sur de la ciudad de Guayaquil. En febrero de 2026, la Corte Constitucional emitió una sentencia histórica que obligó al comandante de la Fuerza Aérea a emitir disculpas públicas para las familias de los niños, en un evento que fue transmitido en vivo. A su vez, en mayo de 2026, un juez ratificó que Dave Loor y Juan Santillán habían sido víctimas de desaparición forzada, como parte de la resolución de un habeas corpus presentado por sus familias, que había sido apelado por las Fuerzas Armadas. Entre enero y agosto de 2026, a raíz de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos humanos en favor de 26 personas desaparecidas y seis mujeres buscadoras, la Fiscalía General del Estado instaló mesas de trabajo en las provincias de Guayas y Los Ríos, donde se concentran el mayor número de desapariciones forzadas en el país. Las mesas tienen por objetivo facilitar el dialogo entre diversas autoridades y las familias de las víctimas, para así agilizar la búsqueda de las personas desaparecidas y las investigaciones penales. La incidencia de las familias de las víctimas, el acompañamiento de la organización local Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CDH Guayaquil), y la movilización internacional han sido clave para todos estos logros. A pesar de los avances, el paradero de la gran mayoría de víctimas de desapariciones forzadas continúa sin conocerse y sus familias continúan esperando respuestas. El principal obstáculo continúa siendo la falta de cooperación del Ministerio de Defensa con las investigaciones penales, a cargo de la Fiscalía General del Estado. En particular, el Ministerio se ha negado a compartir información sobre los operativos de seguridad tras los cuales desaparecieron las víctimas, alegando que dicha información es confidencial.  El CDH Guayaquil presentó en septiembre un recurso ante la Corte Constitucional solicitando la desclasificación de la información. Amnistía Internacional respalda esta iniciativa y recuerda que la clasificación de información sobre violaciones de derechos humanos es contraria a las obligaciones de derecho internacional asumidas por Ecuador y los estándares internacionales, al vulnerar el derecho a saber la verdad de las víctimas y sus familias.  Por su parte, las familias enfrentan constantemente el reto de ver sus derechos respetados y han sufrido nuevas violaciones. Varias han denunciado hostigamientos y actos de intimidación por parte de las Fuerzas Armadas. Esto, a pesar de que la mayoría forma parte del sistema de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General del Estado.  Además, durante 2026, Ecuador ha profundizado su cooperación en materia militar y de seguridad con Estados Unidos para el combate al narcotráfico. Esto ha derivado en nuevas denuncias sobre posibles violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional en operaciones conjuntas y en operaciones presuntamente lideradas por autoridades estadounidenses. Amnistía Internacional documentó el ataque a una embarcación ecuatoriana en este contexto, de la cual aún se desconoce el paradero de sus tripulantes. “El Estado debe garantizar verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y sus familias, y revertir una estrategia de seguridad militarizada que ha demostrado ser ineficiente para reducir los índices delictivos, y ha estado acompañada de graves violaciones de derechos humanos. Solo con pleno respeto a los derechos de las personas podrá construirse un Ecuador más seguro,” dijo Ana Piquer. Amnistía Internacional reitera su llamado a las autoridades ecuatorianas a garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación de todas las familias de desapariciones forzadas, recordando que éste es un crimen de derecho internacional. Asimismo, la organización reitera su llamado a revertir el enfoque militarizado de la seguridad pública. Dicho enfoque no ha sido efectivo para reducir la violencia en el país y, por el contrario, ha facilitado la comisión de graves crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos. 

15. República Democrática del Congo: Combatientes del M23 cometieron abusos contra mineros y traficaron con oro y coltán hacia Ruanda

    Combatientes del Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda, han cometido terribles abusos contra los derechos humanos de mineros artesanales en el este de República Democrática del Congo (RDC), al tiempo que han facilitado el tráfico de oro y coltán a la vecina Ruanda con la ayuda de las autoridades ruandesas, ha afirmado Amnistía Internacional en un nuevo informe.República Democrática del Congo: “No hemos venido a jugar”. Abusos cometidos por el M23 en las minas artesanales y tráfico de oro y coltán hacia Ruanda, documenta los abusos cometidos por el M23, incluidas ejecuciones sumarias, tortura y malos tratos, detención arbitraria, trabajo forzoso y reclutamiento forzoso. El informe revela que combatientes del M23 obligaron a mineros a extraer minerales, en muchos casos obligándoles a trabajar bajo tierra durante más de una semana sin interrupción en minas de coltán cerca de Rubaya, en la provincia de Kivu septentrional, y Lomera, una explotación minera en la provincia de Kivu meridional. Estos abusos pueden ser constitutivos de crímenes de guerra, que son crímenes de derecho internacional.“El M23, respaldado por Ruanda, está cometiendo en el este de República Democrática del Congo terribles abusos contra los derechos humanos que pueden ser constitutivos de crímenes de guerra. Con ello pretenden castigar e infundir miedo entre los mineros y otras personas que viven y trabajan cerca de las minas, mientras los minerales son objeto de tráfico cruzando la frontera con Ruanda, que ha seguido beneficiándose de la explotación de las riquezas minerales de República Democrática del Congo”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.“La Unión Africana y sus Estados miembros deben tomar medidas mucho más audaces que las adoptadas hasta ahora para poner fin al presumible saqueo impulsado por la insaciable apetencia internacional de minerales críticos de África. La falta de unidad contra estos saqueos y los terribles abusos que de ellos se derivan no hará sino animar a otros a hacer lo mismo.”“Los actores internacionales deben poner fin a su silencio en torno a las atrocidades del M23, al tráfico ilícito de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y a la responsabilidad de Ruanda. Deben hacer rendir cuentas a los responsables de estos actos, incluidas las autoridades gubernamentales ruandesas.”Amnistía Internacional pide a todos los países y empresas que dejen de comprar coltán y oro a Ruanda —o a empresas de transformación y refinerías de terceros países que compran estos minerales a proveedores de Ruanda— hasta que el gobierno de este país aporte pruebas concretas de que ha puesto fin a la recepción de coltán y oro objeto de tráfico desde República Democrática del Congo. Las autoridades de Ruanda también deben garantizar que las personas ruandesas, armadas o no, no estén presentes ni desempeñen papel alguno en los abusos que se cometen en las explotaciones mineras de Lomera y Rubaya. Amnistía Internacional pide además a Estados Unidos y a los países miembros de la Unión Europea (UE) que no cierren ningún acuerdo de actividad minera relativo a la mina de Rubaya u otras minas controladas por el M23 en República Democrática del Congo a menos que se permita el acceso pleno y sin trabas de observadores y observadoras de derechos humanos internacionales y de organizaciones de supervisión internacionales independientes.El M23 controla decenas de minas artesanales en Kivu septentrional y Kivu meridional, donde decenas de miles de personas dependen de ellas para obtener ingresos. El grupo controla estrictamente el acceso a estas minas, que no cuentan con supervisión internacional independiente.Amnistía Internacional entrevistó a 26 personas, entre las que había mineros artesanales, expertos en minería, propietarios de explotaciones mineras y familiares de víctimas. El equipo de investigación también analizó fotografías y pruebas videográficas de explotaciones mineras.Los testimonios indican la presencia de personas de nacionalidad ruandesa en Rubaya y Lomera. En Rubaya, los mineros dijeron que personas ruandesas desempeñan un doble papel como mineros civiles o directivos de las explotaciones, pero también participan en las hostilidades cuando es necesario junto con combatientes del M23. En Lomera y Rubaya, los guardias de seguridad, algunos de los cuales han sido identificados como ruandeses y hablaban kinyarwanda, la lengua de Ruanda, colaboran con el M23 y han golpeado e infligido malos tratos a mineros.Ni el M23 ni las autoridades gubernamentales ruandesas han respondido a la solicitud de comentarios de Amnistía Internacional. Abusos contra los derechos humanos en las minasLa organización documentó la ejecución sumaria de 18 mineros artesanales en las minas de Rubaya y Lomera. Según testigos y familiares, a 10 los mataron a golpes, dos murieron por disparos y seis mineros secuestrados fueron hallados sin vida más tarde.Una de las víctimas mortales fue Evariste*, de 22 años, esposo y padre de una niña de un año.Un testigo presencial dijo:“Cuando vimos a Evariste*, tenía muchos dolores. No tenía fuerza para hablar. No podía ponerse de pie. Tenía todo el cuerpo ensangrentado”.Otro minero, que fue testigo de la muerte a golpes de su hermano, señaló:“Lo golpearon en el pecho con una piqueta, y cuando denuncié al hombre que lo mató a golpes, [combatientes del M23] me metieron en la cárcel. Me impusieron un castigo de dos semanas sin salario en la explotación minera. Dije a la gente que quería llevar [su cuerpo] a nuestra familia. Lo enterraron como a un animal [en la galería de la mina]”.Un total de 16 personas —mineros o civiles— que vivían cerca de las minas relataron cómo habían sido torturadas o sometidas a malos tratos por combatientes del M23 o guardias de seguridad que colaboran con ellos. Algunos mineros recibieron palizas tan brutales que perdieron el conocimiento. Los mineros explicaron a Amnistía Internacional que los golpeaban si pedían descansos, se negaban a entregar minerales, o por infracciones menores.Un supervisor minero relató cómo combatientes del M23 atacaron a uno de sus empleados: “Cuando salimos del yacimiento con la arena mineralizada, había cinco [combatientes del M23] bien armados y tres que no lo estaban. Dijeron: “No hemos venido a jugar. Si se resisten [a entregarnos la tierra con contenido aurífero], los mataremos”.Cerca de la mina de Rubaya, el M23 utiliza tres contenedores de mercancías como celdas de detención. Una persona entrevistada dijo que podía oír los alaridos de los detenidos cuando los torturaban dentro de los contenedores. “Es preferible morir a estar detenido allí”, dijo.En Lomera, el M23 detuvo a cuatro hombres, los acusó de comunicarse con las autoridades de Kinshasa y los consideró sospechosos de vinculación con el grupo armado Wazalendo.Una víctima dijo a Amnistía Internacional que el supervisor del centro de detención le dijo:“Te mataré y luego te pondré un arma y diré que eras de los Wazalendo”.Amnistía Internacional también ha documentado el uso de las celdas de detención subterráneas conocidas como ndake. Más de 20 mineros que trabajaron en la mina de Rubaya estuvieron recluidos en un ndake y eran golpeados tres veces al día por combatientes del M23.El informe también expone en detalle cómo el M23 utiliza las minas como lugares de reclutamiento forzoso. Siete mineros relataron cómo el M23 detenía a mineros y amenazaba con enviarlos a centros de adiestramiento militar del grupo si no pagaban rescates por su liberación.Tráfico de minerales a RuandaAmnistía Internacional halló pruebas del tráfico de oro desde zonas controladas por el M23 hacia Ruanda a través de rutas de contrabando bien establecidas.Testimonios de mineros, representantes de la actividad minera y otras personas que trabajaban en Lomera, así como datos reunidos por el Laboratorio de Pruebas de Amnistía Internacional, confirmaron que tierras con contenido aurífero de Lomera eran cargadas en barcos en el puerto de Lomera. Sacos de tierra con contenido aurífero de República Democrática del Congo llegaron en barco a un “puerto de arena”, un punto de recogida de arena utilizada en la construcción, en Kamembe, una localidad de la provincia Occidental de Ruanda.Un minero congoleño que trabajó en Lomera dijo: “Yo estaba allí por la noche. Me escondí y vi que [el M23] envió tres grupos [...] a diferentes explotaciones. Recogían la arena mineralizada [tierra con contenido aurífero] y la llevaban cerca del lago. [...] Cuando llegaban, la cargaban en barcos pequeños y la enviaban a Ruanda.”Otro minero de Lomera señaló:“Vimos [cómo cargaban barcos]. Cargados de robotas [sacos de tierra con contenido aurífero]. Lo hacían muy temprano por la mañana. Cada mañana, llegaban con comerciantes de Ruanda. Y los mismos barcos llegaban por la noche.”Amnistía Internacional cree que el expolio de oro y coltán que lleva a cabo el M23 puede ser constitutivo del crimen de guerra de saqueo.Dadas las importantes cantidades de oro y coltán que se trafican hacia Ruanda —a menudo con la complicidad de dirigentes ruandeses y del M23—, es probable que la propia Ruanda participe directamente en el saqueo de los recursos de República Democrática del Congo.“Esta investigación debe servir de llamada de atención a Ruanda de que personas ruandesas pueden incurrir en responsabilidad penal internacional por facilitar el tráfico de minerales saqueados a Ruanda”, ha afirmado Agnès Callamard. “Ruanda también puede incurrir en responsabilidad del Estado por los terribles abusos contra mineros si las personas ruandesas que están en las minas actúan bajo la dirección o el control de Ruanda, aunque no sean empleadas del gobierno.”Responsabilidad de las empresasLas normas internacionales establecen expectativas claras de que los Estados y las empresas prevendrán y abordarán los daños a los derechos humanos vinculados a las actividades mineras. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se extiende más allá de quienes intervienen en la extracción de minerales, a todas las personas que actúan a lo largo de la cadena de suministro.“La brutalidad de los crímenes que se detallan en este informe debería ser una advertencia para todas las empresas que compran minerales a Ruanda. Es probable que estos minerales hayan sido objeto de tráfico hacia Ruanda desde el este de República Democrática del Congo, donde los mineros son víctimas de terribles abusos a manos del M23, respaldado por Ruanda”, ha manifestado Agnès Callamard.“El peso de las pruebas obtenidas por Amnistía Internacional y otros medios implica que las empresas no pueden alegar ignorancia. Es probable que su compra de minerales procedentes de Ruanda —y de las fundiciones que los compran a Ruanda— contribuya a los abusos contra los derechos humanos cometidos por el M23 en Rubaya y Lomera. Las empresas pueden incurrir en responsabilidad penal por complicidad en crímenes de guerra.”*Nombres ficticios para proteger la identidad de las personas entrevistadas

16. El Departamento de Estado de Estados Unidos debe revocar su decisión de prohibir la asistencia de la delegación palestina al periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York

    En reacción a una declaración hecha ayer por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la que se anunciaba que por segundo año consecutivo se prohibía al Estado de Palestina, incluido su presidente Mahmoud Abbas, asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, la directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, ha afirmado:“El Departamento de Estados de Estados Unidos debe revocar su decisión de denegar el visado a una delegación de alto nivel del Estado de Palestina para asistir al 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La declaración del Departamento de Estado lo deja claro: con esta decisión se persigue castigar al Estado de Palestina por buscar justicia internacional y rendición de cuentas ante instituciones internacionales, incluidas la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Esta medida es parte de una campaña incesante de represalias contra el concepto mismo de la justicia internacional”.“La negativa a respetar y defender el derecho internacional, por un lado, y el ataque que se libra —mediante la imposición de sanciones unilaterales, entre otros medios— contra las personas o los grupos de derechos humanos que promueven la justicia internacional, por otro, así como el absoluto desprecio hacia las órdenes vinculantes y las opiniones consultivas de la CIJ, las órdenes de detención emitidas por la CPI y las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU, socavan de manera flagrante el orden jurídico internacional”.“A medida que más Estados miembros adoptan por fin medidas para poner fin al comercio con los asentamientos ilegales israelíes —medidas necesarias desde hace tiempo aunque aún notablemente insuficientes—, estos también deben oponerse con firmeza a los intentos de Estados Unidos de desmantelar la justicia internacional y el multilateralismo sobre el que se asienta el sistema de las Naciones Unidas”.“Decisiones como estas, que constituye una violación flagrante del Acuerdo relativo a la Sede de las Naciones Unidas, sientan un precedente peligroso en el que Estados Unidos instrumentaliza su posición privilegiada como país anfitrión de la ONU para imponer restricciones arbitrarias a la asistencia a las reuniones de la Asamblea General y otros órganos de la ONU.“Amnistía Internacional reitera su petición a Estados Unidos de revocar de inmediato y sin condiciones las sanciones que ha impuesto en relación con la CPI o a personas y grupos de derechos humanos que defienden la justicia internacional, incluidas las sanciones impuestas a jueces y juezas de la CPI, a organizaciones de derechos humanos palestinas y a la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado. En lugar de erosionar el derecho internacional, EE. UU. debe aprovechar su inmensa capacidad de influencia para ejercer presión sobre Israel y exigirle que ponga fin a su ocupación ilegal de territorio palestino, que desmantele su sistema de apartheid y que ponga fin al genocidio de la población palestina que está llevando a cabo en la Franja de Gaza ocupada”.

17. Kosovo: Las declaraciones de culpabilidad, incluida la del expresidente, por crímenes de guerra “demuestran que los altos cargos no están por encima de la ley”

    En respuesta a las declaraciones de culpabilidad por crímenes de guerra dictadas contra Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi y Jakup Krasniqi por el Tribunal Especial para Kosovo, Esther Major, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Europa, ha declarado:“Estas sentencias ofrecen esperanza de que las víctimas y las familias de las personas desaparecidas vean finalmente cómo se hace justicia”.“Estas declaraciones de culpabilidad brindan esperanzas a miles de víctimas de la guerra de Kosovo que llevan más de dos decenios esperando para obtener justicia por los atroces crímenes cometidos contra ellas y para conocer la suerte corrida por sus seres queridos”.“Además, demuestran que los altos cargos no están por encima de la ley”.“Asimismo, traen consigo la esperanza de que no se tolerará ningún intento de obstaculizar la justicia, la verdad y la reparación, y que las víctimas y las familias de las personas desaparecidas verán finalmente cómo se hace justicia”.Información complementariaLa Sala de Primera Instancia del Tribunal Especial para Kosovo ha declarado a los cuatro ex altos cargos culpables de los crímenes de guerra de detención arbitraria de 385 personas, trato cruel de 49 personas, tortura de 303 personas, y asesinato de 96 personas.La Sala condenó a Hashim Thaçi a 25 años de prisión, a Kadri Veseli a 18 años, a Rexhep Selimi a 13 años y a Jakup Krasniqi a 25 años, a los que se restaría el tiempo ya pasado en prisión.Los cuatro fueron absueltos de los cargos de crímenes de lesa humanidad.Estas sentencias son decisiones en primera instancia, contra las que cabe recurso.

18. Irán: Los arquitectos de los crímenes de lesa humanidad cometidos para reprimir las protestas deben comparecer ante la justicia internacional para impedir nuevas masacres

    En un nuevo e histórico informe que se publica con motivo del cuarto aniversario del inicio del levantamiento Mujer, Vida, Libertad, Amnistía Internacional advierte de que los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos para sofocar brutalmente las protestas que se extendieron por todo Irán en 2022 siguen controlando hoy la mortífera maquinaria estatal de represión del país.El informe, Arquitectos de atrocidades: cómo la maquinaria estatal organizó crímenes de lesa humanidad en el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022 en Irán, de más de 1.000 páginas, detalla cómo las autoridades iraníes cometieron los crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura, desaparición forzada, encarcelamiento, violación y persecución por motivos políticos, de género, étnicos y religiosos para sofocar el levantamiento. Asimismo, documenta operaciones letales de represión de protestas y estructuras de mando, e identifica a 87 altos cargos que deben ser objeto de investigación penal por crímenes de lesa humanidad.Amnistía Internacional pide la creación urgente de un mecanismo de justicia penal internacional por parte de la Asamblea General de la ONU, con el fin de garantizar que las autoridades iraníes responsables de crímenes de lesa humanidad rindan cuentas y de impedir nuevas atrocidades, como las masacres a gran escala de manifestantes cometidas los días 8 y 9 de enero de 2026.Ante las hostilidades en curso tras los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel contra Irán, Amnistía Internacional reitera también su llamamiento en favor de un alto el fuego duradero y de investigaciones independientes sobre los ataques cometidos durante el conflicto. La organización pide a la ONU que aborde la rendición de cuentas por las violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional humanitario, incluidos posibles crímenes de guerra.“Las abundantes pruebas recopiladas y analizadas en nuestro informe no dejan lugar a dudas: las autoridades iraníes cometieron crímenes de lesa humanidad para sofocar el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022. Lanzaron un ataque generalizado y sistemático contra una población civil que exigía dignidad, derechos humanos y un cambio político fundamental, de conformidad con una política estatal de uso de fuerza letal para aniquilar la disidencia”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.“Nuestro informe revela también cómo los crímenes de lesa humanidad en Irán se sustentan en una arquitectura de impunidad integrada en los marcos constitucional, legislativo, político y judicial del país. El espantoso resultado ha sido la intensificación de los ciclos de homicidios masivos de manifestantes, que culminaron en las masacres de miles de manifestantes en tan sólo 48 horas, los días 8 y 9 de enero de 2026. La Asamblea General de la ONU debe poner fin a la inadmisible normalización de los homicidios masivos de manifestantes en Irán y crear un mecanismo de justicia penal internacional destinado a procesar a las personas más implicadas en crímenes de lesa humanidad.“Este informe se publica mientras la población de Irán se enfrenta también a las devastadoras consecuencias de los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel. Amnistía Internacional se opone inequívocamente a las violaciones del derecho internacional por todas las partes y rechaza cualquier intento de instrumentalizar el sufrimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos en Irán para justificar ataques ilegales que causan más daños a la población civil.“Durante años, la población iraní ha sufrido represión brutal, persecución e impunidad a manos de sus propias autoridades. Hoy, muchas personas soportan además el coste humano de la acción militar ilegal de Estados Unidos e Israel. Una respuesta basada en principios exige rechazar tanto la impunidad por los crímenes de lesa humanidad como el uso ilegítimo de la fuerza. La comunidad internacional debe aplicar estrategias diplomáticas centradas en las personas que sitúen en su núcleo la protección de la población civil, la prevención de atrocidades, la justicia y la rendición de cuentas. Tras más de seis meses de ataques aéreos que han causado muertos y heridos entre la población civil, han dañado el medio ambiente y han provocado una destrucción considerable de infraestructuras civiles, se necesita con urgencia un alto el fuego duradero, junto con investigaciones independientes y medidas de la Asamblea General de la ONU para abordar la rendición de cuentas por las violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional humanitario y los posibles crímenes de guerra cometidos por todas las partes en el conflicto”.El informe de Amnistía Internacional, publicado cuatro años después de que la muerte bajo custodia de Zhina Mahsa Amini a manos de la policía “de la moral” desencadenara protestas en todo el país, documenta cómo las autoridades iraníes movilizaron a fuerzas de seguridad equipadas con armas de fuego de uso militar y escopetas cargadas con perdigones de metal, y emitieron órdenes que facilitaron el homicidio ilícito de centenares de manifestantes y transeúntes, entre ellos decenas de niños y niñas. Los crímenes de lesa humanidad también incluyeron la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura u otros malos tratos de miles de hombres, mujeres, niños y niñas, así como la persecución de los familiares de las personas fallecidas.Junto con el informe, Amnistía Internacional publica también Lives Cut Brutally Short: Victims of Crimes Against Humanity During Iran’s 2022 Woman Life Freedom Uprising, un documento que registra la muerte de 377 manifestantes y transeúntes, 56 de ellos niños y niñas, basado en la información y las pruebas recopiladas en el marco de la investigación de la organización sobre los patrones de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad en todo el país. El documento incluye fotografías de las víctimas e imágenes de sus lugares de enterramiento cuando se dispone de ellas.Además de instar a la Asamblea General de la ONU a crear un mecanismo de justicia penal internacional, habida cuenta del bloqueo político en el Consejo de Seguridad de la ONU, la gravedad y la escala de los crímenes cometidos y el alto riesgo de recurrencia, Amnistía Internacional insta también a los Estados a que pidan al Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación de Irán a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.La organización insta también a las autoridades fiscales de todo el mundo a que inicien investigaciones, en virtud de la jurisdicción universal u otras formas de jurisdicción extraterritorial, contra los altos cargos iraníes presuntamente responsables de crímenes de lesa humanidad, incluidos los nombrados en este informe, y a que, cuando existan pruebas suficientes, dicten órdenes de detención.La investigación que Amnistía Internacional ha llevado a cabo durante años para este informe incluyó entrevistas con 270 personas, entre ellas manifestantes, personas que habían estado detenidas, familiares de personas muertas o detenidas, testigos presenciales, profesionales de la abogacía, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y personal sanitario. La organización también analizó más de 2.000 vídeos y abundante documentación probatoria, incluidas declaraciones oficiales, documentos oficiales filtrados, órdenes de enjuiciamiento, sentencias judiciales y documentación forense.Amnistía Internacional escribió al líder supremo de Irán y a altos cargos de seguridad para comunicarles sus conclusiones y notificar a los 87 altos cargos identificados en el informe. En el momento de la publicación, no había recibido respuesta alguna.Un ataque a escala nacional de conformidad con una política estatalLas investigaciones de Amnistía Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos para sofocar el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022 revelaron que dos fuerzas de seguridad principales, la Guardia de Seguridad de la Revolución Islámica (IRGC) y la Jefatura de Policía de la República Islámica de Irán (conocida por su acrónimo persa, FARAJA), dirigieron dispersiones letales de protestas en aplicación de la política estatal concebida a través del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad del Estado y los consejos de seguridad provinciales y comarcales.Los agentes de la FARAJA y de la IRGC dispararon reiteradamente contra multitudes, utilizando fusiles de asalto de uso militar, pistolas y escopetas cargadas con perdigones de metal. Además de disparar contra multitudes, persiguieron a manifestantes y transeúntes que huían, acorralaron a víctimas desarmadas que no representaban ninguna amenaza para las fuerzas de seguridad ni para otras personas, y las mataron disparándoles a corta distancia.Entre las ramas de la FARAJA implicadas estaban la Policía de Prevención, incluidas sus Unidades de Asistencia, y las Unidades Especiales. Entre las ramas de la IRGC implicadas estaban las divisiones operativas, las Unidades de Seguridad provinciales y diversos batallones Basij, como los Batallones Imam Ali y los Batallones Beit Al-Moghaddas. Estas ramas operaban bajo el mando del correspondiente cuerpo provincial de la IRGC, supervisado a su vez por un cuartel general regional de esta fuerza.Las declaraciones oficiales y los documentos filtrados analizados en el informe revelan la política estatal, reflejada en reuniones estratégicas, órdenes vinculantes, planes de despliegue, asignaciones de dinero y armas, e instrucciones para dar una respuesta “firme y severa”. Una orden filtrada indicaba a las fuerzas que debían “responder sin piedad y llegar incluso a causar la muerte”.Los testigos describieron reiteradamente calles que parecían campos de batalla a causa de los disparos incesantes de las fuerzas de seguridad. Mahshid, que participó en las protestas de Mahabad, provincia de Azerbaiyán Occidental, contó a Amnistía Internacional: “Nunca había visto escenas semejantes [...] La situación daba mucho miedo, era como una zona de guerra. Las fuerzas de seguridad no dejaban de disparar”.La mayoría de los 377 manifestantes y transeúntes cuya muerte registró Amnistía Internacional murieron a manos de las fuerzas de seguridad durante dispersiones de protestas entre septiembre y diciembre de 2022. Otras personas murieron bajo custodia, tras quedar en libertad o en circunstancias sospechosas que sugieren la responsabilidad del Estado.En consonancia con sus arraigados patrones de negación y encubrimiento, las autoridades han reconocido sólo 202 muertes y han atribuido falsamente la mayoría a agentes no estatales, “alborotadores” o “terroristas armados”, pese a las abrumadoras pruebas en sentido contrario. Lejos de actuar para detener los crímenes a medida que se acumulaban las pruebas, altos cargos elogiaron reiteradamente a las fuerzas de seguridad y ordenaron que continuaran las operaciones.Un total de 87 altos cargos identificados para investigación penalAmnistía Internacional ha identificado a 87 altos cargos iraníes que deben ser objeto de investigación penal por crímenes de lesa humanidad, basándose en la documentación detallada de las fuerzas de seguridad implicadas y en un análisis en profundidad de sus estructuras de mando.La lista, aunque no es exhaustiva, abarca desde las más altas instancias del aparato de seguridad de Irán hasta cargos que ejercen sus funciones en el ámbito provincial y comarcal.La lista de 87 personas comprende 62 mandos de las fuerzas de seguridad (33 de la IRGC y 27 de la FARAJA) y 25 altos cargos del Ministerio del Interior, incluidos gobernadores provinciales y comarcales. Entre ellas hay 10 altos cargos de ámbito nacional y 77 cargos de ámbito regional, provincial y comarcal con responsabilidades relacionadas con las 17 comarcas de las provincias de Kurdistán, Kermanshah y Azerbaiyán Occidental sobre las que Amnistía Internacional llevó a cabo investigaciones en profundidad.Entre las personas identificadas figuran el difunto líder supremo y comandante en jefe de todas las fuerzas armadas, Ali Jamenei, y el difunto jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mohammad Bagheri, que murieron en febrero de 2026 en ataques aéreos llevados a cabo durante la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. Amnistía Internacional también nombra al entonces ministro del Interior, Ahmad Vahidi, que desde entonces ha pasado a ser general al mando de la IRGC, y al entonces viceministro del Interior para asuntos policiales y de seguridad, Majid Mir Ahmadi.“Esta investigación pone al descubierto las capas de mando y coordinación que hay detrás de la represión mortífera de las protestas por parte de las autoridades iraníes. Los agentes desplegados en las calles operaban dentro de una cadena de mando jerárquica y coordinada que los vinculaba con altos cargos que dirigieron, permitieron, facilitaron y respaldaron crímenes cometidos a escala masiva”, ha declarado Agnès Callamard.“Los altos cargos nombrados siguen fuera del alcance de la justicia en Irán. La mayoría continúa en puestos desde los que puede desatar una nueva represión mortífera, y algunos incluso han ascendido en la cadena de mando tras los crímenes de lesa humanidad de 2022. El coste de la impunidad continuada ha sido devastador. Ya es más que hora de establecer un mecanismo de justicia penal internacional para Irán, antes de que se produzca otra masacre de manifestantes”.Un impacto devastador en las comunidades kurda y baluchiLas personas manifestantes de las perseguidas comunidades baluchi y kurda de Irán sufrieron la represión letal de forma devastadora: representan el 62% del total de víctimas registradas, pese a constituir, respectivamente, el 5% y entre el 10% y el 15% de la población del país.Amnistía Internacional registró el homicidio ilícito de 106 manifestantes y transeúntes baluchis, entre ellos 20 niños y niñas, a manos de las fuerzas de seguridad en la provincia de Sistán y Baluchistán (el 33% de las víctimas registradas). Tan sólo el 30 de septiembre de 2022, 87 personas fueron víctimas de homicidio ilícito cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego tras los rezos del viernes en Zahedán, en una operación de represión ampliamente conocida como el “Viernes Sangriento”.La organización también documentó las circunstancias que rodearon el homicidio ilícito de 95 manifestantes y transeúntes kurdos, entre ellos 13 niños y niñas, en el contexto de dispersiones de protestas o en zonas militarizadas cercanas a protestas que se estaban celebrando o se habían celebrado hacía poco tiempo, en 17 comarcas de las provincias de Kurdistán, Kermanshah y Azerbaiyán Occidental (el 29% de las víctimas registradas). La mayoría murieron por disparos; otras personas murieron por palizas, por el impacto de botes de gas lacrimógeno o atropelladas deliberadamente por vehículos de las fuerzas de seguridad.Iman, testigo presencial en Sanandaj, provincia de Kurdistán, contó: “Los agentes disparaban a quien entrara en su campo de visión, daba igual que fueran mujeres, niños, niñas, transeúntes o manifestantes”.Amnistía Internacional constató que, en las provincias de Kermanshah, Kurdistán y Azerbaiyán Occidental, las fuerzas de seguridad desplegaron de forma sistemática fusiles de tirador designado, fusiles de asalto, metralletas y ametralladoras pesadas montadas en camionetas.Amnistía Internacional ha concluido que se cometieron actos de asesinato y tortura contra manifestantes kurdos y baluchis con intención discriminatoria por motivos políticos y étnicos, y que se cumplen los requisitos para determinar que se ha cometido el crimen de lesa humanidad de persecución contra estos grupos.Impunidad intencionadaEn Irán, la impunidad por los crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos es sistémica e intencionada.La Constitución de Irán sitúa el sistema de justicia bajo el control directo del líder supremo, que no sólo es el comandante en jefe de las fuerzas de seguridad, sino que además nombra al presidente de la Magistratura, quien a su vez nombra a los jueces y fiscales de mayor rango. Los casos de violaciones graves de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad los tramitan fiscalías y tribunales militares, en los que los propios jueces y fiscales pueden proceder de las fuerzas de seguridad y se basan habitualmente en las versiones de los mismos organismos de seguridad implicados en los crímenes.La Ley sobre el Uso de Armas de Fuego por las Fuerzas Armadas en Casos Necesarios de Irán permite el uso de armas de fuego para dispersar protestas, en flagrante desprecio del derecho internacional, que sólo permite el uso de armas de fuego como último recurso para hacer frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. La ley también exime, con carácter general, a los agentes del Estado de responsabilidad civil y penal.“Los sobrevivientes y las familias de las víctimas en Irán han quedado atrapados en un sistema en el que las mismas instituciones destinadas a impartir justicia están controladas por autoridades con las manos manchadas de sangre. Las familias que buscan verdad y justicia son perseguidas”, ha declarado Agnès Callamard.“Dirigir las peticiones de rendición de cuentas a unas autoridades judiciales iraníes que son cómplices de crímenes de lesa humanidad es algo alejado de la realidad. La comunidad internacional debe impulsar vías internacionales hacia la justicia ahora mismo. La Asamblea General de la ONU debe hacer frente a la crisis de impunidad que expone a la población de Irán a homicidios masivos de manifestantes cada vez más frecuentes y graves”.Información complementariaAmnistía Internacional publica este informe mientras la población de Irán corre el riesgo de sufrir crímenes de derecho internacional en dos frentes. En uno de ellos, está expuesta a violaciones del derecho internacional humanitario desde que Estados Unidos e Israel atacaron ilegalmente a Irán, en violación de la Carta de las Naciones Unidas, el 28 de febrero de 2026.En el otro, corre el riesgo de sufrir nuevos crímenes de lesa humanidad en el contexto de la represión de las protestas. Las autoridades iraníes han utilizado el pretexto de las “condiciones bélicas” para intensificar la represión interna: han militarizado aún más los espacios públicos, han amenazado abiertamente con cometer matanzas masivas de manifestantes y disidentes, y han recrudecido las ejecuciones arbitrarias por motivos políticos.Irán se ha visto sacudido por sucesivas oleadas de protestas contra el sistema desde diciembre de 2017, con manifestantes que han salido reiteradamente a las calles para exigir derechos humanos, dignidad, libertad, el fin del sistema de la República Islámica y la transición a un nuevo sistema de gobierno que respete los derechos. La amplia investigación de Amnistía Internacional sobre la respuesta de las autoridades a las sucesivas oleadas de protestas de diciembre de 2017-enero de 2018, noviembre de 2019, septiembre-diciembre de 2022 y enero de 2026 revela un patrón recurrente de homicidios ilícitos masivos, tortura, desaparición forzada y otros crímenes de derecho internacional. 

19. Una misión internacional de derechos humanos realizará observación del juicio a cuatro agentes de policía por el 1-O en Cataluña

    Representantes de Amnistía Internacional, Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), INCLO, REDRESS, ICHRP–España y DqD asistirán como observadoras independientes a las vistas de los días 16, 17 y 30 de septiembre y del 1 de octubre en la Audiencia de Barcelona. El procedimiento juzgará las lesiones sufridas por Roger Español, quien perdió la visión de un ojo tras recibir el impacto de una bala de goma disparada por un agente de la Policía Nacional. La misión se ha establecido con el objetivo de realizar una observación internacional independiente de un procedimiento relativo al presunto uso de la fuerza excesiva y desproporcionada durante la actuación policial en el marco de las movilizaciones relacionadas con el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. El procedimiento se refiere a las lesiones sufridas por Roger Español, quien perdió la visión de un ojo tras recibir el impacto de una bala de goma disparada por un miembro de la Policía Nacional.Cuatro agentes de la Policía Nacional están siendo procesados en relación con estos hechos. El caso plantea cuestiones fundamentales relativas a la legalidad y proporcionalidad del uso de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, la rendición de cuentas de agentes y mandos policiales, y la calificación jurídica del uso de proyectiles de impacto cinético en el contexto de las protestas.El juicio abordará si la conducta de los agentes de policía hacia Roger Español constituye tortura y lesiones corporales dolosas agravadas. La calificación jurídica de los hechos reviste especial importancia a la luz de la Ley Orgánica 1/2024, de Amnistía. El artículo 2 de dicha ley excluye expresamente de su ámbito de aplicación determinados actos intencionados, incluidos aquellos que causen la pérdida o inutilidad de un órgano o sentido, así como los actos constitutivos de tortura o de tratos inhumanos o degradantes en el sentido del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.Los tribunales internacionales y los expertos en derechos humanos han reconocido que el uso excesivo o desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley durante las protestas puede constituir tortura u otros malos tratos, incluso en relación con el uso de armas menos letales. En esta misma línea, un reciente Protocolo de las Naciones Unidas para las fuerzas del orden recuerda que «el uso ilícito de la fuerza durante las reuniones puede constituir una violación de la prohibición absoluta e inderogable de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes». Esta prohibición, señala el Protocolo, se aplica en todo momento, «incluso cuando se considera que una protesta ha dejado de ser pacífica».También es importante tener en cuenta las recomendaciones formuladas por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura en su examen de España de 2023. El Comité expresó su preocupación por las lesiones graves, incluidas lesiones oculares, causadas por proyectiles de impacto cinético de goma y espuma durante la gestión de manifestaciones y las actividades de control fronterizo, y pidió al Estado que garantizara investigaciones rápidas e imparciales, que procesara y sancionara adecuadamente a los responsables y que proporcionara una reparación integral a las víctimas y sus familiares (CAT/C/ESP/CO/7, párrs. 15 y 16).En este contexto, la presencia de una misión internacional de observación independiente tiene como objetivo contribuir a la transparencia y al escrutinio público de un procedimiento que plantea cuestiones fundamentales de derechos humanos.Una misión que reúne conocimientos especializados en materia de derechos humanosLa misión reúne a representantes y expertos internacionales de la OMCT, INCLO, Amnistía Internacional, REDRESS, ICHRP–Spain y DqD. La presencia de este grupo de organizaciones demuestra la importancia que el caso Roger Español tiene para la comunidad internacional, especialmente teniendo en cuenta las tendencias internacionales en materia de violencia policial contra manifestantes y la importancia de proteger derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión y el derecho a no ser sometido a tortura ni malos tratos.Las organizaciones representadas en la misión aportan conocimientos especializados complementarios sobre las cuestiones que se plantean en este juicio:Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), que reúne a más de 200 organizaciones de 90 países, aporta una amplia experiencia internacional en la prevención y erradicación de la tortura y otras formas de malos tratos, la rendición de cuentas por la violencia policial y la violencia institucional, los derechos de las víctimas y la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. Su trabajo ha abordado específicamente el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, también en el contexto de reuniones públicas, así como la necesidad de llevar a cabo investigaciones eficaces y garantizar la rendición de cuentas en casos de tortura y malos tratos.Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles (INCLO), una red de 16 organizaciones independientes de derechos humanos y libertades civiles, aporta experiencia en materia de derechos de protesta —incluidas las libertades de reunión, asociación y expresión— y brutalidad policial, incluido el uso de armas menos letales en el contexto de las protestas. Su participación refleja la importancia internacional de garantizar que las prácticas policiales y el uso de la fuerza durante las reuniones públicas cumplan con los estándares internacionales, sobre la base de la experiencia de organizaciones nacionales de derechos humanos.Amnistía Internacional aporta una dilatada experiencia mundial en materia de derechos humanos, garantías de juicio justo, rendición de cuentas policial, libertad de reunión pacífica y protección de las personas defensoras de los derechos humanos. Amnistía Internacional cuenta con una larga trayectoria en la observación de juicios como medio para evaluar de forma independiente cuestiones sustantivas, probatorias y procesales, así como para contribuir a la transparencia y a las garantías de un juicio justo.REDRESS aporta conocimientos especializados en materia de tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos, acceso a la justicia, rendición de cuentas y derechos de las víctimas, incluido el derecho a un recurso efectivo y a la reparación. Su participación resulta especialmente pertinente en relación con las cuestiones relativas a la investigación, el enjuiciamiento y la posible exigencia de responsabilidades por malos tratos graves y actos de violencia.Coalición Internacional de Derechos Humanos de Filipinas (ICHRP-Spain) aporta experiencia en materia de normas y mecanismos internacionales de derechos humanos, incluida la protección del espacio cívico y de las libertades fundamentales, así como en el escrutinio internacional de las violaciones de derechos humanos.Defender a Quien Defiende (DqD) aporta experiencia en materia de derechos humanos, participación democrática y protección del espacio cívico en España, incluidos los derechos que permiten a las personas participar en la vida pública y expresar pacíficamente sus reivindicaciones políticas y sociales.En conjunto, las organizaciones participantes en la misión aportan conocimientos especializados complementarios en materia de tortura y otros malos tratos, violencia policial y rendición de cuentas, regulación y uso de armas y proyectiles menos letales, libertad de reunión y protesta pacíficas, protección de las personas defensoras de los derechos humanos, derechos de las víctimas y garantías de un juicio justo.El objetivo de la misión de observaciónEl objetivo principal de la misión es observar el procedimiento de forma independiente y evaluar su compatibilidad con el derecho y las normas internacionales aplicables en relación con el derecho de acceso a la justicia, el derecho a recursos efectivos, la prohibición absoluta de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el derecho a la protesta.Desde la perspectiva del derecho internacional, la misión prestará especial atención a:si el procedimiento ofrece a las partes las garantías procesales necesarias para un juicio justo e imparcial;la valoración de las pruebas relativas al uso de la fuerza y a las circunstancias en las que se disparó el proyectil;los estándares internacionales aplicados al uso de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, con especial atención al uso de armas menos letales;la aplicación de las normas internacionales relativas a la investigación y rendición de cuentas por alegaciones de tortura y otros malos tratos;la aplicación de las normas internacionales relativas a la rendición de cuentas de quienes ejercen funciones de mando;los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación;las implicaciones de cualquier consideración de la Ley de Amnistía para el enjuiciamiento efectivo de violaciones graves de los derechos humanos; yla protección del derecho de reunión y manifestación pacíficas, un componente fundamental de la participación democrática y un medio esencial para la defensa y el ejercicio de los derechos humanos.La rendición de cuentas por la violencia policial, incluidas las alegaciones de tortura y otros malos tratos, y el derecho a la protestaLa misión considera que las alegaciones relativas a actos de tortura y otros malos tratos cometidos en el contexto de manifestaciones públicas requieren un escrutinio judicial efectivo, independiente e imparcial.El derecho de reunión pacífica está protegido por el derecho internacional de los derechos humanos y se encuentra estrechamente vinculado a la libertad de expresión y a la participación política. Los Estados tienen la obligación no solo de respetar este derecho, sino también de facilitar su ejercicio.Cuando se formulan alegaciones de tortura o malos tratos, las circunstancias que rodean dichas alegaciones deben ser objeto de una investigación efectiva y, cuando las pruebas acrediten responsabilidad penal, debe garantizarse una rendición de cuentas adecuada. El uso de armas y proyectiles de impacto cinético por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley debe evaluarse a la luz de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución, así como de las normas internacionales aplicables.La Ley de Amnistía y la prohibición de la impunidadLa misión observará atentamente el debate jurídico relativo a la posible aplicación de la Ley de Amnistía.La relevancia de esta cuestión no pretende prejuzgar la interpretación que haga el Tribunal de la legislación, sino subrayar la importancia de garantizar que cualquier aplicación de la ley sea compatible con las obligaciones de España en virtud del derecho internacional y europeo de los derechos humanos.La propia ley establece exclusiones relativas a determinadas violaciones graves, incluidos los actos de tortura y los tratos inhumanos o degradantes en virtud del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como los actos intencionados que provoquen la pérdida o inutilidad de un órgano o sentido.Para la misión, el principio central es claro: las alegaciones graves de tortura, malos tratos y uso ilícito o desproporcionado de la fuerza deben estar sometidas a un escrutinio judicial efectivo. Las víctimas deben tener acceso a la justicia y a un recurso efectivo, y los responsables deben rendir cuentas.Una misión independiente y sin injerenciasLa misión internacional de observación es independiente de todas las partes en el procedimiento. Sus miembros asistirán a las vistas en calidad de observadores y no intervendrán en el procedimiento, no se comunicarán con los testigos durante las vistas ni tratarán de influir en la valoración de las pruebas por parte del Tribunal o en su decisión judicial.La misión no prejuzga la culpabilidad o inocencia de ninguno de los acusados. Su objetivo es observar si el procedimiento respeta las garantías de un juicio justo y si el proceso judicial proporciona una vía efectiva para la rendición de cuentas y el acceso a la justicia.La presencia de observadores internacionales refleja el papel legítimo de la sociedad civil en la supervisión de procedimientos judiciales que afectan a derechos fundamentales. La observación independiente de juicios puede contribuir a la transparencia, a la confianza pública y al respeto de las garantías de un juicio justo.El juicio plantea cuestiones que trascienden el caso individual. Se refiere a los límites del poder policial, la rendición de cuentas de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, la protección de las personas que ejercen su derecho de reunión pacífica y la obligación del Estado de garantizar recursos efectivos cuando se alega que funcionarios públicos han causado actos de tortura o malos tratos.La misión informará sobre sus observaciones una vez concluidas las actuaciones.

20. Argelia: La amenaza de reanudar las ejecuciones 30 años después es un duro revés para los derechos humanos

    Las autoridades de Argelia deben abandonar de inmediato cualquier plan de ampliar el ámbito de aplicación de la pena de muerte o de reanudar las ejecuciones tras más de tres decenios sin llevar a cabo ninguna; así lo ha manifestado Amnistía Internacional cuando el gobierno examina las enmiendas al Código Penal que ampliarían el uso de la pena capital. La organización pide a las autoridades argelinas que declaren inmediatamente una suspensión oficial como primer paso hacia la abolición total de la pena de muerte. Asimismo pide a las autoridades que adopten una respuesta centrada en los derechos humanos frente a los devastadores incendios forestales en fechas recientes, entre otras cosas garantizando investigaciones eficaces sobre todos los factores que llevaron a la trágica pérdida de vidas así como rendición de cuentas sin recurrir a la pena capital. El 30 de agosto, el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, dio instrucciones al ministro de Justicia de reformar el Código Penal antes del 15 de septiembre para “reintroducir” la pena de muerte por provocar o instigar incendios de forma intencionada.  Recalcó que toda persona condenada a muerte sería ejecutada en cuanto hubiera agotado todas las vías de apelación. La directiva venía precedida de varios incendios forestales letales desatados entre el 26 y el 30 de agosto, que arrasaron pueblos enteros de la región de la Cabilia y otras zonas del noreste de Argelia. El 6 de septiembre, el gobierno empezó a examinar las propuestas de reforma del Código Penal y el presidente indicó que, además, se introduciría la pena capital para “secuestradores y abusadores infantiles”.  “La destrucción y pérdida de vidas causada por estos incendios es una tragedia terrible y debería impulsar a las autoridades argelinas a adoptar medidas inmediatas centradas tanto en la prevención como en la rendición de cuentas. Pero desandar los más de 30 años sin ejecuciones es una respuesta profundamente regresiva que es contraria al respeto del derecho a la vida”, ha afirmado Nadege Lahmar, investigadora sobre Argelia.“Además, es incompatible con las obligaciones internacionales de Argelia en materia de derechos humanos, y con su apoyo sistemático a las resoluciones de la Asamblea General de la ONU en favor de una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte.”Amnistía Internacional considera que la pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el máximo exponente de castigo cruel, inhumano y degradante, que carece de un efecto disuasorio especial sobre el delito y perpetúa un círculo vicioso de violencia.Además de basarse en investigaciones anteriores sobre juicios de motivación política en Argelia, Amnistía Internacional examinó declaraciones públicas del gobierno argelino así como informes publicados en medios de comunicación desde que se desataron los incendios, y analizó las disposiciones jurídicas relativas al incendio provocado. El 7 de septiembre, Amnistía Internacional expuso sus preocupaciones y recomendaciones a las autoridades argelinas. En el momento de redactarse este comunicado no se había recibido respuesta.Los incendios forestales no deben utilizarse para justificar la represiónEl gobierno argelino no ha compartido datos exhaustivos sobre el número de personas muertas y heridas a causa de los incendios. Los datos oficiales del gobierno a fecha de 26 de agosto documentaban 12 muertes y 54 hospitalizaciones pero, desde entonces, fuentes fiables han informado de un número de víctimas notablemente superior, con más de 70 muertes en un solo municipio. En julio, seis personas perdieron la vida en distintos incendios también en el noreste del país. Aunque las autoridades vincularon los incendios de julio a una grave ola de calor y anteriormente habían calificado los incendios forestales de grave riesgo y problema estructural agravado por el cambio climático, el presidente de Argelia señaló en agosto la responsabilidad de elementos criminales que “pretenden debilitar Argelia y socavar su unidad”.Entre el 26 de julio y el 10 de septiembre, las autoridades anunciaron que había 20 personas detenidas en espera de investigación por incendio provocado y “subversión”, cargo relacionado con terrorismo que acarrea la pena de muerte preceptiva. Según afirmaron, entre las personas detenidas había un simpatizante del Movimiento por la Autodeterminación de la Cabilia (MAK), grupo de oposición política que las autoridades argelinas calificaban de “terrorista”.Las autoridades argelinas ya han utilizado los incendios forestales en ocasiones anteriores para justificar la represión y recurrir a la pena capital. Tras los incendios descontrolados del noreste de Argelia en 2021, que acabaron con la vida de al menos 90 personas, las autoridades culparon a grupos de oposición política, principalmente al MAK, y procesaron a decenas de personas por terrorismo y otros delitos graves. En noviembre de 2022, un tribunal declaró culpable y condenó a muerte a 56 personas en un juicio colectivo empañado por graves violaciones del derecho a un juicio justo y por denuncias de tortura que no se investigaron; al menos 10 de ellas fueron condenadas a muerte por su filiación política. Posteriormente, el Tribunal Supremo ordenó un nuevo juicio, que comenzó el 1 de marzo de 2026.Los tribunales también han utilizado cargos de motivación política relacionados con terrorismo que acarrean la pena de muerte para enjuiciar a activistas pacíficos en al menos otros dos casos no relacionados con los incendios forestales desde 2021. Este historial hace que la propuesta de ampliar la pena de muerte sea aún más alarmante.Urge una respuesta centrada en los derechos humanosArgelia se enfrenta a incendios forestales cada vez más frecuentes y graves en el contexto del calentamiento global debido al cambio climático; ante esa realidad, las autoridades deberían centrarse en proteger vidas, reforzar la prevención y la respuesta de emergencia —lo que incluye abordar las causas originarias de las catástrofes agravadas por el cambio climático— y garantizar investigaciones verosímiles y rendición de cuentas.“La rendición de cuentas por la terrible pérdida de vidas causada por los incendios descontrolados no puede reducirse a perseguir a los presuntos autores de incendios provocados. Las autoridades deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre todos los factores que causaron o contribuyeron a causar los incendios y la pérdida de vidas, incluidos los fallos que puedan haber cometido autoridades públicas y las deficiencias en materia de prevención, preparación y respuesta de emergencia”, ha dicho Nadege Lahmar.“Las conclusiones deben hacerse públicas y, si existen pruebas suficientes de responsabilidad penal, se debe procesar a los responsables en actuaciones justas que excluyan la pena de muerte. Sobrevivientes y familiares, además, tienen derecho a obtener información oportuna, accesible y precisa sobre las personas desaparecidas o fallecidas.”Información complementariaSegún la legislación argelina actual, el incendio provocado conlleva penas de entre tres años y cadena perpetua, y la pena capital si causa muertes. Aunque Argelia no ha llevado a cabo ejecuciones desde 1993, los tribunales siguen dictando condenas de muerte, sobre todo por asesinato. En julio de 2025, las autoridades ya ampliaron el ámbito de aplicación de la pena de muerte para incluir varios delitos relacionados con drogas.Argelia es Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que restringe el uso de la pena capital a los “más graves delitos”, que son los delitos que conllevan homicidio intencional, y establece su abolición como un objetivo en los países que aún mantienen este castigo cruel. En línea con el artículo 6 del PIDCP, el Comité de Derechos Humanos afirmó que “los Estados partes no pueden transformar en un delito castigado con la pena capital aquel que, en el momento de la ratificación del Pacto o en cualquier momento posterior, no fuera punible con la pena de muerte” ni debe aumentar su aplicación. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y circunstancias.