Amnistía Internacional Sp

1. Amnistía Internacional denuncia cómo la Fiscalía General del Estado lleva seis años obstaculizando las investigaciones sobre el espionaje de Pegasus en España

   Madrid/Barcelona.- Una nueva investigación de Amnistía Internacional analiza cómo el espionaje a activistas, periodistas, personas del mundo de la política y de la abogacía llevado a cabo principalmente entre 2017 y 2020, sigue impune, y concluye que la actuación del Ministerio Fiscal en diez causas del entorno independentista catalán analizadas por la organización se caracteriza, hasta hoy, por la inacción, la obstrucción para que avancen las investigaciones y la revictimización de las personas afectadas.  La utilización de softwares espías como Pegasus o Candiru para la vigilancia de las comunicaciones, de forma intrusiva e indiscriminada, afecta y viola el derecho a la privacidad, además de otros derechos como el derecho a la libertad de expresión, el derecho de asociación y el derecho a defensa y de una tutela efectiva para sus clientes (en el caso del espionaje a abogados). Por eso, para la organización resulta preocupante la actuación del Ministerio Fiscal y reclama a la Fiscalía General del Estado que evalúe el papel del mismo en los procedimientos, asegurando que se pone del lado de las víctimas, abandonando su rol defensor del Estado y, a veces, de la propia empresa israelí NSO (propietaria de Pegasus), y respaldando la práctica de diligencias que sean necesarias para determinar tanto la naturaleza y circunstancias de los hechos, como las personas responsables de los actos de espionaje llevados a cabo.Además, exige a las autoridades españolas que se prohíba el uso, compra, venta o transferencia de este tipo de herramientas de espionaje; la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y de la normativa del CNI para que dejen de ser un obstáculo para la investigación de posibles vulneraciones de derechos humanos y que colaboren con las recomendaciones realizadas a España, por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité Pega (Comisión de Investigación encargada de examinar el uso de Pegasus y programas espía equivalentes) del Parlamento Europeo, y el Consejo de Europa."Hemos analizado cómo las víctimas de este presunto espionaje llevan seis años sometidas a un sin fin de obstáculos para la obtención de auxilio y amparo en la investigación de estos hechos por parte del Ministerio Fiscal. Eso solo lleva a que las víctimas sientan que nunca van a conseguir la verdad, la justicia y la reparación a la que tienen derecho", señala Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional España. Varios niveles de secretismo Por un lado, las investigaciones se topan con la falta de acceso a información y colaboración por parte del gobierno, al tratarse de información clasificada como secreto. Tanto la normativa del CNI como de la Ley de Secretos Oficiales amparan ese secretismo. Amnistía Internacional lleva años exigiendo la reforma profunda de la Ley de Secretos Oficiales y también pide lo mismo con la ley que regula la actuación del CNI. “Sin esos cambios legales urgentes, que impongan salvaguardas contra las violaciones de derechos humanos y aumenten el control judicial, estos hechos de espionaje pueden volver a ocurrir con total impunidad. El gobierno debe proceder a facilitar y desclasificar información solicitada por las víctimas en los procedimientos judiciales abiertos. No olvidemos que los servicios de inteligencia también tienen que respetar las normas de derechos humanos”, declara Álvarez. Por otro lado, la organización señala en su informe una serie de obstáculos con los que el Ministerio Fiscal dificulta el avance de las investigaciones. Entre ellos, los relacionados con la admisión de las querellas, o con la oposición a las diligencias interesadas por las acusaciones.  Las dilaciones en los procedimientos tanto por el tiempo en dirimir las peticiones que realizan, como para la resolución de los recursos que las víctimas se ven obligadas a presentar por las negativas a investigar, parecen ir en dirección contraria al cumplimiento de los estándares para una investigación pronta, imparcial y efectiva. Entre los obstáculos con los que se han encontrado algunas víctimas están las dificultades para la investigación de la responsabilidad, tanto del CNI como de NSO Group, y/o sus directivos en el espionaje. Para ello, las víctimas han pedido la emisión de comisiones rogatorias u órdenes europeas de investigación. Estas comisiones, que se utilizan cuando un juez o tribunal necesita realizar una diligencia de investigación en otro país, son solicitudes formales de auxilio judicial internacional. La falta de respuesta por las autoridades de otros países, en algunos casos por la falta de debida diligencia por parte de las autoridades en España, al no subsanar, por ejemplo, fallos en su petición, ha provocado la solicitud del archivo o sobreseimiento de la causa en España. La organización considera que paralizar las investigaciones a la espera de respuesta en otros países no es un argumento de peso para no seguir investigando, especialmente cuando se están pidiendo otras diligencias de investigación útiles y necesarias para el esclarecimiento de los hechos, o cuando se debe a que no se está  dando impulso a dichas comisiones rogatorias ni a las órdenes europeas de investigación. "Se trata de un círculo vicioso que se tiene que romper cuanto antes", denuncia Álvarez.  Por otro lado, para la organización resulta grave la revictimización de las personas afectadas por el espionaje al exigir que entreguen sus dispositivos a la policía para la realización de nueva periciales, es decir, volver a exponer completamente toda su intimidad, aún cuando las víctimas aportan ya informes periciales que avalan dicho espionaje, e incluso cuando algunas víctimas se ofrecen a realizar nuevos informes con personal experto independiente. La organización no tiene además conocimiento de que Fiscalía haya formulado ninguna pregunta que ahonde en los posibles perjuicios que las víctimas puedan haber sufrido con motivo de una vulneración de derechos humanos. “Nos preocupa que al Ministerio Fiscal le interese que las víctimas expongan nuevamente toda la información contenida en sus terminales móviles a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, potenciales clientes de NSO Group. ¿Quién entregaría su teléfono a quien sospecha que le ha espiado?”, lamenta Álvarez.  Las víctimas, desesperanzadas"En el activismo independentista ya sabíamos que podíamos ser espiados así que estábamos preparados de alguna manera. Pero no para este nivel de intrusividad. Sobre todo, mi entorno familiar se incomodaba al sentirse también espiado", explica Elisenda Paluzie, economista y profesora que entre 2018 y 2022 fue presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, organización independentista catalana. Su espionaje fue uno de los supuestamente reconocidos por el CNI. "Por otro lado, ¿qué van a hacer con mis datos? ¿Qué perfiles sobre nosotros ha construido un ente poco transparente y no amateur como es el CNI? Me genera cierta angustia sobre mi futuro, ¿y si el día de mañana me quiero presentar a un cargo, no ya político, si no de la Universidad?".Otra de las víctimas* de supuesto espionaje, abogado especialista en materia penal de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), ahonda en esas preocupaciones: "El Estado ataca encubiertamente, con este espionaje, todo lo que pretende defender y no tiene ningún problema en dejar numerosas víctimas que sufren, no solo el atentado a su intimidad sino la revictimización de una reparación e investigación que les niega el propio Estado. Dirigido contra los abogados, este arma cibernética viola no solo la privacidad sino todas las garantías asociadas a un juicio justo", señala. Y añade: "La tecnología de espionaje es una de las armas más poderosas de que disponen los Estados contra la disidencia y la sociedad civil organizada y la existencia de una impunidad legal y política nos hace pensar que su uso no se detendrá ante ningún derecho fundamental".Así lo señala también Txell Bonet, periodista y víctima de presunto espionaje: "Espiarme a mí fue parte de una operación de España contra Òmnium Cultural y contra todo el movimiento catalán por el derecho a la autodeterminación. Y por encima de la vulneración de la propia intimidad, este espionaje es un ataque brutal a la democracia y a la libertad. No queremos un laberinto judicial, porque lo mínimo en una democracia es investigar quién ordenó el espionaje y quién lo ejecutó. Y la no investigación es impunidad y, de nuevo, violencia de España porque el espionaje no busca sólo vigilar: busca paralizar, acallar, crear ese miedo difuso que los juristas llaman chilling effect. Y no lo logró". Las peticiones de Amnistía Internacional Amnistía Internacional exhorta a las autoridades españolas a que garanticen que las víctimas tengan acceso a recursos judiciales efectivos. Las víctimas de espionaje a través de softwares espía como Pegasus o Candiru deben tener reconocido su derecho a investigaciones prontas, exhaustivas y completas con medios y recursos suficientes, adoptando cuando proceda medidas contra las personas responsables. Asimismo, deben tener acceso a  información de lo ocurrido, así como a los mecanismos disponibles para acceder a una reparación adecuada, efectiva y rápida, con garantías de no repetición. Concretamente, la organización pide, en referencia al Ministerio Fiscal: Que tenga en cuenta el contexto de las infecciones de los terminales móviles de las víctimas, que no son episodios aislados, sino que se enmarcan en una operación de espionaje masivo denominada Catalangate, que ha sido constatada por el laboratorio de The Citizen Lab, Amnesty Tech, múltiples fuentes periodísticas y por el Defensor del Pueblo, así como también ha sido objeto de investigación y preocupación por el Parlamento Europeo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y Naciones Unidas.Que promueva una investigación que averigüe el concreto funcionamiento de Pegasus y las vulneraciones de derechos humanos que por sus características puede cometer.Que sea proactiva ante cualquier diligencia que pretenda investigar la participación del CNI y NSO en los hechos. Que colabore con las víctimas que deben ser liberadas de la carga de la prueba.  Y en referencia a las autoridades: Que colaboren con las investigaciones, tanto del Comité Pega como del Consejo de Europa y se aseguren que dan cumplimiento a sus observaciones y recomendaciones de investigación.Que impulsen y garanticen una legislación que imponga salvaguardas contra las violaciones de derechos humanos mediante una modificación de la normativa que regula el CNI y la reforma de la Ley de Secretos Oficiales para adecuarla a estándares internacionales en relación a la clasificación de información reservada.Que suspendan el uso, compra, venta o transferencia de instrumentos de vigilancia e injerencia masiva, ya que, por su naturaleza, vulneran derechos humanos.  Aquí puedes consultar el informe completo, España: «¿Qué han hecho con mis datos?». Catalangate. Análisis de la actuación de la Fiscalía en las investigaciones judiciales sobre las denuncias de espionaje con pegasus a personas del entorno independentista catalán*Nombre protegido por cuestiones de seguridad

2. Las trabajadoras domésticas filipinas, explotadas y sometidas a abusos sexuales en Arabia Saudí

   Un año después de que Amnistía Internacional documentara los abusos generalizados que sufren las trabajadoras domésticas kenianas en Arabia Saudí, un nuevo documento de la organización revela que las mujeres filipinas sufren la mayoría de estos mismos abusos, como sobrecarga de trabajo, explotación, trato degradante y, en algunos casos, agresión sexual.El informe, titulado “Una vez que entramos en sus casas, ya no somos seres humanos”: Testimonios de mujeres filipinas empleadas en el servicio doméstico en Arabia Saudí, documenta las experiencias de 19 mujeres filipinas que regresaron de Arabia Saudí, la mayoría de ellas entre 2023 y 2026. En las entrevistas, las mujeres contaban que, una vez en los domicilios de sus empleadores, quedaban a merced de su autoridad absoluta, sin importar cuáles fueran las condiciones de su contrato. Sus historias coincidían en muchos aspectos con las de las mujeres kenianas entrevistadas para un informe de Amnistía Internacional publicado en 2025, engañadas habitualmente por sus captadores acerca del trabajo que iban a realizar y sometidas a condiciones agotadoras y abusivas, así como a discriminación racial.“Estas historias no son casos aislados. Los estremecedores testimonios dibujan un preocupante panorama de explotación permitida por el Estado, que sigue existiendo en un país donde hay más de cuatro millones de personas que trabajan en el servicio doméstico. Está claro que aceptar un trabajo en Arabia Saudí supone para demasiadas personas sufrir intimidación y abusos graves”, ha declarado Marta Schaaf, directora del Programa sobre Justicia Climática, Económica y Social y Rendición de Cuentas de las Empresas de Amnistía Internacional, que ha añadido:“En muchos de los casos más graves, estos abusos constituyen trabajo forzoso y también podrían ser constitutivos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.”Los empleadores dominan las vidas del personal de servicio domésticoEn Arabia Saudí, los trabajadores y trabajadoras migrantes siguen estando excluidos de la legislación laboral nacional, y se rigen por la Normativa para Personal Doméstico de 2023, que aunque supuso una mejora en comparación con normas anteriores, sigue sin ofrecerles la misma protección y dista mucho de cumplir el derecho y las normas internacionales de derechos humanos y laborales.Según el testimonio de las mujeres entrevistadas, su bienestar dependía mucho más de la voluntad de sus empleadores que del contrato que habían firmado o de las leyes y normas que se suponía que debían protegerlas. La jornada laboral se prolongaba mucho más allá de los límites legales, oscilando entre 14 y 21 horas al día. Los descansos diarios eran impredecibles, las pausas para comer brillaban por su ausencia y la mayoría de los empleadores impedían que se tomaran ni siquiera un día libre.“Trabajé dos años seguidos sin un solo día libre”, contó Adelina*.Joy* aseguró que era normal “trabajar 20 horas al día”, mientras que, en el caso de Gemma*, el volumen de trabajo era tal que “sólo tenía 10 minutos para descansar y comer”. La persona para la que trabajaba le decía una y otra vez: “Te traje de tu país, así que puedo hacer lo que quiera contigo”.Otras mujeres afirmaron que sus empleadores las hacían trabajar en varias casas, incumpliendo lo establecido en sus contratos de trabajo.Hana* tenía que trabajar en cinco casas: “la de la persona que me había contratado, la de su madre, la de sus sobrinos y las de otros familiares. Trabajaba en las cinco. Cada día me desplazaba de una a otra, y así los siete días de la semana.”No podíamos escapar de los abusosSu falta de libertad de circulación, agravada por la práctica habitual de confiscarles el pasaporte, las restricciones legales existentes para su salida sin permiso del país y su escaso conocimiento del idioma y de los sistemas locales, implicaba que, en la práctica, muchas de las trabajadoras domésticas entrevistadas dependieran de quienes las empleaban no sólo para trabajar, sino también para poder volver a su lugar de origen, incluso cuando huían de abusos.Cleo* llegó a Arabia Saudí a finales de 2023. Tras meses impidiéndole salir de la casa, la persona que la empleaba empezó a restringirle la comida cerrando la nevera, y a acusarla de robos. Cleo le pidió que la devolviera a la agencia de contratación para poder regresar a su país, un proceso que no resultó nada sencillo y supuso más tratos inhumanos y degradantes, incluido un invasivo registro para comprobar que no se había llevado nada de la casa.“Salir de Filipinas había sido muy fácil, pero regresar fue muy difícil”, afirmó. “Antes de irme de la casa en la que trabajaba, me desnudaron y me inspeccionaron de arriba abajo cada centímetro del cuerpo.”Varias mujeres contaron que habían sufrido acoso sexual, algo que solía suceder cuando se quedaban solas en la casa con su empleador o con algún varón de la familia.Isabel*, que tenía que trabajar en la casa del hombre que la había empleado y en la de su madre, contó: “Un día, al retirar el edredón de la cama, me lo encontré debajo, masturbándose y pidiéndome que me acostara a su lado. Salí corriendo de la habitación y subí hasta el tejado, donde siempre me escondía de él [...] A veces pensaba que era preferible estar en la casa de su madre. Allí había mucho trabajo y muy difícil, pero al menos me sentía más segura.”Todas las denuncias de abuso deben investigarse y garantizar que se hace justicia con las víctimasLos testimonios de las trabajadoras domésticas kenianas y filipinas tenían un denominador común: muchas mujeres experimentaban el abuso como un componente normal de su trabajo de empleada doméstica en Arabia Saudí.El sistema de patrocinio, denominado kafala también continúa atando a las personas trabajadoras migrantes a su empleador, que actúa como su “patrocinador” oficial (kafeel) desde el mismo momento en que entran al país y durante todo el tiempo en que están empleadas allí. Aunque este sistema ha sido reformado, las trabajadoras domésticas no se han beneficiado de muchas de estas reformas, y para todas las personas trabajadoras migrantes siguen vigentes elementos clave de explotación.“Los derechos de las mujeres de Kenia, Filipinas y otros muchos lugares que viajan hasta Arabia Saudí para trabajar son vulnerados una y otra vez, un fenómeno que es facilitado por la persistente inacción del gobierno y por un sistema laboral que fomenta la explotación y perpetúa el racismo sistémico. Aceptar un puesto de trabajadora doméstica en este país no debería significar entrar en una lotería en la que sus derechos, su seguridad y su libertad dependen de la suerte que tengan”, ha afirmado Marta Schaaf.“Pedimos al gobierno saudí que investigue inmediatamente todas las denuncias de abuso, incluidas las de abuso sexual, y ponga a sus responsables a disposición de la justicia, lleve a cabo inspecciones eficaces, y desmantele completamente el sistema de patrocinio (kafala), eliminando cualquier requisito de que las trabajadoras y trabajadores obtengan el consentimiento de sus empleadores para cambiar de puesto de trabajo o irse del país. Deben poder salir del país cuando lo deseen. Filipinas y otros Estados que envían trabajadores y trabajadoras al extranjero también tienen la obligación de proteger a sus nacionales de abusos contra los derechos humanos.”Amnistía Internacional también pide que a las personas trabajadoras domésticas se les aplique la legislación laboral para garantizar la igualdad de derechos, y que se hagan cumplir eficazmente las medidas de protección existentes, entre otras cosas sancionando a los empleadores que cometen abusos.Respuesta a las conclusiones de Amnistía InternacionalEn respuesta a las conclusiones de Amnistía Internacional, el gobierno de Arabia Saudí afirmó que las trabajadoras domésticas están protegidas por la normativa vigente y que cualquier denuncia de abusos se toma en serio y se investiga. Destacó diversas medidas destinadas a reforzar la protección y la aplicación de la normativa, entre ellas contratos estandarizados, el sistema de protección salarial y los programas de seguros, mecanismos de presentación de quejas y vías para que las trabajadoras puedan cambiar de empleador en casos de abuso o de incumplimiento de la normativa.Sin embargo, no respondió a la solicitud de datos ni proporcionó respuestas a las preguntas detalladas sobre la aplicación y el cumplimiento de sus reformas y de otras medidas destinadas a proteger a las trabajadoras domésticas. Además, las conclusiones de Amnistía Internacional expuestas en este documento informativo, en consonancia con investigaciones anteriores de la organización, sugieren que las salvaguardias existentes han sido en gran medida insuficientes para proteger a las trabajadoras domésticas frente a los abusos.*Se han modificado los nombres para proteger la identidad de las personas citadas.

3. Irán: La ausencia de justicia internacional a los seis meses de las matanzas de manifestantes en enero puede dar lugar a más atrocidades

   Cuando se cumplen seis meses del levantamiento popular en Irán en enero de 2026, durante el cual las fuerzas de seguridad cometieron homicidios ilícitos masivos en una escala sin precedentes para reprimir a quienes se manifestaban por la dignidad, la libertad y el fin del sistema de la república islámica, matando a miles de manifestantes y transeúntes los días 8 y 9 de enero de 2026, Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha manifestado:“Han transcurrido seis meses ya desde que las fuerzas de seguridad de Irán mataron ilícitamente a miles de hombres, mujeres, niños y niñas en todo el país en sólo dos días, y es indefendible que la comunidad internacional no haya adoptado medidas significativas para promover la justicia internacional. Eso contribuye a perpetuar un círculo vicioso de represión letal en el que sobrevivientes y familiares de víctimas no obtienen justicia, y hace que las atrocidades sean prácticamente inevitables en el futuro.El mundo no debe permitir que estos ciclos de crímenes de derecho internacional contra manifestantes, cada vez más intensos, sean eclipsados o borrados por las iniciativas en curso para lograr que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo duradero que ponga fin a la guerra. Las autoridades iraníes no han sufrido ninguna consecuencia por utilizar medios letales de forma intencionada, reiterada e ilícita y a escala masiva para reprimir y castigar la disidencia. La comunidad internacional, al no tomar medidas para someter estos graves crímenes a la acción de la justicia internacional, ha hecho que las autoridades iraníes se crezcan y amenacen con más masacres masivas a manos de unas fuerzas de seguridad de 'gatillo fácil' que actúan contra manifestantes y disidentes a quienes tachan de 'enemigos'.Sin perspectiva de justicia en Irán, y en un contexto de crisis sistémica de impunidad, deben emprenderse vías de justicia penal internacional como prioridad urgente e innegociable. Amnistía Internacional reitera sus llamamientos a la comunidad internacional y los Estados miembros de la ONU para que sitúen la crisis de derechos humanos e impunidad de Irán en un lugar prioritario de su agenda, apoyen la creación de un mecanismo de justicia internacional independiente para Irán y pidan al Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación de Irán a la Corte Penal Internacional.”Información complementariaLas protestas estallaron en Irán el 28 de diciembre de 2025 tras la brusca caída de la moneda nacional, en el marco de una altísima inflación, mala gestión crónica de servicios esenciales por el Estado, incluido el acceso al agua, y deterioro de las condiciones de vida. Iniciadas en Teherán, las protestas se extendieron rápidamente por todo el país, convertidas en un levantamiento popular que pedía el fin del represivo régimen de la república islámica y exigía derechos humanos, dignidad, libertad y democracia.Las autoridades respondieron con una brutal campaña de represión militarizada para sofocar el levantamiento, que incluyó el uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego en una escala sin precedentes, en un contexto de impunidad sistémica y un prolongado cierre de Internet.El 21 de enero de 2026, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió una declaración según la cual 3.117 personas habían perdido la vida durante el levantamiento. El 16 de enero de 2026, la relatora especial de la ONU sobre Irán, Mai Sato , dijo en una entrevista de prensa que las fuerzas de seguridad habían matado a más de 5.000 personas.Con posterioridad, las autoridades pusieron en marcha una campaña de represión coordinada en todo el país para evitar nuevas expresiones de disidencia y ocultar sus crímenes mediante detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, prohibición de concentraciones, ataques para silenciar a familiares de víctimas y ejecuciones arbitrarias de manifestantes y disidentes.Después de los  ataques ilícitos de Estados Unidos e Israel  contra Irán el 28 de febrero de 2026,  la represión de la disidencia se intensificó  aún más con el pretexto de lo que las autoridades calificaron de “condiciones de guerra”. Esto ha incluido una escalada de las ejecuciones por motivos políticos, con al menos 44 personas ejecutadas y muchas más  en peligro de ejecución  . El 18 de junio de 2026, Estados Unidos e Irán  firmaron un memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra  en el que se comprometían a seguir negociando para alcanzar un acuerdo definitivo en el plazo de 60 días. El acuerdo no se centró en los derechos humanos, la justicia y las reparaciones.

4. Líbano: Ataques israelíes que matan a niños y niñas y aniquilan familias enteras deben investigarse como crímenes de guerra

   “Tres ataques aéreos perpetrados por Israel en el sur de Líbano en marzo de 2026 que mataron a 24 personas civiles —12 de ellas menores— aniquilando a familias enteras deben investigarse como crímenes de guerra”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.La organización ha investigado tres ataques israelíes que destruyeron viviendas civiles en el barrio de Al Thakana del distrito de Tiro, el pueblo de Irkay del distrito de Saida y el barrio de Al Rahbat del distrito de Nabatieh perpetrados los días 6, 12 y 13 de marzo respectivamente. y causaron la muerte de 12 menores de entre cinco y 16 años, seis mujeres —una de ellas embarazada— y seis hombres. Al menos otras 18 personas resultaron heridas.Basándose en los datos recabados, Amnistía Internacional tiene motivos razonables para concluir que, en cada uno de estos ataques aéreos, las fuerzas israelíes violaron el derecho internacional humanitario al no distinguir entre objetivos civiles y militares, realizar ataques dirigidos contra civiles o bienes de carácter civil o no tomar todas las precauciones posibles para reducir al mínimo el daño a la población civil.“En tan solo una semana, el ejército israelí aniquiló familias enteras —incluidos doce niños y niñas— en Líbano, demostrando un cruel desprecio hacia las vidas civiles. ¿Cuántas familias más tendrán que sacar de los escombros restos de los cuerpos de sus hijos e hijas antes de que termine este devastador ciclo de crímenes de guerra? La comunidad internacional debe actuar ya: los Estados deben imponer un embargo de armas integral e inmediato a Israel y usar la jurisdicción universal y extraterritorial para investigar y enjuiciar a los responsables”, dijo Kristine Beckerle, directora regional adjunta para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.“Crece el temor de que el acuerdo más reciente, propiciado por Estados Unidos, entre Israel y Líbano pueda convertirse en otro obstáculo más para la justicia y niegue a las víctimas una vía a la rendición de cuentas. Los desgarradores testimonios de sobrevivientes y testigos de estos ataques ofrecen una escalofriante visión de lo que significa en la práctica la impunidad total de los ataques ilegítimos de Israel”.“Las autoridades libanesas deben actuar con decisión y dar a la Corte Penal Internacional jurisdicción sobre los crímenes que se cometen en su territorio y respaldar las iniciativas de justicia internacional iniciando unas investigaciones nacionales creíbles e independientes sobre crímenes de derecho internacional. Sin una acción coordinada —nacional e internacionalmente— el ciclo de crímenes de guerra e impunidad continuará sin un final a la vista”.Según el gobierno libanés, entre el 2 de marzo, cuando el conflicto se intensificó, y el 29 de junio, han perdido la vida en Líbano 4.257 personas, de las que más de 250 son niños y niñas. Dos civiles y al menos 39 militares han muerto en el sur de Líbano según medios de comunicación israelíes.Para esta investigación, Amnistía Internacional entrevistó a 15 personas entre sobrevivientes, familiares, paramédicos, periodistas que visitaron los lugares de los ataques y autoridades locales. El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional analizó imágenes de satélite y verificó 20 fotografías y 11 vídeos compartidos directamente por las fuentes o publicados en las redes sociales. El equipo de investigación también examinó las redes sociales israelíes y libanesas para comprender el contexto en el que se produjo cada ataque y buscar indicios de posibles conexiones con Hezbolá entre las víctimas.Amnistía Internacional escribió a las autoridades israelíes el 12 de junio solicitando información sobre nueve ataques perpetrados en Líbano, incluidos estos tres, y pidiendo aclaraciones sobre los objetivos militares seleccionados y las medidas adoptadas para evitar, reducir al mínimo, investigar o reparar los daños a la población civil. En su respuesta del 22 de junio, las autoridades israelíes afirmaron que habían “revisado las denuncias presentadas”, que algunos ataques “se efectuaron contra objetivos militares de Hezbolá”, mientras que otros habían sido “remitidos para ser examinados”. Asimismo, declararon que están “comprometidos con mitigar los daños a la población civil durante las actividades operativas” y que Hezbolá “aprovecha sistemáticamente infraestructura civil para fines militares”. Pese a esta respuesta, el ejército israelí no facilitó información concreta sobre los tres ataques que se documentan a continuación, como cuáles podrían haber sido los objetivos.El derecho internacional humanitario exige que las partes distingan en todo momento entre objetivos militares y población civil o bienes de carácter civil, y que dirijan sus ataques únicamente contra objetivos militares. Además de prohibir los ataques directos contra la población civil o bienes de carácter civil, el derecho internacional humanitario prohíbe los ataques indiscriminados que no distinguen entre objetivos militares y población civil o bienes de carácter civil. Las partes en un conflicto deben asimismo asegurarse de evitar causar daños a la población civil y a los bienes de carácter civil, lo que incluye tomar todas las precauciones posibles para reducir al mínimo los daños incidentales a la población civil y los daños a bienes de carácter civil. Esto incluye hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que se prevé atacar son objetivos militares y detener los ataques si se hace patente que están dirigidos contra objetivos equivocados o que son desproporcionados.“Pasé tres días recogiendo restos de cuerpos”El 6 de marzo, hacia las 3.50 de la tarde, hora local, un ataque aéreo israelí alcanzó la vivienda de Hassan Saleh en el barrio de Al Thakana del distrito de Tiro, en la costa meridional de Líbano. El ataque destruyó la casa y mató a ocho miembros de la familia, todos civiles, cuatro de ellos menores de edad, que estaban presentes. Además, causó heridas a otras seis personas, también civiles, tres de ellas de gravedad, miembros de la familia extensa y una trabajadora doméstica migrante, en una casa próxima.El ataque, realizado sin previo aviso, causó la muerte de Hassan Saleh —un hombre retirado de unos sesenta años que recibía tratamiento para el cáncer—, su esposa Fatimah Saleh, su hijo Zein al Abidin, de 14 años, y su hija Roqaya, de 11. El ataque también mató a Haniya, hermana de Fatimah, que estaba embarazada de tres meses, y a su hija Sara, de cinco años, así como a Kadija y Samira, dos tías de Fatimah y Haniya.Hussein Saleh, el único miembro de la familia que sobrevivió, no estaba en la casa en el momento del ataque y contó a Amnistía Internacional que él, su esposa Haniya y su hija Sara se habían refugiado en la vivienda familiar porque pensaron que era segura al no haber recibido ninguna llamada de aviso para evacuar como muchas otras casas de la zona de Tiro donde vivía.La víspera, 5 de marzo, el ejército israelí había emitido órdenes de “evacuación” masiva generales en las que conminaban a todas las personas que vivían en el sur de Líbano, incluidas las residentes de la ciudad de Tiro, a que se marcharan para “garantizar [su] seguridad”. Según la orden, cualquiera que se dirigiera hacia el sur “ponía[su] vida en peligro”. Hussein dijo que su familia no pudo marcharse inmediatamente de la ciudad de Tiro porque seis de sus parientes tenían problemas de salud o padecían una enfermedad.Estas órdenes de evacuación masiva, excesivamente generales y carentes de información clara sobre rutas seguras, destinos, plazos de los ataques y cómo alejarse de los objetivos militares que van a ser atacados, no constituyen avisos efectivos por adelantado. Emitir estas órdenes no da a las fuerzas armadas israelíes el derecho a tratar estas zonas como áreas de fuego libre ni las eximen de sus obligaciones de respetar el derecho internacional humanitario, distinguir entre objetivos militares y civiles, y adoptar todas las precauciones posibles para reducir al mínimo el daño a la población civil.Hussein había ido al mercado a comprar comida antes del iftar cuando se produjo el ataque y regresó corriendo hacia su casa después de oírlo y de ver de dónde salía el humo. Así describió lo que vio al llegar:“No quedaba rastro de la casa, no había paredes ni bloques y los restos de los cuerpos estaban esparcidos en el suelo... Pasé tres días recogiendo restos de cuerpos [...] No había ningún objetivo militar en absoluto. Todos eran mujeres y niños y niñas... Destruyeron mi vida entera. ¿Por qué no nos avisaron? [...] Sara, mi hija, lo era todo para mí”. El laboratorio de Pruebas de Amnistía Internacional verificó dos vídeos que compartieron testigos. Uno de ellos mostraba a personal de primera intervención con una bolsa para cadáveres y otro, el solar vacío donde estaba la vivienda de la familia. Una fotografía publicada por los medios de comunicación muestra un cráter en el lugar. El análisis de imágenes de satélite confirma que el edificio fue destruido entre las mañanas del 6 y el 8 de marzo de 2026. Tanto el cráter como los daños visibles eran compatibles con un ataque aéreo.La investigación de Amnistía Internacional no encontró indicios de que hubiera objetivos militares presentes en el momento del ataque. El paramédico Moussa Chaalan, que fue una de las primeras personas que llegó al lugar después del ataque, dijo:“Este es un barrio residencial [...] no quedó nada de la casa. Los restos de cuerpos estaban esparcidos incluso a 200 metros del lugar del impacto”.Una autoridad local también dijo que la familia Saleh eran civiles, que la zona atacada era un barrio residencial y que no había actividad militar ni objetivos militares presentes en ella.El ataque destruyó una vivienda civil y mató a ocho personas civiles, cuatro mujeres y tres menores entre ellas, sin previo aviso. Basándose en las pruebas, Amnistía Internacional tiene motivos razonables para concluir que este ataque fue un ataque directo contra la población civil o bienes de carácter civil, o un ataque indiscriminado, y debe ser investigado como crimen de guerra.Aparte de emitir una orden de evacuación masiva la víspera del ataque, las autoridades israelíes no han confirmado ni negado que llevaran a cabo este ataque ni han publicado ninguna declaración en la que ofrecieran una explicación. En sus respuestas a Amnistía Internacional, las autoridades israelíes dijeron que las “denuncias han sido remitidas para ser examinadas”.“Cuatro hijas muertas”El 12 de marzo, hacia las 2.20 de la tarde, un ataque aéreo israelí contra el pueblo de Irkay, en el distrito de Saida, que marca la entrada al sur de Líbano, destruyó la vivienda de Rida Taqi, mató a siete miembros civiles de la familia, cuatro niñas entre ellos, e hirió a otros cinco, uno de ellos menor. El ataque, efectuado sin previo aviso, también dañó la casa adyacente, de la hija de Rida Taqi y mató a su esposo y a su hijo de 12 años, causándole heridas a ella y a su cuñado, todos civiles.Mohamad Taqi, de 54 años, que sobrevivió al ataque, perdió a sus cuatro hijas: Zeinab, de 14 años; Zahraa, de 12; Malika, de nueve, y Yasmina, de seis. El ataque también mató a su madre, Zeinab Nasser, de 78 años; a su padre, Rida Taqi, de 83; y a su hermano, Ahmad Taqi, de 52.Mohamad Taqi trabaja en el puerto de Beirut y dirige la explotación ganadera de su familia junto con su hermano Ahmad en el pueblo de Irkay. Tras la escalada de la guerra, se trasladó con su familia a la casa de su padre, pensando que sería más segura porque estaba en el centro del pueblo.En el momento del ataque, Mohamad estaba en el porche con unos familiares, mientras sus cuatro hijas, el primo de estas de 11 años y su abuela (la madre de Mohamad) estaban dentro de la casa.Después del ataque, en cuanto pudo moverse, dijo, empezó a buscar a sus familiares bajo los escombros:“Cuando pude ponerme de pie, empecé a buscar a las niñas y a mis padres [...] Encontré a Yasmina. Aún tenía un hálito de vida. Su respiración era lenta. Los paramédicos la sacaron y la llevaron al hospital. A Malika ya no le quedaba vida. Los paramédicos también la sacaron”.“En el dormitorio donde cayó el misil no pude encontrar ni rastro de Zeinab ni de Zahraa. Los paramédicos encontraron después restos de sus cuerpos y los recogieron. Cuando perdí la esperanza de encontrarlas vivas, fui al hospital. Estaba herido en la cabeza, un ojo y la cara”.El paramédico local Mohamad Chakaroun dijo que en cuanto su equipo se dio cuenta de que el ataque aéreo había alcanzado el centro del pueblo, supieron que habría un gran número de víctimas civiles. Llegaron al lugar unos cinco minutos después del ataque:“Encontramos el cuerpo de la abuela [Zeinab Nasser] encima del de su nieta. Murió, pero su nieta sobrevivió, aunque con heridas graves. Sacamos a la niña y la llevamos al hospital [...] Dimos otro paso, encontramos al hijo [de Zeinab] muerto [Ahmad Taqi]. Tenía una herida en la cabeza [...]. Murieron las cuatro hijas de Mohamad Taqi. Encontramos restos de los cuerpos de las niñas”.El Laboratorio de Pruebas de Amnistía verificó siete vídeos compartidos por fuentes que mostraban el edificio destruido y estructuras dañadas en las proximidades. Las imágenes de satélite confirman que fue destruido entre las mañanas del 10 y el 17 de marzo de 2026. La destrucción visible es compatible con un ataque aéreo.Tras el ataque, el ejército israelí dijo al periódico The Observer que el 12 de marzo había bombardeado “operativos terroristas de Hezbolá” en Irkay y acusó a esta organización de usar escudos humanos, aunque no facilitó ninguna prueba que respaldase sus afirmaciones. Amnistía Internacional escribió a las fuerzas armadas israelíes preguntando por este ataque concreto, incluidos los presuntos objetivos. En su respuesta, las autoridades israelíes dijeron que se había remitido la denuncia para ser examinada.Aun en el caso de que Israel hubiera tenido la intención de atacar a alguien a quien considerase objetivo militar, los medios y el método de este ataque contra una vivienda civil llena de civiles lo habría convertido en un ataque indiscriminado.La investigación de Amnistía Internacional no encontró pruebas de la presencia de ningún objetivo militar en el momento del ataque. El ataque destruyó una vivienda civil, dañó otra y mató a nueve personas civiles, cinco menores entre ellas, sin previo aviso.Basándose en las pruebas, Amnistía Internacional tiene motivos razonables para concluir que este ataque fue un ataque directo contra la población civil o bienes de carácter civil, o un ataque indiscriminado. En cualquiera de los dos casos, debe ser investigado como crimen de guerra.“Ha desaparecido toda una familia, como si nunca hubiera existido”El 13 de marzo, entre las 8.00 y las 8.30 de la noche, hora local, un ataque aéreo israelí contra una vivienda del barrio de Al Rahbat, en el distrito de Nabatieh, mató a siete civiles: Qais Basma, su esposa Balndin Jaber, a sus tres hijos varones Hassan, Hussein y Abbas, y a su hija Helene, todos ellos de entre siete y 16 años. El ataque, que se hizo sin previo aviso, también mató a su vecino Hussein Mohamad Bitar e hirió al menos a cinco personas en los edificios próximos.Una familiar de Qais Basma, Tahiya Basma, dijo a Amnistía Internacional que Qais era pintor de casas, un hombre trabajador que apenas llegaba a fin de mes:“Era padre de cuatro criaturas que aún iban a la escuela [...] Nuestra pérdida es inmensa. Ha desaparecido toda una familia, como si nunca hubiera existido. No queda nadie. La noticia fue impactante. La casa familiar donde vivía también fue destruida. Era una casa tradicional libanesa que pertenecía a sus abuelos donde habían crecido generaciones”.Abdul Latif Bitar, mukhtar (representante del gobierno local) que además es paramédico con la organización Al Risala Scouts y primo de Hussein Mohamed Bitar —que murió en el ataque—, dijo que se dirigió al lugar tras oír el ataque y ver humo:“Oímos aviones de guerra y drones, presentes constantemente en nuestros cielos. Luego oímos el ataque; solemos esperar tres minutos antes de dirigirnos al lugar, previendo un posible segundo ataque o una andanada ‘cinturón de fuego’”.“La casa, que tenía dos plantas estaba reducida a escombros [...] El primer cuerpo que sacamos fue el de uno de sus hijos [...] Luego recuperamos a otros dos niños, pero estaban destrozados. El cuerpo de Qais y el de su esposa estaban intactos... También sacamos a [...] Hussein [...] Estaba vivo, pero murió en el hospital una hora después”.Un familiar de Hussein Mohamad Bitar y amigo cercano de Qais dijo que Hussein era electricista y que también vivía en el barrio de Al Rahbat, apenas a unos bloques de la casa de Qais.Tres personas entrevistadas dijeron a la organización que habían oído drones y el sonido de un avión antes del ataque.El Laboratorio de Pruebas de Amnistía verificó 19 fotografías y dos vídeos que mostraban el edificio destruido y estructuras dañadas en las proximidades. Imágenes de satélite de menor resolución muestran que el edificio quedó reducido a escombros entre el 10 y el 17 de marzo de 2026. Las imágenes de los daños son compatibles con un ataque aéreo.Las autoridades israelíes no han confirmado ni negado que llevaran a cabo este ataque ni han publicado ninguna declaración en la que ofrecieran una explicación. En sus respuestas a Amnistía Internacional, las autoridades israelíes dijeron que la denuncia había sido remitida para ser examinada.La investigación de Amnistía Internacional no encontró indicios de la presencia de ningún objetivo militar en el momento del ataque. Todas las personas con las que habló Amnistía Internacional, incluidos los dos mukhtars de la ciudad de Nabatieh, dijeron a la organización que todas las personas presentes en la casa en el momento del ataque eran civiles. El mukhtar local Abdul Latif Bitar dijo: “No hay absolutamente ninguna presencia militar en la zona; este es un barrio de viviendas y no había armas en el lugar donde se encontraba la casa objeto del ataque”.El ataque destruyó una vivienda civil, dañó a otras en las proximidades y mató a ocho personas civiles, cuatro de ellas menores, sin previo aviso.Basándose en las pruebas, el ataque fue un ataque directo contra la población civil o bienes de carácter civil, o un ataque indiscriminado, y debe ser investigado como crimen de guerra.“Estos tres devastadores ataques son parte de un patrón documentado de ataques ilegítimos israelíes realizados en Líbano en un contexto de ausencia total de rendición de cuentas. La impunidad persistente de los ataques ilegítimos corre el riesgo de normalizar violaciones graves del derecho internacional humanitario y transmite el peligroso mensaje de que las fuerzas israelíes pueden seguir matando e hiriendo ilegítimamente a civiles sin que nadie las detenga y sin ninguna perspectiva de justicia ni de reparación”, concluyó Kristine Beckerle.Información complementariaEl 8 de octubre de 2023, Hezbolá lanzó cohetes contra Israel, acción que fue seguida de operaciones aéreas y terrestres israelíes que se intensificaron significativamente en septiembre de 2024. El 27 de noviembre de 2024 entró en vigor un alto el fuego pese al cual Israel siguió efectuando ataques casi a diario y destruyendo de forma generalizada propiedades de carácter civil en Líbano junto a la frontera. El 2 de marzo de 2026, Hezbolá reanudó los ataques tras un ataque de Estados Unidos e Israel en Irán que causó la muerte del líder supremo Ali Jamenei. Israel respondió con una oleada de ataques en todo Líbano. Las hostilidades han continuado a pesar de múltiples anuncios de alto el fuego.Desde octubre de 2023, Amnistía Internacional viene documentando un patrón de ataques ilegítimos israelíes en Líbano que han causado la muerte de civiles, periodistas y personal médico, y dañado y destruido bienes de carácter civil. Además, la organización ha advertido reiteradamente de que la impunidad persistente de estas violaciones ha animado a las fuerzas israelíes a seguir realizando ataques ilegítimos sin temor a tener que rendir cuentas.Amnistía Internacional ha documentado asimismo el lanzamiento ilegítimo por Hezbolá de cohetes no guiados contra zonas de población civil en Israel que han causado la muerte y heridas a civiles, la destrucción de viviendas civiles y el desplazamiento de civiles.

5. Israel y Territorio Palestino Ocupado: Crece el temor por el médico palestino en detención arbitraria Hussam Abu Safiya ante los informes de que su vida corre grave peligro

   Las autoridades israelíes deben poner en libertad de inmediato al palestino Hussam Abu Safiya, pediatra y director del hospital Kamal Adwan que está detenido arbitrariamente; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional ante los informes de un abogado que lo visitó que indican que su vida corre peligro inminente debido a la tortura y otros malos tratos que está sufriendo bajo custodia israelí.El doctor Hussam Abu Safiya lleva más de 18 meses en detención arbitraria sin cargos ni juicio en prisiones israelíes, desde que el 27 de diciembre de 2024 fue arrestado cuando estaba de guardia en su hospital de la ciudad de Gaza.“La información recibida sobre el deterioro de las condiciones de reclusión del doctor Hussam Abu Safiya es realmente terrible. Nos alarman profundamente los informes de su abogado que indican que la vida del doctor corre peligro inminente en su detención ilegal continuada. Es inaceptable que un pediatra que dedica su vida a salvar la de otras personas en la Franja de Gaza ocupada esté siendo sometido a tortura y otros malos tratos (incluidos graves abusos físicos y psicológicos y reclusión prolongada en régimen de aislamiento) mientras permanece detenido sin ninguna justificación”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.“Las autoridades israelíes deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones al doctor Hussam Abu Safiya y, hasta su liberación, el Servicio de Instituciones Penitenciarias israelí debe garantizar su protección plena frente a los abusos, procurarle asistencia médica adecuada y permitirle acceso inmediato a entidades observadoras independientes como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que también deben tener acceso a todas las demás personas palestinas detenidas.”En flagrante incumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional, Israel niega las visitas del CICR a las personas palestinas presas y detenidas desde octubre de 2023.La noticia del empeoramiento de las condiciones del doctor Hussam Abu Safiya y de los graves abusos que está sufriendo a manos del Servicio de Instituciones Penitenciarias israelí se conoció tras una visita realizada por un abogado de Physicians for Human Rights – Israel (PHRI) el 2 de julio de 2026. El abogado Nasser Odeh afirmó que, desde que trasladaron al doctor Abu Safiya al tristemente célebre centro de detención subterráneo Rakevet, sufre amenazas, palizas y otros abusos a diario.Nasser Odeh dijo que el doctor Hussam Abu Safiya presentaba hematomas y señales de tortura recientes en la cabeza y el resto del cuerpo, por lo que estaba casi irreconocible. También contó que el doctor había llegado encadenado de manos y pies a su reunión con él. Según el escalofriante relato del abogado, el doctor estaba muy débil y a punto de perder el conocimiento. Además, le había dicho lo siguiente: “Es la última vez que vas a verme […] Me han traído aquí para matarme”.“El testimonio del abogado debe servir de llamada de atención urgente a los Estados de todo el mundo, sobre todo a los aliados de Israel. Es totalmente deplorable que un médico que se negó a abandonar a sus pacientes y se convirtió en una de las voces más destacadas de denuncia de la destrucción del sistema sanitario de Gaza permanezca detenido de forma arbitraria e ilícita tras haber sido calificado infundadamente de ‘combatiente ilegal’ por Israel. Continúa privado de sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a ser protegido frente a la tortura y otros malos tratos, y el derecho a un juicio justo y al debido proceso”, ha afirmado Erika Guevara Rosas.“El trato inhumano de Israel al personal sanitario palestino en Gaza, que incluye detención arbitraria y tortura, es posible por la falta deliberada de medidas significativas de los Estados ante la destrucción del sistema sanitario de Gaza por Israel y sus ataques al personal sanitario palestino, conducta que se integra en los patrones fundamentales del genocidio en curso de Israel contra la población palestina de la Franja de Gaza. Limitarse a expresar preocupación no es más que un cínico disimulo de la pasividad de los Estados ante el aplastamiento de los derechos humanos de la población palestina por parte de Israel. Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de derechos humanos, no sólo pide la libertad inmediata del doctor Hussam Abu Safiya. Esto es un llamamiento en favor de una intervención urgente y efectiva para salvar su vida.”En una declaración a Amnistía Internacional, el hijo del doctor Hussam Abu Safiya, Elias, portavoz de la familia, decía lo siguiente:“[Mi padre] está atravesando momentos críticos y se debate entre la vida y la muerte […] [Su] salud y situación se agravan cada día. Pedimos a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a los medios de comunicación y a todas las personas con conciencia que adopten medidas inmediatas y urgentes para presionar en favor del fin inmediato de la tortura y el resto de las violaciones de derechos cometidas contra mi padre, la provisión de asistencia médica urgente, la posibilidad de supervisar su estado mediante canales jurídicos y humanitarios independientes, y garantías de su protección y del respeto de sus derechos fundamentales.El silencio del mundo hoy puede significar la pérdida de una vida humana inocente. El tiempo se acaba, y les pedimos que intervengan antes de que sea demasiado tarde.”Información complementariaEl doctor Hussam Abu Safiya se encuentra en detención arbitraria por las autoridades israelíes desde que, en diciembre de 2024, las fuerzas armadas israelíes irrumpieron en el hospital Kamal Adwan, en la gobernación de Gaza del Norte. Desde entonces permanece recluido sin cargos ni juicio en aplicación de la cruel y abusiva Ley de Combatientes Ilegales, que autoriza a las fuerzas armadas a dictar órdenes de detención que pueden prorrogarse indefinidamente contra cualquier persona de Gaza sospechosa de ser una amenaza para la seguridad del Estado o de participar en actividades hostiles, basándose en indicios clasificados y sin necesidad de presentar escrito de acusación alguno.El 16 de junio de 2026, el Tribunal Supremo de Israel desestimó un recurso presentado por el doctor Hussam Abu Safiya para obtener la libertad y confirmó la prolongación de su detención hasta al menos octubre de 2026. La organización PHRI cree que el aumento de los ataques contra el doctor Hussam Abu Safiya se debe a su recurso y sus intentos de impugnar su detención ante el tribunal.El doctor Hussam Abu Safiya está recluido en el centro de detención Rakevet, sección subterránea del complejo penitenciario de Ayalon donde las personas detenidas, en su mayoría de la Franja de Gaza, son sometidas a tortura y trato inhumano de forma sistemática. Este centro de detención, cerrado en 1985 por sus condiciones inhumanas, volvió a abrirse durante el genocidio.

6. Europa: El osado hackeo del exparlamentario europeo que investigaba los abusos de Pegasus pone al descubierto la penosa inacción respecto al software espía

   Ante los nuevos resultados del análisis de The Citizen Lab, según los cuales el dispositivo del exmiembro del Parlamento Europeo Stelios Kouloglou fue infectado con el software espía Pegasus entre octubre de 2022 y marzo de 2023, periodo en el que Kouloglou formó parte de la comisión del Parlamento Europeo encargada de examinar el programa Pegasus y otros programas espía similares, Elina Castillo Jiménez, asesora sobre Trabajo de Incidencia y Políticas para el Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional, ha declarado:“El hecho de que el dispositivo de Stelios Kouloglou estuviera infectado con una forma invasiva de software espía que sólo los gobiernos pueden adquirir mientras participaba activamente en la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el uso indebido de programas espía por los países europeos plantea graves preocupaciones respecto a la integridad de la supervisión independiente al más alto nivel en Europa.“Hace tres años, la Comisión PEGA del Parlamento Europeo, de la que formaba parte Stelios Kouloglou, presentó unas recomendaciones claras y detalladas sobre cómo subsanar las deficiencias que permiten que este uso indebido continúe. Aún estamos esperando su implementación. Este retraso transmite un mensaje equivocado sobre la impunidad en el sector de la vigilancia.”“Los dirigentes europeos deben encontrar la voluntad política necesaria para proteger a la ciudadanía de los abusos del software espía. Se necesita urgentemente una investigación independiente e imparcial sobre este ataque y un plan para implementar las recomendaciones de la Comisión PEGA. Si un parlamentario no está a salvo de la vigilancia ilegal, nadie lo está.Información complementariaEl 3 de julio de 2026, The Citizen Lab publicó un informe en el que confirmaba que el dispositivo móvil de Stelios Kouloglou fue atacado e infectado con el programa espía Pegasus, desarrollado por NSO Group, en octubre de 2022 y marzo de 2023. Este ataque concuerda con un patrón de actuación que Amnistía Internacional ha documentado anteriormente.Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil han publicado hoy una declaración en la que piden una evaluación independiente del uso continuado de Pegasus y otro software espía altamente invasivo en Europa. La declaración también solicita información actualizada de los avances realizados para implementar las recomendaciones de la Comisión PEGA.

7. Unión Europea: “Mándalos de vuelta” marca un momento decisivo para hacer frente al racismo en Europa

   Ante la condena expresada por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, de los cánticos racistas proferidos por miembros del Parlamento, Dinushika Dissanayake, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Europa, ha manifestado:“La desagradable escena del mes pasado en la que miembros del Parlamento Europeo corearon ‘mándalos de vuelta’ es la consecuencia del racismo y la xenofobia tolerados y fomentados tanto dentro como fuera del Parlamento Europeo desde hace mucho tiempo. Esta virulencia no debería tener cabida en la sociedad, y menos ser expresada tan abiertamente en una institución pública.La presidenta Metsola hace bien en condenar los actos de estos miembros del Parlamento cuyo discurso podría incitar a la discriminación de las personas racializadas; pero no basta con una condena. Éste debe ser un momento decisivo para que el Parlamento haga frente al racismo sistémico y persistente en toda Europa, donde están resurgiendo formas de racismo declarado en el discurso público.Durante años, líderes políticos europeos han utilizado como chivos expiatorios a las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, para desviar la atención de su propia incapacidad para abordar las consecuencias de los recortes de servicios públicos, las crisis de la vivienda y las subidas del coste de la vida.Por fin la máscara ha caído del todo. Los lemas coreados ponen al descubierto el racismo y la xenofobia que apuntalan el Reglamento de Retorno de la UE, una legislación que hará que aumenten exponencialmente las detenciones y deportaciones de personas indocumentadas por la UE, y que perjudicará de forma desproporcionada a las personas racializadas.Mientras la Unión Europea prepara su peor ataque a los derechos de las personas migrantes de la historia reciente, estas escenas son una advertencia de lo que nos espera si no cambiamos de rumbo. La capitulación ante los grupos antiderechos tiene que acabar aquí. El racismo y la xenofobia no pueden ser la voz del Parlamento Europeo.Con su ensangrentado historial de colonialismo, esclavitud, genocidio y holocausto, y los legados que acechan su pasado y su presente, Europa conoce de sobra las consecuencias de normalizar la discriminación contra personas marginadas”.Información complementariaEn junio, decenas de miembros del Parlamento Europeo celebraron el resultado de la votación sobre el Reglamento de Retorno, dirigido a incrementar las deportaciones, coreando “send them back” (mándalos de vuelta), lo que llevó a otros miembros de la cámara a responder gritando “shame on you” (no tenéis vergüenza).En el contexto del racismo sistémico, corear “mándalos de vuelta” se basa en el prejuicio racista de que las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, en su mayoría racializadas en el contexto de Europa, no pertenecen a la UE y deberían ser excluidas por su origen nacional, racial o étnico.Amnistía Internacional y más de 250 organizaciones de la sociedad civil pidieron de forma inequívoca que se rechazara este reglamento. Es una legislación cruel, punitiva y basada en la detención, la deportación y la externalización. Será especialmente nociva para las personas racializadas y abocará a más personas a un limbo jurídico y unas condiciones peligrosas.

8. La autoinmolación de un hombre tibetano frente a la ONU pone de relieve la prolongada represión china

   Ante las informaciones sobre la muerte de un tibetano tras un presunto acto de autoinmolación frente a la sede de la ONU en Nueva York, Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional, ha declarado:“Nuestros pensamientos están con todas las personas que conocían y amaban al hombre que ha fallecido y con la comunidad tibetana en general. La autoinmolación como acto de protesta por miembros de la comunidad tibetana persiste desde hace muchos años y no ocurre en un vacío, sino que refleja la enorme desesperación que sienten quienes no ven otra vía para llamar la atención hacia las violaciones de derechos humanos que se están perpetrando”.“Esta muerte ocurre justo al día siguiente de la entrada en vigor de la Ley de Unidad Étnica china que impone abiertamente a los grupos étnicos que no son han —como el tibetano, el uigur y el mongol— una identidad nacional única definida por el Estado en lugar de proteger sus culturas y lenguas propias”.“Esta tragedia debe servir para que todas las personas reflexionemos sobre el coste humano de estas políticas: para que las autoridades chinas pongan fin a sus políticas represivas en Tíbet, incluidas las que consagra la Ley de Unidad Étnica, y para que otros gobiernos reconozcan que esta ley es un peligroso instrumento de represión”.“La comunidad internacional no debe permitir que esta muerte pase sin un renovado examen de la crisis de derechos humanos en Tíbet. Las autoridades chinas deben poner fin a su represión de la población tibetana y permitir el acceso independiente a la región de especialistas de la ONU y otras entidades de observación independientes. Además, deben garantizar que no habrá represalias gubernamentales contra la familia del hombre fallecido, como ha ocurrido en ocasiones anteriores como respuesta a autoinmolaciones de personas tibetanas”.Información complementariaSegún medios de comunicación y organizaciones tibetanas, un tibetano de 52 años llamado Lobga Rangzen (conocido también como Lobsang Palden) murió tras un presunto acto de autoinmolación frente a la sede de la ONU en Nueva York el 2 de julio de 2026. Descrito como un activista tibetano, los informes indican que llevaba una bandera tibetana y que reclamaba la libertad para Tíbet antes de prenderse fuego.Amnistía Internacional lleva documentando décadas de violaciones de derechos humanos contra la población tibetana que incluyen severas restricciones a la libertad de religión o de creencias, a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y a los derechos culturales. La población tibetana sigue sufriendo una vigilancia omnipresente, detenciones arbitrarias, restricciones del uso de la lengua tibetana y la criminalización de expresiones pacíficas de identidad tibetana.El 1 de julio de 2026, entró en vigor la nueva Ley de Unidad Étnica de China. Amnistía Internacional advirtió de que la Ley institucionalizaría aún más las políticas de asimilación forzada dirigidas a las poblaciones tibetana, uigur y de otros grupos étnicos no han, y podría reforzar la base legal de la represión transnacional al perseguir y vulnerar las libertades fundamentales de quienes defienden pacíficamente los derechos de las minorías fuera de China.Amnistía Internacional, junto con grupos de defensa del pueblo tibetano y especialistas de la ONU, ha pedido en reiteradas ocasiones a las autoridades chinas que pongan fin a las políticas que violan los derechos humanos de la población tibetana, y seguirá instando a China a que conceda un acceso significativo y sin trabas a Tíbet a especialistas de la ONU y otras entidades de observación independientes.

9. Amnistía Internacional pide a las cuatro CCAA abandonar la “prioridad nacional” por violar al menos tres derechos humanos e incrementar el racismo y la xenofobia

   Amnistía Internacional, tras analizar los recientes pactos de gobierno que han firmado el Partido Popular y VOX en Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura, pide a los cuatro gobiernos que abandonen su política de prioridad nacional que, en caso de ser implementada, constituiría una violación de derechos humanos y de las obligaciones del Estado reconocidas internacionalmente.Concretamente podría incumplir, al menos, tres de ellas: la obligación de no discriminar, ni directa ni indirectamente, en el acceso a derechos; la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales y no tomar medidas regresivas que empeoren las condiciones de vida de las personas; y la violación del principio del interés superior del menor, especialmente la infancia migrante no acompañada, seguidos frecuentemente de discursos criminalizadores del colectivo.Normalizar conceptos tales como “prioridad nacional” en vez de priorizar el incremento de recursos dedicados a derechos sociales para todas las personas solo ahonda en la estigmatización y señalamiento de población vulnerable y contribuye a incrementar el racismo y la xenofobia. En su sentencia del 18 de diciembre de 2025 sobre una cuestión relativa al acceso a la vivienda en Dinamarca, el Tribunal de Justicia Europeo destaca la responsabilidad de los legisladores en la obligación de evitar tanto sesgos aparentes como consecuencias indirectas que afecten desproporcionadamente a determinados colectivos. Llega incluso a señalar que la propia terminología utilizada puede resultar ofensiva o estigmatizante para los grupos afectados.Amnistía Internacional, al contrario, pide a los cuatro gobiernos autonómicos garantizar una inversión suficiente y adecuada en prestaciones sociales -como ya recomendó el Relator Especial sobre extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas a España en 2020- de modo que se asegure el disfrute efectivo de los derechos y se prevengan situaciones de exclusión y vulnerabilidad.En particular, dada la actual crisis de vivienda en el país, las administraciones públicas competentes deben adoptar medidas urgentes para aumentar la inversión en vivienda social como elemento esencial para garantizar el derecho a una vivienda adecuada. En este sentido, la organización recuerda que España únicamente cuenta con un parque de vivienda social del 1,7%, viéndose aumentado hasta un 3,5% si se considera el parque de vivienda en alquiler asequible en sentido amplio, porcentaje igualmente muy alejado de la media de la Unión Europea (UE), que alcanza un 9%. Asimismo, la inversión en vivienda, únicamente representa un 0,5% del PIB frente a la media de la UE, que se sitúa en un 1,2%.La discriminación directa e indirecta de personas y los discursos criminalizadores sobre inmigración deben terminarLos pactos de gobierno contienen medidas discriminatorias directas e indirectas y regresivas en derechos que se reflejan con crudeza en la totalidad de los alcanzados en las autonomías que han celebrado recientemente elecciones (Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura) al exigir que todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas tengan como objetivo procurar “la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, o cuando discriminan ya sin disimulo por nacionalidad, como en el caso de Extremadura cuando pide, en el acceso a la salud, reforzar la calidad asistencial, reducir los tiempos de espera, optimizar los recursos disponibles y garantizar una atención accesible y de calidad “para los españoles”; o también cuando los gobiernos de Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura excluyen “del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.La infancia migrante no acompañada tampoco se libra de estas potenciales políticas discriminatorias cuando se indica, como en el caso de Extremadura, que “se dotarán los recursos y mecanismos de control necesarios para impedir que se altere la convivencia y el orden público, se genere inseguridad, se perturbe la tranquilidad y la convivencia en nuestras calles y que los menores no acompañados gocen de cualquier privilegio o impunidad". Asimismo, todos los pactos incluyen un apartado titulado “no más menores extranjeros no acompañados (MENAS)”, y en el andaluz se va un paso más allá, explicitando que no se habilitarán "nuevos centros” ni se crearán “plazas en los existentes, reduciendo el gasto en esta materia al mínimo imprescindible".El acceso al derecho a la vivienda también es parte de este potencial sistema discriminatorio que pone en riesgo los derechos humanos cuando los pactos de Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla y Léon indican que procurarán “la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, exigiendo un “arraigo real y prolongado basado en empadronamiento histórico” mínimo de 10 años para compra y cinco para alquiler.Disfrazar el concepto de prioridad nacional con requisitos excluyentes es discriminaciónEsteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, ha declarado que: “Disfrazar el concepto de ‘prioridad nacional’ con la exigencia de requisitos que en la práctica suponen una barrera de acceso mayor para determinados colectivos es también discriminación. La discriminación también se produce de manera indirecta cuando se apela a normas aparentemente neutras pero que tienen un impacto desproporcionado en un determinado colectivo ubicándolo en una situación de desventaja o excluyéndolo de facto en el acceso a derechos sociales”.Así lo ha indicado recientemente el Tribunal de Justicia Europeo en su sentencia del 7 de mayo de 2026 al considerar que el requisito de una residencia mínima de 10 años previsto en las leyes italianas para poder acceder a asistencia social y acceso al empleo constituye una discriminación indirecta a personas beneficiarias de protección internacional.El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha destacado que los derechos sociales se aplican a todas las personas, incluidas las no nacionales (refugiadas, solicitantes de asilo, trabajadores migrantes y víctimas de trata), independientemente de su situación jurídica o documental. También el Comité Europeo de Derechos Sociales ha considerado que el requisito de dos años de residencia para poder acceder a la vivienda municipal en Noruega era excesivo y constituía una discriminación contra los y las trabajadores migrantes y sus familias, ya que perjudicaba a las personas migrantes que han llegado recientemente al país y que necesitan la misma asistencia que la ciudadanía noruegos.En definitiva, los estándares internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia son claros: prohíben todo tipo de discriminación, esto incluye la discriminación directa basada en la raza, color, origen étnico o nacional, y la indirecta por la utilización espuria de leyes o requisitos aparentemente neutrales para discriminar en el acceso a derechos sociales a colectivos concretos.Menos mensajes populistas y criminalizadores, más inversión en prestaciones socialesEl concepto de “prioridad nacional”, de aplicarse, también constituiría una medida regresiva, vulnerando la obligación de progresividad en el cumplimiento de los derechos humanos, de conformidad con los estándares internacionales.España, como Estado parte del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene la obligación de garantizar la realización progresiva de los derechos a la salud, la educación y la vivienda y evitar medidas regresivas, lo que significa que debe asegurar que sus políticas y actuaciones no reduzcan el acceso a las prestaciones de seguridad social. Esto incluye, por ejemplo, no restringir los criterios de elegibilidad ni la cuantía de las prestaciones sociales.Por ello deben abandonarse estos mensajes populistas y criminalizadores de las personas migrantes, sobre todo, por el partido político VOX, que pretende otorgar preferencia a los españoles frente a los que no lo son, y centrar la acción de gobierno en garantizar una inversión suficiente y adecuada en prestaciones sociales.

10. El acuerdo marco entre Líbano e Israel es una traición a las víctimas de crímenes de guerra en Líbano

    El acuerdo marco entre Israel y Líbano firmado en Washington el 26 de junio de 2026 amenaza con traicionar a las víctimas de crímenes de guerra en Líbano, han afirmado hoy Amnistía Internacional y otras cinco organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa. Algunas partes del texto parecen tener como objetivo impedir que las víctimas de graves crímenes de derecho reclamen justicia en foros internacionales. Otras parecen aceptar el prolongado e indefinido desplazamiento forzoso de decenas de miles de residentes en extensas zonas del sur de Líbano ocupadas por las fuerzas israelíes.El acuerdo llega tras meses de hostilidades que han causado un daño inmenso a la población civil, entre otras cosas como consecuencia de crímenes de guerra, violaciones del derecho internacional humanitario y graves abusos contra los derechos humanos. A pesar de ello, en su cláusula 13 los gobiernos de Israel y Líbano se comprometen a poner fin a “todas las acciones hostiles o adversas en los foros políticos o jurídicos internacionales”.Si el acuerdo se interpreta en el sentido de impedir a Líbano e Israel recurrir a los tribunales internacionales, incluida la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, entonces entraría en contradicción con la obligación jurídica internacional de ambos países de reclamar rendición de cuentas por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en sus territorios. El acuerdo no parece obligar a Israel a detener ninguna iniciativa contra Hezbolá en los foros internacionales.Además, la clausula 3 viola el derecho internacional y la prohibición de los desplazamientos forzados, al condicionar el regreso de residentes a determinadas zonas fronterizas ocupadas actualmente por Israel a “que se lleve a efecto el desarme de los grupos armados no estatales y al desmantelamiento de su infraestructura”. El derecho internacional humanitario establece que se debe permitir retornar a la población desplazada una vez hayan terminado las hostilidades o hayan dejado de existir los motivos para su desplazamiento.“Una y otra vez hemos visto a la población civil en Líbano sufrir las consecuencias de sucesivos ciclos de conflicto y graves violaciones y crímenes de derecho internacional sin que se rindan cuentas por ello”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. “Las víctimas de crímenes de guerra y otras violaciones merecen justicia. Cualquier acuerdo que no tenga en cuenta su derecho a la justicia, la rendición de cuentas y la reparación generará una impunidad que lo hará fracasar. Como se ha visto con claridad estos últimos años, la impunidad generalizada tiene un precio, que pagamos todos. Los Estados que afirman respetar el orden jurídico internacional deben alzar la voz: la justicia, la reparación y el respeto al derecho internacional no son negociables, ni en Líbano y ni en ningún sitio”.Desde 2023, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Legal Agenda, el Lebanese Center for Human Rights (CLDH), el Sindicato de Periodistas de Líbano y otros grupos de derechos humanos vienen documentando reiteradas violaciones de las leyes de la guerra y aparentes crímenes de guerra perpetrados por el ejército israelí en Líbano: aparentes ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil, ataques indiscriminados y otros ataques ilícitos en los que han muerto periodistas, personal médico y familias enteras, así como el uso ilegítimo de fósforo blanco, una sustancia que causa terribles quemaduras, en zonas residenciales.Amnistía Internacional concluyó en un reciente informe que el ejército de Israel ha sometido a desplazamiento forzado a decenas de miles de civiles libaneses, perpetrando el crimen de guerra de traslado ilegal, mientras continúa llevando a cabo la destrucción generalizada de bienes e infraestructuras civiles que inició en 2024 en el sur del Líbano. Amnistía Internacional y Human Rights Watch también han documentado el lanzamiento de cohetes no guiados de Hezbolá en el norte de Israel, que han matado y herido ilegítimamente a civiles. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras, Legal Agenda, CLDH, el Sindicato de Periodistas de Líbano y otros grupos libaneses e internacionales de derechos humanos y medios de comunicación han pedido reiteradamente que se investiguen las violaciones del derecho internacional cometidas durante las hostilidades en curso y se rindan cuentas y se otorguen reparaciones por ellas. En una carta abierta de febrero de 2026 dirigida al viceprimerministro y al ministro de Justicia de Líbano, estos grupos subrayaron la necesidad urgente de garantizar justicia, rendición de cuentas y reparación a las víctimas de las graves violaciones del derecho internacional humanitario perpetradas en Líbano, incluida la reclamación de rendición de cuentas en foros jurídicos internacionales.“Es fundamental que Líbano otorgue sin demora a la CPI competencia para investigar y procesar tales crímenes”, ha dicho Wadih Al Asmar, presidente de CLDH. “Retrasarlo equivale a tolerar la impunidad, y supone más injusticia para las víctimas.”Los grupos pidieron a las autoridades que se adhirieran al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y presentaran una declaración por la que consintieran en que la Corte, en virtud del artículo 12.3 del Estatuto de Roma, ejerza su competencia para investigar y procesar crímenes de derecho internacional cometidos en territorio libanés desde al menos octubre de 2023, y apoyaran la realización sin demora de investigaciones judiciales minuciosas, independientes e imparciales a nivel nacional sobre los crímenes de guerra perpetrados en territorio libanés. El Parlamento libanés debe establecer un marco jurídico para estas iniciativas aprobando sin demora una ley que penalice los crímenes de guerra y otros actos que son crímenes de derecho internacional, con arreglo a las normas internacionales.En marzo se intensificaron de nuevo las hostilidades y también las violaciones graves del derecho internacional. Ya está desplegado en Líbano un equipo de evaluación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que documenta las violaciones y abusos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario perpetradas desde el 2 de marzo, a petición de las autoridades libanesas.Según el mandato del ACNUDH, aceptado por las autoridades libanesas, el equipo de evaluación de la ONU se encargaría de “examinar las opciones de rendición de cuentas que haya disponibles” y “documentar, conservar y proteger de forma segura toda la información recopilada, con el fin de potenciar su uso en futuros procesos de rendición de cuentas”.Las víctimas de violaciones graves del derecho internacional, así como sus familiares y sus seres queridos han exigido justicia.“Este acuerdo no sólo supone el peligro de que la impunidad se afiance más, sino que una de sus cláusulas indica que los intereses políticos prevalecen sobre los derechos fundamentales de quienes han sufrido violaciones atroces”, ha afirmado Lama Fakih, directora de programa de Human Rights Watch. “Hay peligro de que niegue la justicia a las víctimas en un momento en el que cada vez hay más pruebas que señalan reiterados ataques ilegítimos de Israel causantes de graves daños a la población civil y destrucción generalizada.”Desde el 8 de octubre de 2023, más de 8.700 personas, de ellas al menos 569 menores y 357 integrantes de los servicios médicos, han perdido la vida en Líbano, según el Ministerio de Salud libanés. Las fuerzas israelíes también han atacado y matado a periodistas que estaban identificados y cubrían el conflicto, según Reporteros sin Fronteras (RSF). Los ataques de Hezbolá contra Israel han causado al menos 32 víctimas mortales civiles desde octubre de 2023, según los medios de comunicación israelíes.Cientos de miles de personas permanecen desplazadas en Líbano siguiendo órdenes de desplazamiento emitidas por el ejército israelí, que también ha ocupado casi 600 kilómetros cuadrados de la frontera de Líbano, prohibiendo el regreso a los residentes de las poblaciones situadas en esta zona.Si bien el acuerdo señala que tanto Israel como Líbano reconocen la importancia del “retorno seguro de la población civil [del sur del Líbano]”, consiente en la práctica el desplazamiento prolongado e indefinido de decenas de miles de residentes en el sur de Líbano, al hacer que su vuelta, así como la reconstrucción de la zona, esté sujeta a condiciones que deben “confirmarse”. El acuerdo no menciona la justicia ni la reparación a las víctimas de violaciones graves del derecho internacional humanitario, como las personas que han sido sometidas a traslados ilegales y aquéllas cuyas viviendas y tierras de cultivo han sido destruidas ilegítimamente.“El gobierno libanés ha renunciado a un derecho que no es suyo: el derecho de las víctimas a exigir responsabilidades a los perpetradores”, ha declarado Elsy Moufarrej, presidenta del Sindicato de Periodistas de Líbano, y ha añadido: “Es el derecho de quienes han perdido a sus seres queridos y cuyos hogares y recuerdos han sido destruidos. El derecho de quienes cumplieron con su deber a pesar del peligro, como periodistas y personal de servicios médicos de urgencia.”Los grupos de derechos humanos han afirmado que los gobiernos libanés e israelí no deben aplicar el acuerdo de tal manera que los derechos de víctimas y sobrevivientes queden relegados a un segundo plano, y deben dejar claro que su texto, incluidas las cláusulas 3 y 13, no prevalece frente a las obligaciones jurídicas internacionales de ambos gobiernos.“Los gobiernos, incluidos los que en ocasiones anteriores han apoyado la rendición de cuentas por crímenes de derecho internacional cometidos en Líbano, deben dejar claro que su apoyo a un acuerdo político no se extiende a disposiciones que impiden la posibilidad de que se haga justicia, se concedan reparaciones y se permita el retorno de las personas desplazadas”, ha declarado Ghida Frangieh, directora de Litigación en Legal Agenda. “Se trata de obligaciones jurídicas. El derecho internacional es claro: los Estados no pueden hacer caso omiso de su obligación de investigar y juzgar los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional, que es innegociable. Tampoco pueden suprimir los derechos individuales a la verdad, la justicia y la reparación.”“Las autoridades libanesas deben tomar medidas concretas para cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, explorando todas las vías posibles para conseguir rendición de cuentas, incluso otorgar competencia a la Corte Penal Internacional y procurar reparación por las violaciones del derecho internacional. También deben garantizar el derecho de las personas desplazadas a regresar a sus hogares. No puede haber paz sin justicia.”Lista de firmantes:Amnistía InternacionalHuman Rights WatchLebanese Center for Human Rights (CLDH)Legal AgendaReporteros sin Fronteras (RSF)Sindicato de Periodistas de Líbano

11. China: La nueva ley de “unidad étnica” consolidará la asimilación de los grupos minoritarios

    En respuesta a la entrada en vigor de la nueva Ley de Unidad Étnica de China el 1 de julio, Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional, ha declarado:“Las obligaciones de las autoridades chinas en materia de derechos humanos exigen la protección de las comunidades minoritarias y sus culturas, justo lo contrario de lo que hace esta ley. En lugar de celebrar la diferencia, la ley obliga a grupos étnicos como el uigur, el tibetano y el mongol a adoptar una identidad nacional única, definida por el Estado y dominada por la cultura china han.”“En este contexto, `unidad´ no significa armonía entre diferentes comunidades, sino alineamiento político e ideológico con el Partido Comunista Chino. En lugar de proteger la diversidad y la igualdad, la ley exige conformidad.”“Las autoridades chinas han manifestado su intención de aplicar elementos de esta ley más allá de las fronteras de China, lo cual también resulta sumamente preocupante. Existe el peligro de que esta ley proporcione una base jurídica más sólida a prácticas ya existentes de represión transnacional, y que pueda considerarse que la defensa pacífica de los derechos de las minorías en China llevada a cabo por cualquier persona en cualquier lugar socava la `unidad étnica´.”“Paralelamente a esto, podrían criminalizarse aún más actividades cuya realización ya conlleva un gran peligro en China, como la promoción de lenguas minoritarias, la documentación de abusos contra los derechos humanos o el trabajo de campaña en favor de la liberación de personas detenidas por expresar sus culturas, opiniones o creencias.”“Esta ley establece un marco jurídico nacional para políticas que ya han hecho añicos los derechos de personas uigures, tibetanas y de otros grupos étnicos distintos del han. Creemos que institucionalizará aún más las políticas chinas de asimilación forzada.”Información complementariaLa Ley de Unidad Étnica de China, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, establece la “unidad étnica” como requisito previo de ambiciosos proyectos de la cúpula del Partido Comunista Chino, como el desarrollo del Pensamiento de Xi Jinping y el “rejuvenecimiento” de una identidad política nacional compartida.La ley, por ejemplo, prohíbe los actos que “socaven la unidad étnica o creen división étnica”, algo que, ante la amplitud y la escasa definición de estos términos, suscita el temor de una aplicación arbitraria.En la rueda de prensa que el Consejo de Estado ofreció el 24 de junio, altos cargos confirmaron que las autoridades consideran que algunos aspectos de la ley son de aplicación más allá de las fronteras de China.Amnistía Internacional ha documentado el uso que hace China de la represión transnacional, con prácticas tales como la vigilancia de las comunidades de la diáspora, el hostigamiento de las personas disidentes en el extranjero, la intimidación de familiares en China y los esfuerzos por presionar a otros gobiernos para que devuelvan a ciertas personas.Casos como los del intelectual uigur Ilham Tohti, la etnógrafa uigur Rahile Dawut y el líder religioso tibetano Choktrul Dorje Ten Rinpoche son ejemplos de la cómo las políticas existentes criminalizan el trabajo académico, cultural y religioso pacífico, una tendencia que esta ley podría consolidar aún más.

12. Sudán: Las atrocidades de las RSF en El Fasher, ‘una mancha en la conciencia de la humanidad’, según un nuevo informe

    Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) cometieron crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica durante su campaña para tomar El Fasher, en el estado de Darfur Septentrional, en Sudán, ha concluido Amnistía Internacional en un importante nuevo informe. La organización pide ahora un alto el fuego inmediato en Sudán, así como el despliegue urgente de una fuerza internacional para proteger a la población civil.Ciudad sitiada, niños y niñas bajo fuego: Crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas de Apoyo Rápido en Darfur Septentrional documenta casos de civiles asesinados, heridos, golpeados, torturados y detenidos en El Fasher y sus alrededores entre principios de 2024 y octubre de 2025, mientras las RSF combatían contra las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas Conjuntas aliadas en una guerra que devastó Darfur Septentrional. Los crímenes de las RSF incluyen el asesinato, el traslado forzoso, el encarcelamiento, la tortura, la violación, la esclavitud sexual, otras formas de violencia sexual, la esclavitud, el exterminio y la persecución.Cientos de miles de niños y niñas han sido desplazados; muchos de ellos se han expuesto repetidamente a la muerte o a sufrir lesiones durante los ataques o mientras huían. Innumerables han quedado huérfanos. Las personas con discapacidad y las de edad avanzada se han enfrentado a riesgos graves, como ataques selectivos, abandono y exclusión de la asistencia esencial.En los ataques contra Darfur Septentrional, las RSF empleaban habitualmente términos como falangay , que sugieren esclavitud o servidumbre, contra civiles de etnia no árabe.“La guerra en Sudán es una guerra contra la población civil. Se advirtió al mundo de los horrores a los que se enfrentaba la población civil de El Fasher a medida que las RSF sitiaban la ciudad. Es una mancha en la conciencia de la humanidad”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.“Los niños y las niñas no son daños colaterales de esta violencia; muy a menudo, son objetivos deliberados y han sufrido enormemente. Han sido asesinados, heridos, violados, secuestrados y reclutados por la fuerza a gran escala”.“Se necesita de inmediato un alto el fuego a nivel nacional. Debe desplegarse en Sudán una fuerza internacional independiente y dotada de recursos suficientes para proteger a la población civil de los crímenes cometidos por todas las partes en el conflicto. Si la comunidad internacional no toma medidas urgentes, los ataques contra la población civil —y el inmenso sufrimiento y trauma que se infligen a los niños y las niñas— continuarán sin obstáculos”.Para elaborar el informe, Amnistía Internacional entrevistó a 247 personas, entre ellas 208 sobrevivientes (169 adultos y 39 menores de edad) que habían sufrido o presenciado abusos relacionados con el conflicto. El informe también contiene análisis de fuentes abiertas, que incluye 89 vídeos y un análisis exhaustivo de imágenes de satélite de Darfur Septentrional.El 10 de junio de 2026, Amnistía Internacional envió una carta al general Mohamed Hamdan Dagalo, jefe de las RSF, en la que se documentaban las conclusiones del informe. En el momento de la publicación, no se había recibido respuesta.El análisis de las pruebas reunidas dentro del ámbito geográfico y temporal examinado en este informe permite concluir, sin reservas, que se produjo una persecución por motivos de identidad étnica. Amnistía Internacional considera que los actos documentados en este informe, así como otros presuntos crímenes objeto de investigaciones paralelas, podrían ser pertinentes a efectos de la calificación del delito de genocidio. En el momento de publicarse este informe prosiguen las investigaciones de la organización en relación con estos actos.Guerra de asedioEn noviembre de 2023, las RSF controlaban cuatro de las cinco capitales estatales de Darfur. El Fasher, capital de Darfur Septentrional, era el único reducto que resistía. A partir de 2024, las RSF atacaron sistemáticamente las aldeas, los pueblos y los campos de personas desplazadas en los alrededores de El Fasher, sometieron a la población residente a la violencia y el saqueo e incendiaron infraestructuras civiles.Muchas de estas comunidades estaban compuestas predominantemente por miembros de la etnia zaghawa. Durante los ataques, los combatientes de las RSF incendiaron viviendas civiles mucho después de que sus habitantes hubieran huido, lo que apunta a la intención de dejar inhabitables esas zonas. Estas acciones, sumadas al control continuado de las RSF en las zonas —lo que impide el regreso de la población desplazada—, son compatibles con la limpieza étnica del pueblo zaghawa en las zonas cercanas a El Fasher.Yagoub*, joven zaghawa de 17 años, se encontraba en la finca de su familia cerca de Abu Zerega, localidad situada 35 kilómetros al sur de El Fasher, cuando las RSF lanzaron su ataque en diciembre de 2024. Intentó huir, pero las RSF lo capturaron. Según contó a Amnistía Internacional: “Me ataron y me golpearon con palos y con la culata de un AK-47. Entonces, uno de ellos se acercó montado en un camello y dijo: ‘Éste es el hijo de un falangay ’ [...] y sin más me disparó en la pierna”.Yagoub ahora utiliza muletas para caminar. Ocho de sus primos, entre ellos cuatro niños de entre 11 y 17 años, murieron en el mismo ataque.Tras desplazar por la fuerza a la población de los pueblos cercanos a El Fasher, las RSF efectuaron un asedio brutal sobre la ciudad desde mayo de 2024 hasta octubre de 2025, restringieron la entrada de alimentos y suministros humanitarios, y bombardearon la ciudad casi a diario. La hambruna se propagó y obligó a la población a comer ambaz , un subproducto de la producción de aceite de cacahuete que normalmente se utiliza como pienso para animales. Toda la población civil, pero en especial niños y niñas —en quienes las enfermedades y la desnutrición pueden tener efectos irreversibles—, sufrió las peores consecuencias de esta hambruna provocada.Algunas mujeres relataron que habían dado a luz en medio de graves privaciones y estrés: en sofocantes refugios antiaéreos subterráneos, en hospitales que fueron bombardeados o mientras huían de la violencia. Al no poder obtener una nutrición adecuada ellas mismas, a menudo no podían producir suficiente leche para alimentar a sus recién nacidos. A falta de alternativas seguras, muchas mujeres vieron cómo sus bebés se consumían.Rashida*, mujer de 39 años, perdió a su hijo menor, un gemelo de un año, en agosto de 2025. En sus palabras: “[Mi hijo] se estaba debilitando mucho [y] no tomaba leche. Se quedó muy delgado”.La toma de El FasherEl 26 de octubre de 2025, las RSF lanzaron su ofensiva final contra El Fasher. Cuando los civiles intentaron huir, se encontraron con una red de terraplenes de 57 kilómetros . A continuación se produjo una masacre: cientos de personas fueron ejecutadas y muchas otras, torturadas o detenidas.Amnistía Internacional entrevistó a 70 sobrevivientes, casi todos los cuales habían presenciado ejecuciones, violaciones, otras formas de tortura o la toma de rehenes. Una mujer de 58 años calculaba haber visto más de 1.000 cadáveres: “A las personas a las que dispararon las arrojaron dentro del terraplén. [...] [Las RSF] dijeron que rellenarían el terraplén con los cadáveres”.Entre los asesinados en el terraplén había muchos niños y niñas. Taiseer*, una mujer zaghawa de 68 años que huía con sus cinco nietos, vio cómo las RSF disparaban y mataban al niño de 12 años que los acompañaba.Zubeida*, una niña de 15 años, sobrevivió a una masacre de unas 25 personas en el terraplén sólo porque se identificó como medio árabe y afirmó en falso que su padre formaba parte de las RSF. Fue testigo de la ejecución de hombres y niños, del asesinato de mujeres que se resistieron a ser violadas y del tiroteo contra niños y niñas pequeños. Dijo: “Soy la única sobreviviente”.Quienes permanecieron en El Fasher fueron testigos de terribles violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional entrevistó a 18 personas que se encontraban en el Hospital Materno Saudí, entre ellas miembros del personal, pacientes y familiares de pacientes, que vieron cómo las RSF mataban a decenas de personas allí. Atacar el Hospital Materno Saudí, objeto protegido en virtud del derecho internacional, constituye un crimen de guerra.Violencia sexual, toma de rehenes y reclutamiento de menores de edadLas RSF cometieron violaciones y otras formas de violencia sexual a gran escala en numerosos contextos. Amnistía Internacional entrevistó a 26 sobrevivientes de violencia sexual, incluidas 20 mujeres víctimas de violación, entre ellas tres niñas menores de 18 años y una joven violada cuando tenía 17 años. Las sobrevivientes describieron haber sido sometidas a graves humillaciones y abusos que les causaron daños físicos y psicológicos duraderos.Tasneem*, una niña zaghawa de 13 años, fue secuestrada a principios de abril de 2025 cuando combatientes de las RSF atacaron su aldea, al oeste de El Fasher. Tasneem estaba pastoreando el ganado de la familia con su padre cuando se acercaron combatientes de las RSF. Tasneem vio cómo las RSF mataban a tiros a su padre antes de que la secuestraran y se la llevaran a El Daein, a unos 350 kilómetros de distancia.La niña contó a Amnistía Internacional: “[La primera vez que me violaron] fueron tres personas. Me vendaron los ojos [...]. Me sujetaron [...]. Me dijeron: ‘Esto te está pasando porque tus muchachos lucharon contra nosotros, los de los falangayat’ .”Las RSF también detuvieron ilícitamente a civiles y mantuvieron a muchos de ellos como rehenes para pedir rescate, a menudo en condiciones terribles. Amnistía Internacional entrevistó a 45 personas detenidas ilícitamente por las RSF, entre ellas ocho menores de edad, entre julio de 2024 y enero de 2026.Las condiciones de detención eran abusivas y degradantes. Los entrevistados, entre los que se encontraban niños de tan sólo 13 años, afirmaron que los soldados de las RSF les golpearon y les insultaron con epítetos étnicos mientras estuvieron cautivos. Se les negó comida y agua suficientes y se les mantuvo en dependencias sofocantes y superpobladas. Se propagaron las enfermedades: muchos detenidos presenciaron cómo morían decenas de personas —en ocasiones, centenares— por deshidratación o enfermedad.Amnistía Internacional entrevistó a nueve hombres que habían estado recluidos en el centro de detención de Mina al Bari, en la periferia oriental de El Fasher, durante periodos de hasta cinco meses entre mediados de 2024 y principios de 2026. Estos hombres afirmaron que los habían recluido en contenedores de transporte, que permanecían cerrados la mayor parte del tiempo. El calor sofocante y la mínima circulación del aire dificultaban la respiración.Un hombre que estuvo recluido allí declaró: “No puedes estirar las piernas… No puedes dormir mucho rato… [Las RSF] me dijeron: ‘No nos importa si mueres’”.Otro hombre que estuvo recluido en Mina al Bari describió la privación de comida y agua: Mi cuerpo se estaba [deshidratando] por completo, otras personas, al igual que yo, perdieron el conocimiento. [Las RSF] pensaron que habíamos muerto, así que simplemente nos echaron del contenedor. Al poco tiempo se dieron cuenta de que seguíamos vivos. Nos torturaron de nuevo y nos llevaron [de vuelta] al interior del contenedor”.Amnistía Internacional también documentó el reclutamiento y la utilización generalizados de niños por parte de las RSF, ya fueran de grupos étnicos árabes aliados o secuestrados de grupos no árabes durante los ataques a pueblos y campos de personas desplazadas. Los niños desempeñaban diferentes funciones para el grupo, entre ellas combatir, recabar información y cuidar del ganado.Rashid* fue secuestrado por las RSF en su pueblo hacia julio de 2024, cuando tenía unos 17 años. Durante casi nueve meses, lo mantuvieron en una zona rural y lo obligaron a pastorear cabras. Estaba custodiado por tres chicos armados, también reclutas de las RSF, que lo sometían a él y a otros detenidos a humillaciones y palizas y lo privaban de comida y agua. Dijo: “Me vigilaban, y si intentaba descansar, me disparaban [...]. Me golpeaban por todo el cuerpo”.Mandos identificadosAmnistía Internacional identificó a mandos de las RSF responsables de graves violaciones del derecho internacional.Miembros de las RSF grabaron y difundieron públicamente vídeos de ejecuciones masivas. Amnistía Internacional recopiló y verificó 19 vídeos que documentaban una gran masacre cerca del terraplén, a unos 12 kilómetros al noroeste de El Fasher. Nueve de estos vídeos muestran al mando de las RSF Al-Fateh Abdullah Idris, más conocido como ‘Abu Lulu’ , ejecutando a personas cautivas vestidas de civil.Entre los altos mandos de las RSF en el centro de detención de Mina al Bari se encontraban el general de división Gedo Hamdan Ahmed Mohamed (‘Abu Shouk’), que dirigía los interrogatorios y participaba en las torturas, y el teniente coronel Abbas Khater Bakhit, a quien se vio ordenar la tortura de presos y facilitar pagos.Estas violaciones se produjeron de forma reiterada y a gran escala, lo que indica que quienes ocupaban puestos de autoridad sabían —o debían saber— lo que ocurría y no hicieron nada por impedirlo ni por exigir responsabilidades a nadie.Recomendaciones“La comunidad internacional debe ir más allá de las declaraciones de preocupación y adoptar medidas concretas para proteger a la población civil, rompiendo el ciclo de impunidad”, ha afirmado Agnès Callamard.“Sudán se ha visto sacudido por el impacto de los recortes en la financiación humanitaria , lo que ha agravado una crisis de derechos humanos ya de por sí catastrófica para unas comunidades que lo han perdido todo. Todos los socios internacionales de Sudán deben garantizar que la ayuda adecuada llegue a las personas refugiadas y desplazadas, incluidos los servicios centrados en la infancia, para ayudar a mitigar la crisis.“También requiere reforzar la rendición de cuentas, garantizando un apoyo suficiente a todos los mecanismos de rendición de cuentas existentes para Sudán, incluidas la Corte Penal Internacional y las misiones de investigación respaldadas por la ONU y la Unión Africana. Los mandos identificados en este informe deben ser investigados y, cuando haya suficientes pruebas admisibles, procesados”.Todos los países deben dejar de suministrar inmediatamente armas y municiones a todas las partes en el conflicto de Sudán. En particular, deben dejar de suministrar armas a Emiratos Árabes Unidos —el principal patrocinador de las RSF— hasta que este país cumpla con el embargo de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU también debe ampliar el actual embargo de armas de Darfur al resto del país.Nota para periodistas:   *Se han utilizado nombres ficticios.

13. Visitantes de Arabia Saudí, en prisión por publicaciones en redes sociales

    Las personas que visitan Arabia Saudí, incluso para hacer turismo o por motivos religiosos (como hach y umrah, distintos tipos de peregrinación a La Meca), corren peligro de detención, juicio manifiestamente injusto y condena a prisión prolongada por su actividad en redes sociales, incluidas publicaciones previas a la entrada en el reino; así lo han manifestado hoy Amnistía Internacional y ALQST.Amnistía Internacional y ALQST han documentado los casos de nueve personas, principalmente de países del Sur Global y Oriente Medio, que fueron arrestadas en Arabia Saudí durante visitas realizadas entre julio de 2022 y finales de 2025 por sus publicaciones en redes sociales. Cuatro de las nueve estaban haciendo una peregrinación a La Meca (hach o umrah) y las otras cinco hacían turismo o visitas familiares.Las autoridades saudíes detuvieron a varias a su llegada, a otras durante su estancia y al resto cuando intentaban salir del país. En los casos documentados, las autoridades interrogaron a estas personas sobre publicaciones suyas en redes sociales y las sometieron arbitrariamente a detención prolongada, juicio manifiestamente injusto o demoras en el acceso a ayuda consular. En dos de los casos impidieron a las personas detenidas compartir información con sus familiares en el extranjero.“Al mismo tiempo que se presenta como destino turístico internacional e invierte un montón en turismo como parte de su plan Visión 2030, Arabia Saudí detiene y condena a largas penas de prisión a personas que visitan el país, sólo por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión. Personas que viajan a Arabia Saudí para realizar una peregrinación religiosa única en la vida o para visitar a sus seres queridos, se encuentran de repente y sin previo aviso en una situación de pesadilla, separadas de sus familias, y todo por simples publicaciones en redes sociales”, ha dicho Bissan Fakih, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio y Norte de África.“La represión de la libertad de expresión ejercida desde hace mucho tiempo por las autoridades saudíes contra su propia ciudadanía y demás residentes en el país ahora se extiende a las personas extranjeras que visitan el reino. “Detrás de la imagen de apertura al mundo cuidadosamente proyectada por el gobierno saudí se esconde un clima generalizado de temor, mantenido mediante una fuerte represión en el país”, ha manifestado Naydeen Abdulaziz, responsable de Seguimiento e Incidencia de ALQST.Amnistía Internacional y ALQST piden a los Estados que presionen a Arabia Saudí para que ponga fin a la represión de la libertad de expresión tanto de visitantes como de residentes en el país y libere de inmediato a todas las personas recluidas por ejercer ese derecho. Además, los ministerios de Asuntos Exteriores deben garantizar la actualización de sus recomendaciones de viaje a Arabia Saudí para que quienes pretendan viajar allí sean conscientes de los riesgos que corren debido a su actividad en redes sociales, sobre todo teniendo en cuenta que el país está atrayendo más turismo y se dispone a organizar la Expo 2030 y la Copa Mundial de 2034.Arabia Saudí se ha fijado un objetivo de 150 millones de turistas antes de 2030 como parte de su programa estrella Visión 2030, enfocado a diversificar la economía saudí, promover una sociedad “dinámica” y posicionar al reino como destino internacional. Sin embargo, Arabia Saudí mantiene un entorno legislativo sumamente restrictivo que criminaliza y sanciona con duras penas el derecho de expresión protegido por el derecho internacional de los derechos humanos. El Tribunal Penal Especializado —tribunal antiterrorista de Arabia Saudí— utiliza sistemáticamente disposiciones imprecisas de la legislación antiterrorista y sobre delitos informáticos que equiparan la expresión permisible con el “terrorismo”.Arrestos, detenciones preventivas prolongadas y juicios manifiestamente injustos relacionados con las redes socialesAhmed al Doush, ciudadano británico, está cumpliendo cinco años de prisión tras un juicio injusto por cargos basados en el uso de las redes sociales, lo que vulnera su derecho a la libertad de expresión. Las autoridades saudíes arrestaron a Al Doush, que entonces era analista empresarial para el Banco de América, el 31 de agosto de 2024 en el aeropuerto de Riad cuando se disponía a regresar a Reino Unido tras visitar Arabia Saudí con su esposa embarazada y dos hijos; el motivo de su arresto fueron unas publicaciones en redes sociales que había hecho antes de su llegada al país. El Tribunal Penal Especializado lo condenó a 10 años de prisión el 12 de mayo de 2025 y le redujo la pena a cinco años en apelación en abril de 2026. Las autoridades saudíes no han compartido con su familia ni con su abogado británico los documentos judiciales, incluidas las sentencias en primera instancia y en apelación, a pesar de las reiteradas solicitudes.Amr Abdelfattah, ciudadano francés con tres hijos, fue detenido el 16 de junio de 2024 en Arabia Saudí mientras hacía la peregrinación hach a La Meca. Abdelfattah permaneció más de 11 meses bajo custodia hasta su juicio en mayo de 2025 por cargos relacionados con publicaciones en línea y un problema de visado; este último normalmente conlleva penas de multa y deportación. Las autoridades alegaron que sus manifestaciones en línea constituían “injurias al gobierno” y “elogios a personas procesadas”.Quienes fueron objeto de detención se enfrentaron a múltiples violaciones del debido proceso y relacionadas con la propia detención. En algunos casos, la persona detenida fue obligada a firmar documentos en árabe sin conocer su contenido ya que no entendía el idioma. A algunas, según informes, las dejaron en libertad sin entregarles ropa adecuada ni sus efectos personales. En al menos dos casos de personas extranjeras documentados por Amnistía Internacional y ALQST, las autoridades saudíes restringieron su contacto con sus familiares en el extranjero.A Abdelfattah se le ha negado repetidamente el acceso a representación letrada y a visitas familiares durante toda su detención, y no se ha permitido a representantes consulares acceder a su juicio. Desde septiembre de 2024 hasta el 5 de agosto de 2025 se le permitió hablar por teléfono con su esposa 15 minutos a la semana, pero las llamadas se cortaban cada vez que intentaba contarle el trato que recibía en prisión o novedades sobre su juicio. El contacto con su familia quedó suspendido hasta hace poco, que han vuelto a permitirle comunicación semanal. No se le permite hablar en francés con su familia; debe hacerlo en árabe para que los funcionarios de la prisión puedan vigilar la conversación. Según concluyó ALQST, también fue sometido a graves palizas por guardias de la prisión.Asimismo se ha restringido gravemente la comunicación de Ahmed al Doush con su familia. En abril de 2025 dijo a su esposa que las autoridades penitenciarias le habían ordenado que sólo preguntara por ella y sus hijos durante las llamadas, con la advertencia de que si hablaba de sus condiciones de reclusión, su salud, los procedimientos judiciales o los cargos en su contra, la llamada se interrumpiría y se le impondría un castigo. La familia ha contado que recientemente se le negó el contacto con ella durante casi tres semanas por haber hablado con sus hijos en inglés.La salud física y mental tanto de Ahmed al Doush como de Amr Abdelfattah han empeorado considerablemente durante su estancia en prisión.De igual modo, las autoridades saudíes arrestaron al ciudadano neerlandés y yemení Fahd Ramadhan el 20 de noviembre de 2023 y lo sometieron a detención arbitraria durante 18 meses. Ramadhan nunca fue formalmente acusado, pero a los funcionarios de la embajada neerlandesa en Riad les dijo que pensaba su detención se debía a los comentarios que había publicado en línea en los que simpatizaba con un crítico de la familia real saudí. Durante su detención previa al juicio, sus interrogadores le habían pedido que firmara un documento que recogía cuatro de sus publicaciones en X. Quedó en libertad en junio de 2025.Otra persona, que se ha mantenido en el anonimato por razones de seguridad, fue arrestada en La Meca en plena peregrinación umrah sólo cuatro horas después de haber publicado en redes sociales una crítica a las autoridades saudíes, que había borrado a las dos horas. Permaneció recluida sin juicio durante un año y ocho meses, y ya ha sido liberada.En 2023, las autoridades saudíes arrestaron a otro hombre que estaba haciendo la peregrinación umrah a La Meca por exhibir un pequeño cartel para pedir la libertad de un preso político en otro país, sin relación con Arabia Saudí, y lo mantuvieron casi un año bajo custodia. Finalmente, Arabia Saudí lo puso en libertad.Haidar Slim, ciudadano libanés, fue detenido en 2022 al término de su peregrinación hach a La Meca. Se había grabado a sí mismo entonando un cántico chií durante la peregrinación y el vídeo había circulado en Internet. Fue procesado en aplicación de la Ley de Delitos Informáticos por “publicar contenido que socava el orden público y los valores religiosos” y condenado a cinco años de prisión y una multa de 10.000 reales saudíes. Quedó en libertad en marzo de 2025 tras haber cumplido casi tres años de su condena, a raíz de una intervención diplomática.Teniendo en cuenta el clima de miedo y la falta de transparencia que imperan en el país, la verdadera magnitud de los arrestos relacionados con el derecho de expresión probablemente sea muy superior, y alguna información sólo se conoce cuando las personas detenidas quedan libres y pueden salir del país.Además de los nueve casos documentados, que incluyen el de un ciudadano estadounidense que estuvo dos meses detenido sin cargos a finales de 2025 tras haber publicado un vídeo en TikTok sobre sus experiencias en el país y el de un ciudadano canadiense arrestado en abril de 2023 e interrogado por sus publicaciones y “Me gusta” en redes sociales, Amnistía Internacional y ALQST conocen varios casos más de turistas a quienes han arrestado durante su estancia en Arabia Saudí por su actividad en redes sociales, algunos de los cuales no han podido investigar.Entre los casos publicados en los medios de comunicación está el de un hombre detenido durante su peregrinación hach a La Meca tras haber criticado a las autoridades saudíes por su presunta negligencia a raíz de las muertes de 1.301 peregrinos durante la hach en 2024, que el Ministerio de Salud saudí había atribuido en su mayoría a un golpe de calor.“Los gobiernos extranjeros deben utilizar todos los medios a su alcance para proteger los derechos de sus nacionales y residentes cuando están fuera de su país, lo que incluye prestarles asistencia consular y dar seguimiento a las actuaciones judiciales en su contra. Los gobiernos que afirman creer en los derechos humanos universales deben defender la puesta en libertad de todas las personas detenidas arbitrariamente en Arabia Saudí por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, ha dicho Nadyeen Abdulaziz.Información complementariaAmnistía Internacional y ALQST han documentado decenas de casos de nacionales saudíes en detención por sus publicaciones en redes sociales, entre ellos Abdulrahman al Sadhan, empleado de Media Luna Roja que está cumpliendo una condena a 20 años de prisión y ha sido objeto de desaparición forzada tras varias publicaciones satíricas en X, y Manahel al Otaibi, influencer deportiva y defensora de los derechos humanos que está cumpliendo cinco años de prisión por tuitear en defensa de los derechos de las mujeres (usando entre otras la etiqueta #EndMaleGuardianship) y publicar en línea una foto suya en un centro comercial sin vestir la abaya (prenda tradicional).Amnistía Internacional también ha concluido que las autoridades de todos los Estados del Golfo, entre ellos Arabia Saudí, han intensificado la represión del derecho a la libertad de expresión tras el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

14. Rusia: Las autoridades intensifican la represión de la disidencia con una dura condena de prisión al político de oposición Maksim Kruglov

    En respuesta a la noticia de que Maksim Kruglov, vicepresidente del partido de oposición ruso Yabloko y exdiputado del Parlamento provincial de Moscú, ha sido condenado a siete años de prisión por difundir en las redes sociales publicaciones sobre bajas civiles en Bucha, Mariúpol y otros lugares de Ucrania, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:“Maksim Kruglov ha sido encarcelado, no por un delito penal reconocible, sino sencillamente por expresar sus opiniones y pedir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra. Su caso es el más reciente de los de centenares de personas que están siendo perseguidas en Rusia por expresar opiniones contrarias a la guerra.”“Su dura pena de prisión es un castigo por exigir justicia para las víctimas de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, y también forma parte de una campaña más amplia para atacar al partido Yabloko en el periodo previo a las elecciones al Parlamento que se celebrarán en septiembre. Maksim Kruglov es uno de los varios miembros de Yabloko que han sido blanco de la campaña de las autoridades para silenciar al único partido político registrado en Rusia que pide abiertamente el fin inmediato de las hostilidades.”“Las autoridades rusas deben ponerlo en libertad de forma inmediata e incondicional, a él y a todas las demás personas encarceladas exclusivamente por oponerse de forma pacífica a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Las autoridades deben anular su declaración de culpabilidad y su condena y derogar toda la legislación conocida como ‘leyes de censura de guerra’.”Información complementariaEl 24 de junio, el Tribunal de Distrito de Zamoskvoretsky, Moscú, condenó a Maksim Kruglov a siete años en una colonia penitenciaria. Kruglov había sido detenido en San Petersburgo en octubre de 2025 por cargos de difundir “deliberadamente información falsa” sobre el ejército ruso en publicaciones en Telegram y VKontakte en las que hacía referencia a muertes de civiles en Ucrania, en lugares como Mariúpol y Bucha.Poco después de su detención, Maksim Kruglov fue añadido al registro ruso de “terroristas y extremistas”. En diciembre de 2025, otro copresidente del partido Yabloko, Lev Shlosberg, fue acusado de los mismos delitos. Al menos nueve activistas del partido se han enfrentado a procesamientos penales, decenas han sufrido detención administrativa y 12 cargos del partido han sido tachados de “agentes extranjeros”, lo que los descalifica para presentarse a las próximas elecciones al Parlamento.

15. Turquía: Las autoridades deben levantar la prohibición general de protestar impuesta con motivo de la cumbre de la OTAN y poner en libertad a decenas de personas detenidas arbitrariamente

    Ante la entrada en vigor el domingo de una prohibición general de protestar en Ankara de 13 días de duración y la detención en espera de juicio de más de 100 personas entre profesionales de la abogacía, miembros de la Academia y activistas con motivo de la 36 cumbre de la OTAN en Turquía, Esther Major, directora adjunta de Investigación para Europa de Amnistía Internacional, ha declarado:“Debe levantarse la prohibición general de todas las protestas en Ankara y deben ser puestas en libertad todas las personas detenidas arbitrariamente que están en prisión o bajo arresto domiciliario en relación con la cumbre de la OTAN. Esta prohibición es un ataque excesivo e injustificable al derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión. Las autoridades deben facilitar y proteger el derecho a la protesta y dejar de usar razones de seguridad nacional imprecisas y excesivamente generales para detener a personas sin que haya indicios de conducta delictiva”.“La detención en espera de juicio es una medida excepcional que no puede utilizarse para impedir a las personas ejercer sus derechos protegidos, como la libertad de reunión pacífica y de expresión. Deben levantarse todas las restricciones excesivamente generales y desproporcionadas que impiden el ejercicio del derecho de reunión pacífica”.“Además, la decisión de la OTAN de denegar la acreditación a algunos periodistas y medios de comunicación de Turquía es un golpe a la libertad de los medios de comunicación. Pedimos a la OTAN que cambie de postura y permita que cubran el evento a las personas y medios excluidos”.Información complementariaEl 22 de junio, la gobernación de Ankara anunció una prohibición provincial de todas las reuniones públicas desde las 00.00 horas del 28 de junio hasta las 23.59 del 10 de julio de 2026 (13 días), citando la “seguridad nacional” y medidas de seguridad en torno a la cumbre de la OTAN.También citó la necesidad de impedir que personas y vehículos no autorizados entren en zonas designadas “sensibles” como la sede de la cumbre, los lugares donde se alojarán las delegaciones y las rutas de tránsito usadas por estas.Según una declaración emitida por la Fiscalía General de Ankara el 25 de junio de 2026, se remitieron a los tribunales con la solicitud de detención preventiva los casos de 135 personas de las 225 detenidas durante las operaciones que se lanzaron en redadas efectuadas al amanecer el 23 de junio. De ellos, se ordenó la detención de 103 personas, y 26 fueron sometidas a medidas de control judicial como el arresto domiciliario.

16. Venezuela: Los derechos humanos deben guiar la respuesta al terremoto en medio de la crisis devastadora

    En el contexto de los terremotos que sacudieron Venezuela la tarde del 24 de junio y de las labores de respuesta, Amnistía Internacional alerta sobre los efectos potencialmente devastadores que este desastre puede tener sobre la población venezolana y llama a las autoridades venezolanas y a la comunidad internacional a hacer todo lo posible para brindar asistencia a las personas afectadas.“Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas directa o indirectamente por este desastre, que ahora corre el riesgo de agravar aún más una crisis de derechos humanos y una emergencia humanitaria ya severas y prolongadas, que el pueblo venezolano ha sufrido durante más de una década. El sistema de salud del país ha sido diezmado, mientras que la represión estatal ha debilitado gravemente la protección de los derechos humanos”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.“El pueblo venezolano ha mostrado una resiliencia y una solidaridad extraordinarias frente a esta prolongada crisis de derechos humanos. Debe recibir apoyo urgente mientras enfrenta una nueva tragedia de gran magnitud, y debe ser protegido frente al abandonoo la injusticia.”“Amnistía Internacional insta a las autoridades venezolanas a brindar asistencia y responder a los terremotos en cumplimiento de las normas humanitarias y de respuesta ante desastres, así como del derecho internacional de los derechos humanos. A su vez, la comunidad internacional debe movilizarse con urgencia para proporcionar y entregar la asistencia humanitaria crítica que el pueblo venezolano necesita de manera tan apremiante.”Las autoridades venezolanas han divulgado información limitada y no corroborada sobre la magnitud total de los daños humanos y materiales causados por los terremotos. En este sentido, Amnistía Internacional llama a las autoridades venezolanas a garantizar la divulgación pronta, creíble y periódica de información sobre el alcance de los daños, el número y las características de las personas fallecidas o heridas, las labores de asistencia desplegadas, las rutas de atención para las personas afectadas y el plan de contingencia para la búsqueda de personas desaparecidas, así como para el rescate y atención de las personas sobrevivientes.La organización subraya que las autoridades deben garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad mientras asisten a la población.El acceso a la información, la libertad de prensa y la libertad de expresión han sido severamente restringidos como consecuencia de años de censura patrocinada por el Estado, incluido el cierre de decenas de medios de comunicación, el bloqueo de plataformas de redes sociales como X y la criminalización de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. En el contexto de la actual emergencia humanitaria, la organización destaca la importancia crítica de levantar de inmediato todas las restricciones indebidas a la prensa, a las plataformas de redes sociales y a los canales esenciales de comunicación en línea. El impacto potencial de no hacerlo podría medirse en vidas perdidas y en derechos irreparablemente afectados.Las ONG de derechos humanos y humanitarias operan actualmente en un entorno sumamente restrictivo como resultado de una arquitectura legal represiva orientada a cerrar el espacio cívico y atacar cualquier forma de disidencia percibida. Para ofrecer un plan de respuesta efectivo, las autoridades venezolanas deben derogar de inmediato la llamada ley anti-ONG y todos los demás mecanismos legales que restringen, controlan y limitan las actividades legítimas y necesarias de estas organizaciones de la sociedad civil.De manera crítica, Amnistía Internacional expresa su preocupación por las personas que permanecen detenidas y por su situación actual tras los terremotos. Aunque la organización sigue exigiendo la liberación de todas las personas sometidas a detención arbitraria por motivos políticos, en el contexto actual Amnistía Internacional también subraya la necesidad urgente de que organismos humanitarios y de derechos humanos, así como familiares de las personas detenidas, tengan acceso a todos los centros de detención a fin de verificar la seguridad de todas las personas detenidas y suministrar necesidades básicas, incluida atención médica crítica. Asimismo, las autoridades venezolanas deben levantar de inmediato las restricciones ilegales y desproporcionadas a la libertad de miles de ex víctimas de detención arbitraria. Por ejemplo, deben suspenderse las medidas cautelares impuestas a quienes fueron detenidos arbitrariamente por razones políticas. Estas medidas deben ser anuladas, si no completamente levantadas.La respuesta urgente necesaria para afrontar esta emergencia requerirá asistencia humanitaria internacional y solidaridad para movilizar cooperación multilateral y recursos estatales a gran escala. Los principios humanitarios internacionales y el derecho internacional de los derechos humanos deben guiar la obtención y el despliegue de estos recursos, en particular los ya mencionados principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Amnistía Internacional hace un llamado a los Estados, actores humanitarios y donantes para que ofrezcan estos fondos y recursos, y lo hagan en cooperación con organizaciones locales de la sociedad civil. 

17. Estados Unidos: Cuatro meses después del atroz ataque aéreo contra la escuela de Minab, la rendición de cuentas se demora

    Casi cuatro meses después del ataque aéreo lanzado por Estados Unidos contra la Escuela Shajareh Tayyebeh de enseñanza primaria en Minab, Irán, que mató a más de 150 personas, entre ellas 120 niños y niñas, Amanda Klasing, directora nacional para Relaciones Institucionales y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:“Han transcurrido cuatro meses desde el ataque aéreo estadounidense contra la población civil más mortífero que se recuerda, pero no estamos más cerca de obtener de las autoridades de Estados Unidos respuestas sobre por qué sucedió y quién fue responsable. ¿Por qué tanto tiempo? La opinión pública y las familias de las víctimas deben ver transparencia y rendición de cuentas, y las familias deben obtener verdad, justicia y reparación”.“El presidente Trump ha hecho declaraciones contradictorias, el Pentágono responde con evasivas al Congreso, y tanto los legisladores y legisladoras como la opinión pública sienten cada vez más frustración por la respuesta automática del secretario Hegseth y otras personas, que dicen que el incidente aún está siendo investigado.”“Esto es lo que sabemos: el ejército estadounidense fue responsable del homicidio de más de 150 personas en un ataque con misiles guiados de precisión Tomahawk contra una escuela llena de niños y niñas. Independientemente de que el Pentágono utilizara o no inteligencia artificial para señalar la escuela como blanco, está claro que no tomó todas las precauciones posibles para evitar o reducir al mínimo los daños a civiles en su ataque.”“De hecho, no cabe duda de que Estados Unidos debería haber sabido que el edificio era una escuela, no un objetivo militar. Tras el ataque, Amnistía Internacional, al igual que los medios de comunicación y otras organizaciones, verificó sin demora que el edificio era una escuela, y que llevaba años siéndolo. El Pentágono, con una capacidad y una tecnología mucho más avanzadas en la recopilación de información, debería sin duda haber reunido y verificado esa misma información, y eso debería haber llevado a la decisión de no atacar la escuela.”“Tampoco se nos ha proporcionado más información sobre el posible uso de inteligencia artificial en la elección de objetivos. El consejero delegado de Anthropic admitió en una entrevista con Bloomberg que no sabe si su software de inteligencia artificial se utilizó, ni cómo, para seleccionar objetivos en los ataques de Estados Unidos contra Irán, pero se apresuró a trasladar la responsabilidad a las fuerzas armadas, en especial a un ‘humano’ de quien no dio el nombre que tomaba las decisiones finales sobre los objetivos.”“Por desgracia, el horror de Minab es sólo el incidente más reciente en el que el ejército estadounidense ha matado a civiles desde que el presidente Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth ocuparon su cargo y redujeron drásticamente los programas del Pentágono para mitigar los daños a civiles en las operaciones militares el año pasado.”“Necesitamos respuestas ya. El ejército ya ha tenido cuatro meses para explicar lo sucedido. El Pentágono debe terminar urgentemente su investigación y hacer públicos sus resultados. La investigación debe tener en cuenta la recopilación y evaluación de la información por parte del ejército, así como las decisiones sobre la selección de objetivos, las precauciones tomadas y el de la inteligencia artificial por parte de las fuerzas armadas. Cuando existan pruebas suficientes, las autoridades competentes deben procesar a cualquier persona sospechosa de tener responsabilidad penal. Además, el Pentágono debe restaurar las iniciativas de mitigación y respuesta a los daños a la población civil y garantizar que se cumple el derecho internacional humanitario en las operaciones militares, incluidas aquellas en las que se use la inteligencia artificial, para prevenir futuras violaciones de derechos.”“Cualquier otra cosa constituiría un encubrimiento de una grave infracción del derecho internacional humanitario y una traición a las víctimas y supervivientes de este espantoso ataque.”Información complementariaLa población civil de Irán sufrió graves daños en los implacables ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel entre el 28 de febrero y el 7 de abril de 2026. Esos ataques mataron al menos a 2.362 civiles, entre ellos 383 niños y niñas, hirieron a más de 32.314 civiles, según cifras oficiales, y causaron una enorme destrucción y daños a la infraestructura civil.Desde el día mismo del ataque aéreo en Minab, provincia de Hormozgán, el 28 de febrero de 2026, la opinión pública y los legisladores y legisladoras estadounidenses han exigido una investigación.El 10 de marzo, una portavoz de la Casa Blanca confirmó que las investigaciones sobre el ataque a la escuela estaban en curso y que el Departamento de Defensa publicaría un informe completo. La semana pasada, Trump declaró que el incidente seguía sometido a investigación y que el ataque no se había lanzado “a propósito”, y remitió las preguntas al secretario Hegseth.En el contexto de la constante falta de respuesta del Pentágono, el Comité de Servicios Armados del Senado aprobó su versión de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, según la cual se limitan los gastos de viaje del secretario Hegseth hasta que éste haga pública la investigación sobre el ataque contra la escuela de Minab y haga públicas también dos investigaciones sobre dos casos diferentes de daños a civiles en Yemen, así como los vídeos completos, no editados, de los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental.Mientras tanto, el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, ha declarado que, si en el ataque se utilizó el software de inteligencia artificial Claude, perteneciente a su empresa, no fue una violación de las “líneas rojas” establecidas para su uso porque “la decisión final la tomó un humano, no Claude”.

18. Global: Los organismos de control de drogas de la ONU deben adoptar medidas urgentes para acabar con el uso ilegítimo de la pena de muerte para los delitos relacionados con estas sustancias

    La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Comisión de Estupefacientes deben emprender acciones urgentes para condenar el uso ilegítimo de la pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas, y trabajar con los Estados miembros de la ONU para abolir esta pena cruel de una vez por todas. Así lo han manifestado Amnistía Internacional y Harm Reduction International en vísperas del Día Internacional contra las Drogas, que se conmemora el 26 de junio.En los últimos años, las ejecuciones relacionadas con las drogas han experimentado un fuerte aumento, hasta representar más del 40% del total de ejecuciones registradas en el mundo. Sólo en 2025, casi la mitad (1.257, o el 46%) de todas las ejecuciones registradas independientemente por Amnistía Internacional y Harm Reduction International fueron por delitos relacionados con las drogas, y se llevaron a cabo en cinco países: Arabia Saudí, China, Irán, Kuwait y Singapur. Mientras tanto, Argelia, Kuwait y Maldivas han puesto en marcha iniciativas legislativas para ampliar el ámbito de aplicación de la pena de muerte con el fin de incluir los delitos relacionados con las drogas.Jordania también ha reanudado las ejecuciones esta semana, por primera vez en nueve años; ha ejecutado a seis personas, y su primer ministro ha anunciado planes para ampliar el ámbito de aplicación de la pena capital con el fin de incluir determinados delitos relacionados con las drogas.“La pena de muerte es una práctica abominable que no tiene cabida en el mundo actual. Mientras las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas alcanzan niveles escandalosos, el silencio y la inacción constantes de la ONUDD y la Comisión de Estupefacientes son deplorables y vacían de significado su compromiso expreso para con los derechos humanos”, ha manifestado Chiara Sangiorgio, experta de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte.“Todo uso de la pena de muerte es una violación de derechos humanos, pero su uso para delitos relacionados con las drogas está prohibido por el derecho y las normas internacionales. Ya es hora de que los organismos de la ONU que supervisan la política internacional sobre drogas hagan frente a los daños causados por las prácticas punitivas y conviertan la abolición de la pena de muerte en una prioridad mundial”, ha declarado Catherine Cook, directora ejecutiva de Harm Reduction International.Cada año, la presentación, el 26 de junio, del Informe Mundial sobre las Drogas ofrece una plataforma pública para que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito condene el uso de la pena capital específicamente como herramienta de control de drogas, y para que recomiende medidas específicas que los países retencionistas pueden adoptar para armonizar las políticas nacionales sobre drogas con el derecho y las normas internacionales, como primer paso. Hasta la fecha, no lo ha hecho.En una declaración pública, Amnistía Internacional, Harm Reduction International y 61 organizaciones más piden a la ONUDD que emprenda varias medidas concretas e inmediatas, entre ellas que el Informe Mundial sobre las Drogas incluya un capítulo específico sobre derechos humanos, información actualizada sobre el uso de la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas y un compromiso explícito de promover la abolición de la pena de muerte en la nueva estrategia de la ONUDD.“La pena capital para delitos relacionados con las drogas es ilegítima, arbitraria y discriminatoria, y debe ser abordada con decisión. Como principal organismo de la ONU de supervisión del control de drogas, la ONUDD puede y debe desempeñar un papel fundamental a la hora de cambiar el curso de las ejecuciones”, ha manifestado Chiara Sangiorgio. “Nuestro mensaje de hoy es claro: el mundo está observando, y no dejaremos de exigir medidas hasta que el mundo se libere del espectro de la horca”.

19. Cuba: A cuatro años de una condena injusta, artistas afrocubanos siguen encarcelados por expresarse

    En el cuarto aniversario de la sentencia contra Maykel Castillo Pérez “Osorbo” y Luis Manuel Otero Alcántara, Amnistía Internacional declaró: “La condena contra el rapero Maykel Castillo Pérez ‘Osorbo’ y el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara expuso con crudeza cómo las autoridades cubanas utilizan el sistema penal para castigar a artistas disidentes y silenciar su derecho a la libertad de expresión. El encarcelamiento que viven evidencia también cómo la represión puede impactar de manera particular a personas afrocubanas que desafían públicamente el poder. Cuatro años después, Maykel y Luis Manuel continúan sometidos a las consecuencias de una sentencia injusta que nunca debió existir”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. El 24 de junio de 2022, Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez “Osorbo” fueron condenados a cinco y nueve años de prisión, respectivamente, por cargos como “desacato”, “desórdenes públicos”, “ultraje a los símbolos patrios”, “atentado” y “difamación de las instituciones y organizaciones, de los héroes y mártires”. Sus condenas estuvieron vinculadas a protestas pacíficas, publicaciones y videos en redes sociales, expresiones artísticas y críticas al gobierno cubano, todas ellas protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos. Ambos han sido declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional, exigiendo su liberación inmediata e incondicional. “La liberación de Luis Manuel Otero Alcántara en julio, al cumplir esta injusta condena, debe ser plena e incondicional. No puede haber libertad plena bajo vigilancia, restricciones arbitrarias o amenazas de volver a prisión. Las autoridades cubanas deben liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas presas de conciencia, incluidas Sayli Navarro Álvarez, Félix Navarro Rodríguez, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Roberto Pérez Fonseca y Maykel Castillo Pérez ‘Osorbo’, así como a todas las personas detenidas injustamente por motivos políticos en Cuba, incluido el adolescente Jonathan David Muir Burgos” concluyó Ana Piquer. 

20. Libia/UE: Las autoridades rivales intensifican la represión xenófoba y racista contra las personas refugiadas y migrantes mientras la UE intenta estrechar las relaciones

    La Unión Europea (UE) está tratando de aumentar su cooperación en materia de migración con las autoridades rivales libias y los grupos armados aliados con ellas en un momento en que, sobre la base de un discurso xenófobo, están intensificando su campaña de detenciones masivas racialmente discriminatorias y arbitrarias y expulsiones colectivas ilícitas de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.Durante el último mes, el Gobierno de Unidad Nacional, con sede en Trípoli, y su rival, el “Gobierno Libio”, en el este, aliado con el grupo armado Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF), que tiene el control de facto del este y el sur del país, han emprendido una nueva campaña de represión contra personas extranjeras, deteniendo a miles. Las declaraciones xenófobas y racistas de las autoridades han fomentado una aumento de las protestas, las actividades parapoliciales y el discurso de odio online contra migrantes.Mientras tanto, la UE intenta activamente aumentar su cooperación en materia de migración con estos mismos agentes a fin de contener aún más a las personas refugiadas y migrantes en Libia, especialmente en el este del país, con las LAAF, a pesar de su historial, perfectamente documentado, de crímenes de derecho internacional y abusos graves contra los derechos humanos.“Es terrible que las autoridades libias estén unidas para cometer abusos contras las personas refugiadas y migrantes, desplegar una retórica racista, hacer caso omiso de las peticiones de quienes buscan refugio y detener arbitrariamente a miles de personas para expulsarlas después, incluso de manera colectiva, dejándolas abandonadas en las fronteras terrestres. El Gobierno de Unidad Nacional y sus rival del este deben poner fin de inmediato a estos abusos”, ha afirmado Diana Elahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.“La UE lleva mucho tiempo financiando el control migratorio en Libia con su apoyo a la Guardia Costera Libia, lo que la ha hecho ya cómplice de espantosos abusos y violaciones de derechos humanos. Hacer extensiva esta cooperación a los grupos armados del este del país, pese a su historial de crímenes de guerra y otros abusos cometidos con impunidad, pone de manifiesto un absoluto desprecio no sólo del derecho internacional sino también de la vida y dignidad humanas. La UE y sus Estados miembros no pueden eludir su responsabilidad mientras continúen cometiéndose estos abusos ante sus ojos. Deben poner fin a su complicidad en crímenes de derecho internacional y suspender sus políticas de contención, que dejan a las personas atrapadas en una espiral de abusos”.El Gobierno de Unidad Nacional y su rival del este deben terminar de inmediato con su discurso racista y xenófobo y ordenar a sus entidades y grupos armados aliados que pongan fin a las detenciones arbitrarias masivas y expulsiones ilícitas de personas refugiadas y migrantes y les garanticen protección contra la tortura y otros abusos a manos de agentes estatales y no estatales.Detenciones masivas seguidas de expulsiones colectivas y sumariasLa campaña de represión ha comportado la detención generalizada de miles de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en todo el país, especialmente en Aydabiya, Al Baida, Bengasi, Derna, Sabratha, Sebha, Sirte, Trípoli y Tobruk.En el oeste, el subdirector del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular (DCIM), coronel Ali Daw, anunció que éste había llevado a cabo el desalojo forzoso y detención de decenas de migrantes, entre quienes había menores, de los campos informales de acogida de la zona de Al Serraj de Trípoli el 18 de mayo de 2026. La sección del este de Trípoli del DCIM también se ha jactado de haber expulsado sumariamente a más de 800 “migrantes ilegales”, en especial de Sudán, del aeropuerto de Mitiga de Trípoli desde principios de mayo. No se les brindó la oportunidad de impugnar su expulsión ni de solicitar asilo.El DCIM del este anunció el 24 de mayo que, en el este y el sur, había entre 7.000 y 8.000 personas migrantes detenidas a la espera de su expulsión, entre ellas 4.500 sudanesas y de otros países detenidas ese mismo mes. En otra declaración, del 2 de abril, el DCIM del este anunció que había advertido a las autoridades de la UE de que Libia no era “tierra de asentamiento de africanos”, lo que ilustraba el rechazo en concreto de las personas migrantes subsaharianas negras.El 3 de junio, un representante del DCIM manifestó que quienquiera que entrara sin documentación era una persona “migrante ilegal” a quien se procedería a “expulsar sin más” y que el DCIM “no reconocía en absoluto las tarjetas de refugiado”.Un solicitante de asilo sudanés detenido por el DCIM el 2 de junio en la ciudad oriental de Tobruk, bajo control de las LAAF, junto con decenas de compatriotas suyos, en aplicación de perfiles raciales ha contado a Amnistía Internacional que, antes de poder gestionar su liberación, lo tuvieron dos días recluido en condiciones de hacinamiento extremo en un hangar del Centro de Albergue y Deportación de Bab Al Zaytoun de Tobruk. Asegura que había con él al menos 1.000 personas más, de Sudán, Egipto y Bangladesh, así como 200 que habían sido interceptadas en el mar.Los guardias desoyeron sus peticiones de insulina y de la oportunidad de solicitar asilo. Vio a las autoridades llevarse del centro de detención a 400 personas. Posteriormente supo —por otro solicitante de asilo sudanés que contactó con él desde Puerto Sudán (noreste de Sudán)— que las habían embarcado en un avión en Bengasi y las habían expulsado.Amnistía Internacional ha hablado con un sierraleonés negro que vive en Trípoli, a quien han detenido dos veces en las dos últimas semanas. El 2 de junio, el DCIM lo detuvo, junto con otras personas migrantes negras, en una calle de Trípoli y lo trasladó a un centro de detención no identificado del oeste del Libia dependiente de la formación armada Región Militar de la Montaña Occidental. Los guardias lo golpearon a diario durante cuatro días, hasta que sus amistades lo ayudaron a pagar un rescate para conseguir la libertad. Dice que había miles de personas detenidas en ese centro, de países como Sudán, Egipto, Pakistán, Argelia y Túnez. El 11 de junio, el DCIM lo detuvo otra vez cuando viajaba en un taxi en Trípoli y lo llevó a un centro no identificado de la ciudad donde estuvo recluido y fue golpeado durante dos días, hasta pagar de nuevo un rescate.La documentación existente sobre detenciones de migrantes indica que las milicias, grupos armados y fuerzas de seguridad de Libia ha actuado en particular contra personas negras y racializadas —que constituyen la mayoría de la población migrante de Libia— y que lo han hecho por motivos xenófobos y racistas.Racismo aprobado oficialmente que potencia las protestas contra migrantesEntre el 1 y el 10 de junio de 2026, se publicaron una avalancha de declaraciones y decisiones contra el “asentamiento” de migrantes en Libia, emitidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de Unidad Nacional, la Cámara de Representantes, el Parlamento de Libia aliado con las autoridades del este, y el “Gobierno Libio“ del este y las LAAF.La Cámara de Representantes hizo hincapié en la necesidad de proteger la “identidad demográfica y cultural” de Libia y se remitió a la Ley 24 de agosto de 2023 que dispone el encarcelamiento y expulsión de quienquiera que pretenda conseguir su “asentamiento” en Libia sea por medios regulares o irregulares. Saddam Haftar, segundo al mando de las LAAF, anunció una extensa campaña de expulsiones. Amnistía Internacional ha documentado anteriormente expulsiones colectivas de personas migrantes y refugiadas, así como homicidios ilícitos, tortura y otros malos tratos, violaciones y violencia sexual, llevadas a cabo por el grupo armado Tariq Ben Zeyad (TBZ), entonces bajo el control de facto de Saddam Haftar.El 8 de junio, el ministro del Interior del Gobierno de Unidad Nacional, Emad al Trabelsi, declaró que las autoridades seguían adelante con un programa nacional de expulsión en virtud del cual se había deportado ya sumariamente a miles de personas. Emad al Trabelsi había dirigido previamente la mal afamada milicia Agencia de Seguridad Pública, implicada en terribles delitos contra personas refugiadas y migrantes y participante también en la actual campaña de represión.Movimiento “No al asentamiento”La renovada campaña de represión de las autoridades se produce en el contexto de un aumento en Trípoli de las protestas xenófobas con el lema “No al asentamiento” y de las publicaciones xenófobas y racistas en las redes sociales.Desde abril, centenares de manifestantes se vienen congregando todas las semanas en el barrio de Yanzour, en el oeste de Trípoli, donde se encuentran las oficinas de la ONU. Culpan a las personas migrantes, a quienes llaman “infiltradas”, de los males económicos de Libia; piden la expulsión del país de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y manifiestan su oposición a la cooperación en materia de migración con la UE con el fin de contener a las personas extranjeras en Libia. Junto con el DCIM y los ayuntamientos locales, quienes participan en estas protestas piden a la ciudadanía libia que proporcione trabajo o vivienda a personas migrantes en situación irregular que las despida o desaloje y que denuncie a quien no lo haga.El 4 de junio, una protesta ante la sede de ACNUR en Trípoli terminó con el amontonamiento de sacos de arena a las puertas y la rotura de la verja exterior del vecino recinto de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), que expresó su preocupación por la desinformación e información errónea sobre el trabajo de la ONU en el país. Las fuerzas de seguridad libias presentes allí no hicieron nada. El 8 de junio, Emad al Trabelsi, ministro del Interior del Gobierno de Unidad Nacional, se reunió con activistas de “No al asentamiento” y manifestó públicamente su apoyo a las demandas del movimiento.Desde el 15 de mayo circulan en Internet vídeos de personas negras sometidas a persecución, burlas, golpes y otros abusos físicos por ciudadanos libios, especialmente en Trípoli y Zintan, lo que indica que el discurso de agentes estatales y no estatales contra las personas migrantes ha fomentado aún más la comisión de abusos racistas con impunidad.Complicidad de la UE en violaciones sistemáticas del derecho internacionalDocumentos filtrados, información de medios de comunicación y diversas publicaciones en redes sociales de las LAAF, las redes regionales integradas de información de la operación mediterránea de la fuerza naval de la UE y la delegación de la UE en Libia confirmaron en mayo que el bloque está intentando ampliar su cooperación con Libia en materia de migración, especialmente mediante el establecimiento de un centro de coordinación de salvamento marítimo en Bengasi, la según ciudad más populosa del país, que está bajo el control de las LAAF.Esta medida se toma después de que, el 11 de mayo, la Guardia Costera Libia disparara contra un barco de salvamento de la ONG Sea-Watch en aguas internacionales al norte de Trípoli; fue el tercer incidente de este tipo ocurrido desde agosto de 2025. Las autoridades libias no han publicado información sobre cualquier investigación que puedan haber iniciado. El 6 de mayo, el Defensor del Pueblo Europeo abrió una investigación sobre el hecho de que la Comisión Europea no hubiera publicado documentos en relación con uno de los incidentes.Información complementariaLa crisis actual constituye una continuación de los constantes y bien documentados abusos y violaciones de derechos humanos que se cometen de manera generalizada y sistemática contra las personas refugiadas y migrantes en Libia y que la cooperación de la UE y sus Estados miembros posibilita activamente.