Amnistía Internacional Sp

1. China: La nueva ley de “unidad étnica” consolidará la asimilación de los grupos minoritarios

   En respuesta a la entrada en vigor de la nueva Ley de Unidad Étnica de China el 1 de julio, Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional, ha declarado:“Las obligaciones de las autoridades chinas en materia de derechos humanos exigen la protección de las comunidades minoritarias y sus culturas, justo lo contrario de lo que hace esta ley. En lugar de celebrar la diferencia, la ley obliga a grupos étnicos como el uigur, el tibetano y el mongol a adoptar una identidad nacional única, definida por el Estado y dominada por la cultura china han.”“En este contexto, `unidad´ no significa armonía entre diferentes comunidades, sino alineamiento político e ideológico con el Partido Comunista Chino. En lugar de proteger la diversidad y la igualdad, la ley exige conformidad.”“Las autoridades chinas han manifestado su intención de aplicar elementos de esta ley más allá de las fronteras de China, lo cual también resulta sumamente preocupante. Existe el peligro de que esta ley proporcione una base jurídica más sólida a prácticas ya existentes de represión transnacional, y que pueda considerarse que la defensa pacífica de los derechos de las minorías en China llevada a cabo por cualquier persona en cualquier lugar socava la `unidad étnica´.”“Paralelamente a esto, podrían criminalizarse aún más actividades cuya realización ya conlleva un gran peligro en China, como la promoción de lenguas minoritarias, la documentación de abusos contra los derechos humanos o el trabajo de campaña en favor de la liberación de personas detenidas por expresar sus culturas, opiniones o creencias.”“Esta ley establece un marco jurídico nacional para políticas que ya han hecho añicos los derechos de personas uigures, tibetanas y de otros grupos étnicos distintos del han. Creemos que institucionalizará aún más las políticas chinas de asimilación forzada.”Información complementariaLa Ley de Unidad Étnica de China, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, establece la “unidad étnica” como requisito previo de ambiciosos proyectos de la cúpula del Partido Comunista Chino, como el desarrollo del Pensamiento de Xi Jinping y el “rejuvenecimiento” de una identidad política nacional compartida.La ley, por ejemplo, prohíbe los actos que “socaven la unidad étnica o creen división étnica”, algo que, ante la amplitud y la escasa definición de estos términos, suscita el temor de una aplicación arbitraria.En la rueda de prensa que el Consejo de Estado ofreció el 24 de junio, altos cargos confirmaron que las autoridades consideran que algunos aspectos de la ley son de aplicación más allá de las fronteras de China.Amnistía Internacional ha documentado el uso que hace China de la represión transnacional, con prácticas tales como la vigilancia de las comunidades de la diáspora, el hostigamiento de las personas disidentes en el extranjero, la intimidación de familiares en China y los esfuerzos por presionar a otros gobiernos para que devuelvan a ciertas personas.Casos como los del intelectual uigur Ilham Tohti, la etnógrafa uigur Rahile Dawut y el líder religioso tibetano Choktrul Dorje Ten Rinpoche son ejemplos de la cómo las políticas existentes criminalizan el trabajo académico, cultural y religioso pacífico, una tendencia que esta ley podría consolidar aún más.

2. Sudán: Las atrocidades de las RSF en El Fasher, ‘una mancha en la conciencia de la humanidad’, según un nuevo informe

   Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) cometieron crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica durante su campaña para tomar El Fasher, en el estado de Darfur Septentrional, en Sudán, ha concluido Amnistía Internacional en un importante nuevo informe. La organización pide ahora un alto el fuego inmediato en Sudán, así como el despliegue urgente de una fuerza internacional para proteger a la población civil.Ciudad sitiada, niños y niñas bajo fuego: Crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas de Apoyo Rápido en Darfur Septentrional documenta casos de civiles asesinados, heridos, golpeados, torturados y detenidos en El Fasher y sus alrededores entre principios de 2024 y octubre de 2025, mientras las RSF combatían contra las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas Conjuntas aliadas en una guerra que devastó Darfur Septentrional. Los crímenes de las RSF incluyen el asesinato, el traslado forzoso, el encarcelamiento, la tortura, la violación, la esclavitud sexual, otras formas de violencia sexual, la esclavitud, el exterminio y la persecución.Cientos de miles de niños y niñas han sido desplazados; muchos de ellos se han expuesto repetidamente a la muerte o a sufrir lesiones durante los ataques o mientras huían. Innumerables han quedado huérfanos. Las personas con discapacidad y las de edad avanzada se han enfrentado a riesgos graves, como ataques selectivos, abandono y exclusión de la asistencia esencial.En los ataques contra Darfur Septentrional, las RSF empleaban habitualmente términos como falangay , que sugieren esclavitud o servidumbre, contra civiles de etnia no árabe.“La guerra en Sudán es una guerra contra la población civil. Se advirtió al mundo de los horrores a los que se enfrentaba la población civil de El Fasher a medida que las RSF sitiaban la ciudad. Es una mancha en la conciencia de la humanidad”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.“Los niños y las niñas no son daños colaterales de esta violencia; muy a menudo, son objetivos deliberados y han sufrido enormemente. Han sido asesinados, heridos, violados, secuestrados y reclutados por la fuerza a gran escala”.“Se necesita de inmediato un alto el fuego a nivel nacional. Debe desplegarse en Sudán una fuerza internacional independiente y dotada de recursos suficientes para proteger a la población civil de los crímenes cometidos por todas las partes en el conflicto. Si la comunidad internacional no toma medidas urgentes, los ataques contra la población civil —y el inmenso sufrimiento y trauma que se infligen a los niños y las niñas— continuarán sin obstáculos”.Para elaborar el informe, Amnistía Internacional entrevistó a 247 personas, entre ellas 208 sobrevivientes (169 adultos y 39 menores de edad) que habían sufrido o presenciado abusos relacionados con el conflicto. El informe también contiene análisis de fuentes abiertas, que incluye 89 vídeos y un análisis exhaustivo de imágenes de satélite de Darfur Septentrional.El 10 de junio de 2026, Amnistía Internacional envió una carta al general Mohamed Hamdan Dagalo, jefe de las RSF, en la que se documentaban las conclusiones del informe. En el momento de la publicación, no se había recibido respuesta.El análisis de las pruebas reunidas dentro del ámbito geográfico y temporal examinado en este informe permite concluir, sin reservas, que se produjo una persecución por motivos de identidad étnica. Amnistía Internacional considera que los actos documentados en este informe, así como otros presuntos crímenes objeto de investigaciones paralelas, podrían ser pertinentes a efectos de la calificación del delito de genocidio. En el momento de publicarse este informe prosiguen las investigaciones de la organización en relación con estos actos.Guerra de asedioEn noviembre de 2023, las RSF controlaban cuatro de las cinco capitales estatales de Darfur. El Fasher, capital de Darfur Septentrional, era el único reducto que resistía. A partir de 2024, las RSF atacaron sistemáticamente las aldeas, los pueblos y los campos de personas desplazadas en los alrededores de El Fasher, sometieron a la población residente a la violencia y el saqueo e incendiaron infraestructuras civiles.Muchas de estas comunidades estaban compuestas predominantemente por miembros de la etnia zaghawa. Durante los ataques, los combatientes de las RSF incendiaron viviendas civiles mucho después de que sus habitantes hubieran huido, lo que apunta a la intención de dejar inhabitables esas zonas. Estas acciones, sumadas al control continuado de las RSF en las zonas —lo que impide el regreso de la población desplazada—, son compatibles con la limpieza étnica del pueblo zaghawa en las zonas cercanas a El Fasher.Yagoub*, joven zaghawa de 17 años, se encontraba en la finca de su familia cerca de Abu Zerega, localidad situada 35 kilómetros al sur de El Fasher, cuando las RSF lanzaron su ataque en diciembre de 2024. Intentó huir, pero las RSF lo capturaron. Según contó a Amnistía Internacional: “Me ataron y me golpearon con palos y con la culata de un AK-47. Entonces, uno de ellos se acercó montado en un camello y dijo: ‘Éste es el hijo de un falangay ’ [...] y sin más me disparó en la pierna”.Yagoub ahora utiliza muletas para caminar. Ocho de sus primos, entre ellos cuatro niños de entre 11 y 17 años, murieron en el mismo ataque.Tras desplazar por la fuerza a la población de los pueblos cercanos a El Fasher, las RSF efectuaron un asedio brutal sobre la ciudad desde mayo de 2024 hasta octubre de 2025, restringieron la entrada de alimentos y suministros humanitarios, y bombardearon la ciudad casi a diario. La hambruna se propagó y obligó a la población a comer ambaz , un subproducto de la producción de aceite de cacahuete que normalmente se utiliza como pienso para animales. Toda la población civil, pero en especial niños y niñas —en quienes las enfermedades y la desnutrición pueden tener efectos irreversibles—, sufrió las peores consecuencias de esta hambruna provocada.Algunas mujeres relataron que habían dado a luz en medio de graves privaciones y estrés: en sofocantes refugios antiaéreos subterráneos, en hospitales que fueron bombardeados o mientras huían de la violencia. Al no poder obtener una nutrición adecuada ellas mismas, a menudo no podían producir suficiente leche para alimentar a sus recién nacidos. A falta de alternativas seguras, muchas mujeres vieron cómo sus bebés se consumían.Rashida*, mujer de 39 años, perdió a su hijo menor, un gemelo de un año, en agosto de 2025. En sus palabras: “[Mi hijo] se estaba debilitando mucho [y] no tomaba leche. Se quedó muy delgado”.La toma de El FasherEl 26 de octubre de 2025, las RSF lanzaron su ofensiva final contra El Fasher. Cuando los civiles intentaron huir, se encontraron con una red de terraplenes de 57 kilómetros . A continuación se produjo una masacre: cientos de personas fueron ejecutadas y muchas otras, torturadas o detenidas.Amnistía Internacional entrevistó a 70 sobrevivientes, casi todos los cuales habían presenciado ejecuciones, violaciones, otras formas de tortura o la toma de rehenes. Una mujer de 58 años calculaba haber visto más de 1.000 cadáveres: “A las personas a las que dispararon las arrojaron dentro del terraplén. [...] [Las RSF] dijeron que rellenarían el terraplén con los cadáveres”.Entre los asesinados en el terraplén había muchos niños y niñas. Taiseer*, una mujer zaghawa de 68 años que huía con sus cinco nietos, vio cómo las RSF disparaban y mataban al niño de 12 años que los acompañaba.Zubeida*, una niña de 15 años, sobrevivió a una masacre de unas 25 personas en el terraplén sólo porque se identificó como medio árabe y afirmó en falso que su padre formaba parte de las RSF. Fue testigo de la ejecución de hombres y niños, del asesinato de mujeres que se resistieron a ser violadas y del tiroteo contra niños y niñas pequeños. Dijo: “Soy la única sobreviviente”.Quienes permanecieron en El Fasher fueron testigos de terribles violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional entrevistó a 18 personas que se encontraban en el Hospital Materno Saudí, entre ellas miembros del personal, pacientes y familiares de pacientes, que vieron cómo las RSF mataban a decenas de personas allí. Atacar el Hospital Materno Saudí, objeto protegido en virtud del derecho internacional, constituye un crimen de guerra.Violencia sexual, toma de rehenes y reclutamiento de menores de edadLas RSF cometieron violaciones y otras formas de violencia sexual a gran escala en numerosos contextos. Amnistía Internacional entrevistó a 26 sobrevivientes de violencia sexual, incluidas 20 mujeres víctimas de violación, entre ellas tres niñas menores de 18 años y una joven violada cuando tenía 17 años. Las sobrevivientes describieron haber sido sometidas a graves humillaciones y abusos que les causaron daños físicos y psicológicos duraderos.Tasneem*, una niña zaghawa de 13 años, fue secuestrada a principios de abril de 2025 cuando combatientes de las RSF atacaron su aldea, al oeste de El Fasher. Tasneem estaba pastoreando el ganado de la familia con su padre cuando se acercaron combatientes de las RSF. Tasneem vio cómo las RSF mataban a tiros a su padre antes de que la secuestraran y se la llevaran a El Daein, a unos 350 kilómetros de distancia.La niña contó a Amnistía Internacional: “[La primera vez que me violaron] fueron tres personas. Me vendaron los ojos [...]. Me sujetaron [...]. Me dijeron: ‘Esto te está pasando porque tus muchachos lucharon contra nosotros, los de los falangayat’ .”Las RSF también detuvieron ilícitamente a civiles y mantuvieron a muchos de ellos como rehenes para pedir rescate, a menudo en condiciones terribles. Amnistía Internacional entrevistó a 45 personas detenidas ilícitamente por las RSF, entre ellas ocho menores de edad, entre julio de 2024 y enero de 2026.Las condiciones de detención eran abusivas y degradantes. Los entrevistados, entre los que se encontraban niños de tan sólo 13 años, afirmaron que los soldados de las RSF les golpearon y les insultaron con epítetos étnicos mientras estuvieron cautivos. Se les negó comida y agua suficientes y se les mantuvo en dependencias sofocantes y superpobladas. Se propagaron las enfermedades: muchos detenidos presenciaron cómo morían decenas de personas —en ocasiones, centenares— por deshidratación o enfermedad.Amnistía Internacional entrevistó a nueve hombres que habían estado recluidos en el centro de detención de Mina al Bari, en la periferia oriental de El Fasher, durante periodos de hasta cinco meses entre mediados de 2024 y principios de 2026. Estos hombres afirmaron que los habían recluido en contenedores de transporte, que permanecían cerrados la mayor parte del tiempo. El calor sofocante y la mínima circulación del aire dificultaban la respiración.Un hombre que estuvo recluido allí declaró: “No puedes estirar las piernas… No puedes dormir mucho rato… [Las RSF] me dijeron: ‘No nos importa si mueres’”.Otro hombre que estuvo recluido en Mina al Bari describió la privación de comida y agua: Mi cuerpo se estaba [deshidratando] por completo, otras personas, al igual que yo, perdieron el conocimiento. [Las RSF] pensaron que habíamos muerto, así que simplemente nos echaron del contenedor. Al poco tiempo se dieron cuenta de que seguíamos vivos. Nos torturaron de nuevo y nos llevaron [de vuelta] al interior del contenedor”.Amnistía Internacional también documentó el reclutamiento y la utilización generalizados de niños por parte de las RSF, ya fueran de grupos étnicos árabes aliados o secuestrados de grupos no árabes durante los ataques a pueblos y campos de personas desplazadas. Los niños desempeñaban diferentes funciones para el grupo, entre ellas combatir, recabar información y cuidar del ganado.Rashid* fue secuestrado por las RSF en su pueblo hacia julio de 2024, cuando tenía unos 17 años. Durante casi nueve meses, lo mantuvieron en una zona rural y lo obligaron a pastorear cabras. Estaba custodiado por tres chicos armados, también reclutas de las RSF, que lo sometían a él y a otros detenidos a humillaciones y palizas y lo privaban de comida y agua. Dijo: “Me vigilaban, y si intentaba descansar, me disparaban [...]. Me golpeaban por todo el cuerpo”.Mandos identificadosAmnistía Internacional identificó a mandos de las RSF responsables de graves violaciones del derecho internacional.Miembros de las RSF grabaron y difundieron públicamente vídeos de ejecuciones masivas. Amnistía Internacional recopiló y verificó 19 vídeos que documentaban una gran masacre cerca del terraplén, a unos 12 kilómetros al noroeste de El Fasher. Nueve de estos vídeos muestran al mando de las RSF Al-Fateh Abdullah Idris, más conocido como ‘Abu Lulu’ , ejecutando a personas cautivas vestidas de civil.Entre los altos mandos de las RSF en el centro de detención de Mina al Bari se encontraban el general de división Gedo Hamdan Ahmed Mohamed (‘Abu Shouk’), que dirigía los interrogatorios y participaba en las torturas, y el teniente coronel Abbas Khater Bakhit, a quien se vio ordenar la tortura de presos y facilitar pagos.Estas violaciones se produjeron de forma reiterada y a gran escala, lo que indica que quienes ocupaban puestos de autoridad sabían —o debían saber— lo que ocurría y no hicieron nada por impedirlo ni por exigir responsabilidades a nadie.Recomendaciones“La comunidad internacional debe ir más allá de las declaraciones de preocupación y adoptar medidas concretas para proteger a la población civil, rompiendo el ciclo de impunidad”, ha afirmado Agnès Callamard.“Sudán se ha visto sacudido por el impacto de los recortes en la financiación humanitaria , lo que ha agravado una crisis de derechos humanos ya de por sí catastrófica para unas comunidades que lo han perdido todo. Todos los socios internacionales de Sudán deben garantizar que la ayuda adecuada llegue a las personas refugiadas y desplazadas, incluidos los servicios centrados en la infancia, para ayudar a mitigar la crisis.“También requiere reforzar la rendición de cuentas, garantizando un apoyo suficiente a todos los mecanismos de rendición de cuentas existentes para Sudán, incluidas la Corte Penal Internacional y las misiones de investigación respaldadas por la ONU y la Unión Africana. Los mandos identificados en este informe deben ser investigados y, cuando haya suficientes pruebas admisibles, procesados”.Todos los países deben dejar de suministrar inmediatamente armas y municiones a todas las partes en el conflicto de Sudán. En particular, deben dejar de suministrar armas a Emiratos Árabes Unidos —el principal patrocinador de las RSF— hasta que este país cumpla con el embargo de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU también debe ampliar el actual embargo de armas de Darfur al resto del país.Nota para periodistas:   *Se han utilizado nombres ficticios.

3. Visitantes de Arabia Saudí, en prisión por publicaciones en redes sociales

   Las personas que visitan Arabia Saudí, incluso para hacer turismo o por motivos religiosos (como hach y umrah, distintos tipos de peregrinación a La Meca), corren peligro de detención, juicio manifiestamente injusto y condena a prisión prolongada por su actividad en redes sociales, incluidas publicaciones previas a la entrada en el reino; así lo han manifestado hoy Amnistía Internacional y ALQST.Amnistía Internacional y ALQST han documentado los casos de nueve personas, principalmente de países del Sur Global y Oriente Medio, que fueron arrestadas en Arabia Saudí durante visitas realizadas entre julio de 2022 y finales de 2025 por sus publicaciones en redes sociales. Cuatro de las nueve estaban haciendo una peregrinación a La Meca (hach o umrah) y las otras cinco hacían turismo o visitas familiares.Las autoridades saudíes detuvieron a varias a su llegada, a otras durante su estancia y al resto cuando intentaban salir del país. En los casos documentados, las autoridades interrogaron a estas personas sobre publicaciones suyas en redes sociales y las sometieron arbitrariamente a detención prolongada, juicio manifiestamente injusto o demoras en el acceso a ayuda consular. En dos de los casos impidieron a las personas detenidas compartir información con sus familiares en el extranjero.“Al mismo tiempo que se presenta como destino turístico internacional e invierte un montón en turismo como parte de su plan Visión 2030, Arabia Saudí detiene y condena a largas penas de prisión a personas que visitan el país, sólo por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión. Personas que viajan a Arabia Saudí para realizar una peregrinación religiosa única en la vida o para visitar a sus seres queridos, se encuentran de repente y sin previo aviso en una situación de pesadilla, separadas de sus familias, y todo por simples publicaciones en redes sociales”, ha dicho Bissan Fakih, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio y Norte de África.“La represión de la libertad de expresión ejercida desde hace mucho tiempo por las autoridades saudíes contra su propia ciudadanía y demás residentes en el país ahora se extiende a las personas extranjeras que visitan el reino. “Detrás de la imagen de apertura al mundo cuidadosamente proyectada por el gobierno saudí se esconde un clima generalizado de temor, mantenido mediante una fuerte represión en el país”, ha manifestado Naydeen Abdulaziz, responsable de Seguimiento e Incidencia de ALQST.Amnistía Internacional y ALQST piden a los Estados que presionen a Arabia Saudí para que ponga fin a la represión de la libertad de expresión tanto de visitantes como de residentes en el país y libere de inmediato a todas las personas recluidas por ejercer ese derecho. Además, los ministerios de Asuntos Exteriores deben garantizar la actualización de sus recomendaciones de viaje a Arabia Saudí para que quienes pretendan viajar allí sean conscientes de los riesgos que corren debido a su actividad en redes sociales, sobre todo teniendo en cuenta que el país está atrayendo más turismo y se dispone a organizar la Expo 2030 y la Copa Mundial de 2034.Arabia Saudí se ha fijado un objetivo de 150 millones de turistas antes de 2030 como parte de su programa estrella Visión 2030, enfocado a diversificar la economía saudí, promover una sociedad “dinámica” y posicionar al reino como destino internacional. Sin embargo, Arabia Saudí mantiene un entorno legislativo sumamente restrictivo que criminaliza y sanciona con duras penas el derecho de expresión protegido por el derecho internacional de los derechos humanos. El Tribunal Penal Especializado —tribunal antiterrorista de Arabia Saudí— utiliza sistemáticamente disposiciones imprecisas de la legislación antiterrorista y sobre delitos informáticos que equiparan la expresión permisible con el “terrorismo”.Arrestos, detenciones preventivas prolongadas y juicios manifiestamente injustos relacionados con las redes socialesAhmed al Doush, ciudadano británico, está cumpliendo cinco años de prisión tras un juicio injusto por cargos basados en el uso de las redes sociales, lo que vulnera su derecho a la libertad de expresión. Las autoridades saudíes arrestaron a Al Doush, que entonces era analista empresarial para el Banco de América, el 31 de agosto de 2024 en el aeropuerto de Riad cuando se disponía a regresar a Reino Unido tras visitar Arabia Saudí con su esposa embarazada y dos hijos; el motivo de su arresto fueron unas publicaciones en redes sociales que había hecho antes de su llegada al país. El Tribunal Penal Especializado lo condenó a 10 años de prisión el 12 de mayo de 2025 y le redujo la pena a cinco años en apelación en abril de 2026. Las autoridades saudíes no han compartido con su familia ni con su abogado británico los documentos judiciales, incluidas las sentencias en primera instancia y en apelación, a pesar de las reiteradas solicitudes.Amr Abdelfattah, ciudadano francés con tres hijos, fue detenido el 16 de junio de 2024 en Arabia Saudí mientras hacía la peregrinación hach a La Meca. Abdelfattah permaneció más de 11 meses bajo custodia hasta su juicio en mayo de 2025 por cargos relacionados con publicaciones en línea y un problema de visado; este último normalmente conlleva penas de multa y deportación. Las autoridades alegaron que sus manifestaciones en línea constituían “injurias al gobierno” y “elogios a personas procesadas”.Quienes fueron objeto de detención se enfrentaron a múltiples violaciones del debido proceso y relacionadas con la propia detención. En algunos casos, la persona detenida fue obligada a firmar documentos en árabe sin conocer su contenido ya que no entendía el idioma. A algunas, según informes, las dejaron en libertad sin entregarles ropa adecuada ni sus efectos personales. En al menos dos casos de personas extranjeras documentados por Amnistía Internacional y ALQST, las autoridades saudíes restringieron su contacto con sus familiares en el extranjero.A Abdelfattah se le ha negado repetidamente el acceso a representación letrada y a visitas familiares durante toda su detención, y no se ha permitido a representantes consulares acceder a su juicio. Desde septiembre de 2024 hasta el 5 de agosto de 2025 se le permitió hablar por teléfono con su esposa 15 minutos a la semana, pero las llamadas se cortaban cada vez que intentaba contarle el trato que recibía en prisión o novedades sobre su juicio. El contacto con su familia quedó suspendido hasta hace poco, que han vuelto a permitirle comunicación semanal. No se le permite hablar en francés con su familia; debe hacerlo en árabe para que los funcionarios de la prisión puedan vigilar la conversación. Según concluyó ALQST, también fue sometido a graves palizas por guardias de la prisión.Asimismo se ha restringido gravemente la comunicación de Ahmed al Doush con su familia. En abril de 2025 dijo a su esposa que las autoridades penitenciarias le habían ordenado que sólo preguntara por ella y sus hijos durante las llamadas, con la advertencia de que si hablaba de sus condiciones de reclusión, su salud, los procedimientos judiciales o los cargos en su contra, la llamada se interrumpiría y se le impondría un castigo. La familia ha contado que recientemente se le negó el contacto con ella durante casi tres semanas por haber hablado con sus hijos en inglés.La salud física y mental tanto de Ahmed al Doush como de Amr Abdelfattah han empeorado considerablemente durante su estancia en prisión.De igual modo, las autoridades saudíes arrestaron al ciudadano neerlandés y yemení Fahd Ramadhan el 20 de noviembre de 2023 y lo sometieron a detención arbitraria durante 18 meses. Ramadhan nunca fue formalmente acusado, pero a los funcionarios de la embajada neerlandesa en Riad les dijo que pensaba su detención se debía a los comentarios que había publicado en línea en los que simpatizaba con un crítico de la familia real saudí. Durante su detención previa al juicio, sus interrogadores le habían pedido que firmara un documento que recogía cuatro de sus publicaciones en X. Quedó en libertad en junio de 2025.Otra persona, que se ha mantenido en el anonimato por razones de seguridad, fue arrestada en La Meca en plena peregrinación umrah sólo cuatro horas después de haber publicado en redes sociales una crítica a las autoridades saudíes, que había borrado a las dos horas. Permaneció recluida sin juicio durante un año y ocho meses, y ya ha sido liberada.En 2023, las autoridades saudíes arrestaron a otro hombre que estaba haciendo la peregrinación umrah a La Meca por exhibir un pequeño cartel para pedir la libertad de un preso político en otro país, sin relación con Arabia Saudí, y lo mantuvieron casi un año bajo custodia. Finalmente, Arabia Saudí lo puso en libertad.Haidar Slim, ciudadano libanés, fue detenido en 2022 al término de su peregrinación hach a La Meca. Se había grabado a sí mismo entonando un cántico chií durante la peregrinación y el vídeo había circulado en Internet. Fue procesado en aplicación de la Ley de Delitos Informáticos por “publicar contenido que socava el orden público y los valores religiosos” y condenado a cinco años de prisión y una multa de 10.000 reales saudíes. Quedó en libertad en marzo de 2025 tras haber cumplido casi tres años de su condena, a raíz de una intervención diplomática.Teniendo en cuenta el clima de miedo y la falta de transparencia que imperan en el país, la verdadera magnitud de los arrestos relacionados con el derecho de expresión probablemente sea muy superior, y alguna información sólo se conoce cuando las personas detenidas quedan libres y pueden salir del país.Además de los nueve casos documentados, que incluyen el de un ciudadano estadounidense que estuvo dos meses detenido sin cargos a finales de 2025 tras haber publicado un vídeo en TikTok sobre sus experiencias en el país y el de un ciudadano canadiense arrestado en abril de 2023 e interrogado por sus publicaciones y “Me gusta” en redes sociales, Amnistía Internacional y ALQST conocen varios casos más de turistas a quienes han arrestado durante su estancia en Arabia Saudí por su actividad en redes sociales, algunos de los cuales no han podido investigar.Entre los casos publicados en los medios de comunicación está el de un hombre detenido durante su peregrinación hach a La Meca tras haber criticado a las autoridades saudíes por su presunta negligencia a raíz de las muertes de 1.301 peregrinos durante la hach en 2024, que el Ministerio de Salud saudí había atribuido en su mayoría a un golpe de calor.“Los gobiernos extranjeros deben utilizar todos los medios a su alcance para proteger los derechos de sus nacionales y residentes cuando están fuera de su país, lo que incluye prestarles asistencia consular y dar seguimiento a las actuaciones judiciales en su contra. Los gobiernos que afirman creer en los derechos humanos universales deben defender la puesta en libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente en Arabia Saudí por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, ha dicho Nadyeen Abdulaziz.Información complementariaAmnistía Internacional y ALQST han documentado decenas de casos de nacionales saudíes en detención por sus publicaciones en redes sociales, entre ellos Abdulrahman al Sadhan, empleado de Media Luna Roja que está cumpliendo una condena a 20 años de prisión y ha sido objeto de desaparición forzada tras varias publicaciones satíricas en X, y Manahel al Otaibi, influencer deportiva y defensora de los derechos humanos que está cumpliendo cinco años de prisión por tuitear en defensa de los derechos de las mujeres (usando entre otras la etiqueta #EndMaleGuardianship) y publicar en línea una foto suya en un centro comercial sin vestir la abaya (prenda tradicional).Amnistía Internacional también ha concluido que las autoridades de todos los Estados del Golfo, entre ellos Arabia Saudí, han intensificado la represión del derecho a la libertad de expresión tras el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

4. Rusia: Las autoridades intensifican la represión de la disidencia con una dura condena de prisión al político de oposición Maksim Kruglov

   En respuesta a la noticia de que Maksim Kruglov, vicepresidente del partido de oposición ruso Yabloko y exdiputado del Parlamento provincial de Moscú, ha sido condenado a siete años de prisión por difundir en las redes sociales publicaciones sobre bajas civiles en Bucha, Mariúpol y otros lugares de Ucrania, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:“Maksim Kruglov ha sido encarcelado, no por un delito penal reconocible, sino sencillamente por expresar sus opiniones y pedir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra. Su caso es el más reciente de los de centenares de personas que están siendo perseguidas en Rusia por expresar opiniones contrarias a la guerra.”“Su dura pena de prisión es un castigo por exigir justicia para las víctimas de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, y también forma parte de una campaña más amplia para atacar al partido Yabloko en el periodo previo a las elecciones al Parlamento que se celebrarán en septiembre. Maksim Kruglov es uno de los varios miembros de Yabloko que han sido blanco de la campaña de las autoridades para silenciar al único partido político registrado en Rusia que pide abiertamente el fin inmediato de las hostilidades.”“Las autoridades rusas deben ponerlo en libertad de forma inmediata e incondicional, a él y a todas las demás personas encarceladas exclusivamente por oponerse de forma pacífica a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Las autoridades deben anular su declaración de culpabilidad y su condena y derogar toda la legislación conocida como ‘leyes de censura de guerra’.”Información complementariaEl 24 de junio, el Tribunal de Distrito de Zamoskvoretsky, Moscú, condenó a Maksim Kruglov a siete años en una colonia penitenciaria. Kruglov había sido detenido en San Petersburgo en octubre de 2025 por cargos de difundir “deliberadamente información falsa” sobre el ejército ruso en publicaciones en Telegram y VKontakte en las que hacía referencia a muertes de civiles en Ucrania, en lugares como Mariúpol y Bucha.Poco después de su detención, Maksim Kruglov fue añadido al registro ruso de “terroristas y extremistas”. En diciembre de 2025, otro copresidente del partido Yabloko, Lev Shlosberg, fue acusado de los mismos delitos. Al menos nueve activistas del partido se han enfrentado a procesamientos penales, decenas han sufrido detención administrativa y 12 cargos del partido han sido tachados de “agentes extranjeros”, lo que los descalifica para presentarse a las próximas elecciones al Parlamento.

5. Turquía: Las autoridades deben levantar la prohibición general de protestar impuesta con motivo de la cumbre de la OTAN y poner en libertad a decenas de personas detenidas arbitrariamente

   Ante la entrada en vigor el domingo de una prohibición general de protestar en Ankara de 13 días de duración y la detención en espera de juicio de más de 100 personas entre profesionales de la abogacía, miembros de la Academia y activistas con motivo de la 36 cumbre de la OTAN en Turquía, Esther Major, directora adjunta de Investigación para Europa de Amnistía Internacional, ha declarado:“Debe levantarse la prohibición general de todas las protestas en Ankara y deben ser puestas en libertad todas las personas detenidas arbitrariamente que están en prisión o bajo arresto domiciliario en relación con la cumbre de la OTAN. Esta prohibición es un ataque excesivo e injustificable al derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión. Las autoridades deben facilitar y proteger el derecho a la protesta y dejar de usar razones de seguridad nacional imprecisas y excesivamente generales para detener a personas sin que haya indicios de conducta delictiva”.“La detención en espera de juicio es una medida excepcional que no puede utilizarse para impedir a las personas ejercer sus derechos protegidos, como la libertad de reunión pacífica y de expresión. Deben levantarse todas las restricciones excesivamente generales y desproporcionadas que impiden el ejercicio del derecho de reunión pacífica”.“Además, la decisión de la OTAN de denegar la acreditación a algunos periodistas y medios de comunicación de Turquía es un golpe a la libertad de los medios de comunicación. Pedimos a la OTAN que cambie de postura y permita que cubran el evento a las personas y medios excluidos”.Información complementariaEl 22 de junio, la gobernación de Ankara anunció una prohibición provincial de todas las reuniones públicas desde las 00.00 horas del 28 de junio hasta las 23.59 del 10 de julio de 2026 (13 días), citando la “seguridad nacional” y medidas de seguridad en torno a la cumbre de la OTAN.También citó la necesidad de impedir que personas y vehículos no autorizados entren en zonas designadas “sensibles” como la sede de la cumbre, los lugares donde se alojarán las delegaciones y las rutas de tránsito usadas por estas.Según una declaración emitida por la Fiscalía General de Ankara el 25 de junio de 2026, se remitieron a los tribunales con la solicitud de detención preventiva los casos de 135 personas de las 225 detenidas durante las operaciones que se lanzaron en redadas efectuadas al amanecer el 23 de junio. De ellos, se ordenó la detención de 103 personas, y 26 fueron sometidas a medidas de control judicial como el arresto domiciliario.

6. Venezuela: Los derechos humanos deben guiar la respuesta al terremoto en medio de la crisis devastadora

   En el contexto de los terremotos que sacudieron Venezuela la tarde del 24 de junio y de las labores de respuesta, Amnistía Internacional alerta sobre los efectos potencialmente devastadores que este desastre puede tener sobre la población venezolana y llama a las autoridades venezolanas y a la comunidad internacional a hacer todo lo posible para brindar asistencia a las personas afectadas.“Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas directa o indirectamente por este desastre, que ahora corre el riesgo de agravar aún más una crisis de derechos humanos y una emergencia humanitaria ya severas y prolongadas, que el pueblo venezolano ha sufrido durante más de una década. El sistema de salud del país ha sido diezmado, mientras que la represión estatal ha debilitado gravemente la protección de los derechos humanos”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.“El pueblo venezolano ha mostrado una resiliencia y una solidaridad extraordinarias frente a esta prolongada crisis de derechos humanos. Debe recibir apoyo urgente mientras enfrenta una nueva tragedia de gran magnitud, y debe ser protegido frente al abandonoo la injusticia.”“Amnistía Internacional insta a las autoridades venezolanas a brindar asistencia y responder a los terremotos en cumplimiento de las normas humanitarias y de respuesta ante desastres, así como del derecho internacional de los derechos humanos. A su vez, la comunidad internacional debe movilizarse con urgencia para proporcionar y entregar la asistencia humanitaria crítica que el pueblo venezolano necesita de manera tan apremiante.”Las autoridades venezolanas han divulgado información limitada y no corroborada sobre la magnitud total de los daños humanos y materiales causados por los terremotos. En este sentido, Amnistía Internacional llama a las autoridades venezolanas a garantizar la divulgación pronta, creíble y periódica de información sobre el alcance de los daños, el número y las características de las personas fallecidas o heridas, las labores de asistencia desplegadas, las rutas de atención para las personas afectadas y el plan de contingencia para la búsqueda de personas desaparecidas, así como para el rescate y atención de las personas sobrevivientes.La organización subraya que las autoridades deben garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad mientras asisten a la población.El acceso a la información, la libertad de prensa y la libertad de expresión han sido severamente restringidos como consecuencia de años de censura patrocinada por el Estado, incluido el cierre de decenas de medios de comunicación, el bloqueo de plataformas de redes sociales como X y la criminalización de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. En el contexto de la actual emergencia humanitaria, la organización destaca la importancia crítica de levantar de inmediato todas las restricciones indebidas a la prensa, a las plataformas de redes sociales y a los canales esenciales de comunicación en línea. El impacto potencial de no hacerlo podría medirse en vidas perdidas y en derechos irreparablemente afectados.Las ONG de derechos humanos y humanitarias operan actualmente en un entorno sumamente restrictivo como resultado de una arquitectura legal represiva orientada a cerrar el espacio cívico y atacar cualquier forma de disidencia percibida. Para ofrecer un plan de respuesta efectivo, las autoridades venezolanas deben derogar de inmediato la llamada ley anti-ONG y todos los demás mecanismos legales que restringen, controlan y limitan las actividades legítimas y necesarias de estas organizaciones de la sociedad civil.De manera crítica, Amnistía Internacional expresa su preocupación por las personas que permanecen detenidas y por su situación actual tras los terremotos. Aunque la organización sigue exigiendo la liberación de todas las personas sometidas a detención arbitraria por motivos políticos, en el contexto actual Amnistía Internacional también subraya la necesidad urgente de que organismos humanitarios y de derechos humanos, así como familiares de las personas detenidas, tengan acceso a todos los centros de detención a fin de verificar la seguridad de todas las personas detenidas y suministrar necesidades básicas, incluida atención médica crítica. Asimismo, las autoridades venezolanas deben levantar de inmediato las restricciones ilegales y desproporcionadas a la libertad de miles de ex víctimas de detención arbitraria. Por ejemplo, deben suspenderse las medidas cautelares impuestas a quienes fueron detenidos arbitrariamente por razones políticas. Estas medidas deben ser anuladas, si no completamente levantadas.La respuesta urgente necesaria para afrontar esta emergencia requerirá asistencia humanitaria internacional y solidaridad para movilizar cooperación multilateral y recursos estatales a gran escala. Los principios humanitarios internacionales y el derecho internacional de los derechos humanos deben guiar la obtención y el despliegue de estos recursos, en particular los ya mencionados principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Amnistía Internacional hace un llamado a los Estados, actores humanitarios y donantes para que ofrezcan estos fondos y recursos, y lo hagan en cooperación con organizaciones locales de la sociedad civil. 

7. Estados Unidos: Cuatro meses después del atroz ataque aéreo contra la escuela de Minab, la rendición de cuentas se demora

   Casi cuatro meses después del ataque aéreo lanzado por Estados Unidos contra la Escuela Shajareh Tayyebeh de enseñanza primaria en Minab, Irán, que mató a más de 150 personas, entre ellas 120 niños y niñas, Amanda Klasing, directora nacional para Relaciones Institucionales y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:“Han transcurrido cuatro meses desde el ataque aéreo estadounidense contra la población civil más mortífero que se recuerda, pero no estamos más cerca de obtener de las autoridades de Estados Unidos respuestas sobre por qué sucedió y quién fue responsable. ¿Por qué tanto tiempo? La opinión pública y las familias de las víctimas deben ver transparencia y rendición de cuentas, y las familias deben obtener verdad, justicia y reparación”.“El presidente Trump ha hecho declaraciones contradictorias, el Pentágono responde con evasivas al Congreso, y tanto los legisladores y legisladoras como la opinión pública sienten cada vez más frustración por la respuesta automática del secretario Hegseth y otras personas, que dicen que el incidente aún está siendo investigado.”“Esto es lo que sabemos: el ejército estadounidense fue responsable del homicidio de más de 150 personas en un ataque con misiles guiados de precisión Tomahawk contra una escuela llena de niños y niñas. Independientemente de que el Pentágono utilizara o no inteligencia artificial para señalar la escuela como blanco, está claro que no tomó todas las precauciones posibles para evitar o reducir al mínimo los daños a civiles en su ataque.”“De hecho, no cabe duda de que Estados Unidos debería haber sabido que el edificio era una escuela, no un objetivo militar. Tras el ataque, Amnistía Internacional, al igual que los medios de comunicación y otras organizaciones, verificó sin demora que el edificio era una escuela, y que llevaba años siéndolo. El Pentágono, con una capacidad y una tecnología mucho más avanzadas en la recopilación de información, debería sin duda haber reunido y verificado esa misma información, y eso debería haber llevado a la decisión de no atacar la escuela.”“Tampoco se nos ha proporcionado más información sobre el posible uso de inteligencia artificial en la elección de objetivos. El consejero delegado de Anthropic admitió en una entrevista con Bloomberg que no sabe si su software de inteligencia artificial se utilizó, ni cómo, para seleccionar objetivos en los ataques de Estados Unidos contra Irán, pero se apresuró a trasladar la responsabilidad a las fuerzas armadas, en especial a un ‘humano’ de quien no dio el nombre que tomaba las decisiones finales sobre los objetivos.”“Por desgracia, el horror de Minab es sólo el incidente más reciente en el que el ejército estadounidense ha matado a civiles desde que el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth ocuparon su cargo y redujeron drásticamente los programas del Pentágono para mitigar los daños a civiles en las operaciones militares el año pasado.”“Necesitamos respuestas ya. El ejército ya ha tenido cuatro meses para explicar lo sucedido. El Pentágono debe terminar urgentemente su investigación y hacer públicos sus resultados. La investigación debe tener en cuenta la recopilación y evaluación de la información por parte del ejército, así como las decisiones sobre la selección de objetivos, las precauciones tomadas y el de la inteligencia artificial por parte de las fuerzas armadas. Cuando existan pruebas suficientes, las autoridades competentes deben procesar a cualquier persona sospechosa de tener responsabilidad penal. Además, el Pentágono debe restaurar las iniciativas de mitigación y respuesta a los daños a la población civil y garantizar que se cumple el derecho internacional humanitario en las operaciones militares, incluidas aquellas en las que se use la inteligencia artificial, para prevenir futuras violaciones de derechos.”“Cualquier otra cosa constituiría un encubrimiento de una grave infracción del derecho internacional humanitario y una traición a las víctimas y supervivientes de este espantoso ataque.”Información complementariaLa población civil de Irán sufrió graves daños en los implacables ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel entre el 28 de febrero y el 7 de abril de 2026. Esos ataques mataron al menos a 2.362 civiles, entre ellos 383 niños y niñas, hirieron a más de 32.314 civiles, según cifras oficiales, y causaron una enorme destrucción y daños a la infraestructura civil.Desde el día mismo del ataque aéreo en Minab, provincia de Hormozgán, el 28 de febrero de 2026, la opinión pública y los legisladores y legisladoras estadounidenses han exigido una investigación.El 10 de marzo, una portavoz de la Casa Blanca confirmó que las investigaciones sobre el ataque a la escuela estaban en curso y que el Departamento de Defensa publicaría un informe completo. La semana pasada, Trump declaró que el incidente seguía sometido a investigación y que el ataque no se había lanzado “a propósito”, y remitió las preguntas al secretario Hegseth.En el contexto de la constante falta de respuesta del Pentágono, el Comité de Servicios Armados del Senado aprobó su versión de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, según la cual se limitan los gastos de viaje del secretario Hegseth hasta que éste haga pública la investigación sobre el ataque contra la escuela de Minab y haga públicas también dos investigaciones sobre dos casos diferentes de daños a civiles en Yemen, así como los vídeos completos, no editados, de los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental.Mientras tanto, el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, ha declarado que, si en el ataque se utilizó el software de inteligencia artificial Claude, perteneciente a su empresa, no fue una violación de las “líneas rojas” establecidas para su uso porque “la decisión final la tomó un humano, no Claude”. 

8. Global: Los organismos de control de drogas de la ONU deben adoptar medidas urgentes para acabar con el uso ilegítimo de la pena de muerte para los delitos relacionados con estas sustancias

   La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Comisión de Estupefacientes deben emprender acciones urgentes para condenar el uso ilegítimo de la pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas, y trabajar con los Estados miembros de la ONU para abolir esta pena cruel de una vez por todas. Así lo han manifestado Amnistía Internacional y Harm Reduction International en vísperas del Día Internacional contra las Drogas, que se conmemora el 26 de junio.En los últimos años, las ejecuciones relacionadas con las drogas han experimentado un fuerte aumento, hasta representar más del 40% del total de ejecuciones registradas en el mundo. Sólo en 2025, casi la mitad (1.257, o el 46%) de todas las ejecuciones registradas independientemente por Amnistía Internacional y Harm Reduction International fueron por delitos relacionados con las drogas, y se llevaron a cabo en cinco países: Arabia Saudí, China, Irán, Kuwait y Singapur. Mientras tanto, Argelia, Kuwait y Maldivas han puesto en marcha iniciativas legislativas para ampliar el ámbito de aplicación de la pena de muerte con el fin de incluir los delitos relacionados con las drogas.Jordania también ha reanudado las ejecuciones esta semana, por primera vez en nueve años; ha ejecutado a seis personas, y su primer ministro ha anunciado planes para ampliar el ámbito de aplicación de la pena capital con el fin de incluir determinados delitos relacionados con las drogas.“La pena de muerte es una práctica abominable que no tiene cabida en el mundo actual. Mientras las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas alcanzan niveles escandalosos, el silencio y la inacción constantes de la ONUDD y la Comisión de Estupefacientes son deplorables y vacían de significado su compromiso expreso para con los derechos humanos”, ha manifestado Chiara Sangiorgio, experta de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte.“Todo uso de la pena de muerte es una violación de derechos humanos, pero su uso para delitos relacionados con las drogas está prohibido por el derecho y las normas internacionales. Ya es hora de que los organismos de la ONU que supervisan la política internacional sobre drogas hagan frente a los daños causados por las prácticas punitivas y conviertan la abolición de la pena de muerte en una prioridad mundial”, ha declarado Catherine Cook, directora ejecutiva de Harm Reduction International.Cada año, la presentación, el 26 de junio, del Informe Mundial sobre las Drogas ofrece una plataforma pública para que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito condene el uso de la pena capital específicamente como herramienta de control de drogas, y para que recomiende medidas específicas que los países retencionistas pueden adoptar para armonizar las políticas nacionales sobre drogas con el derecho y las normas internacionales, como primer paso. Hasta la fecha, no lo ha hecho.En una declaración pública, Amnistía Internacional, Harm Reduction International y 61 organizaciones más piden a la ONUDD que emprenda varias medidas concretas e inmediatas, entre ellas que el Informe Mundial sobre las Drogas incluya un capítulo específico sobre derechos humanos, información actualizada sobre el uso de la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas y un compromiso explícito de promover la abolición de la pena de muerte en la nueva estrategia de la ONUDD.“La pena capital para delitos relacionados con las drogas es ilegítima, arbitraria y discriminatoria, y debe ser abordada con decisión. Como principal organismo de la ONU de supervisión del control de drogas, la ONUDD puede y debe desempeñar un papel fundamental a la hora de cambiar el curso de las ejecuciones”, ha manifestado Chiara Sangiorgio. “Nuestro mensaje de hoy es claro: el mundo está observando, y no dejaremos de exigir medidas hasta que el mundo se libere del espectro de la horca”.

9. Cuba: A cuatro años de una condena injusta, artistas afrocubanos siguen encarcelados por expresarse

   En el cuarto aniversario de la sentencia contra Maykel Castillo Pérez “Osorbo” y Luis Manuel Otero Alcántara, Amnistía Internacional declaró: “La condena contra el rapero Maykel Castillo Pérez ‘Osorbo’ y el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara expuso con crudeza cómo las autoridades cubanas utilizan el sistema penal para castigar a artistas disidentes y silenciar su derecho a la libertad de expresión. El encarcelamiento que viven evidencia también cómo la represión puede impactar de manera particular a personas afrocubanas que desafían públicamente el poder. Cuatro años después, Maykel y Luis Manuel continúan sometidos a las consecuencias de una sentencia injusta que nunca debió existir”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. El 24 de junio de 2022, Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez “Osorbo” fueron condenados a cinco y nueve años de prisión, respectivamente, por cargos como “desacato”, “desórdenes públicos”, “ultraje a los símbolos patrios”, “atentado” y “difamación de las instituciones y organizaciones, de los héroes y mártires”. Sus condenas estuvieron vinculadas a protestas pacíficas, publicaciones y videos en redes sociales, expresiones artísticas y críticas al gobierno cubano, todas ellas protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos. Ambos han sido declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional, exigiendo su liberación inmediata e incondicional. “La liberación de Luis Manuel Otero Alcántara en julio, al cumplir esta injusta condena, debe ser plena e incondicional. No puede haber libertad plena bajo vigilancia, restricciones arbitrarias o amenazas de volver a prisión. Las autoridades cubanas deben liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas presas de conciencia, incluidas Sayli Navarro Álvarez, Félix Navarro Rodríguez, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Roberto Pérez Fonseca y Maykel Castillo Pérez ‘Osorbo’, así como a todas las personas detenidas injustamente por motivos políticos en Cuba, incluido el adolescente Jonathan David Muir Burgos” concluyó Ana Piquer. 

10. Libia/UE: Las autoridades rivales intensifican la represión xenófoba y racista contra las personas refugiadas y migrantes mientras la UE intenta estrechar las relaciones

    La Unión Europea (UE) está tratando de aumentar su cooperación en materia de migración con las autoridades rivales libias y los grupos armados aliados con ellas en un momento en que, sobre la base de un discurso xenófobo, están intensificando su campaña de detenciones masivas racialmente discriminatorias y arbitrarias y expulsiones colectivas ilícitas de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.Durante el último mes, el Gobierno de Unidad Nacional, con sede en Trípoli, y su rival, el “Gobierno Libio”, en el este, aliado con el grupo armado Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF), que tiene el control de facto del este y el sur del país, han emprendido una nueva campaña de represión contra personas extranjeras, deteniendo a miles. Las declaraciones xenófobas y racistas de las autoridades han fomentado una aumento de las protestas, las actividades parapoliciales y el discurso de odio online contra migrantes.Mientras tanto, la UE intenta activamente aumentar su cooperación en materia de migración con estos mismos agentes a fin de contener aún más a las personas refugiadas y migrantes en Libia, especialmente en el este del país, con las LAAF, a pesar de su historial, perfectamente documentado, de crímenes de derecho internacional y abusos graves contra los derechos humanos.“Es terrible que las autoridades libias estén unidas para cometer abusos contras las personas refugiadas y migrantes, desplegar una retórica racista, hacer caso omiso de las peticiones de quienes buscan refugio y detener arbitrariamente a miles de personas para expulsarlas después, incluso de manera colectiva, dejándolas abandonadas en las fronteras terrestres. El Gobierno de Unidad Nacional y sus rival del este deben poner fin de inmediato a estos abusos”, ha afirmado Diana Elahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.“La UE lleva mucho tiempo financiando el control migratorio en Libia con su apoyo a la Guardia Costera Libia, lo que la ha hecho ya cómplice de espantosos abusos y violaciones de derechos humanos. Hacer extensiva esta cooperación a los grupos armados del este del país, pese a su historial de crímenes de guerra y otros abusos cometidos con impunidad, pone de manifiesto un absoluto desprecio no sólo del derecho internacional sino también de la vida y dignidad humanas. La UE y sus Estados miembros no pueden eludir su responsabilidad mientras continúen cometiéndose estos abusos ante sus ojos. Deben poner fin a su complicidad en crímenes de derecho internacional y suspender sus políticas de contención, que dejan a las personas atrapadas en una espiral de abusos”.El Gobierno de Unidad Nacional y su rival del este deben terminar de inmediato con su discurso racista y xenófobo y ordenar a sus entidades y grupos armados aliados que pongan fin a las detenciones arbitrarias masivas y expulsiones ilícitas de personas refugiadas y migrantes y les garanticen protección contra la tortura y otros abusos a manos de agentes estatales y no estatales.Detenciones masivas seguidas de expulsiones colectivas y sumariasLa campaña de represión ha comportado la detención generalizada de miles de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en todo el país, especialmente en Aydabiya, Al Baida, Bengasi, Derna, Sabratha, Sebha, Sirte, Trípoli y Tobruk.En el oeste, el subdirector del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular (DCIM), coronel Ali Daw, anunció que éste había llevado a cabo el desalojo forzoso y detención de decenas de migrantes, entre quienes había menores, de los campos informales de acogida de la zona de Al Serraj de Trípoli el 18 de mayo de 2026. La sección del este de Trípoli del DCIM también se ha jactado de haber expulsado sumariamente a más de 800 “migrantes ilegales”, en especial de Sudán, del aeropuerto de Mitiga de Trípoli desde principios de mayo. No se les brindó la oportunidad de impugnar su expulsión ni de solicitar asilo.El DCIM del este anunció el 24 de mayo que, en el este y el sur, había entre 7.000 y 8.000 personas migrantes detenidas a la espera de su expulsión, entre ellas 4.500 sudanesas y de otros países detenidas ese mismo mes. En otra declaración, del 2 de abril, el DCIM del este anunció que había advertido a las autoridades de la UE de que Libia no era “tierra de asentamiento de africanos”, lo que ilustraba el rechazo en concreto de las personas migrantes subsaharianas negras.El 3 de junio, un representante del DCIM manifestó que quienquiera que entrara sin documentación era una persona “migrante ilegal” a quien se procedería a “expulsar sin más” y que el DCIM “no reconocía en absoluto las tarjetas de refugiado”.Un solicitante de asilo sudanés detenido por el DCIM el 2 de junio en la ciudad oriental de Tobruk, bajo control de las LAAF, junto con decenas de compatriotas suyos, en aplicación de perfiles raciales ha contado a Amnistía Internacional que, antes de poder gestionar su liberación, lo tuvieron dos días recluido en condiciones de hacinamiento extremo en un hangar del Centro de Albergue y Deportación de Bab Al Zaytoun de Tobruk. Asegura que había con él al menos 1.000 personas más, de Sudán, Egipto y Bangladesh, así como 200 que habían sido interceptadas en el mar.Los guardias desoyeron sus peticiones de insulina y de la oportunidad de solicitar asilo. Vio a las autoridades llevarse del centro de detención a 400 personas. Posteriormente supo —por otro solicitante de asilo sudanés que contactó con él desde Puerto Sudán (noreste de Sudán)— que las habían embarcado en un avión en Bengasi y las habían expulsado.Amnistía Internacional ha hablado con un sierraleonés negro que vive en Trípoli, a quien han detenido dos veces en las dos últimas semanas. El 2 de junio, el DCIM lo detuvo, junto con otras personas migrantes negras, en una calle de Trípoli y lo trasladó a un centro de detención no identificado del oeste del Libia dependiente de la formación armada Región Militar de la Montaña Occidental. Los guardias lo golpearon a diario durante cuatro días, hasta que sus amistades lo ayudaron a pagar un rescate para conseguir la libertad. Dice que había miles de personas detenidas en ese centro, de países como Sudán, Egipto, Pakistán, Argelia y Túnez. El 11 de junio, el DCIM lo detuvo otra vez cuando viajaba en un taxi en Trípoli y lo llevó a un centro no identificado de la ciudad donde estuvo recluido y fue golpeado durante dos días, hasta pagar de nuevo un rescate.La documentación existente sobre detenciones de migrantes indica que las milicias, grupos armados y fuerzas de seguridad de Libia ha actuado en particular contra personas negras y racializadas —que constituyen la mayoría de la población migrante de Libia— y que lo han hecho por motivos xenófobos y racistas.Racismo aprobado oficialmente que potencia las protestas contra migrantesEntre el 1 y el 10 de junio de 2026, se publicaron una avalancha de declaraciones y decisiones contra el “asentamiento” de migrantes en Libia, emitidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Unidad Nacional, la Cámara de Representantes, el Parlamento de Libia aliado con las autoridades del este, y el “Gobierno Libio“ del este y las LAAF.La Cámara de Representantes hizo hincapié en la necesidad de proteger la “identidad demográfica y cultural” de Libia y se remitió a la Ley 24 de agosto de 2023 que dispone el encarcelamiento y expulsión de quienquiera que pretenda conseguir su “asentamiento” en Libia sea por medios regulares o irregulares. Saddam Haftar, segundo al mando de las LAAF, anunció una extensa campaña de expulsiones. Amnistía Internacional ha documentado anteriormente expulsiones colectivas de personas migrantes y refugiadas, así como homicidios ilícitos, tortura y otros malos tratos, violaciones y violencia sexual, llevadas a cabo por el grupo armado Tariq Ben Zeyad (TBZ), entonces bajo el control de facto de Saddam Haftar.El 8 de junio, el ministro del Interior del Gobierno de Unidad Nacional, Emad al Trabelsi, declaró que las autoridades seguían adelante con un programa nacional de expulsión en virtud del cual se había deportado ya sumariamente a miles de personas. Emad al Trabelsi había dirigido previamente la mal afamada milicia Agencia de Seguridad Pública, implicada en terribles delitos contra personas refugiadas y migrantes y participante también en la actual campaña de represión.Movimiento “No al asentamiento”La renovada campaña de represión de las autoridades se produce en el contexto de un aumento en Trípoli de las protestas xenófobas con el lema “No al asentamiento” y de las publicaciones xenófobas y racistas en las redes sociales.Desde abril, centenares de manifestantes se vienen congregando todas las semanas en el barrio de Yanzour, en el oeste de Trípoli, donde se encuentran las oficinas de la ONU. Culpan a las personas migrantes, a quienes llaman “infiltradas”, de los males económicos de Libia; piden la expulsión del país de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y manifiestan su oposición a la cooperación en materia de migración con la UE con el fin de contener a las personas extranjeras en Libia. Junto con el DCIM y los ayuntamientos locales, quienes participan en estas protestas piden a la ciudadanía libia que proporcione trabajo o vivienda a personas migrantes en situación irregular que las despida o desaloje y que denuncie a quien no lo haga.El 4 de junio, una protesta ante la sede de ACNUR en Trípoli terminó con el amontonamiento de sacos de arena a las puertas y la rotura de la verja exterior del vecino recinto de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), que expresó su preocupación por la desinformación e información errónea sobre el trabajo de la ONU en el país. Las fuerzas de seguridad libias presentes allí no hicieron nada. El 8 de junio, Emad al Trabelsi, ministro del Interior del Gobierno de Unidad Nacional, se reunió con activistas de “No al asentamiento” y manifestó públicamente su apoyo a las demandas del movimiento.Desde el 15 de mayo circulan en Internet vídeos de personas negras sometidas a persecución, burlas, golpes y otros abusos físicos por ciudadanos libios, especialmente en Trípoli y Zintan, lo que indica que el discurso de agentes estatales y no estatales contra las personas migrantes ha fomentado aún más la comisión de abusos racistas con impunidad.Complicidad de la UE en violaciones sistemáticas del derecho internacionalDocumentos filtrados, información de medios de comunicación y diversas publicaciones en redes sociales de las LAAF, las redes regionales integradas de información de la operación mediterránea de la fuerza naval de la UE y la delegación de la UE en Libia confirmaron en mayo que el bloque está intentando ampliar su cooperación con Libia en materia de migración, especialmente mediante el establecimiento de un centro de coordinación de salvamento marítimo en Bengasi, la según ciudad más populosa del país, que está bajo el control de las LAAF.Esta medida se toma después de que, el 11 de mayo, la Guardia Costera Libia disparara contra un barco de salvamento de la ONG Sea-Watch en aguas internacionales al norte de Trípoli; fue el tercer incidente de este tipo ocurrido desde agosto de 2025. Las autoridades libias no han publicado información sobre cualquier investigación que puedan haber iniciado. El 6 de mayo, el Defensor del Pueblo Europeo abrió una investigación sobre el hecho de que la Comisión Europea no hubiera publicado documentos en relación con uno de los incidentes.Información complementariaLa crisis actual constituye una continuación de los constantes y bien documentados abusos y violaciones de derechos humanos que se cometen de manera generalizada y sistemática contra las personas refugiadas y migrantes en Libia y que la cooperación de la UE y sus Estados miembros posibilita activamente.

11. Arabia Saudí: Cerca de un centenar de personas ejecutadas en lo que va de año y decenas más en espera de ejecución por delitos relacionados con drogas

    Las autoridades saudíes han ejecutado a casi un centenar de personas en lo que va de año, entre ellas al menos 61 por delitos de drogas, la más reciente el 18 de junio. En respuesta, Dana Ahmed, investigadora de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio, ha manifestado hoy:“Sólo estamos a mitad de año y Arabia Saudí ya ha ejecutado a casi 100 personas, un triste récord que pone de manifiesto el uso ilícito e inadmisible de la pena de muerte por las autoridades. De las 96 personas ya ejecutadas en 2026, nada menos que 61 habían sido condenadas por delitos de drogas; de éstas, 39 eran extranjeras y 22, nacionales saudíes.“En un momento en que gobiernos e instituciones internacionales reconocen cada vez más la necesidad de promover respuestas a los problemas de drogas que estén fundamentadas y sean respetuosas con los derechos, Arabia Saudí continúa ejecutando a personas por delitos que nunca deberían castigarse con la muerte según el derecho y las normas internacionales. En lugar de reflexionar sobre el coste humano de sus severas políticas punitivas, las autoridades saudíes siguen llevando a cabo ejecuciones a un ritmo alarmante, incluso por delitos de drogas.“Las personas de nacionalidad extranjera han sufrido las peores consecuencias del uso implacable de la pena de muerte por Arabia Saudí para castigar delitos relacionados con drogas, a menudo tras juicios manifiestamente injustos. Como dato profundamente alarmante, al menos 63 nacionales etíopes, recluidos en una misma celda en el centro de detención de Jamis Mushait, en el suroeste de Arabia Saudí, corren peligro inminente de ejecución sólo por delitos de drogas. La preocupación por su seguridad ha aumentado después de la ejecución de siete etíopes este mismo año, todos por “contrabando de hachís”.“El aluvión de ejecuciones en Arabia Saudí refleja una peligrosa tendencia mundial en la que políticas punitivas sobre las drogas impulsan cada vez más el uso de la pena de muerte. La comunidad internacional debe manifestarse pública e inequívocamente en contra de estas ejecuciones ilícitas, y Arabia Saudí debe declarar de inmediato una suspensión del uso de esta pena cruel e irreversible como primer paso fundamental hacia su abolición.”Información complementariaEntre el 1 de enero y el 22 de junio de 2026, Arabia Saudí llevó a cabo 96 ejecuciones, 61 de ellas por delitos relacionados con drogas. De las personas ejecutadas por delitos de drogas, 39 eran extranjeras de Etiopía (7), Pakistán (7), Sudán (5), Jordania (4), Siria (3) y de otras nacionalidades. Y 22 eran de nacionalidad saudí.Arabia Saudí sigue estando entre los países que más ejecuciones llevan a cabo en el mundo. Amnistía Internacional documentó al menos 356 ejecuciones sólo en 2025, cantidad que duplicaba el número total correspondiente a 2024 (122).De enero de 2014 a junio de 2026, las autoridades han ejecutado a 2.084 personas. La población extranjera se ha visto afectada de manera desproporcionada, ya que representó el 75% de las ejecuciones por delitos de drogas en 2024 y el 78% en 2025.Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia de la persona acusada y del método de ejecución utilizado por el Estado. La organización hace campaña en favor de la abolición total de la pena de muerte.

12. La Unión Europea debe abandonar los planes de deportación a Afganistán y suspender las conversaciones sobre readmisión con los talibanes

    Amnistía Internacional insta a las instituciones y los Estados miembros de la Unión Europea (UE) a abandonar los planes de deportación a Afganistán y suspender toda cooperación en materia de readmisión con las autoridades talibanas de facto.Afganistán no puede ser considerado en modo alguno un país de retorno seguro; este enfoque pondrá en peligro la vida de las personas retornadas, como han señalado repetidamente varios órganos de la ONU.La Comisión Europea invitó recientemente a las autoridades talibanas a debatir en Bruselas la deportación de nacionales de Afganistán. Esta reunión, que sería inminente según informes de prensa, viene precedida de presiones por parte de varios Estados miembros para acelerar las deportaciones a Afganistán, a pesar de la grave situación de los derechos humanos y en plena crisis humanitaria en el país, con una grave inseguridad alimentaria y casi 22 millones de personas necesitadas de asistencia. La UE es muy consciente de ello, ha denunciado reiteradamente los atroces abusos de los talibanes y ha desempeñado un papel clave en las iniciativas encaminadas a la rendición de cuentas, como el establecimiento de un mecanismo independiente de investigación sobre Afganistán en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado octubre.Estos intentos de deportar a personas afganas contravienen abiertamente los propios criterios de derechos humanos de la UE en su relación con los talibanes. Pasan por alto los riesgos reales y bien documentados que correría cualquier persona devuelta al país, así como los motivos que habría tenido esa persona para huir de allí, como el riesgo de persecución, desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, y represalias bajo el régimen talibán.“Las dramáticas escenas de gente desesperada por huir de Afganistán, incluido el personal de la UE, son un recuerdo reciente. Es intolerable que la UE intente ahora deportar personas a Afganistán, que en este tiempo se ha vuelto aún más peligroso”, ha dicho Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.“El sistema de represión institucionalizada de los talibanes afecta a todos los ámbitos de la vida diaria e incluye gravísimas restricciones de los derechos de las mujeres y las niñas, el uso de la tortura y otros malos tratos, la desaparición forzada, los arrestos arbitrarios y las ejecuciones extrajudiciales. Toda implicación de la UE en deportaciones a Afganistán es irresponsable y peligrosa, y pasa por alto las obligaciones jurídicas de la propia UE, principalmente la de no devolver a ninguna persona a un lugar donde su vida correría peligro”.

13. República Democrática del Congo: Las autoridades deben retirar su apoyo a los grupos armados sospechosos de crímenes de guerra

    Un grupo armado respaldado por las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo ha matado y torturado a civiles, saqueado bienes y detenido a mujeres como esclavas sexuales en el territorio de Rutshuru, en el este de República Democrática del Congo. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.El Colectivo de Movimientos para el Cambio – Fuerzas de Defensa del Pueblo es miembro de Wazalendo (“patriotas” en swahili), una organización más o menos estructurada de grupos armados que el ejército congoleño utiliza como fuerzas asociadas en su actual lucha contra el Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda. El Colectivo de Movimientos actúa en la zona de Bukombo, en Rutshuru, actualmente bajo el control del M23.Mantiene bases en zonas remotas de Bukombo y ataca a la población civil, a menudo de noche, o en zonas con pocos combatientes del M23. Tras mantener enfrentamientos con este grupo armado, los combatientes del Colectivo han tomado venganza contra familiares presuntamente relacionados con el M23. Estos abusos contra la población civil violan el derecho internacional humanitario y podrían constituir crímenes de guerra.“La población civil que vive en Bukombo y sus alrededores está atrapada entre la brutalidad del M23 y el Colectivo. Lo que se ve obligada a soportar a diario es terrible, especialmente en las zonas apartadas en las que el Colectivo actúa con total impunidad”, ha manifestado Tigere Chagutah, director regional de África Oriental y Austral de Amnistía Internacional.“Las autoridades de República Democrática del Congo a menudo condenan los abusos cometidos por el M23, como deben hacer, pero hacen caso omiso de la violencia y los abusos similares cometidos por Wazalendo, incluido el Colectivo de Movimientos. En la práctica, aprueban estos crímenes y eluden su responsabilidad de proteger a la población civil y llevar a los combatientes de Wazalendo ante la justicia. Los actores internacionales deben presionar al gobierno congoleño para que retire inmediatamente su apoyo a estos grupos armados”.Entre marzo y abril de 2026, Amnistía Internacional entrevistó a 16 víctimas, supervivientes y familiares de personas civiles asesinadas, violadas, torturadas, secuestradas o sometidas a malos tratos por combatientes del Colectivo de Movimientos entre junio y diciembre de 2025. Amnistía Internacional recibió también informes creíbles procedentes de defensores y defensoras de los derechos humanos sobre abusos similares cometidos por el Colectivo en la zona, incluidos homicidios sumarios e incendios de casas.Amnistía Internacional escribió el 8 de junio de 2026 al Colectivo de Movimientos para comunicarle sus averiguaciones y solicitar información sobre la conducta de los comandantes y combatientes del Colectivo respecto a la población civil de las zonas que controla.Violación y violencia sexual contra mujeresUna mujer de poco más de 20 años dijo a Amnistía Internacional que, después de que su esposo se uniera al M23 en mayo de 2025, unos combatientes del Colectivo la secuestraron de su casa y la mantuvieron cautiva durante tres meses. “Me dieron a elegir: me mataban, o me iba con ellos”, dijo.Según contó, los combatientes del Colectivo la recluyeron en una casa en su campamento y le presentaron a un comandante que iba a ser su “esposo”. Para comer, los combatientes le daban una taza de raíz de taro y maíz en días alternos. Contó que en el campamento había otras dos mujeres detenidas, pero los combatientes la amenazaron con dispararle si hablaba con ellas. Según su relato, el comandante la violó repetidamente. “Pensaba que, si me negaba, me mataría. Venía todas las noches [en busca de sexo]”. La mujer huyó cuando el M23 atacó el campamento del Colectivo.Amnistía Internacional también entrevistó a una mujer de 22 años que dijo que unos combatientes del Colectivo la habían secuestrado en junio de 2025 después de que su esposo se uniera al M23. La llevaron a su base en Mudugudu, Bukombo, donde también la obligaron a ser la “esposa” de un comandante. “El hombre me dijo: ‘Si no tienes relaciones sexuales conmigo, te mato’”. Según contó, en el campamento había otras cuatro mujeres, a las que también obligaban a ser “esposas” de combatientes.Dijo que también veía a civiles a quienes se sometía a reclusión y abusos en el campamento. “Capturaban a gente y la traían a la base. Si no tenías nada de valor, te golpeaban. Si tenías suerte, te dejaban en paz. Había [celdas subterráneas] en las que metían a la gente. La detenían a cambio de dinero”. Esto constituye el crimen de guerra de toma de rehenes.Esta mujer huyó en octubre de 2025, cuando el M23 atacó el campamento.Las dos supervivientes de violencia sexual entrevistadas por Amnistía Internacional permanecieron recluidas en condiciones que constituían esclavitud sexual. Ambas dijeron que, tras ser violadas, habían contraído enfermedades de transmisión sexual que les causaban dolor y sufrimiento. Las dos recibieron tratamiento en centros de salud, pero muchas supervivientes de violencia sexual a manos de grupos armados de Wazalendo no tienen acceso a atención médica o psicológica adecuada.La esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual cometidas en el contexto del conflicto armado son violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyen crímenes de guerra. También violan varios derechos humanos, como el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación y el derecho a la integridad física, así como la prohibición de la tortura y otros malos tratos.Malos tratos y otros abusos contra mujeresEl 20 de noviembre de 2025, ocho personas, entre ellas una mujer embarazada y su esposo, se refugiaron en un platanar en Mashango, un poblado de Bukombo, durante un enfrentamiento con armas de fuego entre el M23 y grupos armados locales, entre los que probablemente se encontraba el Colectivo.Los combatientes armados los encontraron y les pidieron aceite para cocinar. “Les dijimos que ya no nos quedaba aceite. [Entonces] saquearon todo lo que encontraron e incendiaron nuestras casas. Uno de ellos se apiadó de mí. Dijo: ‘Esta mujer está embarazada y a punto de dar a luz, tenemos que perdonarla’”.Según el relato de la mujer, eran combatientes del Colectivo, pues el grupo tenía una base en Mashango, Bukombo, una zona controlada por el grupo.Los combatientes se llevaron a su esposo y lo mataron. “Lo apuñalaron con machetes. A todas las personas las mataron con machetes. [Más tarde] fui en busca de los cadáveres [...] los encontramos cuando ya se estaban descomponiendo”. La mujer dio a luz ella sola a un niño, en el bosque, a las cinco y media de la tarde de ese mismo día.Otra superviviente contó a Amnistía internacional que su esposo se había unido al M23 en junio de 2025, y al mes siguiente se presentaron en su casa unos combatientes del Colectivo. “Eran cuatro, [y llegaron] a mediodía”, dijo. “Dos llevaban armas de fuego, y los otros dos varas de madera. Les dije, ‘por favor, tengan piedad de mí, estoy embarazada’. Me dijeron: ‘Tu embarazo no es problema nuestro; queremos ver a tu esposo’. Me dieron muchos golpes. Me golpearon y me hirieron con un cuchillo. Al día siguiente tuve un aborto”.Homicidio por venganza y homicidios sumariosNueve víctimas y supervivientes contaron a Amnistía Internacional que sus esposos habían sido asesinados o secuestrados por combatientes del Colectivo porque sus hijos o esposos se habían unido al M23.Una mujer de 35 años contó que un comandante y seis combatientes del Colectivo se habían presentado en su casa en Kyahemba, un poblado de Bukombo, en noviembre de 2025. Según su relato, el comandante entró en la casa y le preguntó: “¿Permitiste que tu hijo fuera reclutado [por el M23]?” La mujer dijo que su hijo de 15 años se había marchado sin avisar ese mismo mes para unirse al M23. “Les dije que no sabía cómo había sido reclutado. Entonces el hombre empezó a disparar a mi esposo”. Según contó, a su esposo le dispararon tres veces en el pecho delante de sus hijos de ocho y seis años. A la mujer le comunicaron más tarde que su hijo había muerto siendo miembro del M23.Según cuatro víctimas y la información proporcionada por una persona defensora de los derechos humanos, un comandante del Colectivo radicado en Kyahemba estuvo implicado en la detención o el asesinato de sus seres queridos.Otra mujer, Elisabeth*, contó que seis combatientes del Colectivo, cuatro de los cuales habían sido vecinos suyos, se presentaron en su casa en noviembre de 2025 buscando a su esposo. “Nos dijeron que saliéramos de la casa. Luego dijeron: ‘Colaboras con el [M23] […] Actuaban como si [mi esposo] estuviera confabulado con el M23. Le dispararon tres veces, en el pecho y en los genitales. Después saquearon nuestra casa. Se marcharon con cuatro cabras, ropa y cazuelas”.Extorsión y amenazasAntes de la llegada del M23 a la zona, el Colectivo recopiló dinero de los residentes, una forma de impuesto conocida como lala salama (“duerme tranquilamente” en swahili). Estos “impuestos” estaban teóricamente destinados a financiar la protección de la población civil. Una víctima contó que su esposo se había unido al M23 porque estaba harto de la extorsión.Innocent*, que trabajaba en Kyahemba, contó que, después de que su hijo se uniera al M23 en agosto de 2025, unos combatientes del Colectivo se le acercaron en tres ocasiones y le pidieron dinero porque su hijo se había unido al grupo. Les pagó 300 dólares estadounidenses. “Cada vez me decían que trajera a mi hijo para que se uniera a su grupo. Yo les decía: ‘No fui yo el que lo llevó allí. ¿Cómo voy a encontrarlo?’ Cada vez que venían, me golpeaban. Quemaron tres casas, la mía y otras dos. Dijeron que, si no les daba el dinero, me matarían”.Justine*, una mujer de 20 años, contó que su esposo había huido sin decirle nada en julio o agosto del año anterior. En septiembre, unos combatientes del Colectivo se presentaron en su casa. “Tengo aspecto de tutsi. [Los combatientes del Colectivo] forzaron la puerta, entraron y me dieron un latigazo en el costado y otro en el pecho. Me ataron las manos. Me dijeron: ‘Dinos dónde está tu esposo’”. Cuando ella les dijo que no lo sabía, le dijeron que la llevarían ante uno de los comandantes militares del Colectivo, y la intimidaron diciéndole que él la obligaría revelar el paradero de su esposo.Cuando se dirigían a ver al comandante, uno de los combatientes la ayudó a escapar. “Yo llevaba un bebé, y el combatiente sintió simpatía por él. Me dijo: ‘Si vas hacia allá, te matarán’”.Justine creía que su esposo se había unido al M23 por miedo. Según contó, en julio o agosto, el M23 dijo a su esposo: “Eres un tutsi de Ruanda, y todos los tutsis que no se unan al M23 serán decapitados”.Apoyo del ejército congoleño al Colectivo de Movimientos para el Cambio – Fuerzas de Defensa del PuebloEn mayo de 2023, el gobierno de República Democrática del Congo aprobó una ley por la que se creaba un Ejército de Defensa de Reserva que integraba a ciertos grupos armados locales, entre ellos el Colectivo de Movimientos, para formar una fuerza asociada para ayudar en la lucha contra el M23.Las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo apoyan a los grupos armados económicamente y con armas y municiones. El ministro de Economía congoleño dijo al Comité de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional en diciembre de 2025 que el Estado paga a los grupos de Wazalendo 4 millones de dólares estadounidenses al mes.Según un documento interno del gobierno militar de Kivu Septentrional obtenido por Ebuteli (grupo congoleño de investigación), el Colectivo de Movimientos recibió de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo más de 100.000 piezas de munición y más de 100 cohetes de 40mm a finales de 2023 y principios de 2024.En julio de 2024, la Unión Europea sancionó al comandante del Colectivo, Dominique “Domi” Kamanzi Ndaruhutse, por “cometer actos que constituyen graves abusos y violaciones de derechos humanos.” Dominique “Domi” Kamanzi lleva más de 10 años combatiendo con diversos grupos nyatura (término kinyarwanda que significa “golpear duro”) y, según el grupo de expertos de la ONU sobre República Democrática del Congo, ha colaborado con las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, especialmente en la zona de Bwito, en Rutshuru. Las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda son un grupo armado de oposición que actúa en el este de República Democrática del Congo y que está compuesto por combatientes ruandeses y congoleños, junto con elementos de las guerrillas interahamwe y antiguos soldados ruandeses responsables del genocidio de 1994 en Ruanda, así como combatientes no implicados en el genocidio.“Es inexcusable que el ejército congoleño siga apoyando a los combatientes del Colectivo de Movimientos a pesar de los atroces abusos que han cometido contra la población civil”, ha manifestado Tigere Chagutah. “Los abusos cometidos por el grupo han continuado imparables durante años. El gobierno congoleño debe poner fin de inmediato a su apoyo y colaboración con el Colectivo y otros grupos de Wazalendo que cometen abusos, y hacerles rendir cuentas de sus actos”.* Por motivos de seguridad y confidencialidad se utilizan pseudónimos para proteger la identidad de las personas entrevistadas.

14. Orgullo de Ruta: Amnistía Internacional iza banderas ante embajadas de países que han vulnerado gravemente derechos LGBTIQ+ este año

    El auge global de ataques depredadores que buscan acabar con los cimientos de los derechos humanos ha marcado todo 2025. El recrudecimiento de prácticas autoritarias contra la sociedad civil se ha manifestado también en retrocesos de los derechos LGBTIQ+, cuestionados y reprimidos gravemente por gobiernos como el de Estados Unidos, Argentina, Turquía, Uganda y Ghana, entre otros. Algunos, llegando a aplicar prisión y pena de muerte.Amnistía Internacional España ha organizado en el marco del Orgullo una ruta por embajadas en la que se izarán banderas LGBTIQ+ a modo de protesta.Bautizada como ‘Orgullo de Ruta’, se realizará el próximo 18 de junio en Madrid ante las sedes diplomáticas de Estados Unidos, Argentina, Turquía y Ghana para recordar que “hay una preocupante tendencia antiderechos, a la que cada vez se suman más gobiernos, empeñados en arrebatar los derechos conquistados, incluyendo los de las personas LGBTIQ+. No lo vamos a permitir, todo ser humano, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, tiene derecho a vivir una vida libre de violencia y de discriminación. Aquí izamos nuestras banderas para que no se les olvide”, ha dicho Beatriz Martos, portavoz de Amnistía Internacional España.Estados Unidos: 74 leyes antiLGBTIQ+ en año y medio de mandatoEl presidente Donald Trump ha firmado órdenes destinadas a "restablecer la verdad biológica", definiendo el sexo como una "clasificación biológica inmutable: hombre o mujer". Se han recortado programas gubernamentales que brindan atención a personas LGBTIQ+ y algunos países han advertido a su ciudadanía que podrían correr el riesgo de que se les niegue la entrada en Estados Unidos si la identidad de género en su pasaporte difiere del sexo que se les asignó al nacer, o si tienen la marca "X".A nivel estatal, se presentaron 616 proyectos de ley antiLGBTIQ+, 74 de los cuales se convirtieron en ley, restringiendo la atención médica para jóvenes transgénero y censurando contenido LGBTIQ+ en las escuelas.La ONG GLAAD documentó 932 agresiones antiLGBTIQ+ entre mayo de 2024 y el mismo mes de 2025, lo que equivale a 2,5 al día. Los ataques violentos dejaron 84 heridos y 10 muertos.Todo esto vulnera gravemente el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas LGBTIQ+ en el país, así como a la libertad de expresión y de asociación, a la intimidad y la privacidad, a formar una familia y a vivir una vida libre de violencia.Argentina: el triple crimen contra cuatro lesbianas de Barracas no es un caso aisladoEl 6 de mayo de 2024, el barrio porteño de Barracas fue escenario de un ataque brutal que terminó con la vida de Pamela Cobas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante. Un vecino arrojó un explosivo casero en la habitación donde descansaban por el simple hecho de ser lesbianas. Actualmente, Sofía Castro, la única superviviente, lidera una lucha por la verdad, la justicia y una sentencia que reconozca plenamente que este horror fue motivado por el odio.Lo ocurrido en Barracas no es un caso excepcional, sino la punta de un iceberg de violencia sistemática. Los datos son alarmantes:En la primera mitad de 2025, se registraron un 70% más de crímenes de odio motivados por la orientación sexual o identidad de género que en el mismo periodo del año anterior.El 31% de las personas lesbianas han sido atacadas en la vía pública.Un 21% ha sufrido agresiones físicas o verbales dentro de su propio entorno familiar.Estos crímenes se alimentan de narrativas que deshumanizan a las personas LGBTIQ+, sobre todo, desde que en diciembre de 2023 Javier Milei asumiera la presidencia, lo que ha dejado aún más expuestas a quienes ya viven en situación de vulnerabilidad.Turquía: “moralidad” como pretexto legal para reprimirLas organizaciones LGBTIQ+ en Turquía cada vez son objeto mayor de discriminación, acoso judicial y censura bajo los pretextos de “obscenidad” y “moral pública”. Su investigación penal y enjuiciamiento constituye una clara violación de la libertad de expresión y de asociación, además de discriminar a las personas LGBTIQ+.Uno de los casos más flagrantes que se observan en el país es el de la organización de derechos humanos Genç LGBTI+, cuyos directivos Emirhan Şaşmaz, Kerem Dikmen y otros nueve miembros están siendo juzgados por 10 presuntas violaciones de la Ley de Asociaciones, una ley que puede utilizarse para disolver grupos de la sociedad civil. También se les acusa de contravenir el artículo 41 de la Constitución, que protege los derechos de la familia y de la infancia.Ghana: una de las leyes antiLGBTIQ+ más estrictas de ÁfricaGhana ha aprobado una de las leyes más estrictas de África contra la comunidad LGBTIQ+, previendo penas de cárcel tanto para quienes mantengan relaciones entre personas del mismo sexo como para quienes apoyen públicamente actividades vinculadas a la comunidad, vulnerando gravemente el derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como el derecho a la libertad de expresión y de asociación, a la intimidad, a formar una familia y a vivir una vida libre de violencia.Otros países con preocupantes retrocesos: pena de muerte en UgandaEn el país todavía opera la Ley contra la Homosexualidad que discrimina a las personas LGBTIQ+ y establece penas severas, incluida la pena de muerte, por “homosexualidad agravada” y hasta 20 años de prisión por “promoción de la homosexualidad”.Asimismo, la ONG local Foro de Sensibilización y Promoción sobre Derechos Humanos documentó 194 casos de violaciones de derechos humanos contra personas LGBTIQ+: ataques por orientación sexual o identidad de género.No todo son retrocesos: Budapest tendrá marcha del Orgullo y Géza Buzas queda libre de cargosLa valentía de los organizadores del Orgullo —con el apoyo de cientos de miles de activistas— han llevado a la fiscalía húngara a retirar los cargos que pesaban contra los organizadores de las marchas de Pécs y Budapest.Así, Géza Buzás-Hábel y el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, han quedado absueltos, demostrando el poder de la solidaridad. Esta es una victoria colectiva de las cientos de miles de personas que alzaron la voz en relación a este caso.Este año podrá celebrarse libremente la marcha en Budapest, prevista para el próximo 27 de junio. Amnistía Internacional espera que también pueda convocarse sin restricciones la de Pécs, ya fechada para el 12 de septiembre.Orgullo de Ruta: puntos clave e información adicionalOrgullo de Ruta iniciará el izado de banderas el próximo jueves, 18 de junio, en Madrid ante las embajadas de Turquía (18:30h), Estados Unidos (19:25h), Argentina (20:15h) y Ghana (20:55h). Los medios interesados podrán acudir a cualquiera de los puntos, asimismo, se facilitarán recursos gráficos de uso libre tras las acciones.

15. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán debe centrarse en los derechos humanos, y en la región debe haber un final real y sostenible de las hostilidades

    En respuesta a la firma de un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para poner fin a una guerra que ha durado meses, se ha extendido a países vecinos, ha causado la muerte de más de 6.000 personas en Oriente Medio y ha sacudido la economía global, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:“Las autoridades de Estados Unidos e Irán han firmado un acuerdo para poner fin a una guerra que comenzó con unos ataques ilícitos de Estados Unidos e Israel que violaron la Carta de las Naciones Unidas y detonaron actos ilegítimos de las autoridades iraníes, y que se ha saldado con meses de sufrimiento devastador de la población civil y violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra”.“Esta noticia traerá un rayo de precario alivio a millones de personas de la región que durante los últimos cuatro meses han vivido en un limbo. Sin embargo, para garantizar un fin sostenible y duradero de las hostilidades, todo acuerdo que se firme debe ir más allá de proteger intereses estratégicos y militares de Estados Unidos e Irán y debe centrarse en la protección de los derechos humanos, la rendición de cuentas, la justicia y la reparación, incluidas garantías de no repetición, para las víctimas de crímenes de derecho internacional. Un acuerdo marco que detenga temporalmente los combates pero ignore los derechos humanos amenaza con convertirse en un escudo tras el cual la impunidad, la ocupación y la represión continúen indefinidamente.”“Aunque el texto del acuerdo dispone que Estados Unidos, Irán y sus aliados cesarán las operaciones militares —incluso en Líbano—, las autoridades israelíes siguen negándose descaradamente a retirar sus fuerzas del sur de Líbano, donde los ataques siguen amenazando con causar nuevos daños civiles. Es fundamental que la población civil de Líbano, que ya ha soportado un sufrimiento inmenso, no quede expuesta y en peligro de otra escalada más de los ataques israelíes, ni se vea desplazada permanentemente de sus hogares.”“La comunidad internacional debe actuar ya para exigir a Israel que se retire inmediatamente del territorio libanés, que las personas desplazadas puedan regresar libremente y sin peligro y que se otorgue justicia y reparación a las víctimas de violaciones del derecho internacional cometidas en Líbano desde 2023. Asimismo, los Estados deben pedir que se ponga fin al genocidio perpetrado por Israel en Gaza, y que Israel se retire de todo el Territorio Palestino Ocupado.”“Para la población civil de Irán, un final de los bombardeos por sí solo no garantizará la seguridad de un pueblo sometido a una intensa campaña de represión por parte de las autoridades de la República Islámica. Dicha campaña ha incluido detenciones arbitrarias masivas, desaparición forzada, tortura y otros malos tratos, juicios acelerados flagrantemente injustos y ejecuciones de motivación política, con al menos 44 personas ejecutadas y más de 6.000 detenidas arbitrariamente desde que comenzó la guerra. Manifestantes, disidentes y otras personas que propugnan un cambio político fundamental siguen corriendo un grave peligro de sufrir crímenes atroces a manos de las autoridades iraníes.”“Es fundamental que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán venga acompañado de un enfoque diplomático dual centrado en la población con medidas concretas para prevenir crímenes atroces a manos de las autoridades iraníes, incluidas nuevas masacres de manifestantes, y para apoyar los llamamientos de la sociedad civil para que se introduzca un cambio fundamental en materia de derechos humanos, y también en la Constitución.”“El camino a un futuro mejor para la población de la región debe poner a la población civil y la humanidad en primer lugar y ofrecer soluciones a más largo plazo para salvaguardar los derechos humanos, terminar con la impunidad y abordar las causas fundamentales del problema.”Amnistía Internacional pide que todas las violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos los posibles crímenes de guerra, se investiguen de forma independiente, que los responsables rindan cuentas de sus actos y que las víctimas en toda la región reciban justicia y reparación.

16. Irán: Los letales ataques con drones contra Bahréin y Arabia Saudí deben ser investigados como crímenes de guerra — Nueva investigación

    Las autoridades iraníes mataron e hirieron a civiles en Bahréin y Arabia Saudí, lo que supone una violación del derecho internacional y se inscribe en un panorama más amplio de ataques reiterados contra los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC), ha declarado hoy Amnistía Internacional.El conflicto, que comenzó después de los ataques ilícitos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, desencadenó una serie de ataques de las autoridades iraníes y grupos armados aliados contra la región del Golfo, incluidas infraestructuras civiles de toda la región, en los que murieron al menos 28 personas y resultaron heridas cientos más, según la información disponible hasta la fecha.Los ataques iraníes contra los países del GCC están muy poco documentados debido a las restricciones en el acceso a la información de sus gobiernos. No obstante, Amnistía Internacional pudo investigar dos ataques de marzo de 2026, en los que murieron cuatro civiles y resultaron heridos al menos otros 12, que son representativos de los ataques lanzados por las autoridades iraníes y en los que muy probablemente se utilizaron drones Shahed.“El conflicto en Oriente Medio ha tenido un efecto devastador sobre la población civil, con miles de personas muertas y heridas en toda la región. Los ataques de Irán se están cobrando vidas de civiles y deben ser investigados como crímenes de guerra”, ha declarado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.“Las autoridades iraníes deben dejar de atacar infraestructuras civiles inmediatamente. Los responsables de estos ataques deben rendir cuentas y sus víctimas tienen derecho a recibir justicia, verdad y reparación".Amnistía Internacional entrevistó a un total de 21 personas: 15 testigos de los ataques contra infraestructuras civiles de países del GCC y 6 familiares de víctimas. Las personas entrevistadas vivían en diversos países de la región: Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. En el mes de marzo, Amnistía Internacional escribió a los gobiernos de Bahréin y Arabia Saudí solicitando más información sobre el impacto de los ataques sobre infraestructuras civiles, sin obtener respuesta. El 3 de junio de 2026, Amnistía Internacional escribió a las autoridades iraníes solicitando información sobre los ataques documentados. Cuando se publican estas líneas, la organización no ha recibido ninguna respuesta.En virtud del derecho internacional humanitario, las partes implicadas en un conflicto tienen la obligación de distinguir en todo momento entre combatientes y objetivos militares, por un lado, y personas y bienes de carácter civil, por otro. Está prohibido atacar directamente a personas y bienes de carácter civil, por ejemplo, infraestructuras civiles.Las partes implicadas en un conflicto también deben prestar atención constante a no causar daños a la población civil y a bienes de carácter civil durante las operaciones militares, lo que incluye tomar todas las precauciones posibles para evitar o reducir al mínimo la pérdida de vidas de civiles, las lesiones a civiles y los daños a bienes de carácter civil durante los ataques. Los ataques directos, así como los ataques indiscriminados que maten o hieran a civiles, o causen daños a bienes de carácter civil, constituyen crímenes de guerra.Bahréin: Ataque contra un petroleroEl 2 de marzo de 2026, entre las 2 y las 3 de la madrugada aproximadamente, dos proyectiles lanzados por las fuerzas iraníes —muy probablemente drones Shahed— alcanzaron al petrolero MT Stena Imperative  que estaba en dique seco por trabajos de mantenimiento en las instalaciones de Arab Shipbuilding and Repair Yard (ASRY) en Al Hidd, Bahréin. Uno impactó en la cubierta superior de la proa de la nave, donde trabajadores civiles se encontraban realizando trabajos de pintura y reparación.El análisis de 28 fotos y vídeos posteriores al ataque muestra un nivel de daños y un patrón de pulverización de fragmentos que concuerdan con el uso de un dron Shahed. También había fragmentos de la ojiva incrustados en la cubierta y en los sistemas mecánicos del barco. En el ataque murió un hombre, y otros dos resultaron gravemente heridos. Amnistía Internacional entrevistó a cinco testigos y familiares de las víctimas. La víctima mortal era SM Tareq, empleado bangladeshí de ASRY.Un compañero que lo vio morir dijo: “Vi cómo uno de mis amigos ardía y el cerebro le salía de la cabeza.”Otro testigo del ataque relató: “Un compañero [...] vio cómo la onda expansiva alcanzaba a Tareq; había algo que le salía de la parte de atrás de la cabeza, y muchos otros trabajadores comenzaron a gritar: ‘¡Tareq ha muerto!’.”Riaz Uddin, cuñado de SM Tareq, relató: “Tareq me llamó para decirme que él y otros tenían miedo de los ataques, porque había habido varios ataques con misiles. Me pidió que rezáramos por él, para que no le pasara nada y pudiera volver a casa.”El Stena Imperative es un petrolero civil propiedad de la empresa sueca Stena Bulk. Según los medios de comunicación, las fuerzas iraníes ya habían intentado atacarlo y apresarlo en febrero de 2026. El barco había sido contratado con anterioridad por el programa de seguridad para buques cisterna de la Administración Marítima de EE. UU. (US Maritime Administration’s Tanker Security Program) para transportar combustible para el ejército estadounidense.Sin embargo, cuando fue alcanzado el 2 de marzo de 2026, la embarcación era un bien de carácter civil con arreglo al derecho internacional humanitario, y en el momento del ataque estaba atracado en un astillero donde trabajadores civiles realizaban en él labores de mantenimiento, no participando en operaciones militares.Teniendo en cuenta la precisión del armamento utilizado, el aviso de las autoridades iraníes de ataques con drones contra Bahréin ese día, y que las fuerzas iraníes ya habían intentado atacar la nave, es probable que el ataque constituya un ataque directo contra la población civil y contra bienes de carácter civil, y por tanto, posiblemente sea un crimen de guerra.Arabia Saudí: Ataque contra un alojamiento de empleadosEl 8 de marzo de 2026, a eso de las 4 de la tarde, una zona de alojamiento de empleados situada en Al Kharj (Arabia Saudí) fue atacada por munición iraní. A consecuencia del ataque murieron tres hombres y otros 10 resultaron heridos, algunos con lesiones que les dejarán secuelas de por vida tras meses de hospitalización. Todas las víctimas eran civiles que trabajaban para la empresa de limpieza Al Twaik, que proporciona servicios generales de limpieza y mantenimiento de zonas verdes en la región.Amnistía Internacional entrevistó a seis personas que fueron testigos del ataque y familiares de las víctimas. La organización también analizó 26 fotos y vídeos de las secuelas del ataque y examinó imágenes de satélite. Por los daños causados, es probable que las autoridades iraníes o uno de sus grupos armados aliados hayan utilizado un dron Shahed para el ataque.Según contó un testigo a Amnistía Internacional: “La explosión hizo volar en pedazos a un trabajador; yo pude oler cómo ardía. Otro tenía las piernas rotas y la cabeza atravesada por algo. El tercero gritaba: ‘¡Sálvenme!’. Murieron los tres: dos en el acto y el tercero en el hospital adonde lo trasladaron”.El ataque tuvo lugar durante el mes de Ramadán, y las víctimas estaban durmiendo o preparándose para el iftar (interrupción del ayuno al ponerse el sol que se realiza en estas fechas). En el ataque murieron Musharaff Hussain, de 42 años, y Abdullah Mamun, ambos de Bangladesh. La otra víctima fue Bachchu Mia, de unos 35 años y también bangladeshí, que llevaba ocho años trabajando en Arabia Saudí.Josna Akher, esposa de Bachchu Mia y madre de sus tres hijos, dijo a Amnistía Internacional: “Tras el Iftar y la oración, llamé a mi marido desde Bangladesh. Me dijo que me llamaría en 10 minutos, pero no llegó a hacerlo. Me llamaron de otro número para decirme que había muerto en un ataque con misiles. Perdí los estribos, me descompuse, no sabía qué estaban diciéndome. Al otro lado de la línea telefónica se oían gritos y llantos”.“Mi marido trabajaba para Al Twaik realizando tareas de limpieza. Intentaba ocultar su sufrimiento, decía que no le pagaban suficiente, pero trabajaba duro, cocinaba y limpiaba [...] Siempre que tenía tiempo me llamaba, a veces cada dos o tres horas.”Todos los testigos dijeron que en ese alojamiento de empleados jamás había habido fuerzas militares, ni estadounidenses ni saudíes, antes del ataque. Según informó Reuters, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán había dicho que el ataque iba dirigido a unas instalaciones de radar.La base aérea Prince Sultan, situada a unos 15 km, en la que existe una importante presencia militar estadounidense, incluidos radares, sufrió frecuentes ataques de las autoridades iraníes entre el 28 de febrero y el 7 de abril, y probablemente también era el blanco en esta ocasión.Si bien hay varias situaciones hipotéticas que podrían explicar por qué fue atacado el alojamiento de empleados —por ejemplo, un fallo en el armamento iraní—, el episodio debe ser investigado como ataque indiscriminado, pues las autoridades iraníes no distinguieron entre objetivos militares y civiles o bienes de carácter civil, lo cual constituye crimen de guerra.Ataques en los países del GCCAmnistía Internacional habló con testigos de ataques contra el Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi, contra hoteles de Dubai y de EAU, y contra plantas de tratamiento de agua e instalaciones de gas natural licuado en Qatar. Todas las personas que fueron testigos de los ataques describieron oleadas de drones sobrevolando la zona que eran interceptados por los sistemas de defensa aérea local, aunque algunos lograron atravesarlos e impactaron contra infraestructuras civiles fundamentales para proporcionar servicios básicos, como el suministro de agua, o para la economía de la región, como las instalaciones petroleras.Otras infraestructuras civiles también resultaron dañadas por al caer sobre ellas los restos de misiles y drones iraníes interceptados.Una persona que trabaja en una planta en Qatar dijo a Amnistía Internacional: “Al principio de la guerra había dos o tres [oleadas de] ataques diariamente, con 40 o 50 drones o misiles. Vi todas muy de cerca [...] en nuestro alojamiento de trabajo no hubo ningún impacto directo, pero sí cayeron restos. En nuestro alojamiento de empleados [en la planta] impactó uno [dron o misil] directamente [...] A veces me preocupaba lo que pasaría si me alcanzaba la explosión, yo estoy aquí para ayudar a mi familia, pero, y si me pasa algo, ¿qué?”Tras el comienzo de la guerra, las autoridades de todos los Estados del Golfo iniciaron una represión generalizada de la libertad de expresión relacionada con la guerra, deteniendo a más de 1.000 personas, entre otras cosas por compartir contenido online o expresar opiniones sobre el conflicto y los ataques de Irán contra los Estados del Golfo.Los trabajadores dijeron que temían contar sus experiencias a Amnistía Internacional ante la amenaza de ser deportados a sus países de origen por las autoridades estatales. Una persona de Nepal que trabajaba en un hotel de Dubai, manifestó: “Hablar desde aquí es muy peligroso. Muchas personas que grabaron vídeos de los ataques y los subieron a las redes sociales fueron encarceladas. [Las autoridades] no quieren malas noticias. Nuestro [jefe] nos dijo que no habláramos de ello, que no diéramos malas noticias. Si una familia local graba un vídeo, le caen seis meses de cárcel. Si lo hace un trabajador extranjero, lo llevan directamente al aeropuerto”.Información complementariaEn Irán, la población civil sufrió graves daños en los incesantes ataques aéreos llevados a cabo por Estados Unidos e Israel entre el 28 de febrero y el 7 de abril de 2026. En ellos murieron al menos 2.362 civiles, entre los que había 383 niños y niñas, y sufrieron heridas más de 32.314, según cifras oficiales. Además, los ataques causaron gran destrucción y daños a infraestructuras civiles.A 3 de junio de 2026, según los informes, han muerto aproximadamente 28 personas civiles y cientos más han resultado heridas en los seis Estados del GCC a consecuencia de ataques realizados por las autoridades iraníes o grupos armados aliados desde febrero de 2026.

17. La coalición IA ciudadana alerta de que la Ley Ómnibus recorta garantías clave para los derechos de la ciudadanía frente a los sistemas de inteligencia artificial

    El Parlamento Europeo aprobó ayer el denominado AI Omnibus, un paquete legislativo presentado como una simplificación del Reglamento  de Inteligencia Artificial (AI Act). Según IA ciudadana, el resultado es un retroceso real: se reducen obligaciones de transparencia, se retrasan las garantías hasta 2027, 2028 y en algunos casos hasta 2030, y se complica la supervisión independiente de los sistemas de IA que más pueden afectar a los derechos de las personas. La postura de España, cuyo ministro de Transformación Digital, Óscar López, afirmó: "Me niego a admitir que haya que desregular la IA para ser competitivo", ha perdido, pues, la batalla.El Reglamento de IA de la UE, aprobada tras años de negociación, establecía un conjunto de obligaciones para los sistemas de IA de alto riesgo: que estuvieran registrados públicamente, que fueran auditables, que las personas afectadas pudieran impugnarlos y que organismos independientes pudieran supervisarlos. El AI Omnibus debilita varios de estos mecanismos antes de que hayan tenido oportunidad de aplicarse.¿Qué cambia con el AI Omnibus?- Menos información pública sobre sistemas de IA. Los proveedores que decidan de forma unilateral que su sistema no es de alto riesgo ya no tendrán que publicar dónde lo comercializan ni por qué tomaron esa decisión. Sin esa información, la ciudadanía no puede verificar si la clasificación es correcta y, por ende, no puede haber rendición de cuentas.- Más tiempo sin garantías en sectores críticos. Las obligaciones para sistemas de IA usados en empleo, educación, servicios sociales o justicia se posponen hasta diciembre de 2027. Para los sistemas usados por administraciones públicas, el plazo se extiende hasta agosto de 2030. Durante ese tiempo, las personas afectadas no tendrán acceso a los mecanismos de protección que la propia ley preveía.- Riesgo de que las evaluaciones de impacto se vacíen de contenido. El AI Act obligaba a evaluar el impacto sobre los derechos fundamentales antes de desplegar un sistema de IA de alto riesgo. El nuevo texto permite sustituir esa evaluación por una de protección de datos, que tiene un alcance mucho más limitado y no busca  incluir, por ejemplo, la participación de las comunidades afectadas.- Organismos de derechos fundamentales con acceso más limitado. Las instituciones especializadas en igualdad, antidiscriminación u otros derechos ya no podrán acceder directamente a la información sobre sistemas de IA: tendrán que solicitarlo a través de las autoridades de vigilancia del mercado, añadiendo burocracia y retrasos.“El AI Omnibus no simplifica la ley de inteligencia artificial: la debilita antes de que haya podido aplicarse. Estamos hablando de sistemas que ya están decidiendo sobre acceso a servicios sociales, procesos migratorios o condiciones laborales. Retrasar las garantías y reducir la transparencia no beneficia a la ciudadanía, beneficia a quienes despliegan estos sistemas sin querer rendir cuentas.” Judith Membrives i Llorens, responsable de Incidencia y discurso político sobre IA y Derechos Humanos de Lafede - justícia global, en representación de IA ciudadanaIA ciudadana pide:Que la implementación del AI Act recupere los niveles de transparencia y supervisión recortados por el Ómnibus; que las evaluaciones de impacto en derechos fundamentales incluyan procesos participativos reales con las comunidades afectadas; y que se dote de recursos suficientes a las autoridades de supervisión para que no sean necesarios nuevos aplazamientos.IA ciudadana rechaza el uso del procedimiento Ómnibus para reabrir garantías de derechos digitales negociadas durante años, y alerta de que este precedente puede repetirse con otras legislaciones como el Reglamento General de Protección de Datos.Sobre IA ciudadanaIA ciudadana es una coalición de organizaciones que trabajan para defender los derechos humanos en el contexto de las tecnologías digitales. Su objetivo es ampliar los espacios de participación de la sociedad en la regulación y en la gobernanza de la inteligencia artificial y los algoritmos, con el fin de conseguir que estas tecnologías promuevan la justicia social.Forman parte de la coalición: Civio, Political Watch, AlgoRace, Lafede, Oxfam Intermón, Algorights, Komons, DigitalFems, Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), Observatorio Trabajo, Algoritmo y Sociedad (TAS), Iridia y CECU. Más informaciónSe adjunta la nota de posición completa de IA ciudadana sobre el AI Omnibus con el análisis detallado de los cuatro puntos mencionados.

18. Líbano: Israel amplía radicalmente el uso de órdenes ilegales de “evacuación” masiva y comete el crimen de guerra de traslado forzoso

    “El uso reiterado por el ejército israelí de órdenes ilegales de ‘evacuación’ masiva y de no retornar para desplazar y aterrorizar a cientos de miles de personas en Líbano es una violación flagrante del derecho internacional humanitario”, ha declarado Amnistía Internacional. En el sur de Líbano, estas órdenes se utilizan como una herramienta deliberada para el desplazamiento forzoso de civiles de sus casas, decenas de miles de los cuales Israel ha impedido regresar después. Esto constituye un traslado forzoso que, como infracción grave del IV Convenio de Ginebra, constituye un crimen de guerra.En una nueva investigación que combina el análisis de órdenes emitidas por el ejército de Israel a residentes de Líbano a través de X desde 2024, entrevistas con personas desplazadas de las zonas de no retornar declaradas unilateralmente por Israel y el análisis de fuentes de acceso público, Amnistía Internacional concluyó que el ejército israelí ha ampliado radicalmente el uso del desplazamiento masivo en Líbano en 2026, sometiendo a muchas más personas, con mucha más frecuencia, a una avalancha de órdenes ilegales de “evacuación” masiva mientras seguía adelante con su plan de destruir más viviendas e infraestructura civil y despoblar grandes partes del sur.“En los últimos dos años y medio, las hostilidades entre Israel y Hezbolá han tenido consecuencias devastadoras para la población civil. Además de esto, el uso generalizado por Israel de órdenes de ‘evacuación’ masiva que afectan a amplias zonas de Líbano ha desplazado, de forma reiterada e ilegal, a cientos de miles de personas. En 2026, igual que en 2024, las órdenes indiscriminadas de Israel se emitieron sin medidas para garantizar el bienestar y la seguridad de las personas evacuadas, no facilitaban información ni orientación significativas para que la población civil tomara decisiones informadas sobre si huir y durante cuánto tiempo, y nunca fueron revocadas, ni siquiera después de que cesaran las hostilidades en las zonas sometidas a estas órdenes, tal como exige el derecho internacional humanitario”, afirmó Kristine Beckerle, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “En grandes partes del sur de Líbano, las órdenes de ‘evacuación total’ de Israel fueron seguidas de órdenes de ‘no retornen’. El desplazamiento forzado y la prohibición de regresar impuestos por Israel, que afectan decenas de miles de civiles del sur del Líbano, constituyen traslado forzoso, que es una infracción grave del IV Convenio de Ginebra y, por tanto, un crimen de guerra. En lugar de desarraigar forzosamente a las comunidades y designar extensas zonas de territorio libanés zonas excluidas para la población civil, las fuerzas israelíes deben retirarse inmediatamente de territorio libanés. Israel debe permitir que las personas desplazadas retornen sin riesgos y libremente a sus tierras y ofrecer una reparación a las víctimas de sus violaciones del derecho internacional humanitario, incluidas aquellas cuyas casas ha destruido ilegalmente”.El análisis de Amnistía Internacional indica que, durante la intensificación de la guerra de 2026 y en comparación con 2024, el ejército israelí ha ampliado de forma significativa la magnitud de su uso de órdenes de “evacuación” masiva, al emitirlas con más frecuencia y en zonas más extensas del país.En respuesta a las preguntas de Amnistía Internacional, el ejército israelí negó que estuviera emitiendo órdenes de evacuación obligatoria y dijo que emitía “alertas anticipadas a la población civil” que no constituían órdenes de obligatorio cumplimiento, sino “recomendaciones”. Amnistía Internacional ha explicado con anterioridad en su análisis por qué las órdenes de “evacuación” masiva no constituyen alertas anticipadas efectivas y distinguía entre estas alertas, que se emiten antes de un ataque [en aplicación del principio de precaución] respecto de un lugar concreto como un edificio, y las órdenes de “evacuación” masiva, que se emiten a listas de pueblos y grandes extensiones de terreno. El ejército israelí dijo en su carta que “no se prohíbe a la población civil libanesa regresar a sus casas”, pero el ministro de Defensa israelí ha declarado en reiteradas ocasiones que se prohibiría a las personas desplazadas regresar a zonas situadas al sur del río Litani “hasta que se garantice la seguridad de los residentes [israelíes] del norte”. Además de estas órdenes de “evacuación” masiva, el ejército israelí también ha ampliado la zona de Líbano afectada por sus órdenes de no retornar. El 28 de noviembre de 2024, al día siguiente de la entrada en vigor de un alto el fuego anterior, el ejército israelí designó zona de acceso restringido un territorio que incluía aproximadamente el 4,6% de Líbano. En 2026, justo tres días después de que se anunciara el alto el fuego del 17 de abril, el ejército israelí publicó un nuevo mapa que mostraba una zona ampliada que abarcaba el 6% del territorio de Líbano, calificándola de zona de “defensa adelantada”, y ordenó a la población que no regresara a una larga lista de pueblos situados en su interior. Anteriormente, en esa zona vivían decenas de miles de civiles.El ejército israelí está desplegado en la zona de no retornar y desde 2024 lleva a cabo una destrucción generalizada en su interior. Amnistía Internacional ya documentó que el ejército israelí había dejado un rastro de destrucción deliberada en partes de la zona de no retornar tanto antes como después de la entrada en vigor del alto el fuego de 2024. En 2026, imágenes del satélite Sentinel 2 con una resolución de 10 metros mostraban casi a escala real el borrado de casi todos los municipios situados a lo largo de la frontera —que representan una gran parte de la zona de no retornar— que Amnistía había analizado en 2024. Con anterioridad, había pequeñas zonas de estructuras que habían quedado intactas. Ahora, casi todas habían sido arrasadas y la grave destrucción se ha extendido a municipios situados más en el interior de la zona de no retornar.El derecho internacional humanitario prohíbe estrictamente el desplazamiento forzado de civiles. La evacuación parcial o total solo puede ordenarse como medida excepcional para garantizar la seguridad de la población o por razones militares imperativas —derivadas directamente de operaciones militares— y se debe utilizar como último recurso. Toda evacuación debe ser temporal y realizarse en condiciones seguras y humanitarias, y se debe permitir que las personas evacuadas regresen a sus casas en cuanto cesen las hostilidades en la zona en cuestión. Desplazar forzosamente a personas civiles sin que existan motivos legítimos para una evacuación o impedirles que regresen a sus casas constituye la infracción grave de traslado forzoso tipificada en el artículo 147 del IV Convenio de Ginebra, que es un crimen de guerra.“Dos años y medio después, es crucial que la comunidad internacional actúe: los Estados deben promover un alto el fuego duradero y sostenible, presionar al ejército israelí para que se retire de territorio libanés, activar los mecanismos de justicia y de rendición de cuentas nacionales e internacionales, y suspender todas las transferencias a Israel de armas y de equipo militar que faciliten violaciones del derecho internacional”, dijo Kristine Beckerle.MetodologíaAmnistía Internacional entrevistó en marzo y abril de 2026 a 19 personas procedentes de zonas que habían recibido órdenes de “evacuación” masiva y de no retornar. Cuatro habían sido desplazadas en 2024 y no podían regresar de forma significativa, y ocho habían sido desplazadas en 2024, habían retornado en 2025 y fueron desplazadas de nuevo en 2026. Otras seis habían permanecido en sus casas, todas en pueblos de mayoría cristiana, aunque informaron del colapso sistemático de servicios básicos. El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional analizó 447 órdenes emitidas a residentes de Líbano y publicadas en la cuenta de X del portavoz árabe del ejército israelí entre el 23 de septiembre de 2024 y el 31 de mayo de 2026, e hizo un análisis comparativo de las órdenes emitidas durante las escaladas bélicas de 2024 y 2026, examinando su ámbito, contenido y frecuencia. De estas órdenes, 215 fueron alertas anticipadas dirigidas a lugares concretos; 36 fueron órdenes de “evacuación” masiva durante la intensificación de la guerra de 2024; 135, órdenes de “evacuación” masiva emitidas durante la escalada de 2026, y 61, órdenes de no retornar que ordenaban a la población residente que no regresara a las zonas evacuadas. Amnistía Internacional escribió al ejército israelí el 22 de mayo de 2026 en relación con sus conclusiones y recibió una respuesta el 3 de junio de 2026.Órdenes de evacuación total: Aumento del uso por Israel de órdenes de “evacuación” masivaDesde 2024, el ejército israelí emite órdenes de “evacuación” masiva generales e indiscriminadas por las cuales las personas residentes deben abandonar sus casas de forma inmediata e indefinida y que se han dictado sin medidas para garantizar el bienestar y la seguridad de las personas evacuadas, como exige el derecho internacional. Aunque se usan supuestamente para informar a la población civil de próximas hostilidades que podrían ponerla en peligro, las órdenes —en ocasiones emitidas en mitad de la noche o acompañadas de mapas ambiguos— han afectado a pueblos enteros, a listas de pueblos y a enormes extensiones de tierra. Amnistía Internacional halló que estas órdenes de “evacuación” masiva no facilitaban información significativa sobre dónde o cuándo podría atacar el ejército israelí ni orientaban a la población civil para que tomara decisiones informadas sobre si huir o no y por cuánto tiempo. Aunque algunas órdenes abarcaban zonas en las que, en aquel momento, había combates activos o donde el ejército israelí efectuó posteriormente ataques, otras incluían zonas alejadas de los combates.Desde 2024, el ejército israelí ha aumentado de forma significativa el uso de órdenes de “evacuación” masiva frente al uso de alertas anticipadas más específicas. Este cambio quedó especialmente patente en el suburbio del sur de Beirut de Dahieh: en 2024, el ejército israelí no emitió órdenes de “evacuación” masiva para Dahieh; en 2026, emitió 27 de estas órdenes entre marzo y mayo. El número de alertas anticipadas que el ejército israelí emitió para edificios concretos de Dahieh cayó en picado, pasando de 107 en 2024 a 15 en 2026, y solo tres de ellas se publicaron después de la primera orden de “evacuación” masiva para la zona.La población residente del sur de Líbano está especialmente afectada por el uso por Israel de órdenes de “evacuación” masiva, y particularmente en 2026. Entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, el ejército israelí publicó en su cuenta de X 171 órdenes de “evacuación” masiva para residentes de Líbano, 135 de ellas en 2026. Alrededor de tres cuartas partes (el 76%) fueron emitidas para el sur de Líbano. El resto se dividía entre los suburbios del sur de Beirut (15%) y el valle de la Becá (5%).En las primeras 48 horas de la escalada de la guerra de 2026, el ejército israelí emitió su mayor orden de “evacuación” masiva hasta la fecha, que abarcaba todas las zonas ubicadas al sur del río Litani (en torno al 8,5% de Líbano). Unos días después, emitió una orden aún más amplia que abarcaba la zona situada al sur del río Zahrani, alrededor del 10% de Líbano, donde residían unas 800.000 personas. El ejército israelí volvió a publicar la misma orden 13 veces hasta el 17 de abril de 2026, cuando se declaró el alto el fuego. Las hostilidades continuaron, al principio con menor intensidad, y luego volvieron a escalar.El 27 de mayo de 2026, primer día de la Festividad del Sacrificio (Eid al Adha), el ejército israelí emitió de nuevo esta orden increíblemente amplia, ordenando a toda la población residente del sur de Líbano que evacuara al norte del río Zahrani, afirmando que el ejército israelí consideraba “todas las zonas al sur del río [...] zonas de combate”. Otras órdenes nuevas incluyeron también pueblos ubicados al norte del río Zahrani, lo que constituía el 15% de todo el país.“Emitir órdenes de ‘evacuación’ generales no exime al ejército israelí de cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, que incluyen tomar todas las precauciones posibles para minimizar el daño a la población civil, y sin duda no da al ejército israelí derecho de tratar estas zonas como zonas de fuego abierto”, declaró Kristine Beckerle. En muchas partes de Líbano, las órdenes de “evacuación inmediata” se han repetido una y otra vez.“Hala” (seudónimo), una mujer de unos sesenta años de Chaqra (pueblo de la gobernación de Nabatieh, en el sur de Líbano), sufrió reiteradas órdenes de “evacuación” masiva: dos en octubre y noviembre de 2024, y al menos cinco más entre marzo y mayo de 2026, incluida una poco después de que se anunciara en alto el fuego del 17 de abril.El 2 de marzo de 2026, a las 4.04 de la madrugada, el ejército israelí emitió una orden de “evacuación” masiva para Chaqra y otros 52 pueblos. Hala no vio la orden. Cuando llegó la mañana, muchas personas habían huido del pueblo. “Todo el mundo se marchó antes que yo... todo el barrio estaba vacío”, dijo. Cuando finalmente encontró transporte, el viaje a Beirut, normalmente de unas dos horas y media, duró 24 horas.Tras el alto el fuego de abril de 2026, partes de Chaqra, junto con 20 pueblos más, quedaron en una línea trazada unilateralmente por el ejército israelí para demarcar la frontera interior de la “zona de no retornar”. Se permitió a las personas residentes desplazadas volver a algunas partes de su pueblo, pero se les prohibió ir a las zonas que estaban al sur de la línea.Hala hizo una breve visita a su casa el 20 de abril para recoger ropa de verano y luego volvió a Beirut. Ocho días después, el ejército israelí emitió otra orden de “evacuación” masiva que abarcaba la totalidad de Chaqra. “No hay mucha vida en mi pueblo. La mayoría de quienes volvieron [después del alto el fuego] ya se han vuelto a marchar”, dijo Hala.  Órdenes de “no retornen”: Zona de no retorno ampliadas de IsraelLas autoridades israelíes han declarado públicamente su objetivo de establecer una “zona de seguridad” dentro de territorio libanés para proteger a la población residente del norte de Israel de potenciales ataques de Hezbolá, relacionando expresamente con este objetivo el desplazamiento a gran escala y prolongado de residentes, así como más destrucción en el sur de Líbano.El 20 de abril de 2026, tres días después de que se anunciara el alto el fuego del 17 de abril, el ejército israelí publicó un mapa que designaba una zona de “defensa adelantada” que se adentraba entre 8 y 12 kilómetros en territorio libanés y abarcaba unos 600 kilómetros cuadrados de tierra y mar. El ejército enumeraba 74 pueblos, y prohibía a la población residente que volviera a 63 pueblos y cruzara al sur de los 21 restantes. También prohibió acercarse al río Litani y a los valles de Al Salhani y Al Saluki.El mapa de 2026 ampliaba el mapa de la zona de no retorno publicado por el ejército israelí el 28 de noviembre de 2024, al día siguiente de la entrada en vigor de un alto el fuego anterior. El mapa de 2024 abarcaba alrededor de 480 kilómetros cuadrados (el 4,6% de Líbano) y enumeraba 68 pueblos, a 58 de los cuales se prohibía regresar y 10 en los que se prohibía pasar al sur.Los mapas y las listas de pueblos del ejército israelí contenían inexactitudes geográficas, repeticiones y errores ortográficos que creaban confusión sobre las zonas a donde se ordenaba no retornar y aquellas a las que se podía volver sin riesgos. En marzo y abril de 2026, Amnistía Internacional entrevistó a nueve personas desplazadas de pueblos incluidos en las órdenes de no retornar de 2024 y 2026 emitidas por el ejército israelí. Cinco pudieron volver a sus casas en 2025, pero fueron desplazadas de nuevo en 2026. Cuatro no han podido retornar de forma significativa desde 2024. Entre noviembre de 2024, cuando el ejército israelí publicó su primer mapa de la zona de no retorno, y febrero de 2025, cuando se retiró de algunas partes del sur de Líbano, el ejército israelí emitió 35 notificaciones en las que prohibía a la población residente en el sur de Líbano volver a sus casas hasta nuevo aviso. Seis de estos mensajes prohibían expresamente el acceso a olivares. La agricultura es una fuente importante de ingresos de la región y representa más de un tercio de la cosecha total de aceitunas de Líbano. Durante este periodo, el ejército israelí mató al menos a 81 civiles e hirió a 120 cuando trataban de llegar a pueblos del sur, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.El 18 de febrero de 2025, el ejército israelí se retiró de algunas partes del sur de Líbano, pero se quedó en cierto número de puntos “estratégicos”. Más allá de estos, había destruido en gran medida propiedades civiles y seguía usando drones y llevando a cabo ataques esporádicos. Cinco de las personas residentes desplazadas con las que habló Amnistía Internacional dijeron que pudieron volver a su pueblo en 2025, después de la retirada. Todas ellas contaron que empezaron a reconstruir su casa a pesar de la destrucción generalizada y de la vigilancia casi constante de los drones. Todas ellas fueron desplazadas una vez más en marzo de 2026 y en mayo no habían podido retornar.Cuatro de las personas residentes desplazadas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que no habían podido volver a su casa de forma efectiva desde 2024. Las cuatro eran de Kfar Kila y Odeisseh, pueblos situados a entre 100 y 300 metros de la frontera con Israel y citaron la destrucción generalizada de sus casas y pueblos, la presencia continua del ejército israelí y el riesgo de sufrir un ataque como obstáculos principales para regresar. Amnistía Internacional examinó la destrucción generalizada por el ejército israelí de Kfar Kila y Odeisseh en un informe de 2025.Las cuatro personas, que siguen desplazadas, dijeron que tuvieron que pedir permiso para volver a sus pueblos incluso para visitas muy breves para enterrar a sus seres queridos.“Salma” (seudónimo), que volvió a Kfar Kila para enterrar a su abuela, dijo: “Nos dieron 10 minutos [...] Tenías encima el dron [israelí]... Te recompones y vas, lloras 10 minutos y te marchas, todo en la carretera que te especificaron”. El 30 de marzo de 2026, supo por la prensa que habían arrasado el viejo cementerio donde estaba enterrada gran parte de la familia.Joumana, cuya casa en Odeisseh fue derribada por fuerzas israelíes en 2024, regresó al pueblo para enterrar a su tía, que había muerto de cáncer estando desplazada. Recibieron permiso para el entierro en abril de 2024, bajo la supervisión del ejército libanés, mientras sobrevolaban sus cabezas drones israelíes: “Exhumar [los restos], volver a llevar el ataúd, oír de nuevo las oraciones, reabrir la tumba y volver a enterrarla: es lo más duro que he vivido nunca”.Describió la destrucción en su pueblo: “No había carreteras. Conduje una corta distancia y de pronto me encontré en campo abierto; la carretera había sido arrasada y se había fusionado con las tierras de cultivo... Las casas están destruidas, han desaparecido edificios, las carreteras están destrozadas, no hay agua, no hay electricidad... Nadie ha vuelto al pueblo. No hay vida aquí”.Información complementariaEsta investigación es la primera de una serie de investigaciones que examinan violaciones del derecho internacional perpetradas durante la escalada de la guerra de 2026 en Líbano.A fecha 7 de junio de 2026, el Ministerio de Asuntos Sociales libanés informaba de que seguían desplazadas más de un millón de personas. Se calcula que 64.000 personas habían seguido desplazadas después del alto el fuego de 2024.Desde que se intensificó la guerra el 2 de marzo, a día 12 de junio, habían muerto en Líbano más de 3.700 personas, según el Ministerio de Salud Pública. Pese a múltiples anuncios de alto el fuego, las hostilidades continúan, e Israel y Hezbolá siguen intercambiando ataques: Israel efectúa ataques aéreos en todo Líbano y Hezbolá lanza cohetes y drones al interior de Israel. 

19. República Centroafricana: El juicio largamente esperado del expresidente Bozizé por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, empañado por la ausencia del acusado

    En respuesta al inicio del juicio contra el expresidente François Bozizé y tres coacusados ante el Tribunal Penal Especial en República Centroafricana, Marceau Sivieude, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, ha declarado:“El hecho de que se juzgue a François Bozizé por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (incluidos tortura, asesinato, detención arbitraria y desaparición forzada) demuestra una notable voluntad por parte del Tribunal Penal Especial de luchar contra la impunidad y administrar justicia para que se haga realidad el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación”.“Sin embargo, el hecho que Bozizé sea juzgado in absentia empaña considerablemente este proceso judicial. Es fundamental que el expresidente sea detenido, extraditado y juzgado en persona.”“La ejecución de las órdenes de detención garantiza juicios justos en los que víctimas y supervivientes pueden encontrarse cara a cara con los acusados, y los acusados tienen la oportunidad de defenderse. Y un elemento crucial: también significa que quienes sean declarados culpables de los más atroces crímenes se enfrentarán a las consecuencias de sus actos.”“Más de 30 sospechosos contra los que el Tribunal Penal Especial ha dictado órdenes de detención siguen en libertad en otros casos. Todos deben ser detenidos y llevados ante el tribunal competente. El Tribunal Penal Especial sólo puede cumplir su mandato si las autoridades nacionales y todos los Estados, especialmente aquellos que acogen a sospechosos, cooperan plenamente.”Información complementariaEl 30 de abril de 2024, el Tribunal Penal Especial emitió una orden de detención contra François Bozizé por múltiples cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos entre febrero de 2009 y marzo de 2013, durante su presidencia, por la Guardia Presidencial y otras fuerzas de seguridad interna en la prisión civil y en el centro de adiestramiento militar de Bossembélé. En la actualidad, Bozizé vive en Guinea Bissau.Los coacusados de Bozizé —Eugène Ngaikosset, Vianney Semndiro y Firmin Junior Danboy—, que se enfrentan a cargos como asesinato, desaparición forzada y tortura, fueron detenidos en 2021 y 2022. Permanecen recluidos bajo custodia del Tribunal Penal Especial mientras se celebra el juicio.El Tribunal Penal Especial, tribunal híbrido respaldado por la ONU creado para investigar, procesar y juzgar los crímenes más graves cometidos en República Centroafricana, ya ha declarado culpables in absentia a 10 personas en juicios anteriores.En 2020 y 2021, Amnistía Internacional analizó las dificultades a las que se enfrentaba el Tribunal. En los últimos meses, la organización ha pedido que se brinde más apoyo al Tribunal, ya que éste se enfrenta a serios problemas económicos. Aunque el actual mandato del Tribunal dura hasta 2028, persisten importantes dudas sobre su futuro y la sostenibilidad de su trabajo.

20. Reino Unido: La sentencia sobre la ilegalización de Palestine Action es un “capítulo vergonzoso de nuestra historia”

    A raíz de la sentencia dictada hoy sobre la ilegalización de Palestine Action, Tom Southerden, director del Programa Jurídico de Amnistía Internacional Reino Unido, ha manifestado:“Llevamos mucho tiempo diciendo que prohibir Palestine Action como organización terrorista supone un uso indebido de las amplias competencias antiterroristas que tiene graves consecuencias para los derechos humanos, y el resultado de hoy no cambia esa valoración. Es básicamente desproporcionado considerar que la protesta de acción directa es terrorismo.Las imágenes de personas de toda condición social —desde personal de enfermería y pensionistas hasta veteranos del ejército— metidas en furgones policiales por exhibir pancartas pacíficamente serán recordadas como un capítulo profundamente vergonzoso de nuestra historia.Permitir esta ilegalización representa un paso más en la represión en curso del derecho a la protesta en este país.“El gobierno debe revocar la ilegalización y empezar a revertir años de ataques contra el derecho a manifestarse, uno de los instrumentos más eficaces que tenemos para exigir rendición de cuentas a quienes ejercen el poder”.