Amnistía Internacional Sp

1. Las ejecuciones aumentaron hasta alcanzar la cifra más alta registrada en 44 años

   En 2025, las ejecuciones aumentaron hasta alcanzar la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional desde 1981, con 2.707 personas ejecutadas en 17 países. Así lo ha revelado el informe anual más reciente elaborado por la organización de derechos humanos sobre el uso global de la pena de muerte.El impresionante aumento documentado en el informe Condenas a muerte y ejecuciones 2025 se debió a unos pocos gobiernos decididos a ejercer su poder mediante el miedo. Las autoridades iraníes, principales impulsoras de este incremento, ejecutaron al menos a 2.159 personas, más del doble que en 2024. En otros lugares, Arabia Saudí elevó su recuento de ejecuciones hasta al menos 356, y utilizó ampliamente la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas. En Kuwait, las ejecuciones casi se triplicaron (de seis a 17), mientras que casi se duplicaron en Egipto (de 13 a 23), Estados Unidos de América (de 25 a 47) y Singapur (de nueve a 17). En general, las ejecuciones aumentaron en un 78%, después de que en 2024 se registraran al menos 1.518. El total de 2025 no incluye los miles de ejecuciones que Amnistía Internacional considera que siguieron llevándose a cabo en China, que continuó siendo el país con más ejecuciones en el mundo.“Este alarmante aumento del uso de la pena de muerte se debe a un grupo reducido y aislado de Estados dispuestos a llevar a cabo ejecuciones a toda costa, pese a la tendencia global continuada hacia la abolición. Desde China, Irán o Corea del Norte, pasando por Arabia Saudí y Yemen, hasta Kuwait, Singapur y Estados Unidos, esta vergonzosa minoría está utilizando la pena de muerte como arma para infundir temor, sofocar la disidencia y mostrar la fuerza que las instituciones estatales tienen sobre personas desfavorecidas y comunidades marginadas”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.El recrudecimiento de enfoques sumamente punitivos de la “guerra contra las drogas” impulsó los esfuerzos por ampliar el uso de la pena de muerte. Esto se reflejó en el número de ejecuciones, pues casi la mitad (1.257 o el 46%) de todas las que se registraron fueron por delitos relacionados con las drogas: en China (+), Irán (998), Kuwait (2), Arabia Saudí (240) y Singapur (15). Argelia, Kuwait y las Maldivas emprendieron iniciativas legislativas para ampliar el ámbito de aplicación de la pena capital con el fin de incluir este tipo de delitos.El gobierno de Burkina Faso aprobó un proyecto de ley que incluía la reinstauración de la pena de muerte para delitos como “alta traición”, “terrorismo” y “actos de espionaje”, mientras que las autoridades de Chad establecieron una comisión para revisar cuestiones relacionadas con la pena capital, incluida su reinstauración.Las ejecuciones las llevaron a cabo una puñado de paísesAunque las ejecuciones aumentaron, los países que las llevaron a cabo siguieron siendo una minoría aislada. Arabia Saudí, Corea del Norte, China, Egipto, Estados Unidos, Irak, Irán, Somalia, Vietnam y Yemen son los mismos 10 países de los que se supo que habían llevado a cabo ejecuciones todos los años en el último quinquenio y que habían mostrado un desprecio sistemático hacia las salvaguardias establecidas en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos.Cuatro países reanudaron las ejecuciones el año pasado (Japón, Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur y Taiwán), con lo que el total de países que ejecutaron a personas ascendió a 17.En el resto del mundo se hicieron progresos que demostraron que la esperanza es más fuerte que el miedo.No se tuvo constancia de ejecuciones ni de condenas a muerte en Europa y Asia Central. Por decimoséptimo año consecutivo, Estados Unidos fue el único país de las Américas que llevó a cabo ejecuciones, y casi la mitad de ellas tuvieron lugar en Florida. En el África subsahariana, las ejecuciones se limitaron a Somalia y Sudán del Sur. Afganistán fue el único país de Asia meridional que ejecutó a personas, mientras que Singapur y Vietnam fueron los únicos de los que se tuvo constancia de que lo hicieran en el sureste asiático. Tonga era el único país de Oceanía que mantenía la pena de muerte en la ley.“Es hora de que los países que llevan a cabo ejecuciones se unan al resto del mundo y conviertan esta práctica abominable en cosa del pasado. La pena de muerte no nos ofrece mayor seguridad. Al contrario: constituye una afrenta irreversible contra la humanidad, impulsada por el miedo y que muestra un desprecio absoluto por el derecho internacional de los derechos humanos”, ha declarado Agnès Callamard.La llama de la abolición sigue ardiendoCuando Amnistía Internacional comenzó su trabajo contra la pena de muerte en 1977, sólo 16 países la habían abolido. Hoy, esa cifra ha subido a 113, más de la mitad de los países del mundo, mientras que más de dos tercios son abolicionistas en la ley o en la práctica.Ante un telón de fondo de conductas depredadoras, miedo y odio, algunos países tomaron medidas que demostraban que, con determinación y una presión continuada, la abolición mundial está al alcance de la mano. Las autoridades de Vietnam abolieron la pena de muerte para ocho delitos, entre ellos transporte de drogas, soborno y malversación, mientras que Gambia la abolió para el asesinato, la traición y otros delitos contra el Estado. En una decisión histórica, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, concedió el indulto a Rocky Myers: el primer indulto que se concedía a una persona de raza negra condenada a muerte en el estado.En Líbano y Nigeria se presentaron proyectos de ley para abolir la pena capital, mientras que el Tribunal Constitucional de Kirguistán declaró inconstitucionales las iniciativas para reintroducir la pena de muerte.“Con los derechos humanos amenazados en todo el mundo, millones de personas siguen luchando contra la pena de muerte todos los años, en una potente demostración de nuestra humanidad compartida”, ha declarado Agnès Callamard. “La abolición total es posible si nos unimos para mantenernos firmes contra los pocos países aislados. Debemos mantener encendida, brillando con fuerza, la llama de la abolición hasta que el mundo quede totalmente libre de las tinieblas de los patíbulos.”

2. Siria: Hay que investigar como crímenes de guerra la destrucción deliberada por Israel de viviendas civiles en Quneitra

   “Hay que investigar como crímenes de guerra la destrucción deliberada por el ejército israelí de viviendas civiles en la gobernación de Quneitra, en el sur de Siria, desde diciembre de 2024, sin que existiera una necesidad militar imperiosa”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Israel tiene la obligación de ofrecer una reparación por estas violaciones graves del derecho internacional humanitario que sea acorde a los daños concretos que han sufrido las víctimas.El 8 de diciembre de 2024 —día en que cayó el gobierno sirio de Bachar al Asad—, las fuerzas armadas israelíes entraron a través de los Altos del Golán, territorio sirio que Israel ocupa desde 1967, en tres pueblos y localidades situadas dentro de la zona desmilitarizada de la ONU en la gobernación de Quneitra, en el sur de Siria, asaltando viviendas y ordenando a los residentes que se marcharan.En los seis meses siguientes, el ejército israelí destruyó o causó daños al menos a 23 estructuras civiles en tres pueblos que, según testigos, eran sus casas y las de sus vecinos, y que tuvo como resultado el desplazamiento de familias enteras. Amnistía Internacional pudo verificar mediante imágenes de satélite los daños y la destrucción de 23 estructuras en estos pueblos. Hubo testigos que informaron de que fueron destruidas al menos otras dos casas, así como huertos y tierras de cultivo adyacentes, en 2024 y 2025. No hubo hostilidades activas ni inmediatamente antes ni durante ni después de la destrucción de edificios civiles. En general, el derecho internacional humanitario se aplica a cualquier ataque que perpetre Israel en territorio sirio. En las zonas que ocupa, el derecho de la ocupación impone obligaciones adicionales, algunas de ellas en virtud del IV Convenio de Ginebra.“La destrucción ilegal de bienes civiles se ha convertido en una característica de las operaciones militares de Israel en la región, documentada en los últimos años en Gaza y Líbano, y ahora, como ha determinado nuestra investigación, también en Siria. Nuestras investigaciones muestran que las fuerzas israelíes, de forma reiterada y deliberada, han expulsado a familias de sus casas y luego han destruido estas, lo que viola claramente el derecho internacional humanitario. No cabe esgrimir la protección de la frontera de Israel para justificar la demolición y voladura de viviendas y pueblos en el territorio de otro país”, declaró Kristine Beckerle, directora regional adjunta para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.“En el sur de Siria, las familias han sobrevivido a una década de conflicto y, durante este periodo, muchas de ellas han reconstruido sus casas solo para ver que son derribadas una vez más, sin que exista ninguna necesidad militar imperiosa”.Amnistía Internacional entrevistó a ocho residentes de la gobernación de Quneitra: cuatro cuyas casas habían sido demolidas, dos que presenciaron la demolición de las casas de sus vecinos, uno que tenía conocimiento directo de los daños causados por las fuerzas israelíes a un edificio de la gobernación, y un representante local. Los relatos de las personas entrevistadas, corroborados por informaciones de los medios de comunicación, indican que no había hostilidades activas ni inmediatamente antes ni durante ni después de que se causaran daños y la destrucción de edificios civiles en el sur de Siria. Amnistía Internacional verificó 35 vídeos e imágenes, algunos de los cuales mostraban excavadoras derribando casas o escombros que aparentemente pertenecían a casas en los pueblos. También estudió informaciones de los medios de comunicación —algunos de ellos con sede en Israel— y declaraciones del gobierno israelí; y analizó imágenes de satélite de cada zona afectada para confirmar las demoliciones dentro del marco temporal descrito por los testigos.Amnistía Internacional identificó nueve bases militares construidas por las fuerzas israelíes desde diciembre de 2024 en las gobernaciones de Quneitra y Deraa, ambas en el sur de Siria, junto a la frontera con los Altos del Golán que Israel ocupa desde 1967 y que se anexionó ilegalmente en 1981. Israel ha ampliado las partes de territorio sirio que ocupa. Algunas de las estructuras demolidas documentadas estaban cerca de bases militares israelíes construidas recientemente o de una zona donde se construyó después una base, en zonas situadas más allá de los Altos del Golán ocupados.Las autoridades israelíes han hecho reiteradas afirmaciones generales en el sentido de que sus operaciones militares y su presencia en Siria son necesarias para prevenir amenazas de Hezbolá o de grupos vinculados a Irán con base en Siria, o para destruir arsenales de armas o sistemas de defensa antiaérea. En diciembre de 2025, el ministro de Defensa israelí dijo que el ejército de Israel no tenía planes de retirarse de las posiciones recién conquistadas en Siria.El 17 de abril de 2026, el primer ministro israelí dijo que Israel había establecido una “zona de separación de seguridad” cuyos límites estaban señalados por lo que denominó “línea amarilla”. La zona incluía partes de Siria donde Amnistía Internacional documentó casas de civiles dañadas y destruidas. También incluía los Altos del Golán ocupados por Israel y partes del sur de Líbano. El primer ministro dijo: “Esta zona de separación elimina por completo la amenaza inminente de invasión y fuego antitanque. Las Fuerzas de Defensa de Israel están estacionadas allí, en la ‘Línea amarilla’, para seguir defendiéndonos de la amenaza inminente”.El artículo 53 del IV Convenio de Ginebra prohíbe la destrucción de bienes por parte de la potencia ocupante “excepto en los casos en que tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas”. Esta prohibición se refiere no solo la destrucción total, sino también a la parcial, así como a la confiscación de bienes. La norma de la necesidad militar imperiosa exige que la destrucción de bienes sea materialmente indispensable, es decir, que no haya otra opción en el desarrollo de operaciones militares. A su vez, las operaciones militares se refieren a actividades militares —incluidos movimientos, maniobras y preparativos— relacionadas directamente con la lucha o el combate.La norma de la necesidad militar imperiosa no permite que una potencia ocupante lleve a cabo la destrucción de bienes basándose en objetivos estratégicos generales o abstractos como la disuasión o prevención de ataques futuros o atender a las necesidades de, o implementar, medidas de seguridad. Según el artículo 147 del IV Convenio de Ginebra, “[l]a destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario” constituye una infracción grave y, por tanto, un crimen de guerra.El ejército israelí entró en la zona desmilitarizada de la ONU en la gobernación de Quneitra desde los Altos del Golán ocupados por Israel, alegando que era una medida necesaria para protegerse de amenazas potenciales. Tras entrar en la zona, el ejército empezó a derribar y destruir casas pese a la ausencia de hostilidades activas. El ejército israelí también estableció posiciones y bases militares en la zona, y finalmente anunció que ésta era parte de una “zona de separación de seguridad”. Se desplazó a familias y se demolieron sus casas sin que se les diera un alojamiento alternativo, una indemnización o una fecha prevista para su retorno.Amnistía Internacional escribió a las autoridades israelíes para preguntar por los criterios aplicados a la hora de decidir qué bienes serían destruidos, como la forma en que determinaron si se había cumplido la norma de la necesidad militar imperiosa, junto con otras cuestiones. En el momento de publicar este comunicado, no se había recibido respuesta.Amnistía Internacional concluyó que la destrucción de, y los daños causados a, estructuras civiles en el sur de Siria se llevó a cabo sin que existiera una necesidad imperiosa dictada por las operaciones bélicas violan el derecho internacional humanitario y constituyen infracciones graves del IV Convenio de Ginebra.El pueblo de Al Hamidiya y sus alrededoresDos residentes de Al Hamidiya dijeron a Amnistía Internacional que, cuando los soldados israelíes entraron en el pueblo el 8 de diciembre de 2024, ordenaron a las mujeres y las niñas que salieran de sus casas en torno a las 11 de la mañana mientras mantenían a la mayoría de los hombres en ellas donde los interrogaron hasta la tarde, tras lo cual se les permitió reunirse con las mujeres y las niñas. Los soldados israelíes ordenaron al menos a 10 familias que salieran de sus casas y fueran a otras partes del pueblo. Imágenes de satélite del 17 de diciembre de 2024 muestran que se construyeron nuevos arcenes y, en enero de 2025, es visible la construcción de una nueva base a menos de 300 metros al este de la zona afectada.Dos testigos cuyas casas habían sido demolidas dijeron a Amnistía Internacional que el 16 de junio de 2025, a las 9.30 de la noche, vieron al menos dos excavadoras que demolieron casas en el pueblo durante dos días Las excavadoras siguieron trabajando por la noche, se detuvieron y reanudaron su trabajo a primera hora del día siguiente. Un representante local confirmó después a las personas residentes entrevistadas por Amnistía Internacional, así como a otras familias, que sus casas habían sido derribadas.Una mujer cuya casa fue demolida y su huerto arrasado con una excavadora dijo: “Mi esposo murió durante el conflicto [en Siria]... Levantó la casa ladrillo a ladrillo. Teníamos también un pequeño huerto. Aunque no producía mucho, daba verduras y frutas de temporada suficientes para ahorrarnos dinero en la compra. Mi casa significaba mucho para mí y para mi hijo... Tenía un lugar propio, y para mi hijo”.Su vecina añadió: “Nuestro hogar es espacioso, junto a la casa tenemos un pequeño terreno con nogales, granados, olivos y otros... todo fue arrasado”.Imágenes de satélite de alta resolución del 23 de agosto de 2025 analizadas por el Laboratorio de Pruebas de Amnistía Internacional muestran 14 estructuras y los muros que las rodean totalmente destruidos.El pueblo de Rassim al Rawadi y sus alrededoresUn residente dijo que los soldados israelíes entraron en el pueblo de Rassim al Rawadi el 8 de diciembre de 2024 en torno a las 5.30 de la mañana, detuvieron a residentes durante varias horas en la escuela pública y luego ordenaron a todo el mundo que se marchara del pueblo. Las familias retornaron alrededor de un mes después. Durante ese tiempo, al menos tres casas sufrieron daños y dos fueron derribadas, dijo el residente, que añadió que había visto excavadoras en su pueblo aparentemente derribando casas tres días después de que él y su familia fueran desplazados forzosamente a un pueblo cercano situado a alrededor de 1,5 kilómetros. Amnistía Internacional analizó vídeos grabados por los residentes a su regreso al pueblo que mostraban daños y la destrucción de al menos dos casas.Un residente dijo a Amnistía Internacional que las fuerzas armadas israelíes asaltaron su casa y los retuvieron a él, a su esposa y a tres hijos seis horas antes de ordenarles que salieran de la casa. Añadió que les permitieron a él y al resto de residentes regresar 40 días después solo para encontrarse con que su casa estaba reducida a escombros.Imágenes de satélite de menor resolución analizadas por el Laboratorio de Pruebas de Amnistía Internacional muestran destrucción, alteraciones del suelo y árboles talados entre el 10 y el 13 de diciembre de 2024. Imágenes de alta resolución captadas el 17 de diciembre de 2024 muestran con más detalle que seis estructuras de la zona parecen muy dañadas o destruidas, y la construcción de nuevos arcenes. Se han talado árboles del lado oeste de la carretera principal. A principios de enero de 2025, imágenes de menor resolución muestran que las tareas de despeje para una nueva base militar comenzaron a unos 1,5 kilómetros al sudoeste del pueblo, a solo 300 metros del hospital de Al Quneitra.El pueblo de Al RafeedEl 20 de diciembre de 2024, las fuerzas israelíes entraron en el pueblo de Al Rafeed y derribaron al menos dos casas. Según un residente, las familias estaban durmiendo en casa de su familiar en la ciudad, a menos de un kilómetro, cuando se hizo la demolición.Un testigo dijo a Amnistía Internacional que las dos casas demolidas estaban a unos 1,5 kilómetros de un punto militar israelí en los Altos del Golán ocupados y que había visto que las fuerzas armadas israelíes usaban una excavadora y otros equipos para destruir la casa: “La excavadora redujo la casa de ladrillos a arena en minutos... Las dos casas pertenecían a personas [dos hermanos y sus familias] que ya vivían en la indigencia. Fue desgarrador verlos desplazados y su hogar destruido”.Los soldados israelíes también derribaron una antigua base militar próxima que perteneció al anterior gobierno de Bachar al Asad, dijo el residente.Imágenes de satélite de menor resolución analizadas por Amnistía Internacional muestran la probable destrucción de estructuras y la tala de árboles entre el 19 y el 20 de diciembre de 2024. Imágenes de más resolución captadas el 25 de diciembre de 2024 muestran con más detalle seis estructuras que parecen destruidas. El Laboratorio de Pruebas de Amnistía Internacional verificó cuatro vídeos y seis fotografías, todos ellos publicados el 20 de diciembre de 2024, que mostraban a soldados israelíes en el pueblo y estructuras de hormigón destruidas.“La práctica habitual de Israel de destruir casas civiles en Gaza, el sur de Líbano y el sur de Siria se viene llevando a cabo con total impunidad, y desplaza y destroza la vida de innumerables familias de toda la región. La comunidad internacional debe condenar de manera inequívoca estos actos y ejercer una presión real para poner fin a estas violaciones recurrentes e impedir que se sigan devastando las vidas civiles en la región. Debe exigirse que los responsables rindan cuentas de sus actos y que se indemnice a las personas afectadas”, concluyó Kristine Beckerle.

3. Europa: Los intentos de debilitar el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos son un ataque contra todos nuestros derechos

   El 14 y 15 de mayo, los ministros y ministras de Asuntos Exteriores de los Estados miembros del Consejo de Europa se reunirán en Chisinău, Moldavia, para adoptar una declaración política sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la migración que cuestiona tanto el futuro de los derechos de las personas migrantes y refugiadas consagrados en el Convenio como la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos.“Esta declaración política podría señalar el inicio de un peligroso retroceso del respeto, por parte de los Estados, de la autoridad e integridad del sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Un sistema de derechos humanos de dos niveles basado en la condición migratoria constituye una afrenta al principio básico de que los derechos humanos son universales”, ha manifestado Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.“Está en juego el principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe enviar a alguien a un país en el que corra un peligro real de sufrir tortura u otras violaciones graves de derechos humanos. Este principio, garantizado por el Convenio Europeo, se aplica a todas las personas, independientemente de su condición migratoria o de la manera en la que hayan entrado en un país, e independientemente también de las consideraciones de seguridad nacional. Socavar la prohibición de la tortura en casos de migración no sólo reduciría la protección de uno de los grupos más marginados de las sociedades europeas, sino que además podría debilitar su aplicación en otras situaciones.”“Cuando la clase política alega que el nivel de protección otorgado en los casos de migración debe ser revisado con vistas a una nueva ‘era’, se está retirando a una política que considera que algunas personas son menos merecedoras de derechos que otras por razón de su condición migratoria y, en última instancia, de su nacionalidad y/o presunta raza. Esto nos perjudica a todos.”“Durante más de 75 años, el Convenio ha garantizado la libertad de prensa y los derechos de las personas LGBTI+, las minorías, las mujeres, las personas con discapacidad, el medio ambiente y mucho más. Con el aumento de las prácticas autoritarias, el racismo y la xenofobia, y en un momento en el que el orden jurídico internacional se enfrenta a unas amenazas sin precedentes, Europa debe reforzar la protección de los derechos humanos y el sistema regional que los garantiza, no socavarlos activamente.”“Los derechos humanos se concibieron para hacer frente a momentos como este. Cuando la política de la división facilita el uso de chivos expiatorios y cuando la compasión se presenta como debilidad, estas protecciones existen para impedir que repitamos los peores momentos de nuestra historia.”Información complementariaTras meses de ataques contra el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2025 los Estados miembros del Consejo de Europa pidieron una declaración política que aborde el cumplimiento del Convenio en el contexto de la migración.A partir de un documento que contiene elementos para la declaración política, adoptado en una reunión intergubernamental del Consejo de Europa a finales de marzo, Amnistía Internacional entiende que la declaración probablemente cuestionará el nivel de protección otorgado a los derechos de las personas migrantes y refugiadas en virtud del Convenio y también la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos.Las declaraciones políticas son herramientas adoptadas por los representantes de alto nivel de los Estados miembros del Consejo de Europa para abordar o plantear opiniones o preocupaciones específicas en torno a cuestiones de interés común, como, en este caso, cuestiones relativas al funcionamiento del sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Amnistía Internacional asistió como observadora a la reunión del Comité Director para los Derechos Humanos a fin de preparar elementos con vistas a la Declaración de Chisinău sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la migración.En una carta conjunta, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) pidieron a los Estados miembros del Consejo de Europa que se resistan a los intentos de socavar el sistema del Convenio.

4. Polonia: Suspendan la cooperación con el ICE en la devolución ilegal de personas ucranianas

   Amnistía Internacional y Human Rights First (HRF) han publicado hoy una carta conjunta dirigida al viceprimer ministro y el ministro del Interior de Polonia para pedir el fin de la cooperación del gobierno polaco con las deportaciones masivas e ilegales de inmigrantes por parte del gobierno estadounidense.Según la información recopilada por Amnistía Internacional y Human Rights First, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos pasó por aeropuertos polacos y atravesó territorio polaco en al menos dos operaciones para trasladar a más de 50 personas a Ucrania, zona de guerra activa, en noviembre de 2025 y marzo de 2026.Desde que se envió la carta, otro vuelo del ICE con un número desconocido de personas a bordo aterrizó en el aeropuerto polaco Rzeszów-Jasionka el 30 de abril de 2026, lo que indicaba otro traslado de personas ucranianas a través de Polonia.Las organizaciones piden al gobierno de Polonia que suspenda su cooperación en las prácticas contra inmigrantes y violaciones del derecho internacional del gobierno de Trump, y que ofrezca reparaciones a las personas sometidas a estos traslados forzosos.“Polonia se ha posicionado del lado de Ucrania desde que Rusia inició su guerra de agresión, ofreciendo protección temporal a casi un millón de personas refugiadas ucranianas. El país no debería desempeñar ninguna función en estas operaciones ilegales que separan familias, dividen comunidades y ponen en peligro la vida de personas”, ha manifestado Anna Błaszczak-Banasiak, directora de Amnistía Internacional Polonia.“El traslado forzoso de personas ucranianas a una zona de guerra activa, con ataques de misiles en toda la nación, sacude la conciencia y vulnera el derecho internacional. Representantes de Human Rights First que han viajado a los frentes del conflicto decenas de veces desde febrero de 2022 pueden atestiguar que no hay una zona segura. Polonia, que ha ofrecido generosamente un refugio seguro a tantas personas refugiadas ucranianas, debe negarse a facilitar los crueles traslados forzosos del gobierno de Trump que devuelven personas ucranianas a lugares donde su vida corre peligro”, ha dicho Uzra Zeya, directora ejecutiva y presidenta de Human Rights First.En su carta, enviada a las autoridades polacas el 17 de abril de 2026, Amnistía Internacional y Human Rights First exponen con detalle sus motivos de preocupación acerca de dos operaciones realizadas desde Phoenix (Arizona) hasta el aeropuerto Rzeszów-Jasionka. Ante la falta de respuesta de las autoridades polacas a su carta, las organizaciones han decidido publicarla.El 17 de marzo de 2026, según datos recopilados por el Observatorio de Vuelos del ICE de Human Rights First, dos vuelos del ICE aterrizaron en el aeropuerto Rzeszów-Jasionka con nacionales de Ucrania a bordo, cuyo paradero se desconoce en la actualidad. El 18 de noviembre de 2025, otro vuelo del ICE aterrizó en Polonia. Las 50 personas que viajaban a bordo fueron trasladadas al puesto de control de fronteras de Sheghini-Medica y conducidas a Ucrania. Según información publicada en medios de comunicación, funcionarios estadounidenses enviaron al grupo en un vuelo a Polonia y a continuación lo trasladaron a la frontera con Ucrania, donde agentes polacos las escoltaron hasta el otro lado.Otros informes indican que algunas de las personas que iban a bordo habían llegado a Estados Unidos en virtud del programa humanitario “Unidos por Ucrania”, establecido en 2022 por el gobierno de Biden para ofrecer a las personas de este país una vía de permanencia en Estados Unidos, y estaban en espera de respuesta a su solicitud de renovación de la estancia. Como consecuencia de su traslado, se han visto separadas de sus familiares que continúan en Estados Unidos.En otro caso, el ICE anunció el traslado a Ucrania de un número no revelado de nacionales de ese país y publicó dos fotografías en X el 18 de agosto de 2025. Esta publicación ya ha sido borrada.Según el derecho internacional, Polonia tiene la obligación de no expulsar ni devolver personas a lugares donde su vida o su libertad corran peligro. Amnistía Internacional y Human Rights First han advertido reiteradamente de que las condiciones actuales en Ucrania no son seguras para el retorno, aunque se espera que un gran número de personas ucranianas puedan regresar a su país en condiciones seguras en el futuro, una vez que haya cambiado la situación sobre el terreno. En vista de la continuación del conflicto armado, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, también ha pedido a los Estados que no lleven a cabo devoluciones a Ucrania. Amnistía Internacional y Human Rights First piden al gobierno de Polonia que defienda los derechos humanos, la justicia y la dignidad de todas las personas. El gobierno debe negarse a tolerar, facilitar o cooperar de algún modo en la cruel e inhumana campaña de traslados masivos del gobierno de Trump.“Las autoridades polacas deben investigar estos casos, establecer el paradero de esas personas y garantizar que son protegidas frente a la devolución (refoulement), tratadas con dignidad y provistas de un recurso efectivo”, ha dicho Anna Błaszczak-Banasiak.Información complementariaEl 20 de enero de 2025, el gobierno de Trump puso en marcha un ataque generalizado contra los derechos de las personas migrantes y su capacidad de permanecer en Estados Unidos al suspender los programas de permisos humanitarios y el Estatus de Protección Temporal para muchas nacionalidades, lo que ha puesto a más de 1,5 millones de personas en riesgo de deportación.El gobierno de Trump ha tomado medidas contra el programa de permisos humanitarios “Unidos por Ucrania” (U4U), que había permitido la entrada en Estados Unidos de 280.000 personas ucranianas y ha quedado suspendido indefinidamente para nuevas solicitudes. Personas ucranianas han sufrido problemas y retrasos en la tramitación de sus solicitudes a través del U4U. Quienes tienen la nacionalidad ucraniana están abocados cada vez más a un limbo jurídico en el que carecen de opciones de estatus y viven sumidos en la incertidumbre.Asimismo, Amnistía Internacional y Human Rights First han planteado recientemente sus motivos de preocupación respecto al uso del aeropuerto de Shannon de Irlanda como escala para el repostaje de aviones utilizados por el ICE para traslados ilegales.Nota para periodistasEl Observatorio de Vuelos del ICE es una iniciativa basada en datos que rastrea y documenta sistemáticamente los vuelos de control de la inmigración realizados por Estados Unidos y pertenece a Human Rights First; véase ICE Flight Monitor – Human Rights First. Human Rights First es una organización apartidista y sin ánimo de lucro radicada en Estados Unidos que defiende los derechos humanos en todo el mundo y que Estados Unidos cumpla sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

5. La destrucción sistemática por Israel de edificios de gran altura debe investigarse como crímenes de guerra por destrucción arbitraria y castigo colectivo

   La destrucción ilegítima y deliberada, por parte de Israel, de edificios civiles de gran altura sigue teniendo consecuencias devastadoras para las familias palestinas desplazadas en la Franja de Gaza ocupada, donde la reconstrucción sigue siendo un sueño lejano en un contexto de genocidio y ataques aéreos constantes pese al denominado alto el fuego de octubre de 2025. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.Para ilustrar la gravedad de la destrucción arbitraria que las fuerzas israelíes han causado en Gaza, Amnistía Internacional publica hoy una investigación sobre cómo el ejército de Israel arrasó al menos 13 edificios residenciales y comerciales de numerosas plantas en toda la ciudad de Gaza entre septiembre y octubre de 2025. La organización ha concluido que el ejército israelí dañó seriamente y destruyó los edificios de gran altura, en los que vivían miles de personas (muchas de ellas desplazadas internamente), arrojando múltiples bombas sobre cada edificio tras obligar a sus residentes a marcharse sin casi previo aviso, y ha pedido que estos actos se investiguen como crímenes de guerra de destrucción arbitraria, castigo colectivo y ataques directos contra bienes civiles.Las declaraciones realizadas por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, inmediatamente después de algunos de los actos de destrucción a menudo dan testimonio de que los edificios no fueron destruidos por motivos de necesidad militar imperiosa, sino para infligir un castigo colectivo y causar una devastación generalizada a la población civil como medio de ejercer presión política sobre Hamás y como parte de una campaña de desplazamiento forzado masivo.“En el mes previo al denominado alto el fuego de octubre de 2025, Israel amplió e intensificó su ofensiva implacable contra la ciudad de Gaza, hasta provocar una de las peores oleadas de desplazamiento masivo ocurridas durante el genocidio. Un patrón clave de esta agresión fue la destrucción deliberada, mediante bombardeos aéreos, de edificios civiles de varias plantas, que arrasaron los hogares de miles de civiles y devastaron campamentos improvisados en sus cercanías. Todos los indicios existentes señalan que la destrucción por parte de Israel de estos 13 edificios de gran altura no era ‘absolutamente necesaria a causa de las operaciones bélicas’ y, por tanto, debe ser investigada como crimen de guerra”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.“La destrucción de estos edificios de gran altura en la ciudad de Gaza forma parte de un patrón más amplio de destrucción implacable de infraestructuras críticas que, junto con las repetidas oleadas de desplazamiento masivo en condiciones inhumanas y la negación de ayuda humanitaria vital, han sido las características clave del genocidio perpetrado por Israel, y han constituido el acto prohibido de infligir deliberadamente a la población palestina de Gaza unas condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, total o parcial.”Amnistía Internacional entrevistó a 16 exresidentes y otras personas desplazadas por la destrucción, así como a testigos, y el Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de la organización analizó imágenes de satélite y verificó más de 25 vídeos para revelar un escalofriante patrón de destrucción deliberada de estructuras civiles por parte de las fuerzas israelíes sin que se cumpliera el requisito de la necesidad militar, exigido por el derecho internacional humanitario. Amnistía Internacional envió al Ministerio de Defensa israelí el 19 de marzo de 2026 preguntas sobre los ataques y las declaraciones realizadas, pero en el momento de publicar estas líneas no había recibido respuesta.Amnistía Internacional había documentado previamente un patrón de destrucción de zonas civiles entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 llevada a cabo sin necesidad militar imperiosa en el contexto de los esfuerzos de Israel por ampliar una “zona de amortiguación” a lo largo del perímetro oriental de Gaza. La organización también verificó mediante imágenes de satélite y grabaciones de vídeo cómo las fuerzas israelíes arrasaban por completo lo que quedaba de la localidad de Khuza’a, en el sur de Gaza, en el transcurso de dos semanas en mayo de 2025.Desde el denominado alto el fuego de octubre de 2025, las fuerzas israelíes han seguido demoliendo casas y otros edificios en zonas sobre las que ya ejercían un control operativo total al este de la denominada “línea amarilla”. Se trata de zonas a las que la población palestina tiene prohibido regresar y que suman más del 55% del área total de Gaza. Los límites de la “línea amarilla” son vagos y el ejército israelí los modifica constantemente.“La impunidad de la que Israel ha disfrutado en Gaza le ha dado vía libre para repetir sus patrones ilegítimos en otros lugares, especialmente en Líbano, donde el ministro de Defensa israelí invocó a Gaza en sus amenazas de acelerar la destrucción de los pueblos de la frontera sur. El ejército de Israel ya ha causado una amplia destrucción en miles de instalaciones civiles, incluyendo casas particulares, parques y campos de fútbol en todo Líbano”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.El Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe los castigos colectivos y la destrucción de bienes por parte de la potencia ocupante “excepto en los casos en que tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas”. El derecho internacional humanitario también prohíbe los ataques contra bienes civiles. “La destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y realizadas a gran escala de modo ilícito y arbitrario” constituye una infracción grave del Cuarto Convenio de Ginebra y, por tanto, un crimen de guerra. Los ataques directos intencionados contra bienes civiles y los castigos colectivos también son crímenes de guerra.“Estas demoliciones no sólo han arrasado cemento; han reducido a escombros los hogares, las vidas y los recuerdos de sus residentes, y han convertido en ruinas y polvo algunos de los lugares urbanos más emblemáticos de la ciudad de Gaza. Para la población palestina a la que no se permite regresar a sus hogares al este de las denominadas líneas amarillas, a pesar de que han plantado sus tiendas en el punto más cercano posible al otro lado, el uso continuado de excavadoras para arrasar sus viviendas y tierras se ha convertido en un doloroso paisaje sonoro cotidiano en una vida en la que no ha habido nunca realmente un alto el fuego”, ha declarado Erika Guevara Rosas.Las autoridades celebran la destrucciónEn agosto de 2025, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció que Israel estaba acelerando las operaciones militares para presionar a Hamás durante las negociaciones de alto el fuego en curso. Poco después, el 5 de septiembre de 2025, comenzaron los ataques contra edificios de gran altura, conocidos localmente como torres, a medida que el ejército israelí intensificaba su ofensiva militar para hacerse con la ciudad de Gaza.La misma mañana del 5 de septiembre, el ministro de Defensa, Israel Katz, declaró en las redes sociales que “se ha abierto el cerrojo de las puertas del infierno”, y vinculó explícitamente los ataques con el requisito de que Hamás acepte las condiciones de Israel.Esta franca admisión contrasta diametralmente con las afirmaciones habituales de las fuerzas israelíes (realizadas sin presentar pruebas, ni en este ni en muchos otros casos) de que atacan edificios a causa de la presencia en ellos de combatientes o infraestructura de Hamás.Por ejemplo, antes de lanzar su campaña de destrucción de torres en la ciudad de Gaza el 5 de septiembre, el ejército israelí declaró que, “como preparativo para la intensificación de los ataques contra Hamás en la ciudad de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel, encabezadas por el Comando Sur, llevaron a cabo una exhaustiva investigación de inteligencia e identificaron una notable actividad terrorista de Hamás dentro de una amplia variedad de infraestructuras en la ciudad de Gaza, especialmente en edificios de gran altura”. El ejército no presentó ninguna prueba de esas afirmaciones.En declaraciones posteriores, Katz siguió amenazando con que Gaza sería destruida si no se liberaba a los rehenes y Hamás se desarmaba, lo que indicaba claramente que la destrucción se llevaba a cabo para presionar a Hamás, no por una necesidad militar imperiosa durante operaciones bélicas.Por ejemplo, el 8 de septiembre de 2025, Katz publicó en su cuenta oficial de X: “Hoy, un inmenso huracán golpeará los cielos de la ciudad de Gaza, y los tejados de las torres del terror temblarán. Esta es una última advertencia a los asesinos y violadores de Hamás en Gaza y en hoteles de lujo en el extranjero: liberen a los rehenes y depongan las armas, o Gaza será destruida y ustedes serán aniquilados”.En otras declaraciones publicadas en su cuenta de X, Katz comentó la destrucción de edificios de gran altura y otras estructuras civiles con un tono festivo y alegre, y sugirió que la destrucción se llevaba a cabo para “eliminar la incitación”, objetivo que no se puede considerar que constituya en sí mismo una necesidad militar imperiosa que, en virtud del derecho internacional, pueda justificar la destrucción de bienes civiles.Por ejemplo, el 14 de septiembre, Katz escribió, tras un ataque aéreo contra la Universidad Islámica de Gaza: “La universidad 'Islámica’ de Gaza está subiendo al cielo. Eliminación de las fuentes de incitación y terrorismo”.Un día después, como celebración de la destrucción de la Torre Al-Ghofari, realizó esta declaración en una publicación en una red social: “La torre del terror de Burj al-Ghofari se estrella en el mar de Gaza. Ahogamos los semilleros del terrorismo y la incitación”.“Al vincular explícitamente la destrucción de hogares con exigencias políticas, las autoridades israelíes, representadas por el ministro de Defensa, han admitido de hecho que utilizan el sufrimiento civil como moneda de cambio y que infligen un castigo colectivo a la población civil en lugar de llevar a cabo destrucción justificada por necesidad militar imperiosa”, ha manifestado Erika Guevara RosasSin pruebas de objetivos militaresMientras tanto, el ejército israelí no ha proporcionado pruebas suficientes que fundamenten sus afirmaciones de que las torres atacadas eran utilizadas por Hamás u otros grupos armados palestinos para fines militares. Al contrario, un examen realizado por Amnistía Internacional de la página oficial del ejército israelí concluyó que tras la destrucción de cada edificio de gran altura el portavoz del ejército utilizaba un comentario estándar de carácter general, a menudo sin especificar el edificio atacado ni dar detalles más concretos; sólo el comentario general, que dice:“Las FDI, encabezadas por el Comando Sur, atacaron un edificio de gran altura utilizado por Hamás en la ciudad de Gaza. Los terroristas de Hamás habían instalado equipo de recopilación de información y habían establecido puestos de observación dentro del edificio para rastrear los movimientos de las FDI y facilitar operaciones terroristas contra el Estado de Israel y contra nuestras fuerzas. Antes de los ataques se tomaron medidas para mitigar en la medida de lo posible el riesgo de dañar a civiles, como advertir de antemano a la población, utilizar munición guiada de precisión o llevar a cabo vigilancia aérea y otras labores de vigilancia”.Amnistía Internacional escribió al ejército israelí el 19 de marzo de 2026 para preguntar cuáles fueron los motivos de los ataques contra cada uno de estos edificios concretos en el momento en que fueron atacados y quiénes y/o cuáles eran sus objetivos, pero no recibió respuesta.La investigación llevada a cabo por la organización no encontró indicios que señalaran que hubiera combatientes utilizando los edificios o alojándose en ellos, ni tampoco halló indicios de actividad militar en esos lugares en el momento en el que se destruyeron las torres, lo que contradice las afirmaciones genéricas del ejército israelí. El ejército israelí tampoco presentó pruebas de que hubiera otros motivos que cumplieran el requisito de que la destrucción de esos edificios era absolutamente necesaria para las operaciones militares. Aunque es posible que las torres tengan un valor estratégico durante operaciones de combate en zonas urbanas, este potencial uso futuro no alcanza el umbral jurídico establecido por el derecho internacional de “necesidad militar imperiosa” para que la destrucción de edificios constituya un acto proporcionado.Sembrar el pánicoEn la mayoría de los casos en los que se han destruido edificios de gran altura, el ejército israelí ha llamado a uno de los residentes del edificio para decirle que éste estaba a punto de ser bombardeado y le ha ordenado que advierta a residentes y vecinos de que abandonen los edificios de inmediato, o en un plazo de pocos minutos. Las advertencias han provocado un pánico masivo, que ha obligado a miles de personas a huir aterrorizadas, dejando atrás todas sus pertenencias.Un residente, profesor de universidad que vivía en Torre Mushtaha 6, en el barrio de Rimal de la ciudad de Gaza, describió el terror de intentar evacuar a las 76 familias que vivían en el edificio (algunas de las cuales acogían además a familiares desplazados) cuando recibió una llamada de advertencia del ejército israelí.Dijo: “No se imaginan cómo me sentí y el pánico que me embargó [...] No teníamos tiempo para llevarnos nada. Mis padres son ancianos; mi padre tiene 85 años y no puede caminar. Vivíamos en la octava planta y tuve que pedir a algunos vecinos que me ayudaran a bajarlo por las escaleras. Mis hijos son pequeños, el menor sólo tiene dos años, y también había que llevarlo en brazos”.“Cuando por fin salimos, nos quedamos fuera esperando, y al final pasó mucho tiempo, quizá dos horas, antes de que el edificio fuera bombardeado. Si lo hubiéramos sabido habríamos podido sacar algunas cosas pero, una vez que estábamos fuera, no nos atrevíamos a volver a entrar. Era demasiado peligroso.”Muchas familias acababan de regresar a sus casas desde el sur durante la tregua de enero de 2025 para reparar sus apartamentos dañados, sólo para ver cómo eran destruidos por completo unos meses después.El profesor de universidad describió el impacto en su hijo de siete años, Ibrahim, que estaba a su lado cuando recibió la advertencia de que el edificio iba a ser bombardeado y se quedó traumatizado:“Ahora está obsesionado con el teléfono. Comprueba todo el rato que la línea funciona porque tiene miedo de que alguien pueda volver a llamar para decirnos que el lugar en el que estamos va a ser bombardeado”.Al día siguiente, el 6 de septiembre de 2025, un ataque destruyó la Torre Al-Soussi, de 15 plantas, en la zona industrial del oeste de la ciudad de Gaza.Mariam, que se alojaba con familiares en uno de los apartamentos, dijo que a los residentes les dieron 20 minutos para abandonar la torre antes de que fuera bombardeada: “De repente la gente gritaba que saliéramos inmediatamente [...] Todo el mundo corría para salir, sin tiempo para llevarse nada. La gente chocaba una contra otra con las prisas por salir”.El portavoz del ejército israelí publicó a las 13.28 horas la declaración estándar antes mencionada para justificar la destrucción, sin especificar el edificio ni dar más detalles o proporcionar pruebas. La fecha y la hora de la publicación del comentario sugieren que el ejército se refería en efecto a la Torre Al-Soussi, pero Amnistía Internacional no pudo verificar la presencia de objetivos militares en las cercanías.Israel también destruyó edificios que albergaban infraestructura de la sociedad civil y de medios de comunicación, como la Torre Al-Roya, que contenía la sede del Centro Palestino de Derechos Humanos, y la Torre Al-Ghofari, el edificio más alto de Gaza, que albergaba numerosas oficinas comerciales, incluida la del medio de comunicación libanés Al Mayadeen.La Torre Italiana, un complejo de 17 plantas y un edificio histórico reconstruido con fondos del gobierno italiano en 2023, también fue destruida el 26 de septiembre, a pesar de estar vacía y cerrada. Ese mismo día se publicó en la página oficial del ejército israelí la justificación estándar, una vez más sin especificar el edificio ni proporcionar pruebas.Un ingeniero de telecomunicaciones de 32 años que vivía con su esposa y sus tres hijos en la quinta planta del edificio Al-Najm, edificación de 10 plantas en la calle del mercado del campo para personas refugiadas de Al-Shati, en la ciudad de Gaza, contó a Amnistía Internacional que, hacia las seis de la tarde del 11 de septiembre, uno de sus vecinos gritó a los residentes que salieran de inmediato porque el edificio iba a ser bombardeado en cinco minutos: “Estaba en casa con mi esposa y nuestros tres hijos, el menor de tan sólo ocho meses, cuando los vecinos empezaron a gritar y correr para salir del edificio. No había tiempo para recoger ninguna de nuestras pertenencias. Agarramos a nuestros hijos y corrimos escaleras abajo con lo que llevábamos puesto”.Describió cómo la familia vive ahora en una tienda en Jan Yunis, en el sur de Gaza, en condiciones terribles: “Nuestros hijos están enfermos a causa de la lluvia y el frío. Resulta especialmente difícil criar a un bebé en unas condiciones tan desastrosas. Carecemos de todo. Mis otros hijos, una niña de seis años y un niño de siete, están traumatizados: tuvimos que huir de nuestra casa y vieron cómo las bombas la reducían a escombros ante sus ojos. No lo comprenden, y yo no puedo explicárselo”.Otro residente, un conductor de 33 años con tres hijos, contó a Amnistía Internacional que, en el momento de la destrucción, en su casa se alojaban 16 personas, pues acogía a sus padres y a dos de sus hermanos con sus esposas y cinco niños, que habían tenido que desplazarse.“La destrucción generalizada de infraestructuras vitales, incluidas casas, ya sea mediante bombardeos o demoliéndolas con explosivos, unida a las restricciones impuestas por Israel a la entrada de material para construir refugios en Gaza y a la prohibición de regresar a las zonas al este de la línea amarilla, han causado un sufrimiento catastrófico a la población gazatí. Israel debe permitir el acceso inmediato y sin trabas a ayuda humanitaria y productos indispensables, incluido material para construir refugios. Las autoridades israelíes que ordenaron actos de destrucción ilegítima, castigo colectivo o genocidio deben rendir cuentas”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.Información complementariaSegún la evaluación rápida final sobre los daños y necesidades en Gaza, realizada conjuntamente por el Banco Mundial, la UE y la ONU y publicada (en inglés) el 20 de abril, aproximadamente 371.888 hogares de la Franja de Gaza (más del 76% del total) fueron dañados o destruidos en los primeros dos años del genocidio, lo que obligó al 60% de la población total de Gaza a seguir viviendo sin hogar en una situación de desplazamiento masivo continuado en condiciones inhumanas, inseguras e insalubres.Según un análisis realizado por UNOSAT, el Centro de Satélites de las Naciones Unidas, basándose en imágenes de satélite recopiladas el 22 y 23 de septiembre de 2025, el 83% de las estructuras de la ciudad de Gaza fueron dañadas o destruidas, lo que supone un aumento del 37% respecto a la evaluación llevada a cabo dos meses antes. Esta cifra refleja la escalada de la agresión militar a la ciudad de Gaza a mediados de agosto.

6. Europa: No suspender la participación de Israel en el Festival de Eurovisión traiciona a la humanidad y pone de manifiesto un flagrante doble rasero

   Con motivo de las próximas semifinales del Festival de la Canción de Eurovisión 2026, en las que participará Israel, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:“El hecho de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) no haya suspendido a Israel de Eurovisión, como hizo con Rusia, es un acto de cobardía y un ejemplo de flagrante doble rasero en lo que se refiere a Israel”.“En lugar de transmitir con claridad el mensaje de que los crímenes atroces de Israel contra el pueblo palestino tienen un coste, la UER ha dado a Israel este escenario internacional a pesar del genocidio en Gaza, la ocupación ilegal y el apartheid que continúa cometiendo. La Unión Europea de Radiodifusión está traicionando los valores del Festival de la Canción de Eurovisión, que incluye la libertad frente a la intolerancia, el discurso de odio y la discriminación. Además, ignora las protestas de sus miembros España, Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia, que se han retirado del Festival debido a la participación de Israel. En última instancia, la UER ha traicionado a la humanidad”.“La participación de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión ofrece a este país una plataforma para tratar de desviar la atención del genocidio que está cometiendo en la Franja de Gaza ocupada y de sus medidas para anexionarse más territorios de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, así como de su sistema de apartheid contra la población palestina, y normalizar todo ello”.“Las decisiones y opiniones de los tribunales internacionales, y las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU de las últimas décadas, han condenado en reiteradas ocasiones a Israel por sus múltiples y atroces violaciones”.“No se debe permitir que las canciones y las lentejuelas acallen las atrocidades de Israel y el sufrimiento palestino, o nos distraigan de ellos. No debe haber ningún escenario para Israel en Eurovisión mientras haya un genocidio en curso”.“Ya no se puede seguir tolerando la impunidad de Israel, y las personas de todo el mundo deben actuar con arreglo a su conciencia y defender los derechos humanos”.Información complementariaLa Unión Europea de Radiodifusión es el organismo que organiza el Festival de la Canción de Eurovisión. En diciembre de 2025, las cadenas públicas de radiodifusión de España, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia anunciaron que no participarían en el Festival de la Canción de Eurovisión de 2026 en respuesta a la participación de Israel. La gala final del Festival se celebrará en Viena el 16 de mayo, precedida de dos semifinales los días 12 y 14 de mayo.Las investigaciones en curso de Amnistía Internacional muestran que, pese al acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025, el genocidio israelí contra la población palestina de Gaza continúa. Las fuerzas israelíes siguen infligiendo deliberadamente unas condiciones de vida calculadas para causar su destrucción física y desde esa fecha han llevado a cabo ataques aéreos que han matado a más de 760 personas palestinas sin que ningún dato indique un cambio en la intención de Israel.

7. La liberación de Saif Abuskeshek y Thiago Ávila es una noticia alentadora para los derechos humanos y una excepción en la política de detenciones arbitrarias de Israel

   Según el Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel (Adalah), Saif Abukeshek y Thiago Ávila, integrantes de la Flotilla Global Sumud, han sido puestos en libertad. Amnistía Internacional da la bienvenida a esta noticia y espera que ambos puedan reunirse son su familia y seres queridos lo antes posible, así como que la Flotilla pueda continuar con su misión humanitaria pacífica a salvo de intimidaciones y ataques.“La liberación de Saif Abukeshek y Thiago Ávila es una noticia alentadora para los derechos humanos que repara, en cierta manera, la injusticia de su detención por parte de las autoridades de Israel”, ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.Es esencial la investigación de sus denuncias de torturas y que los responsables no queden impunes. Su detención y las denuncias de malos tratos y sus condiciones de detención recuerdan la política que aplica el gobierno de Israel a las miles de personas palestinas detenidas arbitrariamente, ya sea bajo detención administrativa o en virtud de la Ley de Combatientes Ilegales.Es el caso del doctor Hussam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan y una voz destacada del devastado sector sanitario de Gaza. Fue detenido el 27 de diciembre de 2024 a con otros miembros del personal médico y pacientes del hospital. El 28 de abril, un tribunal israelí prorrogó su detención en virtud de la Ley de Combatientes Ilegales sin presentar cargos contra él. El Dr. Abu Safiya sigue recluido en la prisión de Negev en condiciones muy duras y se le niega el acceso a su medicación esencial y a un tratamiento médico adecuado, a pesar del deterioro de su salud.El lunes cumplirá 500 días en prisión. “Como Saif y Thiago, Hussam Abu Safiya ha denunciado ser objeto de torturas. Su encarcelamiento sin cargos ni juicio y los graves malos tratos que sufre reflejan el ataque sistemático de Israel contra el sector sanitario de Gaza; tanto él como el resto de personas palestinas detenidas sin cargos ni juicio deben ser puestas en libertad de manera inmediata”, señaló Beltrán.

8. Amnistía Internacional pide la liberación inmediata e incondicional de los dos activistas de la Flotilla detenidos en Israel

   Amnistía Internacional pide al gobierno de Israel la liberación inmediata e incondicional de Saif Abukeshek, activista de origen palestino y nacionalidad sueco-española, y Thiago Ávila, activista brasileño, detenidos por Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud.“Israel ha presentado una lista de acusaciones sin fundamento, pero no cargos formales. La detención de estos activistas pone de relieve las peligrosas consecuencias de décadas de impunidad por las constantes atrocidades cometidas por Israel. Deben ser liberados de inmediato y sin condiciones”, ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.Ambos comparecerán el próximo domingo 10 de mayo a las 8 am (hora española) ante el Tribunal de Distrito de Beer Sheva, después de que un tribunal de Ashkelon prorrogara seis días su detención sin cargos ni juicio.Según el Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel (Adalah), organización que ejerce su defensa legal, los dos activistas han denunciado amenazas, torturas y otros malos tratos durante su detención. Entre las denuncias figuran intimidación, abuso psicológico, golpes, aislamiento en celdas con la luz encendida las 24 horas, amenazas de muerte durante interrogatorios prolongados y traslados y exámenes médicos con los ojos vendados.Saif Abukeshek y Thiago Ávila mantienen actualmente una huelga de hambre. En el caso de Saif Abukeshek, además, ha dejado de ingerir líquidos.La organización recuerda además el historial de abusos documentados contra personas palestinas detenidas por Israel y expresa su especial preocupación por la situación de Saif Abukeshek, nacido en el campo de refugiados de Askar, en Nablus, en la Cisjordania ocupada.Saif llegó a España hace unos 20 años y actualmente reside en Barcelona junto a su pareja y sus tres hijos. Desde hace años participa en iniciativas de defensa de los derechos de la población palestina. Peticiones al Gobierno en relación al activista españolAmnistía Internacional insta al Gobierno español a continuar exigiendo la liberación de Saif Abukeshek y a mantener la asistencia consular de manera constante.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado públicamente a Israel de “violar la legalidad internacional al asaltar una flotilla civil en aguas que no le pertenecen” y ha reiterado su petición a la Unión Europea para suspender el acuerdo de asociación con Israel.Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado en dos ocasiones a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en Madrid para trasladar la “más enérgica condena” del Gobierno español por la detención ilegal del activista y exigir su liberación.Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, Saif Abukeshek está recibiendo asistencia continuada y visitas diarias del consulado. Información complementariaEl pasado 30 de abril, el ejército israelí interceptó al menos 22 embarcaciones de la Flotilla Global Sumud y detuvo a unas 180 personas tripulantes. Las embarcaciones fueron abordadas en aguas internacionales cerca de Grecia.Según la información disponible, Israel bloqueó los canales de comunicación de la flotilla, impidiendo que las embarcaciones pudieran coordinarse entre sí o solicitar ayuda. Las personas detenidas permanecieron aproximadamente 40 horas bajo custodia israelí en alta mar antes de ser trasladadas.A su llegada a Grecia, varias personas denunciaron haber sido golpeadas por soldados israelíes durante la operación. Posteriormente, tanto Saif Abukeshek como Thiago Ávila fueron trasladados al centro de detención de Shikma, en la ciudad israelí de Ashkelon.Amnistía Internacional considera que la interceptación de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales y la posterior detención arbitraria de decenas de activistas constituyen una violación del derecho internacional y reflejan las consecuencias de la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel contra la población palestina.Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional medidas concretas para poner fin a las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel contra la población palestina y reclama el levantamiento inmediato del bloqueo sobre Gaza para permitir la entrada y distribución de ayuda humanitaria. Los terceros Estados deben dejar de otorgar a Israel impunidad por sus atroces crímenes y acelerar la adopción de medidas para poner fin a la ocupación ilegal israelí del Territorio Palestino Ocupado, tal como señaló la Corte Internacional de Justicia en 2024. Por su parte, la Unión Europea, que el 11 de mayo celebra una reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, debería tomar medidas concretas para poner fin a las violaciones de derechos cometidas por Israel, como por ejemplo, la suspensión del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Israel. 

9. Guatemala: Liberación inmediata e incondicional de los presos de conciencia Luis Pacheco y Héctor Chaclán

   Amnistía Internacional ha designado como presos de conciencia a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, autoridades ancestrales de los 48 cantones de Totonicapán en 2023, quienes llevan más de un año encarcelados injustamente solamente por haber hecho uso de su derecho de reunión pacífica y libertad de expresión.“Luis Pacheco y Héctor Chaclán nunca debieron ser encarcelados. Su detención y procesamiento constituyen un castigo arbitrario por haber participado en protestas pacíficas y por representar a su comunidad. Cada día que permanecen en prisión agrava la violación de sus derechos humanos”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.Luis y Héctor fueron detenidos el 23 de abril de 2025 y han permanecido en detención preventiva desde esta fecha. El Ministerio Público los acusa de los delitos de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal, por el rol que desempeñaron durante las protestas pacíficas que se realizaron en el país en octubre de 2023, delitos que suman penas superiores a los 30 años de prisión.Al momento de los hechos, ejercían un rol de servicio comunitario como alcaldes comunales nombrados de acuerdo con los usos y costumbres del pueblo Maya K’iche’ de Totonicapán. Además, se desempeñaban respectivamente como presidente y tesorero de la junta directiva del Consejo de Alcaldes de los 48 Cantones de Totonicapán, autoridad ancestral e indígena que aglutina las comunidades K’iche’ de este municipio del occidente del país.A partir de la revisión del expediente penal, Amnistía Internacional ha constatado múltiples irregularidades, entre ellas retrasos injustificados que han entorpecido el proceso. Por ejemplo, debido a los cambios sucesivos de jueces a cargo, el proceso se ha estancado, y no se ha celebrado la audiencia de fase intermedia, inicialmente agendada para inicios del mes de julio de 2025. Además, ha transcurrido más de un año sin que Luis Pacheco y Héctor Chaclán comparezcan ante un juez para la revisión de la privación de su libertad, y hasta la fecha, sus abogados no han podido acceder a todas las evidencias del expediente. Estas prácticas son características del patrón de criminalización contra personas operadoras de justicia, defensoras de derechos humanos y periodistas que han participado de la lucha contra la corrupción y la impunidad.Amnistía Internacional condena el uso indebido de los delitos de terrorismo y de asociación ilícita para castigar el uso legítimo de la libertad de expresión en violación de los estándares internacionales de derechos humanos, basados en una interpretación errónea de tipos penales cuya redacción ambigua abre una puerta a este tipo de arbitrariedades.Otras dos personas, también autoridades ancestrales, fueron arrestadas por esta misma causa y puestos bajo arresto domiciliario: Basilio Puac, integrante de la Junta Directiva de los 48 cantones de 2023, acusado de los delitos de asociación ilícita, sedición, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia, y Esteban Toc Tzay, ex vicealcalde de la Alcaldía Indígena de Sololá acusado de los delitos de asociación ilícita, terrorismo, sedición, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia.La organización también alerta sobre el carácter discriminatorio de las acusaciones en contra de los cuatro representantes de Pueblos Indígenas, que buscan castigar sus formas de organización y disuadirles de hacer uso de su derecho de protesta pacífica.“En un país como Guatemala, cuya historia ha sido marcada por la violencia y el racismo sistemáticos en contra de los Pueblos Indígenas, recurrir a graves acusaciones penales como los de terrorismo, sedición y asociación ilícita contra representantes de los Pueblos Indígenas no es una casualidad. Estas acusaciones infundadas, que criminalizan sus formas de organización, son una manifestación más de la discriminación racial en su contra, que permanece profundamente arraigada en las instituciones de justicia”, agregó Ana Piquer.La designación como persona prisionera de conciencia por parte de Amnistía Internacional se basa en un riguroso análisis de las circunstancias de la detención. Este estatus se otorga a quienes han sido privadas de libertad exclusivamente por expresar sus ideas, ejercer sus derechos o por motivos relacionados con su identidad —como su origen étnico, religión, orientación sexual u otras características protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos—, sin haber recurrido a la violencia ni incitado al odio. La organización pide la liberación inmediata e incondicional de estas personas.

10. Amnistía Internacional denuncia que no se haya llevado a cabo una investigación cinco meses después de la muerte de Haitam tras recibir once descargas táser

    Madrid.- Han pasado cinco meses desde que Haitam Mejri, de 35 años, muriera tras recibir al menos once descargas de arma táser, además de golpes, presión sobre el cuello y tórax y ser rociado con espray irritante, por parte de agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en un locutorio de Torremolinos. Amnistía Internacional lamenta la ausencia casi total de una investigación de esta actuación policial que, para la organización, no se llevó a cabo cumpliendo con los estándares internacionales sobre uso de la fuerza contra una persona que en ningún momento constituyó una amenaza vital para los agentes y debe determinarse si los hechos pueden ser calificados como tortura.“Cinco meses después de la muerte de Haitam las autoridades no han dado los pasos adecuados para asegurar una rendición de cuentas efectiva, a pesar de las múltiples pruebas que evidencian la brutalidad de la actuación policial. Su familia merece que se depuren responsabilidades y obtener verdad, justicia y reparación”, señala Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional."Tan duras han sido las actuaciones policiales como lo que vino después, que es la respuesta de las instituciones", lamenta el hermano de Haitam, Naser. “Con todo este dolor que conlleva la pérdida de un ser querido, tenemos que estar luchando para demostrar la verdad que tienen ellos en imagen y audio desde el primer día”, añade.La investigación judicial se encuentra en estos momentos archivada provisionalmente, después de que así lo decidiera el Juzgado de Instrucción nº1 de Torremolinos encargado de la investigación de los hechos, sin esperar al informe forense completo encargado por la familia, y sin haber practicado ninguna otra diligencia de investigación, como la declaración a los agentes intervinientes, a testigos presenciales de los hechos o a los sanitarios que acudieron a asistir a Haitam.La información a la que ha tenido acceso Amnistía Internacional corrobora el hecho de que esta actuación policial deba ser investigada con prontitud y exhaustividad. Por un lado, la víctima, ya inmovilizada, fue objeto de numerosas agresiones por los seis agentes del CNP que participaron en dicho operativo.Amnistía Internacional ha podido constatar cómo la primera descarga con dispositivo de electroshock (Táser) contra Haitam se produjo cuando los agentes ya le habían engrilletado una de las muñecas, recibiendo al menos cuatro descargas, y también un puñetazo en la cara, ya en situación de inmovilización. Varias de estas descargas le fueron aplicadas en su espalda. Tras proceder los agentes a engrilletar la segunda muñeca a Haitam, éste siguió recibiendo descargas mientras un policía le hacía una maniobra de inmovilización con la rodilla en el cuello, apoyando claramente todo su peso, y ejerciendo presión sobre cuello y tórax, una maniobra que hasta donde consta a la organización se mantuvo por espacio superior a los diez minutos. Después, y pese a encontrarse bajo esta maniobra de inmovilización, Haitam continuó recibiendo descargas.Además, hay otros indicios que avalan la necesidad de una investigación, como el hecho de que los agentes, que portaban cámaras unipersonales, interrumpieron la grabación deliberadamente tras percatarse de que las cámaras estaban grabando. Y no avisaron a los sanitarios que acudieron a lugar del uso que habían hecho de las armas táser.Más informaciónAmnistía Internacional ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación por el uso de dispositivos de descarga eléctrica en diferentes lugares d el mundo, debido a la alarmante falta de regulación. En el caso de España, la organización ha señalado cómo la incorporación de las pistolas táser en el equipamiento policial debería ir precedida de una evaluación exhaustiva sobre las necesidades operativas que justifican su adquisición, debido a los riesgos que conllevan de causar lesiones graves o incluso la muerte, y la posibilidad de abusos en su utilización.El propio Tribunal Europeo de D erechos H umanos (TEDH) se ha referido a las fuertes reservas del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa respecto del uso de armas de electrochoque, en especial cuando se aplican en modo de contacto directo, ya que causan un dolor intenso y una incapacidad temporal. A este respecto, ha subrayado que los agentes de la ley debidamente formados disponen de muchas otras técnicas de control cuando se encuentran a distancia de contacto de una persona a la que deben someter.Amnistía Internacional lleva recogidas más de 20.000 firmas dirigida a las autoridades para exigir una investigación efectiva.Aquí puedes ver los vídeos del hermano de Haitam, Naser; y de su abogada. 

11. Rusia: Deben investigarse urgentemente las denuncias de tortura del anarquista encarcelado Azat Miftakhov

    En respuesta a los informes de que Azat Miftakhov, matemático y activista anarquista, fue sometido a tortura, incluidos abusos sexualizados, en una colonia penal rusa, Denis Krivosheev, director regional adjunto de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:“Las autoridades deben iniciar urgentemente una investigación independiente y efectiva sobre estas denuncias, hacer rendir cuentas en procedimientos justos a todos los presuntos responsables y garantizar que Azat Miftakhov goce de protección frente a nuevos actos de violencia, incluida la tortura y otros malos tratos”.“Los informes que indican que el personal de la prisión y los reclusos estuvieron implicados en el ataque ponen de manifiesto un sistema en el que las autoridades penitenciarias utilizan, alientan o toleran la violencia y la crueldad como herramientas de intimidación y coacción. Esta situación se ve a menudo agravada por la violencia sexual y las amenazas sexualizadas, dirigidas explícitamente contra presos y presas LGBTI y que se utilizan de forma más general: unas tácticas asociadas con algunas de las prácticas más represivas de la era del gulag.“El caso de Azat Miftakhov ilustra los graves riesgos a los que se enfrenta la población reclusa tomada como objetivo por el gobierno. Según los informes, en mayo de 2023 miembros de las autoridades repartieron fotografías íntimas de Miftakhov entre otros reclusos; con ello pretendían someterlo a la crueldad de la jerarquía penitenciaria informal, a las condiciones más duras y a la violencia sexual a manos de otros presos.”Información complementariaEl 5 de mayo de 2026, el grupo de apoyo de Azat Miftakhov, ex posgraduado de la Universidad Estatal de Moscú, publicó un relato detallado en el que denunciaba que éste había sido sometido a tortura y otros malos tratos y a violencia sexual, incluidas amenazas de violación, tras haber sido trasladado a la Colonia Penal núm. 18, “Buho Polar”, en Jarp, distrito autónomo de Yamalia-Nenetsia.Según los informes, el 21 de abril de 2026, un día después de su llegada a la colonia, Miftakhov recibió la orden ilegal de realizar una tarea de limpieza destinada expresamente a humillarlo. Al parecer, cuando él se negó, unos miembros del personal y otros reclusos lo inmovilizaron, le dieron una paliza y le golpearon en las plantas de los pies descalzos con un martillo de madera. Según indican los informes, a continuación lo desnudaron y lo amenazaron con violarlo y asfixiarlo, mientras funcionarios y reclusos lo sometían a repetidas agresiones físicas. Según el testimonio del propio Miftakhov, le aplicaron descargas eléctricas en los dedos gordos de los pies, y repitieron la aplicación numerosas veces cuando se negó a obedecer.Azat Miftakhov ya había denunciado haber sufrido torturas tras haber sido detenido por primera vez en 2019 por su presunta implicación en el intento de incendio en 2018 (que no causó ningún daño) de una oficina del partido en el gobierno, Rusia Unida, en Moscú.En septiembre de 2025, inmediatamente después de su liberación, fue detenido de nuevo y acusado de “justificar el terrorismo” por unos comentarios que presuntamente había realizado mientras estaba detenido, y fue condenado a otros cuatro años de prisión.

12. Ucrania: El proyecto de Código Civil entraña el riesgo de reforzar la discriminación y retroceder en materia de derechos humanos

    Ante la noticia de que el Parlamento ucraniano aprobó un proyecto de nuevo Código Civil en primera lectura el 28 de abril de 2026, Veronika Velch, directora de Amnistía Internacional Ucrania, ha manifestado:“El Parlamento de Ucrania no debería precipitarse a aprobar un nuevo Código Civil que es manifiestamente incoherente e incompatible con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos. Si no se revisa íntegra y exhaustivamente, tras una consulta significativa con las personas titulares de derechos afectadas y con organizaciones de la sociedad civil especializadas, contendrá disposiciones que en los próximos años tendrán efectos demoledores y duraderos sobre los derechos humanos de quienes vivan en Ucrania.”“El proyecto de nuevo Código Civil tiene numerosos defectos: desde su enfoque abiertamente discriminatorio sobre las personas LGBTI, hasta sus disposiciones para privar a las personas con discapacidad de su capacidad jurídica, en contravención del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por motivos como “trastorno mental o de otra índole”, o la introducción de términos tan imprecisos como dobrozvychainist (“buenas costumbres”), que impondrá al poder judicial la responsabilidad de aplicar esos conceptos a la hora de tomar decisiones jurídicas importantes. El proyecto de Código Civil propuesto invade los derechos humanos de las personas LGBTI, las personas con discapacidad, las mujeres y, en definitiva, toda la población.”“Quienes legislan en Ucrania, tras haber votado mayoritariamente a favor de esta legislación tan defectuosa, ahora deben dar marcha atrás y tomar medidas para garantizar que el proyecto se revisa íntegra y significativamente y se pone en plena consonancia con las obligaciones internacionales de Ucrania en materia de derechos humanos, lo que incluye ampliar suficientemente el plazo para poder escuchar y considerar los comentarios de todas las partes interesadas pertinentes. Legisladores y legisladoras deben garantizar el derecho a participar en el proceso legislativo y la transparencia de ese proceso.”Información complementariaEl 28 de abril de 2026, el Parlamento ucraniano (Verkhova Rada) aprobó en primera lectura un borrador del nuevo Código Civil (anteproyecto núm. 15.150), documento jurídico sumamente complejo que contiene 1.949 artículos. Según el reglamento vigente, los miembros del Parlamento disponen de 21 días para proponer reformas y revisiones; la segunda lectura, y posiblemente la última, podría celebrarse tan pronto como el 20 de mayo. Se publicó un primer borrador de la ley en enero, y se presentaron al menos tres versiones alternativas en las semanas siguientes; sin embargo, no se hizo ninguna consulta significativa sobre el proyecto antes de someterlo a votación. Ha habido numerosas críticas sobre sus versiones provisionales por parte de organizaciones de la sociedad civil y otras entidades observadoras, que incluyen motivos de preocupación, por ejemplo, sobre la definición jurídica de la familia como la unión “entre una mujer y un hombre”, sobre su negación expresa de la igualdad de derechos a las parejas del mismo sexo, sobre las disposiciones que podrían dar lugar a la anulación automática del matrimonio tras la afirmación de género, y sobre la introducción de conceptos jurídicamente indefinidos como el de dobrozvychainist (“buenas costumbres”), implícitamente vinculado a la moralidad pública, y las disposiciones en virtud de las cuales este concepto puede determinar decisiones judiciales relativas a la disolución del matrimonio o su denegación, y el concepto del “derecho a la libertad de existencia natural”, que carece de fundamento en el derecho internacional de los derechos humanos, en el capítulo dedicado a los derechos humanos. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) afirma que todas las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica. El proyecto de ley contraviene el requisito de que “[l]os Estados partes deben examinar de manera holística todas las esferas de la legislación para asegurarse de que el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad no esté limitado de modo distinto al de las demás personas”.

13. República Democrática del Congo: Abusos generalizados de las Fuerzas Democráticas Aliadas contra civiles

    “La población civil de la región oriental de la República Democrática del Congo (RDC) sufre un aumento de los abusos contra los derechos humanos cometidos por combatientes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) que constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, dice Amnistía Internacional en un nuevo informe.“I’d Never Seen So Many Bodies”: War Crimes by the Allied Democratic Forces in the eastern Democratic Republic of Congo documenta ataques violentos de las ADF contra civiles, secuestros y trabajos forzados, reclutamiento y uso de menores, y abusos y crímenes adicionales contra mujeres y niñas como matrimonios forzados, embarazos forzados y otras formas de violencia sexual.Los actos cometidos por las ADF, grupo ligado al Estado Islámico, constituyen numerosas violaciones del derecho internacional humanitario, muchas de las cuales son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Los ataques se están perpetrando en extensas zonas de la región oriental de la RDC, donde el grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por Ruanda, está también implicado en ataques en gran escala contra civiles. A comienzos de 2025, mientras la atención nacional e internacional estaba dirigida a los avances del M23, las ADF se beneficiaron de la consiguiente desviación de tropas y de la atención.“La población civil de la región oriental de la RDC viene sufriendo una brutalidad extrema a manos de los combatientes de las ADF en forma de homicidios, secuestros y torturas, en una campaña deshumanizadora de abusos”, afirma Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.“Los combatientes de las ADF han asaltado comunidades y fincas, han atacado centros médicos, y saqueado e incendiado viviendas. La violencia de este grupo está contribuyendo a una intensificación de la crisis humanitaria. Sus ataques han aumentado el desplazamiento e interrumpido servicios básicos como el acceso a alimentos, atención médica y educación”.“Los ataques incesantes del grupo ponen de relieve el alcance de la inseguridad y el solapamiento de crisis en la región oriental de la DRC, y subrayan la necesidad urgente de que el gobierno y la comunidad internacional intensifiquen los esfuerzos para proteger a la población civil y llevar a los responsables ante la justicia”.“Estos abusos constituyen crímenes de guerra que el mundo no debe seguir ignorando. Como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, también constituyen crímenes de lesa humanidad”.Amnistía Internacional llevó a cabo investigaciones en la provincia de Kivu Septentrional en noviembre de 2025. En total, se hicieron entrevistas a 71 personas, 61 de ellas presenciales con testigos directos y sobrevivientes de ataques, miembros de la sociedad civil, militares y policías, y personal humanitario, incluso de la ONU.Las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) llevan años combatiendo contra las ADF con algún apoyo de la misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO). Las FARDC y las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF) comenzaron una operación militar conjunta contra las ADF en noviembre de 2021.“Disparaban a todo lo que se movía”Amnistía Internacional documentó ocho ataques de las ADF en las provincias de Ituri y Kivu Septentrional: siete en 2025 y uno en 2024. Según testigos, las fuerzas de seguridad, incluidas las tropas de las FARDC de bases próximas, no siempre respondieron o llegaron tarde al lugar de los ataques.  Aunque las ADF atacan a las fuerzas de seguridad, su objetivo principal, en los últimos años, es la población civil, a la que atacan deliberadamente no solo para robar comida, medicinas y otros suministros, sino también como represalia por operaciones militares.El 8 de septiembre de 2025, en la aldea de Ntoyo, combatientes de las ADF se hicieron pasar por civiles y se mezclaron con quienes asistían a un velatorio antes de atacar repentinamente a la gente. El baño de sangre —en el que se utilizaron martillos, hachas, machetes y pistolas— se saldó con la muerte de más de 60 personas en medio de la ausencia de las fuerzas de seguridad.Un testigo dijo que había visto a los combatientes matar a su hermana con un hacha. Otra contó que los combatientes habían entrado en su casa y secuestrado a sus cuatro hijas. Una tercera encontró el cuerpo de sus progenitores por la mañana: su padre había muerto a tiros, mientras que su madre había sido golpeada con un martillo. Dijo: “Nunca había visto tantos cadáveres”.El 12 de julio de 2025, las ADF mataron a ocho personas durante un asalto en Otmaber, en el territorio de Irumu de Ituri. Una mujer dijo a Amnistía Internacional que los combatientes habían disparado contra ella, su esposo y su hijo de siete años. Dijo: “Después de dispararnos, empezaron a incendiar casas [...] [Mi hijo y yo] nos arrastramos despacio hasta una casa que no estaba quemada y pasamos la noche allí [...] [El ejército] no vino ni siquiera por la mañana. Todo el mundo tuvo que valerse por sí mismo”.El grupo también ha atacado en varias ocasiones centros de salud y saqueado suministros. En noviembre de 2025, atacó un centro de salud del pueblo de Byambwe, donde mató al menos a 17 civiles e incendió cuatro salas. Una persona mayor que huyó a rastras del centro dijo: “No podías ponerte de pie; disparaban a todo lo que se movía”.Varias personas que fueron testigos de ataques dijeron que tenían flashbacks y pesadillas. Una mujer sobrevivió a un machetazo en la cabeza mientras su hijo murió cuando incendiaron su casa en un ataque de agosto de 2025. Dijo: “El miedo me consume”.Otra mujer que sobrevivió al mismo ataque dijo: “¿Qué hemos hecho para merecer estas cosas que nos están pasando? ¿Cuánto más debemos sufrir hasta que esto acabe?”Secuestros y toma de rehenesAmnistía Internacional documentó 46 casos de secuestro, siete de ellos para pedir rescate. Las víctimas sufrieron abusos y crímenes adicionales, como trabajo forzoso, tortura, esclavitud sexual y homicidios ilegítimos.A menudo, las personas tomadas como rehenes y las secuestradas fueron obligadas a desempeñar labores de porteo y a servir de guías para las ADF. Los combatientes les daban poca comida, las hacían caminar durante días y llevar cargas pesadas mientras las insultaban y golpeaban. Muchas veces mataban a quienes mostraban signos de agotamiento.Las personas secuestradas eran trasladadas entre campamentos situados en lo más profundo del bosque. Quienes eran retenidas por periodos más largos eran obligadas a realizar diversos trabajos bajo amenaza de muerte, como buscar comida y agua, cocinar, recabar información, recoger entregas, sembrar minas terrestres y desempeñar diferentes tareas durante los ataques.Una mujer que logró huir a finales de 2024, después de más de dos años de cautiverio, dijo a Amnistía Internacional: “Nos enseñaron a matar con armas y cuchillas [...] En el bosque tenías que hacer lo que te mandaban. No podías ser débil”.Reclutamiento y utilización de niños y niñasLa ONU considera a las ADF uno de los grupos de la RDC más responsables del reclutamiento y uso de niños y niñas, a quienes explota como combatientes y en trabajos de porteo, cocina y vigilancia, entre otros. Muchas personas que habían estado secuestradas y numerosos testigos dijeron que habían visto a niños y niñas que creían que tenían tan solo 10 años participando en los ataques del grupo.Amnistía Internacional entrevistó a dos menores que habían estado secuestrados y a tres jóvenes secuestrados cuando eran menores y a quienes las ADF habían utilizado con varios fines. Las personas entrevistadas tenían entre 13 y 17 años cuando fueron secuestradas.Un joven, secuestrado cuando tenía menos de 15 años y que estuvo en cautividad unos dos años, dijo: “Me pusieron en un grupo encargado de buscar comida [...] Nos predicaban el islam [...] Cuando era la hora de rezar, rezaba con ellos. Si te negabas, podían matarte”.Una joven que fue secuestrada cuando tenía menos de 15 años dijo: “Empezaron a enseñarnos árabe porque eran musulmanes. Después de las clases de árabe nos daban entrenamiento de combate. Cuando acabamos ese entrenamiento, empezamos a participar en algunos ataques”.Sometidos a numerosos abusos, incluso tortura y otros malos tratos, estos niños y niñas deben considerarse primero y sobre todo víctimas. También se les deben conceder protecciones adicionales como sobrevivientes de trata que no podían dar su consentimiento legal a su propia explotación.Violencia contra mujeres y niñasAmnistía Internacional entrevistó a cinco mujeres y dos niñas que fueron secuestradas por las ADF y obligadas a contraer “matrimonio”. Los testigos dijeron que no se permitían relaciones “extramatrimoniales”; sin embargo, varias de las entrevistadas mencionaron incidentes de violencia sexual a manos de combatientes de las ADF hacia mujeres y niñas fuera del “matrimonio”.Las entrevistas indican que las ADF daban “esposas” —a veces, muchas— a combatientes como incentivo de reclutamiento, y que la práctica es sistemática en los campamentos del grupo. Las mujeres y niñas eran sometidas a largos periodos de violencia sexual y física.Las mujeres y niñas también contaron que las habían obligado a convertirse al islam y que las habían adoctrinado en la versión de la religión del grupo. Dijeron que las entrenadoras y los jefes de campamento les habían dicho expresamente que tenían que aceptar que les dieran “esposos” si no querían morir; a varias las obligaron a ver cómo mataban a otras que habían desobedecido las órdenes.Una joven que fue secuestrada cuando era adolescente contó una conversación que había tenido con el jefe del campamento: “Dije que todavía era joven. Él preguntó cuántos años tenía y le dije que 16. Dijo: ‘Eso es [edad] suficiente; aquí damos esposos a niñas de tan solo 12 años. O aceptas un esposo o te matamos”. Dijo que su “esposo” la maltrataba reiteradamente y que la amenazaba con ser “sacrificada” si trataba de huir.Seis de las siete mujeres y niñas que fueron tomadas como “esposas” dijeron que se habían quedado embarazadas como consecuencia del matrimonio forzado. Cuando estas mujeres y niñas secuestradas también lograron huir de la esclavitud sexual y doméstica, tuvieron que hacer frente a sospechas y estigmatización. Una mujer dijo que la presión de su familia política para que matara a los dos hijos que habían nacido en el bosque casi la llevó a quitarse la vida.Varias entrevistadas dijeron que, tras ser liberadas de manos del grupo, tenían graves dificultades económicas y problemas para acceder a servicios médicos y atención especializada.RecomendacionesLas autoridades de la RDC deben tomar más medidas para proteger a la población civil, lo que incluye trabajar con la ONU y las comunidades locales, mejorar los mecanismos de alerta temprana y permitir una respuesta rápida ante posibles ataques. Hacen falta un enfoque integral de seguridad, justicia y rendición de cuentas, así como programas significativos de reintegración, para abordar las necesidades de las comunidades y las personas sobrevivientes.“Las personas sobrevivientes nos dijeron que era urgente que se restablecieran la paz y la seguridad en la región oriental de la RDC para poder reconstruir sus vidas”, dijo Agnès Callamard.“El gobierno congoleño debe tomar medidas mucho más contundentes para garantizar la protección de la población civil. La comunidad internacional debe respaldar con firmeza al Estado congoleño para mejorar las iniciativas destinadas a proteger a la población civil, garantizar la justicia y proporcionar un apoyo a largo plazo y sostenible a víctimas y sobrevivientes. El desinterés de la política internacional y los círculos de donantes respecto de las amenazas y crímenes generalizados de las ADF solo servirá para seguir socavando la seguridad y los derechos humanos en la región oriental de la RDC”.Información complementariaLas ADF surgieron en la década de 1990 en Uganda al fusionarse varios grupos de la oposición antes de refugiarse en Zaire (actual RDC). En 2019, el Estado Islámico reconoció oficialmente el juramento de lealtad de las ADF y el grupo se convirtió finalmente en la Provincia del Estado Islámico en África Central. 

14. Canadá: Los discursos racistas y xenófobos impulsan en Internet el odio contra las mujeres y personas LGBTQI+ racializadas

    Un nuevo e innovador informe de investigación elaborado por Amnistía Internacional analiza el “virulento cóctel” de odio misógino, racista y xenófobo dirigido contra las mujeres y personas LGBTQI+ racializadas en Canadá.El odio es interseccional: la violencia de género facilitada por la tecnología (VGFT) xenófoba contra las mujeres y personas 2SLGBTQI+ racializadas en Canadá saca a la luz un compendio de tácticas y tropos nocivos que se propagan por las redes sociales mientras la retórica contra las personas migrantes aumenta en Internet y en el mundo físico. La presentación del informe viene acompañada de unos nuevos vídeos e imágenes para las redes sociales —que forman parte de la campaña global Seguridad en Internet (para mujeres, niñas y personas LGBTI), de Amnistía Internacional— a fin de contrarrestar el odio en Internet con mensajes de resistencia crítica, inclusión y esperanza.“Estamos en una epidemia de propagación de odio en el entorno digital concebida para intimidar, deshumanizar y atacar a las mujeres y personas LGBTQI+ migrantes y racializadas”, ha declarado Shreshtha Das, investigadora y asesora de género de Amnistía Internacional.“Estos ataques exponen a las mujeres y personas LGBTQI+ racializadas a un virulento cóctel de odio racista, xenófobo y misógino que está impregnado de las ideas de supremacía blanca. Esperamos que, al sacar a la luz los falsos discursos cargados de odio y el modo en que se propagan, podremos señalar el perjuicio que causan, ayudar a las personas sobrevivientes a conseguir el apoyo que necesitan y contribuir a la labor de resistencia que lleva a cabo el activismo.”Para llegar a sus conclusiones, el equipo investigador de Amnistía se basó en un análisis de textos asistido por ordenador de miles de publicaciones y comentarios de redes sociales, así como en entrevistas realizadas a mujeres y personas LGBTQI+ de comunidades negras, indígenas y otros grupos racializados que habían sufrido violencia de género facilitada por la tecnología (VGFT). (El término “LGBTQI+” se refiere a las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales o queer, e incluye otros grupos minoritarios que se ven discriminados por su orientación sexual o identidad de género.)El análisis llevado a cabo por Amnistía Internacional constató que las personas migrantes racializadas y otras percibidas como tales —sobre todo las mujeres y la población LGBTQI+— son constantemente objeto de ataques misóginos, homófobos y racistas, como los insultos misóginos, el uso de un lenguaje racista deshumanizador equiparándolas con animales o enfermedades, y los discursos que las presentan como “cargas” económicas y candidatas a la exclusión, la expulsión del país y la violencia. Ataques cargados de odio que propagan discursos falsosUn tema predominante que apareció en el análisis de las redes sociales era el discurso racista de que la “inmigración masiva” representa una amenaza existencial para Canadá, y en concreto para su población de “herencia” blanca. Muchos ataques xenófobos en Internet mencionaban las teorías racistas del denominado “gran reemplazo” o “genocidio blanco”, que afirman erróneamente que las poblaciones cristianas blancas están siendo sustituidas de forma deliberada por personas migrantes no blancas y su descendencia. Estos discursos presentan a las personas migrantes racializadas, y otras percibidas como migrantes, como amenazas para la identidad, las tradiciones y las instituciones nacionales basadas en la identidad colona europea, que se consideran intrínsecamente superiores; y sirven para justificar la VGFT racista y xenófoba, fundamentada en la brutal injusticia histórica del colonialismo cuyas repercusiones siguen presentes.En Canadá, las personas percibidas como procedentes de Asia meridional o musulmanas son las más afectadas por los ataques en Internet que aluden a la teoría del denominado “gran reemplazo”. En las publicaciones de redes sociales revisadas por Amnistía Internacional aparecían abundantes provocaciones pidiendo que se deportara a las mujeres y personas LGBTQI+ de comunidades racializadas, o se les decía a éstas que no formaban parte de Canadá y que debían “regresarse”, incluso en casos en los que la víctima era canadiense.En el análisis de las redes sociales y las entrevistas directas que Amnistía llevó a cabo se constató que la visibilidad pública de las mujeres racializadas elocuentes se presentaba como una toma hostil de las instituciones canadienses. La periodista Saba Eitizaz contó a Amnistía Internacional que en uno de los correos electrónicos que había recibido en 2022, cuando fue objeto de un ataque de odio violento y organizado, se “hablaba con gran detalle de que iban a romper[le] la mandíbula para que no pudiera hablar, y así no [la] matarían”.“El odio parecía estar más dirigido; no era nada más que rabia por el hecho de que yo incluso tuviera voz en los medios de comunicación canadienses.”El análisis de la información recopilada que Amnistía Internacional llevó a cabo también señala que los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+ se han instrumentalizado con frecuencia para presentar a las poblaciones migrantes racializadas como una amenaza para la seguridad pública y, en particular, para las familias blancas “tradicionales”. “Los ataques en Internet en los que se mencionan ‘bandas de violación’ y ‘bandas de captación de menores con fines sexuales’ —supuestamente dirigidas por varones negros y de piel morena— y ‘violadores inmigrantes’ propagan información errónea y evocan un sentimiento de amenaza sexual inminente, principalmente para las mujeres y las niñas y niños blancos”, ha agregado Shreshtha Das. “Además de avivar la ira y el odio equivocadamente dirigidos a las comunidades migrantes racializadas, esto no contribuye en nada a abordar las causas fundamentales de la violencia de género.”Esta retórica en Internet condice con las tendencias recientes de las denuncias de delitos de odio en Canadá: entre 2020 y 2023, la cifra anual de delitos de odio contra personas de Asia meridional creció un 90% y los delitos de odio contra personas musulmanas aumentaron un 150%, según Estadísticas Canadá. Los espacios en Internet no son distintos del mundo “fuera de Internet”, sino que reflejan y amplifican el discurso dominante —a menudo violento— sobre género, raza, migración y sus intersecciones. El perjuicio para la salud mental y físicaComo era de esperar, estos ataques dañan mucho a las personas que los reciben. Las mujeres y personas LGBTQI+ racializadas entrevistadas para el informe manifestaron sufrir graves perjuicios para su salud física y mental, lo que, a su vez, afectaba a su vida familiar y profesional. La periodista Erica Ifill, que en 2022 había sido objeto de un ataque de odio organizado, contó a Amnistía que se había sumido en una depresión profunda cuando empezó la campaña de odio en Internet. “Fue muy difícil, deprimente. Fue muy impactante… Me gusta llamarlo linchamiento digital. Me lincharon digitalmente.”Sin embargo, las personas sobrevivientes entrevistadas para el informe afirmaron que habían encontrado escaso o nulo acceso formal a la justicia. Ante la falta de medidas estructurales de protección adecuadas, algunas de ellas han recurrido a formas de autocensura tales como activar la privacidad de sus cuentas de redes sociales, abandonar determinadas plataformas o publicar de forma más selectiva.“Los cambios normativos no bastan”En respuesta, Amnistía Internacional concluye el informe con una serie de recomendaciones de política orientadas a desbaratar los discursos cargados de odio, aplacar la violencia y el hostigamiento en Internet y garantizar un apoyo integral a las personas sobrevivientes de VGFT.“Las autoridades canadienses deben adoptar medidas urgentes para prevenir y abordar de forma integral los discursos racistas y xenófobos que circulan en Internet —ha afirmado Ketty Nivyabandi, secretaria general de Amnistía Internacional Canadá (habla inglesa)—. Deben reconocer que los cambios normativos no bastan. Las figuras políticas de todas las tendencias tienen la responsabilidad de señalar los discursos cargados de odio cuando se topan con ellos. Y el resto no debemos permitir que consientan la retórica deshumanizadora que amenaza la seguridad de la gente, en Internet y en la calle, y mucho menos que incurran en ella.”Para acompañar el lanzamiento del informe, Amnistía Internacional ha puesto en marcha en las redes sociales una campaña centrada en Canadá en la que se cuestionan los discursos del “nosotros contra ellos” que dividen las comunidades, culpabilizan a las personas migrantes y avivan la violencia de género facilitada por la tecnología que pretende acallar a activistas y periodistas mujeres y LGBTQI+ que refutan estos relatos. La organización anima a la base de simpatizantes a difundir el vídeo de campaña, señalar estos discursos allá donde aparezcan y oponerse a su propagación amplificando los mensajes de solidaridad y reafirmando que somos mejores cuando nos unimos.“Lo que observamos no es sólo una retórica ofensiva, sino un esfuerzo coordinado por sacar a determinadas voces del panorama —ha señalado Elaheh Sajadi, responsable de campañas sobre derechos de género de Amnistía Internacional Canadá (habla inglesa)—. Contrarrestarlo exige resistencia y solidaridad colectivas para apagar el odio, reforzar el poder colectivo y transformar nuestro mundo juntos y juntas.”

15. La conferencia de Santa Marta abre la puerta a un impulso político histórico para unas transiciones justas que deben traducirse en una acción centrada en los derechos

    La Primera Conferencia Mundial sobre la Transición más allá de los Combustibles Fósiles ha transmitido una fuerte señal política de que la era de los combustibles fósiles debe terminar; esta “coalición de los hacedores” debe ahora convertir su compromiso en una cooperación internacional proactiva que allane el camino a transiciones justas basadas en los derechos. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, un día después de la finalización de la conferencia de Santa Marta.Convocada conjuntamente por los gobiernos de Colombia y Países Bajos, la conferencia reunió a representantes de 57 países productores y consumidores de combustibles fósiles junto con miembros de Parlamentos, intelectuales, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, movimientos de la infancia y la juventud y comunidades campesinas, entre otros.Celebrada del 24 al 29 de abril, la reunión tuvo lugar ante un telón de fondo de una crisis energética global alimentada por los conflictos armados y de la creciente frustración con las negociaciones climáticas de la ONU, que llevan tres decenios sin hacer frente de forma significativa a la producción de combustibles fósiles pese a la urgencia de la crisis climática.“Esta conferencia, que surgió como una idea entre un creciente grupo de países implicados en la Iniciativa del Tratado de Combustibles Fósiles, ha tenido lugar porque los procesos multilaterales existentes no están cumpliendo su función. Durante 30 años, las cumbres sobre el clima no han abordado de frente las causas fundamentales de la crisis climática”, ha manifestado Candy Ofime, investigadora y asesora jurídica sobre justicia climática de Amnistía Internacional. “Santa Marta ha mostrado que existe interés político en que los Estados desfosilicen la economía global y se embarquen en transiciones justas, pero ese impulso debe ahora traducirse en acciones concretas arraigadas en los derechos humanos.”Un momento de crisis y oportunidadLa conferencia tenía como objetivo crear una amplia “coalición de voluntades” que abarque diferentes sectores para acelerar el intercambio de conocimientos y el impulso político sobre una transición justa, en un momento en el que, como reconoció en su discurso de apertura Irene Vélez Torres, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, el mundo se enfrenta a una profunda crisis de multilateralismo. Los debates de la conferencia se organizaron en torno a tres pilares temáticos: superar la dependencia de los combustibles fósiles, transformar la oferta y la demanda y promover la cooperación internacional y la diplomacia climática.El 25 de abril, los convocantes anunciaron la creación de un nuevo grupo científico internacional cuyo objetivo era asesorar sobre la transición energética global a quienes elaboran las políticas. Aunque formulado como complementario al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, algunos participantes expresaron preocupación por la falta de claridad respecto a su composición, su mandato y sus resultados previstos, así como por la aparente ausencia de epistemologías diversas, incluida la consideración en condiciones de igualdad de los sistemas de conocimiento indígenas y tradicionales.Durante la sesión plenaria de clausura, Stientje van Veldhoven, ministra de Clima de Países Bajos, señaló que la conferencia de Santa Marta pretendía ser “un acelerador del trabajo” que operara en otros espacios multilaterales, incluidos procesos de la CMNUCC como la coalición para la eliminación progresiva de los incentivos a los combustibles fósiles, especialmente los subsidios, lanzada en la COP28, y subrayó la importancia de invitar a otros Estados a unirse a ella.No pueden dejarse de lado las demandas de las comunidadesLas comunidades más afectadas por la extracción de combustibles fósiles y por el impacto climático utilizaron la conferencia para lanzar una clara advertencia. Mediante una declaración presentada durante la reunión, los pueblos indígenas, las comunidades en primera línea y los movimientos sociales pidieron una transición inmediata y equitativa para abandonar los combustibles fósiles, basada en la autodeterminación, y pidieron también reparaciones por los daños sufridos y respeto por los derechos colectivos.Las ONG también expusieron tres prioridades básicas: reforma de la inversión, el comercio y la arquitectura económica internacionales para incrementar el espacio fiscal de los Estados —especialmente los países de la mayoría global— necesario para eliminar gradualmente los combustibles fósiles mediante una reforma de la deuda, una tributación justa y el rechazo de los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados; la adopción de un tratado sobre los combustibles fósiles; y la elaboración de planes nacionales de transición justa centrados en los derechos humanos y la protección social.“Estas demandas reflejan lo que, desde hace demasiado tiempo, falta en la política climática global: justicia, equidad y rendición de cuentas”, ha declarado Candy Ofime. “No se puede hablar de transición justa mientras los pueblos indígenas, las comunidades en primera línea y los grupos marginados sigan siendo sacrificados ante la contaminación, la deuda y la desposesión.”El proceso importaAmnistía Internacional recibió con satisfacción la metodología innovadora y más inclusiva de la conferencia, y el proceso de selección destinado a excluir a los actores vinculados al sector de los combustibles fósiles. Sin embargo, se plantearon preocupaciones respecto al proceso, incluidas algunas relacionadas con la emisión de visados para participantes inscritos de países de la mayoría global.“La conferencia adoptó un enfoque más integral y participativo que la mayoría de las cumbres multilaterales, y acogió positivamente las contribuciones de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, grupos de infancia y juventud, sindicatos y ONG”, declaró Candy Ofime. “Para que este proceso tenga credibilidad, debe seguir garantizando una participación efectiva y significativa de grupos que estuvieron infrarrepresentados en Santa Marta y desmantelar activamente los desequilibrios de poder a los que afirma hacer frente.”¿Y ahora qué?La Primera Conferencia Mundial sobre la Transición más allá de los Combustibles Fósiles no dio lugar a un resultado político negociado. Los convocantes han señalado que en los próximos meses, probablemente antes de la COP31, se publicará un informe de síntesis, y que el proceso continuará con una segunda conferencia, que los Estados insulares de Irlanda y Tuvalu anunciaron oficialmente que organizarían de forma conjunta en Tuvalu en 2027, lo que señala la importancia continuada de la colaboración norte-sur.Mientras los gobiernos se preparan para estos próximos pasos, Amnistía Internacional les insta a ir más allá del diálogo y allanar el camino para la adopción de un tratado sobre los combustibles fósiles.“La Corte Internacional de Justicia ha dejado claro que los Estados deben eliminar gradualmente los combustibles fósiles para mantener vivo el compromiso de 1,5 °C”, ha declarado Candy Ofime. “No basta con aprender. Los gobiernos tienen el deber legal de actuar ya, y deben optar por la valentía frente a la demora, la justicia o los beneficios, y las personas o los combustibles fósiles.”

16. El largometraje “Black Water”, dirigido por el navarro Natxo Leuza, Premio Amnistía Internacional

    El jurado que otorga el Premio Amnistía Internacional en la 23ª edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián ha concedido el galardón al largometraje “Black Water”, dirigido por el realizador navarro Natxo Leuza.La película trata de la problemática de los refugiados climáticos, y se centra en el caso de Bangladés, que en 2050 tendrá aproximadamente 220 millones de habitantes, a la vez que gran parte de su territorio quedará sumergido bajo el agua. Esta situación podría provocar el desplazamiento forzado de entre 10 y 30 millones de habitantes de la costa sur del país, obligando a muchos bangladesíes a huir. La población refugiada por motivos climáticos podría alcanzar la cifra de 250 millones de personas en todo el mundo para mediados de este siglo. A escala planetaria, se trata de la mayor migración masiva de la historia de la humanidad.En opinión del jurado “Black Water” refleja toda esta problemática con una excelente factura cinematográfica, a la vez que abre una ventana a la esperanza, a través de la acción de una periodista y activista climática y de la convocatoria de una gran movilización popular que se refleja al final de la película.El jurado del premio ha estado integrado por Diego Soto, guionista; Nuria Casal, productora; y por Nacho Gay, Oriol Porta y Joxe Belmonte, activistas de derechos humanos de Amnistía Internacional.El festival, que comenzó el pasado 23 de abril, se clausura esta tarde en una ceremonia que tendrá lugar en el Teatro Victoria Eugenia a partir de las 19:00 horas, en el curso de la cual también se hará entrega del Premio Amnistía Internacional. El galardón de este año es obra de la artista Uxue Lasa, representa una mano que atenaza el mundo bajo el avance de los autoritarismos, y expresa un cambio radical, al convertir un contenedor manchado de brea en una delicada obra de arte.

17. La descarada interceptación por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla que se dirigía a Gaza despierta el temor por 175 personas detenidas arbitrariamente

    Ante las informaciones de que fuerzas israelíes han interceptado al menos 22 barcos y detenido a unos 175 tripulantes de la Global Sumud Flotilla que intentaba romper el bloqueo ilegal impuesto por Israel y llevar ayuda humanitaria esencial a la Franja de Gaza ocupada, en medio del genocidio que está cometiendo Israel, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:“La interceptación descarada e ilegal por parte de Israel de los barcos de la Global Sumud Flotilla y la detención arbitraria de decenas de activistas subrayan las peligrosas consecuencias de decenios de impunidad por las constantes atrocidades cometidas por Israel contra la población palestina, incluidos el genocidio en la Franja de Gaza y el apartheid, y su ocupación ilegal de territorio palestino”.“Resulta deplorable que se haya detenido una vez más a activistas que participan en una misión pacífica de solidaridad destinada a romper el bloqueo ilegal impuesto por Israel en la Franja de Gaza y hacer llegar suministros y ayuda médica a personas que se enfrentan a una crisis humanitaria catastrófica causada por las condiciones impuestas deliberadamente por Israel.”“El hecho de que la marina israelí cruce cientos de millas marítimas sólo para asegurarse de que unos barcos civiles que transportan alimentos, leche maternizada y suministros médicos no llegan a la población palestina revela hasta dónde está dispuesto a llegar Israel para mantener su bloqueo cruel e ilegal, que dura ya 19 años, de la Franja de Gaza ocupada.”“A pesar del denominado alto el fuego en Gaza el 9 de octubre de 2025, Israel sólo ha permitido la llegada de unos suministros extremadamente limitados a una población que, en su gran mayoría, se ha visto obligada a desplazarse, y que vive en una situación de privación extrema y devastación total, hacinada en tan sólo el 40% de la Franja de Gaza, mientras el ejército israelí ha convertido la mayoría de su parte del territorio ocupado en zona prohibida y mortal para la población palestina.”“Existe profunda preocupación por la seguridad de los aproximadamente 175 activistas detenidos arbitrariamente y trasladados a Israel, después de que sus barcos fueran abordados en aguas internacionales cerca de Grecia e Israel bloqueara sus canales de comunicación, impidiéndoles coordinarse o pedir ayuda. Amnistía Internacional ha documentado malos tratos y abusos —entre ellos, privación del sueño y negación de agua potable y de atención médica— a activistas a bordo de la Global Sumud Flotilla que fueron detenidos en octubre de 2025, después de que el ejército israelí interceptara sus barcos. En Italia, estos abusos contra 36 activistas italianos están siendo investigados por la fiscalía de Roma, incluidas las denuncias de tortura y otros malos tratos.”“La tripulación de las embarcaciones interceptadas debe ser puesta en libertad inmediata e incondicional. Mientras estén bajo custodia, las autoridades israelíes deben garantizar que todos los activistas tienen acceso inmediato a ayuda consular, reciben un trato humano y gozan de protección frente a la tortura y otros malos tratos. Los Estados deben apoyar urgentemente a sus ciudadanos detenidos.  También deben adoptar de inmediato medidas tangibles para poner fin al genocidio perpetrado por Israel contra la población palestina en Gaza, entre otras cosas levantando de inmediato su bloqueo ilegal y permitiendo la entrada y distribución sin trabas de ayuda humanitaria en toda la Franja de Gaza. Los terceros Estados deben dejar de otorgar a Israel impunidad por sus atroces crímenes y acelerar la adopción de medidas para poner fin a la ocupación ilegal israelí del Territorio Palestino Ocupado, tal como señaló la Corte Internacional de Justicia en 2024.”

18. FIFA: Nueva norma reconoce a la selección femenina afgana

    (Vancouver, 29 de abril de 2026) — “La decisión del Consejo de la FIFA de aprobar reformas a su Reglamento de Gobernanza ofrece una oportunidad histórica para garantizar la igualdad de género y los derechos humanos en el deporte”, ha declarado hoy la Sport & Rights Alliance. Estos cambios permiten el reconocimiento oficial de la selección nacional femenina de Afganistán en el exilio, garantizando que las jugadoras pueden representar una vez más a su país en competiciones oficiales de la FIFA.“Nos dijeron durante cinco años que la selección nacional femenina de Afganistán no podría volver a competir nunca porque los hombres que tomaron el poder en nuestro país no lo permitirían”, dijo Khalida Popal, fundadora y directora de Girl Power y excapitana y cofundadora de la selección nacional femenina de Afganistán. “Estoy sumamente orgullosa de esta decisión de la FIFA y contenta de que nuestro apoyo colectivo no solo haya cambiado el futuro para las mujeres afganas, sino que también garantice que ninguna otra selección nacional tendrá que hacer los mismos sacrificios que nuestras jugadoras. Este es el renacimiento de la esperanza y un mensaje contundente para quienes tratan de borrar a las mujeres de la sociedad: no van a triunfar. Las mujeres tienen su lugar en la cancha, en la vida pública y en todos los lugares donde se toman decisiones”.La decisión, aprobada el 29 de abril de 2026 en el Consejo de la FIFA, confiere a la FIFA la autoridad, en consulta con la confederación correspondiente, de inscribir a una selección nacional para las competiciones oficiales cuando la federación miembro de su país “no pueda hacerlo”.“Esta decisión de la FIFA es fundamental para garantizar que cada federación miembro cumple sus responsabilidades para con la igualdad de género y los derechos humanos”, dijo Andrea Florence, directora ejecutiva de la Sport & Rights Alliance. “Esto es algo más que fútbol: es enviar el mensaje de que ningún gobierno debe tener el poder de borrar a las mujeres de la vida pública. Celebramos que la FIFA haya escuchado a las mujeres afganas y abordado esta laguna en sus estatutos. Estamos deseando animarlas durante muchos años más”.Desde que los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021 y prohibieron posteriormente a todas las mujeres y niñas participar en el deporte, la selección nacional femenina afgana de fútbol vive y se entrena en el exilio, repartida entre Albania, Australia, Estados Unidos, Portugal y Reino Unido. A pesar de su probada resiliencia, las integrantes del equipo fueron excluidas de las competiciones oficiales porque las normas de la FIFA exigían la aprobación de la Federación de Fútbol de Afganistán, controlada por los talibanes. La nueva reforma pone fin efectivamente a este requisito.“La FIFA ha hecho por fin lo correcto cerrando la laguna jurídica que permitía la aplicación en el escenario mundial de las políticas discriminatorias de los talibanes”, afirmó Minky Worden, directora de iniciativas globales en Human Rights Watch. “La medida de la FIFA debe servir de modelo de la respuesta que deben dar los organismos deportivos internacionales cuando se excluya sistemáticamente a atletas debido a su género, etnia o creencias”.En un informe decisivo publicado en marzo de 2025, It”s Not Just a Game. It”s Part of Who I am, la Sport & Rights Alliance expuso los motivos de la selección nacional femenina de Afganistán por los que debía ser reconocida, señalando que la exclusión continuada del equipo era una infracción de los mandatos de no discriminación e igualdad de género de la FIFA. Aunque la FIFA formó posteriormente el equipo de personasa refugiadas Afghan Women United como solución parcial, la decisión de hoy abre la vía para conceder a las jugadoras la plena condición y participación como selección nacional.“Las mujeres afganas han sido castigadas dos veces: una por los talibanes que las expulsaron de su hogar, y de nuevo por los organismos deportivos mundiales que dejaron que cayeran en el olvido”, dijo Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional. “El reconocimiento oficial de la selección femenina de fútbol representará un paso hacia la justicia para todas las mujeres afganas y la prueba de lo que se puede lograr cuando la comunidad internacional se niega a apartar la mirada”.La Sport & Rights Alliance expresa su más profunda gratitud a todas las jugadoras, a la afición, a entrenadores y entrenadoras, y a activistas de todo el mundo cuyo incansable labor de incidencia ha hecho posible este día. Esta victoria pertenece a las jugadoras, pero sus repercusiones se sentirán más allá de la cancha y sentarán el precedente definitivo de que las mujeres y las niñas tienen un lugar en el deporte y en todos los sitios donde decidan estar.Citas de jugadoras:“En los últimos años hemos jugado con muchos nombres —como refugiadas, como ‘Afghan Women United’ y como invitadas de otros clubes—, pero en nuestro corazón, siempre hemos sido la selección nacional. No tengo palabras para describir el sentimiento de esperanza de poder lucir de nuevo nuestra bandera oficialmente”.Nazia Ali, Afghan Women United, Australia.“Este logro de hoy rinde homenaje al largo y doloroso camino que hemos recorrido como futbolistas afganas luchando contra la discriminación, el abuso y el hostigamiento simplemente por el derecho a practicar el deporte que amamos. Muchas de nosotras hemos hecho enormes sacrificios, perdiendo nuestros hogares, nuestro país, nuestras carreras y años preciosos de nuestra vida como futbolistas en la lucha por la dignidad y la libertad. Pero nos negamos a rendirnos. Hoy no se trata solo del reconocimiento, sino de asegurar nuestro futuro. Este equipo dejará de ser un proyecto temporal o simbólico: será permanente. Con nuestra resiliencia y los sacrificios de muchas jugadoras, transmitimos un mensaje claro al mundo: Las mujeres afganas estamos aquí para quedarnos”.Sevin Azimi, Afghan Women United, Reino Unido.“Hoy el poder de los talibanes ya no alcanza al mundo del fútbol internacional. No es el final del apartheid de género en nuestro país, pero sí es una señal de que la lucha no ha terminado. Cuando saltamos a la cancha de nuevo como selección nacional femenina de Afganistán, estamos transmitiendo a nuestras hermanas el mensaje de que estamos con ellas, de que nada es imposible”.Maryam Karimyar, Afghan Women United, Portugal.

19. PP, Junts, Vox y PNV se niegan a validar la prórroga que ya protege a más de 35.000 familias de las subidas del alquiler

    La Coalición #NiUnDesahucioMás, que engloba a más de 100 organizaciones sociales, en este mes de vigencia del Real Decreto Ley se han solicitado más de 33.500 prórrogas.  Hoy en el Congreso de los Diputados se votaba la convalidación del Real Decreto Ley para la prórroga de alquileres y limitación a la subida interanual de la renta del alquiler, el cual ha decaído con los votos en contra del PP, VOX, JUNTS y UPN, la misma coalición que tumbó hace escasos meses la moratoria anti-desahucios.  Además, en esta última votación, PNV se ha abstenido.La Coalición #NiUnDesahucioMás estima que en este mes de vigencia del Real Decreto se han solicitado más de 33.500 prórrogas**, las cuales se deberán respetar por parte de la propiedad y los tribunales al haberse solicitado durante su período de vigencia y gozar de total validez jurídica. No obstante, a pesar del esfuerzo realizado por las organizaciones sociales para llegar a este número de prórrogas, cientos de miles que no lo han podido solicitar quedarán en desprotección al no convalidarse el Real Decreto-Ley. Según cifras del Ministerio de Consumo alrededor de un millón de hogares inquilinos podían acogerse a la prórroga, medida que ha tenido un amplio eco social y mediático, de manera que el número de prórrogas solicitadas han sido muy superiores a la cifra estimada por nuestras organizaciones.De este modo se plantea un contexto alarmante para el derecho a la vivienda. Con la caída de la moratoria anti-desahucios y la prórroga de alquileres, en los próximos meses se puede producir un tsunami de desahucios. La activación de los 70.000 desahucios paralizados, más todos los desahucios invisibles que se produzcan de aquellos alquileres que no se hayan acogido a la prórroga, agravará de manera exacerbada la crisis de vivienda que atraviesa el país. Denunciamos que las administraciones públicas no están dando respuesta a esta grave crisis e incluso, en zonas dónde ni siquiera se ha hecho declaración de zona de mercado residencial tensionado, no existe provisión razonable de viviendas para acoger a toda la gente que será desalojada en los próximos meses y años, si no se toman medidas mucho más ambiciosas. Desde la Coalición #NiUnDesahucioMás, pensamos que esta situación no podrá ser mitigada con la reciente aprobación del Plan Estatal de Vivienda, que, aunque apuesta por ampliar el parque de vivienda de protección oficial permanente, no prevé los recursos suficientes para conseguir las cantidades ingentes de vivienda a precio asequible que se necesitan para mitigar el principal problema de la sociedad española. Además, hasta que las medidas propuestas en el Plan sean aplicadas, las familias seguirán sin poder acceder a viviendas y seguirán sufriendo desahucios diarios.  Reclamamos una vez más un plan de contingencia o “de choque” valiente que aborde de manera estructural e inmediata el problema de la especulación con la vivienda. Entre las medidas propuestas debería incluir la recuperación de la moratoria de desahucios, contratos de arrendamiento indefinidos, control de precios de la vivienda y captación de vivienda mediante la figura del tanteo y retracto para ser destinada a alquiler social y asequible. Se trata de medidas coyunturales imprescindibles mientras se trabaja para aumentar el parque de vivienda social que nos equipare a los países más avanzados del mundo en la materia, en los cuales afirmar que “la vivienda es el quinto pilar del estado del bienestar” no suena a eslogan sino a realidad.  A su vez, mientras que se reduce la protección en materia de vivienda con la población vulnerable, se está produciendo una inacción por parte de las administraciones públicas ante el mercadeo de fondos buitre con antigua vivienda pública. Hace escasas semanas se hacía pública la venta de 5.000 viviendas de Blackstone a Brookfield, dejando en el limbo la situación de sus inquilinos.  Ante todos estos acontecimientos, la Coalición #NiUnDesahucioMás anuncia que durante las próximas semanas se convocarán movilizaciones masivas para hacer frente a esta situación y señalar a todos los responsables políticos, y hace un llamado a la ciudadanía para que exija en la calle y de manera urgente medidas a todos los niveles de la administración que sean soluciones reales al problema de la vivienda. **La cifra estimada de prórrogas solicitadas es una aproximación de mínimos, obtenida a partir de las descargas en las webs oficiales de las organizaciones que han habilitado documentos específicos para que los y las inquilinas se acojan al Real Decreto-ley 8/2026. Muchas de las organizaciones sociales firmantes han difundido los documentos mencionados, asesorando además en sus organizaciones territoriales a hogares inquilinos sin llegar a contabilizarlos. 

20. Oriente Medio: Los líderes mundiales deben centrarse en la protección de la población civil y acordar un alto el fuego duradero y sostenible

     “Los acuerdos de alto el fuego, frágiles y temporales, entre Estados Unidos e Irán, y entre Israel y Líbano, deben ser sustituidos por un alto el fuego regional duradero, sostenible y completo que abarque todos los países afectados por este conflicto para evitar más sufrimiento catastrófico de la población civil y allanar el camino a la justicia, el respeto al derecho internacional y la protección de los derechos humanos a largo plazo para todas las personas”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.Pese a la reducción de las hostilidades armadas, este sigue siendo un momento crítico y enormemente precario en todo Oriente Medio. Los dos acuerdos vigentes de alto el fuego son frágiles y temporales, y podrían romperse en cualquier momento y, una vez más, poner en peligro la vida de millones de civiles. Estados Unidos e Irán continúan intercambiando amenazas y llevando a cabo ataques e incautaciones de buques en el Estrecho de Ormuz. En Líbano , como viene ocurriendo desde 2024, el alto el fuego más reciente ha causado la reducción, aunque no el fin, de las hostilidades y el ejército israelí sigue en territorio libanés ordenando a residentes de decenas de pueblos de las zonas fronterizas que no regresen. Mientras tanto, la población civil de Irán se enfrenta al doble riesgo de sufrir crímenes atroces ligados a la reanudación de los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel, así como la represión letal de las autoridades iraníes.“Los ataques del 28 de febrero de Estados Unidos e Israel contra Irán fueron ilegales, violaron la prohibición de la Carta de la ONU del uso de la fuerza y desencadenaron actos ilegítimos cometidos por las autoridades iraníes en represalia. Desde entonces, más de 5.000 personas han muerto y la vida de millones de civiles de todo Oriente Medio se ha visto trastornada debido a la intensificación de los conflictos interrelacionados en toda la región y a los ataques a civiles e infraestructura civil. Todas las partes —Estados Unidos, Israel, Irán y Hezbolá — han perpetrado ataques ilegales que muestran un escalofriante desprecio por la vida humana, mientras el presidente estadounidense ha amenazado abiertamente con cometer crímenes de guerra e incluso genocidio, y con borrar ‘una civilización entera’ en Irán”.“La comunidad internacional debe marcar un límite: debe haber un alto el fuego duradero y auténtico, lo que exige el cese total de las hostilidades armadas por todas las partes en todos los países afectados”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.“Es evidente que los denominados acuerdos de alto el fuego alcanzados en Gaza en 2025 y en Líbano en 2024 no han detenido los ataques israelíes contra la población civil, pues desde entonces han muerto hasta 765 personas palestinas y se están produciendo ataques aéreos casi a diario y la destrucción generalizada de bienes civiles en el sur de Líbano ”.“En una región marcada desde hace tiempo por los conflictos, en medio de una impunidad arraigada para los crímenes de derecho internacional y la amenaza constante de la reanudación de la violencia, la población civil no puede permitirse otra pausa parcial, selectiva o breve que la deje viviendo en el temor y preparándose para que se repitan las atrocidades que ha sufrido”.Los conflictos armados se han extendido con rapidez a 12 países, poniendo en peligro la vida y la salud de millones de civiles con ataques que destruyen viviendas civiles e infraestructuras críticas, dañan el medioambiente y desencadenan repercusiones económicas que afectan a la región y al mundo.Un alto el fuego sostenible y duradero es la única vía creíble para proteger a la población civil y allanar el camino a la seguridad a largo plazo, la protección de los derechos humanos y la justicia para toda la población de la región, incluidas las de Irán, Líbano, Israel, el Territorio Palestino Ocupado y los Estados del Golfo Pérsico.Según cifras oficiales, en Irán, a 7 de abril, los ataques de Estados Unidos e Israel han causado la muerte de al menos 3.375 personas y heridas a 25.000, entre ellas cientos de niños y niñas. Los ataques de Estados Unidos e Israel se produjeron cuando la población estaba aún recuperándose de las masacres sin precedentes de miles de manifestantes y viandantes perpetradas por las autoridades iraníes durante la represión de las protestas de enero de 2026.En Líbano , cuando se anunció el alto el fuego, habían muerto 2.294 personas, entre ellas 177 niños y niñas, y resultado heridas más de 7.500. Desde el alto el fuego, Israel y Hezbolá han seguido intercambiando ataques mientras continúan llegando informes sobre víctimas civiles.Al menos 21 civiles han muerto en Israel, donde la población sufre ataques de Irán y de Hezbolá . En la Cisjordania ocupada han muerto cuatro personas. Entre el 28 de febrero y el 15 de abril de 2026, han muerto al menos 29 personas en el Golfo Pérsico: 13 en Emiratos Árabes Unidos, siete en Kuwait, tres en Bahréin, tres en Omán y tres en Arabia Saudí. Estas cifras no incluyen las bajas militares estadounidenses.En un documento publicado hoy, Amnistía Internacional detalla el doble riesgo que sufre actualmente la población de Irán, atrapada entre el conflicto armado y una represión letal. La organización subraya la necesidad de un enfoque diplomático doble, centrado en las personas, que combine iniciativas para establecer un alto el fuego duradero con medidas concretas para prevenir que las autoridades iraníes cometan crímenes atroces.“Un alto el fuego que no vaya acompañado de soluciones a largo plazo que salvaguarden los derechos humanos y aborden las causas fundamentales es poco más que poner un parche temporal sobre una herida profunda. Esto es especialmente cierto en Irán, donde la población sigue corriendo el riesgo de sufrir más atrocidades a manos de las autoridades de la República Islámica, y en Líbano , donde la población civil afronta la perspectiva de la reanudación del conflicto, el desplazamiento indefinido de civiles y la destrucción de sus casas”, añadió Agnès Callamard.“ Estamos delante de una erosión peligrosa y continua del orden jurídico internacional global y del respeto al derecho internacional humanitario. La comunidad internacional debe investigar a fondo los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en violación de la Carta de la ONU y todos los crímenes de derecho internacional, y garantizar que tanto Estados como personas responden de sus actos”.Víctimas civiles en LíbanoEn Líbano , donde los ataques de Israel han tenido un impacto devastador en la población civil y han continuado en los últimos días, es urgente un alto el fuego duradero que se aplique tanto a Israel como a Hezbolá y garantice la protección de toda la población civil a largo plazo a ambos lados de la frontera. El ejército israelí debe cesar inmediatamente los ataques, dejar de arrasar edificios civiles, y retirarse de Líbano . Se debe permitir el retorno de todas las personas desplazadas de sus hogares. Hezbolá debe dejar de lanzar ataques en Israel.Israel ha afirmado que se abstendría de realizar ataques ofensivos durante el alto el fuego, pero que se reservaba el derecho de tomar “todas las medidas necesarias de defensa propia en cualquier momento contra ataques planeados, inminentes o en curso” y que no se retiraría de territorio libanés. Durante el alto el fuego actual y también en el anterior, acordado en noviembre de 2024, Israel ha seguido realizando ataques casi a diario y destruyendo bienes civiles libaneses a lo largo de la frontera. Para la población civil, esto ha provocado el desplazamiento prolongado, la destrucción de sus medios de subsistencia y la angustia de vivir en la incertidumbre mientras sigue sin haber ni rastro de rendición de cuentas y reparación.Hezbolá también ha lanzado ataques, incluso al interior del norte de Israel, desde el actual acuerdo de alto el fuego de 2026.Desde el 2 de marzo de 2026, el ejército israelí ha llevado a cabo incesantes ataques aéreos en todo el país, causando la muerte y heridas a civiles, personal sanitario y periodistas. Las órdenes de “evacuación” masiva, excesivamente generales, del ejército israelí que abarcan enormes extensiones del sur de Líbano y los suburbios meridionales de Beirut han desplazado a más de un millón de personas. Las fuerzas israelíes también han llevado a cabo la destrucción generalizada de zonas residenciales y otras infraestructuras civiles en el sur de Líbano y continúan derribando viviendas en pueblos de la frontera. En una de las peores jornadas, el 8 de abril, el ejército israelí alardeó de haber realizado en Líbano 100 ataques en apenas 10 minutos que habían matado a más de 350 personas, incluidos ataques simultáneos en zonas civiles concurridas del centro de Beirut sin aviso previo. La impunidad absoluta de la que goza Israel por sus ataques ilegales de 2024 en Líbano ha propiciado que cometa nuevas violaciones en 2026.Después de reiterados episodios de conflicto devastador caracterizados por crímenes de derecho internacional, una impunidad absoluta y vidas civiles afectadas una y otra vez, deben elaborarse e implementarse planes para la rendición de cuentas. Los crímenes de derecho internacional deben investigarse de forma creíble y los presuntos perpetradores, ser enjuiciados por tribunales nacionales o internacionales. El gobierno libanés debe facilitar las iniciativas de rendición de cuentas, lo que incluye aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La población civil perjudicada por las violaciones del derecho internacional humanitario debe recibir reparaciones sin demora, adecuadas y efectivas que reconozcan el alcance del daño sufrido.La población iraní se enfrenta a un doble riesgo de sufrir atrocidadesEn Irán, decenas de miles de ataques aéreos de Estados Unidos e Israel entre el 28 de febrero y el 7 de abril han causado graves daños a la población civil. En un incidente atroz, un ataque ilegal estadounidense contra una escuela en Minab mató a 156 personas, 120 de ellas menores. Los ataques de Estados Unidos e Israel también han destruido y causado daños generalizados a infraestructura civil como centrales eléctricas, puentes, universidades, escuelas, edificios de viviendas, centros médicos, fábricas siderúrgicas e instalaciones petroquímicas, poniendo en peligro la vida y los medios de subsistencia de millones de personas y dañando el medioambiente.Sin embargo, ni siquiera un alto el fuego duradero puede garantizar por sí solo la protección de la población civil ni salvaguardar los derechos humanos de las personas en Irán. Manifestantes, disidentes y otras personas que propugnan un cambio político fundamental siguen corriendo un grave riesgo de sufrir atrocidades a manos de las autoridades iraníes. Desde los ataques de Estados Unidos e Israel, las autoridades iraníes han intensificado su represión de toda oposición, real o percibida, en medio del cierre de Internet impuesto por el Estado más largo registrado en el país. En las últimas semanas, las autoridades han hecho declaraciones amenazantes equiparando cualquier tipo de disidencia con ponerse del lado del “enemigo”, y han amenazado abiertamente con más homicidios masivos de quienes expresen disidencia o propugnen de forma pacífica la caída del sistema de la República Islámica, alardeando públicamente de haber llevado a cabo miles de homicidios ilegítimos de manifestantes en enero de 2026. Las autoridades también han ejecutado arbitrariamente al menos a 19 personas: ocho manifestantes, nueve disidentes y dos personas acusadas de espionaje para Estados Unidos y/o Israel. Además, las autoridades persisten en llevar a cabo detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas y torturas para acabar con la disidencia.La repetición de atrocidades en Irán tiene su origen en una estructura constitucional que refuerza la impunidad y la discriminación sistémica, y priva a la población de acceso a la justicia y de recursos efectivos.Para garantizar que la población de Irán no corre el riesgo de sufrir nuevas masacres, el alto el fuego debe ir acompañado de medidas diplomáticas urgentes de la comunidad internacional destinadas a impedir que las autoridades iraníes cometan crímenes atroces y apoyar los llamamientos encabezados por la sociedad civil iraní en favor de cambios fundamentales, incluso a la Constitución, para garantizar la igualdad y el respeto a los derechos humanos, incluido el derecho a la vida.“En un país que se está recuperando del efecto combinado de devastadores bombardeos estadounidenses e israelíes, y masacres orquestadas por el Estado, el riesgo de que las autoridades iraníes cometan crímenes atroces contra la población del país sigue siendo significativo. La población sufre la amenaza de nuevos ataques aéreos y homicidios masivos si se rompe la tregua, y la perspectiva de vivir una represión letal y otra oleada grave de homicidios a manos de unas fuerzas de seguridad listas para disparar contra manifestantes y disidentes a quienes etiquetan de ‘enemigos’” , dijo Agnès Callamard.“La comunidad internacional debe reconocer que la crisis de derechos humanos e impunidad de Irán, agravada ahora por los ataques ilegales de Estados Unidos e Israel, y el enorme sufrimiento de la población civil exigen una respuesta diplomática doble y centrada en las personas. Esto significa combinar iniciativas para investigar las violaciones de la Carta de la ONU, proteger a la población civil y defender el derecho internacional humanitario con acciones destinadas a prevenir crímenes atroces de las autoridades iraníes y apoyar los llamamientos de la sociedad civil iraní en favor de una constitución que respete los derechos. También significa establecer vías para la justicia internacional, que incluye la remisión por el Consejo de Seguridad de la ONU de la situación de Irán a la Corte Penal Internacional” .Daños a la población civil de la regiónUn alto el fuego duradero y sostenible es también el único medio de garantizar la protección de la población civil y un futuro seguro, justo y sostenible para las personas de toda la región.La población civil de Israel y el Territorio Palestino Ocupado ha sufrido ataques tanto de misiles iraníes como de cohetes de Hezbolá . En Israel, han muerto al menos 34 personas en 2026: 21 civiles y 13 soldados en operaciones de combate en el sur de Líbano . En un ataque ilegal, Amnistía Internacional halló que se había usado un misil balístico tremendamente impreciso para efectuar un ataque que alcanzó una sinagoga en Beit Shemesh y que causó la muerte de nueve civiles israelíes. El grupo armado huzí en Yemen también ha lanzado misiles de forma reiterada contra Israel, incluso en marzo de 2026. Cuatro mujeres palestinas murieron en la Cisjordania ocupada debido a ataques de misiles iraníes. Durante la escalada de 2024, Amnistía Internacional documentó el uso por Hezbolá de armas intrínsecamente imprecisas para lanzar ataques ilegales con cohetes que causaron la muerte y heridas a civiles en Israel en violación del derecho internacional humanitario.Las autoridades israelíes deben abstenerse de realizar ataques ilegales y comprometerse públicamente a respetar plenamente el derecho internacional humanitario, y en concreto, la prohibición de dirigir ataques contra civiles y bienes de carácter civil. Si no se toman medidas reales y concretas para acabar con las violaciones del derecho internacional y abordar la impunidad arraigada, el riesgo de que se repitan episodios de conflicto armado, los crímenes de guerra y otras violaciones graves seguirá siendo constante.Los ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Arabia Saudí, Bahréin y Omán han intensificado los riesgos para la población civil, pues estos ataques se extienden más allá de las bases militares estadounidenses y dañan infraestructura energética, aeropuertos, plantas desalinizadoras y barrios residenciales. Las autoridades iraníes han declarado abiertamente su intención de causar daños económicos y atacar los intereses económicos estadounidenses.“La escalada regional más reciente se produce después de más de dos años y medio de conflicto incesante en todo Oriente Medio, desde los ataques dirigidos por Hamás contra civiles en el sur de Israel del 7 de octubre de 2023 hasta el genocidio cometido por Israel contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada, y los ataques de Israel de 2024 en Líbano ”, concluyó Agnès Callamard.“Mientras se cierne la amenaza de nuevas atrocidades, la inacción global socava los mecanismos con los que cuenta la comunidad internacional para prevenir las atrocidades masivas y responder a ellas. Los líderes y lideresas del mundo deben unirse con urgencia para lograr la entrada en vigor inmediata de un alto el fuego duradero y total a fin de detener la normalización del sufrimiento masivo de la población civil, defender nuestra humanidad común y contribuir a crear en toda la región las condiciones para un futuro basado en los derechos humanos, la justicia y una estabilidad duradera”.