Amnistía Internacional Sp

1. Afganistán: cinco años de persecución sistemática de los derechos de las mujeres y las niñas

   Hoy 15 de agosto se cumplen cinco años desde que los talibanes retomaron el control de Afganistán. Cinco años en los que millones de mujeres y niñas han visto cómo sus derechos y libertades están siendo restringidos de forma progresiva y sistemática.Las organizaciones Amnistía Internacional, Entreculturas y Mundo Cooperante queremos expresar nuestra profunda preocupación y condena ante el deterioro continuado de los derechos de las mujeres y las niñas afganas. La exclusión de las niñas de la educación secundaria y universitaria; las restricciones a su libertad de movimiento, participación y expresión; así como las limitaciones impuestas a su acceso al empleo y a la vida pública, configuran un sistema de discriminación institucionalizada basada en el género. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas y el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán han identificado esta terrible situación como una forma de apartheid.En este contexto, la aprobación en mayo de 2026 por parte de las autoridades talibanas de facto del denominado Decreto nº 18 ha generado una alarmante preocupación entre Naciones Unidas y organizaciones de derechos humano debido a que esta norma reconoce los matrimonios concertados durante la infancia, refuerza el control de los tutores masculinos sobre las decisiones matrimoniales y establece obstáculos adicionales para que mujeres y niñas puedan cuestionar o abandonar estas uniones. Además, impone la aprobación de un tribunal como requisito indispensable para conseguir la impugnación de dichos matrimonios por parte de mujeres y niñas, a pesar de que a los hombres no se les imponen barreras comparables a la hora de disolver sus matrimonios, pudiendo divorciarse de forma unilateral y sin necesidad de testigos, de confirmación judicial o de complejos requisitos técnicos. Asimismo, contempla que el silencio de una niña tras alcanzar la pubertad pueda interpretarse como consentimiento para aceptar el matrimonio.El matrimonio infantil y forzado no puede entenderse de manera aislada. Es consecuencia y, al mismo tiempo, causa de múltiples desigualdades. Allí donde las niñas pierden el acceso a la educación, a la protección, a la salud y a oportunidades para desarrollar su proyecto de vida, aumenta también el riesgo de que sean obligadas a asumir roles y responsabilidades que no les corresponden.Por eso, la respuesta no puede limitarse únicamente a la prohibición legal de los matrimonios infantiles y forzados, sino que su erradicación requiere políticas integrales que garanticen el acceso de las niñas a la educación, la protección social, la salud, la participación y el ejercicio pleno de sus derechos. También exige apoyar a las niñas y mujeres que ya se encuentran en estas situaciones, asegurando su acceso a la justicia, a la protección, a programas de reparación y a oportunidades para reconstruir sus vidas.Desde las organizaciones Amnistía Internacional, Entreculturas y Mundo Cooperante hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que actúe de inmediato, mediante la presión diplomática y la interacción basada en principios con las autoridades talibanas de facto y exija la derogación de todas las leyes y normas discriminatorias, el restablecimiento de un ordenamiento jurídico formal, la protección de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y niñas afganas y el establecimiento del Estado de derecho en Afganistán.

2. Amnistía Internacional pide información a España sobre la respuesta a la llegada masiva de personas a Ceuta y denuncia posibles devoluciones sumarias

   Amnistía Internacional ha solicitado información a las autoridades españolas sobre garantías procesales aplicadas a menores y solicitantes de asilo; la situación de los menores no acompañados en la calle; denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad o de violencia por parte de civiles contra inmigrantes tras la entrada de 72.000 personas en Ceuta, entre ellas menores de edad, desde Marruecos, muchas de ellas nadando.Preocupación por devoluciones sumariasEl gobierno español, a través de declaraciones del Delegado del Gobierno en Ceuta, ha afirmado que la mayoría de las personas que han regresado a Marruecos —cerca de 70.000 de las 72.000 llegadas— lo han hecho de forma voluntaria. Sin embargo, Amnistía Internacional está alarmada por informes de devoluciones forzosas sumarias e ilegales en la frontera que contradicen esta afirmación.La organización señala además informes, no confirmados por Amnistía Internacional, según los cuales a personas que cruzaron a Ceuta se les negó inicialmente el acceso al agua, los alimentos o la asistencia básica, e incluso fueron objeto de ataques por parte de algunos grupos de ciudadanos.Amnistía Internacional observa asimismo la instalación de elementos de contención en el mar, en lo que parece una respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo del 29 de junio y ha recibido informes de que a personas que nadaron más allá de estos dispositivos han sido objeto de rechazos en frontera. La organización recuerda que esa misma sentencia establece que las autoridades deben respetar en todos los casos el derecho internacional de los derechos humanos, lo que incluye evaluar cada caso individualmente, prestar especial atención a personas especialmente vulnerables, como menores o mujeres embarazadas, y permitir la formalización de solicitudes de asilo.La organización recuerda que en 2025 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó a España a abstenerse de aplicar devoluciones sumarias y expulsiones en la frontera, incluidas las devoluciones inmediatas de personas interceptadas en el mar o en las playas, y a garantizar que todos los procedimientos de devolución respeten las garantías del derecho internacional de los derechos humanos, incluido el principio de no devolución.La organización lamenta profundamente la pérdida de vidas a ambos lados de la frontera. Según informes, se han recuperado al menos 83 cadáveres en el lado español, cifra que podría ser superior, ya que la organización Caminando Fronteras afirma que se han recuperado 67 cadáveres en Marruecos. Amnistía Internacional recuerda que la pérdida de vidas en las fronteras europeas no es un hecho excepcional, sino la consecuencia mortal de las políticas de refuerzo del control fronterizo y de externalización de responsabilidades a terceros países combinadas con la falta de vías seguras y legales y de una política de asilo y migración centrada en las personas.La organización rechaza con firmeza la retórica que ha calificado la situación de «invasión», como hizo el presidente de Ceuta, al reforzar estereotipos racistas y deshumanizar a personas migrantes y refugiadas, y pide a las autoridades que se opongan firmemente a este discurso. Amnistía Internacional recuerda que, aunque los Estados tienen la prerrogativa de gestionar sus fronteras, deben hacerlo con humanidad, respetando los derechos humanos de todas las personas sin discriminación y evitando situaciones que las expongan a abusos y peligro. La magnitud de la llegada no exime al Estado de sus compromisos en materia de derechos humanos, especialmente hacia la infancia y las personas con necesidad de protección internacional. Solicitud de datosAmnistía Internacional ha solicitado a las autoridades españolas datos actualizados sobre el número de llegadas, muertes, nacionalidades, edad y género de las personas que han cruzado desde el 30 de julio; información sobre las devoluciones a Marruecos, incluida la distribución entre retornos voluntarios y forzados y las garantías procesales aplicadas; datos sobre el acceso al procedimiento de asilo; la situación de los menores no acompañados; y las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad o de violencia por parte de civiles contra inmigrantes.La organización pregunta también por la existencia de un supuesto acuerdo entre España y Marruecos para la devolución de todas las personas que hayan entrado en Ceuta, del que ha informado la prensa, y solicita que dicho acuerdo se haga público.Según datos de la Delegación de Gobierno, actualmente hay unas 2.500 personas en Ceuta tras las llegadas del 30 de julio, cifra que el presidente de Ceuta eleva a entre 8.000 y 9.000. Entre las personas llegadas se encuentran nacionales de Marruecos, Sudán, Yemen, Eritrea, Malí, Bangladesh, Palestina, Chad, Gambia, República Centroafricana, Benín, Senegal y Guinea-Conakry, varios de cuyos países viven situaciones de conflicto armado activo y violaciones de derechos humanos documentadas por Amnistía Internacional, por lo que es probable que algunas de estas personas tengan necesidad de protección internacional.La organización toma nota del anuncio de la creación de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en Ceuta, y acoge con satisfacción las medidas para ampliar la capacidad del sistema de acogida, pero insta a garantizar condiciones adecuadas y una acogida digna.Situación de la infanciaSegún el Gobierno, 1.527 menores no acompañados llegados desde el 30 de julio ya han sido identificados por las autoridades. Se han habilitado colegios para acoger a menores, algunos pensados específicamente para   niñas. También se han recuperado centros que habían sido cerrados hace apenas semanas por no cumplir con condiciones adecuadas, como el centro Nueva Esperanza. No obstante, preocupan a la organización los informes sobre miles de menores que no tienen alojamiento y duermen en la calle. Amnistía Internacional subraya la necesidad urgente de establecer procedimientos ágiles para identificar a estos menores, ponerlos bajo la protección de una entidad de tutela, garantizar su derecho a solicitar asilo y a la asistencia letrada en su idioma, y ofrecerles apoyo psicológico ante el posible trauma sufrido durante el viaje. La organización se ha dirigido a los gobiernos autonómicos, con ocasión de la Conferencia Sectorial de Infancia, para pedirles que acepten la acogida urgente de los niños y niñas que se encuentran ahora en Ceuta y proporcionen una solución duradera basada en el interés superior de cada niño y niña.La organización espera poder iniciar un diálogo con las autoridades españolas y que éstas proporcionen información detallada de la respuesta del Estado a la llegada masiva de unas 72.000 personas desde Marruecos a partir del 30 de julio. Entendiendo muy bien las difíciles circunstancias que las autoridades, fuerzas de emergencia y las fuerzas de seguridad han enfrentado en los últimos días es esencial evitar reforzar estereotipos racistas y deshumanizar a personas migrantes y refugiadas, y pide a las autoridades que se opongan firmemente a este discurso  y que se tomen con prontitud las siguientes seis medidas urgentes:RecomendacionesAmnistía Internacional insta a las autoridades a:   • Abstenerse en todos los casos de llevar a cabo expulsiones colectivas o sumarias de personas en frontera que vulneren el principio de no devolución, garantizando que se respeten plenamente las garantías procesales individuales.   • Garantizar que los retornos voluntarios se basen estrictamente en el consentimiento libre e informado de la persona, sin coacción de ningún tipo, especialmente de menores.   • Facilitar un acceso rápido y efectivo a la protección internacional de las personas que están en Ceuta, garantizando el derecho a la información y a la asistencia jurídica.   • Trasladar a la península a los solicitantes de asilo que ya están en el procedimiento, priorizando a las personas más vulnerables: familias con niños o niñas, menores no acompañados, víctimas de trata, personas con discapacidad y personas LGBTI.   • Identificar con prontitud a los menores no acompañados para inscribirlos en el sistema de tutela y protección, y proteger a cualquier menor cuya edad esté en duda hasta que esta pueda determinarse debidamente   • Proporcionar asistencia humanitaria, sanitaria y psicosocial adecuada a todas las personas bajo jurisdicción española como resultado de su entrada en Ceuta, independientemente de cómo hayan llegado y sin discriminación.

3. Líbano: La abolición de la pena de muerte, triunfo histórico que reafirma la justicia, debe fundamentarse en los derechos humanos

   Ante la noticia de que el Parlamento de Líbano ha aprobado una ley que establece la abolición de la pena de muerte para todos los delitos, Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha manifestado:“La decisión de Líbano de abolir la pena de muerte marca un hito importante y una gran victoria para los derechos humanos en el país. La justicia debe fundamentarse en los derechos humanos, no en un castigo cruel e irreversible. Después de más de dos decenios sin ejecuciones, el paso dado hoy transforma un precario paréntesis en las ejecuciones en una protección jurídica duradera que defiende el derecho a la vida y pone a Líbano en consonancia con la tendencia mundial hacia la abolición.”“La aprobación de esta ley da testimonio de la incansable labor de incidencia realizada durante décadas por defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones de derechos humanos de Líbano, y del liderazgo de autoridades clave que han reconocido que la pena capital es un castigo cruel e inhumano, que a menudo se impone tras juicios injustos en los que la carga de la prueba suele recaer en los más desfavorecidos.”“Ahora, para llevar esta ley del papel a la práctica, las autoridades libanesas deben garantizar la conmutación de todas las condenas de muerte y ratificar los tratados internacionales clave relativos a la abolición, y al mismo tiempo impulsar reformas más amplias para fortalecer un sistema de justicia basado en la dignidad, la imparcialidad y el respeto de los derechos humanos. Las autoridades deben acompañar esta ley de una reforma legislativa más amplia, que incluya garantías de que toda sanción en el ámbito de la justicia penal es compatible con los principios de derechos humanos.”Información complementariaEl 11 de agosto, el Parlamento libanés aprobó una ley que declara abolida la pena de muerte y establece la cadena perpetua con trabajos forzados como condena alternativa.Líbano no ha llevado a cabo ejecuciones desde el 17 de enero de 2004. A fecha de enero de 2026 había 85 personas condenadas a muerte en el país, según la Dirección General de Prisiones del Ministerio de Justicia. La adopción de esta ley sucede a los esfuerzos sostenidos de la sociedad civil libanesa e internacional. En la vanguardia de las iniciativas de incidencia han estado la Asociación Libanesa por los Derechos Civiles (LACR), la Campaña Nacional para la Abolición de la Pena de Muerte en Líbano y la Asociación Justicia y Clemencia (AJEM).El 7 de octubre de 2025, siete miembros del Parlamento presentaron el anteproyecto de ley ante la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos. Tras recabar la opinión del gobierno, el Consejo de Ministros emitió un dictamen favorable el 20 de noviembre de 2025. El anteproyecto de ley fue aprobado primero por la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos el 23 de febrero de 2026 y después por la Comisión Parlamentaria de Justicia y la Comisión Mixta los días 2 de junio y 9 de julio, respectivamente, antes de su aprobación en sesión plenaria del Parlamento el 11 de agosto. La ley se remitirá al presidente para su firma definitiva y se publicará en el Boletín Oficial antes de su entrada en vigor.Para que la abolición de la pena de muerte sea irreversible en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, las autoridades libanesas deben ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características de la persona condenada o el método de ejecución utilizado por el Estado. Cuando la ley entre en vigor, Líbano será el 114 país del mundo que ha abolido la pena de muerte para todos los delitos. Un total de 145 países son abolicionistas de esta pena en la legislación o en la práctica, mientras que 54 la mantienen.

4. Estados Unidos: La sentencia de Nuevo México sobre Meta, un paso importante hacia redes sociales más seguras para menores

   Ante la sentencia dictada por un juez de Nuevo México que afirma que el diseño de la plataforma de Meta es dañina para las personas menores, Justin Mazzola, director adjunto de Investigación de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:“Este fallo es un paso importante hacia la creación de unas redes sociales más seguras para menores y jóvenes. Amnistía Internacional lleva años advirtiendo de que las principales plataformas de redes sociales están diseñadas para maximizar la interacción y el beneficio al mismo tiempo que no protegen debidamente los derechos de la infancia”.“Lo más importante es que el tribunal fue más allá de imponer una condena económica. Al ordenar cambios en las características de la plataforma como la eliminación del cómputo de “me gusta” para menores de 18 años y la restricción de las notificaciones nocturnas, la sentencia reconoce que los daños que experimentan las personas menores en Internet son a menudo resultado de decisiones de diseño deliberadas”.“Amnistía lleva tiempo pidiendo exactamente esta clase de acción. La seguridad de la infancia debe incorporarse en las plataformas desde el principio y no añadirse a posteriori, cuando se identifican los daños. Esta decisión transmite el mensaje claro de que las compañías de redes sociales no pueden seguir dando prioridad a la interacción a expensas del bienestar y de los derechos de la infancia”.Información complementariaEl jueves, el juez de Nuevo México Bryan Biedscheid impuso a Meta el pago de 567 millones de dólares estadounidenses para abordar los perjuicios causados a la salud mental de la infancia. También ordenó a Meta que hiciera cambios en las plataformas de Instagram y Facebook para que fueran más seguras para usuarios y usuarias jóvenes.La sentencia se suma a los 375 millones de dólares de la multa impuesta a Meta en la misma causa en marzo, cuando un jurado concluyó que había engañado a las personas usuarias sobre la seguridad de sus plataformas y facilitado la explotación sexual de jóvenes.Este mismo año, un tribunal de Los Ángeles declaró culpables a Meta y a Google de la adicción a las redes sociales de una joven y les ordenó el pago de una indemnización de 6 millones de dólares.Meta ha afirmado que no está de acuerdo con la sentencia y que interpondrá un recurso. 

5. FIFA: La crisis de gobernanza revela la necesidad urgente de una reforma en materia de derechos

   La actual crisis de la FIFA pone de manifiesto la necesidad de reformas en la gobernanza y de sistemas transparentes para proteger los derechos humanos, ha declarado hoy la Sport & Rights Alliance. Aunque la propuesta de Gianni Infantino de constituir una sociedad llamada FIFA Forward Enterprise (FFE) por suerte retirada, los crecientes llamamientos para que se adopten más medidas también deberían abordar la crisis de derechos humanos, cada vez más profunda, ya que existe el riesgo de que, si se ignora, genere otro sistema que tolere la corrupción y encubra los abusos.“Es muy importante quién es la persona que lidera la FIFA, pero el mayor problema es sistémico. El panorama de derechos humanos, transparencia y buena gobernanza no mejorará si no se abordan las estructuras de la FIFA”, ha declarado Andrea Florence, directora ejecutiva de la Sport & Rights Alliance. “Esta crisis debe impulsar reformas que deberían haberse llevado a cabo hace mucho tiempo para que la protección de los derechos humanos ocupe por fin un lugar central en el fútbol mundial. Sólo una transformación sistémica que aborde los muchos abusos vinculados a las actividades de la FIFA evitará que la historia se repita.”La actual conmoción en el seno de la FIFA recuerda la peor crisis de corrupción de la historia de la organización, cuando, en 2015, el Departamento de Justica de Estados Unidos acusó formalmente a decenas de altos cargos del fútbol de sobornos, fraude y blanqueo de dinero. A pesar de este escándalo, Sepp Blatter fue reelegido días después presidente de la FIFA, aunque acabó dimitiendo. En las elecciones de 2016, la Sport & Rights Alliance pidió a los cinco candidatos que se comprometieran a seguir un programa de seis puntos claros para reducir los abusos contra los derechos humanos. Gianni Infantino, elegido sucesor de Blatter, prometió cambios y afirmó: “La FIFA está plenamente comprometida con el respeto a los derechos humanos.”“Hemos visto suficientes crisis en la FIFA para saber que no basta con una mera sustitución de dirigentes”, ha declarado Ronan Evain, director ejecutivo de Football Supporters Europe. “La FIFA necesita una reforma sistémica basada en una hoja de ruta clara para el trabajo de la organización sobre derechos humanos y buena gobernanza. La reforma debe incluir una revisión y una reestructuración completas del Comité de Ética, así como una estrategia de derechos humanos con plazos concretos y objetivos claros que se centre en los derechos de todas las personas afectadas por sus torneos y actividades.”Posteriormente, en 2016, los Estatutos de la FIFA se modificaron para que incluyeran los derechos humanos entre sus disposiciones, se adoptó una Política de Derechos Humanos y se creó un Consejo Consultivo de Derechos Humanos (HRAB por sus siglas en inglés). El Consejo elaboró cinco importantes informes, pero después fue disuelto por Gianni Infantino y la mayoría de sus recomendaciones jamás se aplicaron. En concreto, la FIFA aún debe desarrollar una estrategia de derechos humanos para integrar los derechos humanos en la toma de decisiones de la organización “con un enfoque en el nivel político y de gobernanza”, tal como se recomendó.“Es el momento de que la FIFA restablezca un órgano consultivo de derechos humanos independiente que supervise la buena gobernanza, la transparencia y los derechos humanos y garantice la credibilidad de su enfoque de cara al futuro”, ha manifestado Tor Dølvik, asesor especial de Transparencia Internacional Noruega, en nombre del movimiento global contra la corrupción. “Un sistema de controles y contrapesos es el eje de la prevención de la corrupción. Al garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión independiente, sienta también las bases para cualquier marco de derechos humanos creíble.”En la que, según afirmaba Gianni Infantino en redes sociales, iba a ser la mayor Copa Mundial de la historia y “la más inclusiva”, hubo, paradójicamente muchos abusos contra los derechos humanos y mucho lavado de imagen mediante el deporte. Nada sorprendente, dado el desdibujamiento al que la propia organización había sometido a su Marco de Derechos Humanos de las Ciudades Anfitrionas y la relación —inquietantemente estrecha— entre Infantino y el presidente de Estados Unidos Donald Trump, a quien Infantino entregó el Premio de la Paz de la FIFA, concedido sin criterios ni proceso alguno.“El incumplimiento por parte de la FIFA de sus compromisos en materia de derechos humanos ha empañado los diez años de presidencia de Gianni Infantino. La organización aún no ha indemnizado a las familias de miles de trabajadores migrantes que murieron para la que se pudiera celebrar la Copa Mundial 2022 en Qatar y, con la Copa Mundial de Arabia Saudí 2034 en lontananza, no ha hecho nada para crear un fondo de reparación en materia de derechos humanos para indemnizar a los trabajadores y otras personas que pudieran sufrir daños por las actividades de la FIFA”, ha afirmado Minky Worden, directora de iniciativas globales de Human Rights Watch. “Sea quien sea quien dirija la FIFA, debe comprometerse a una buena gobernanza y a sistemas transparentes que respeten los derechos humanos.”Los riesgos en materia de derechos humanos de las Copas Mundiales masculinas de 2030 y 2034, documentados en un informe de Amnistía Internacional y la Sport & Rights Alliance, y los problemas no resueltos de la Copa Mundial 2022, hacen que la reforma de la gobernanza y la estrategia de derechos humanos de la FIFA sea aún más urgente. Durante la presidencia de Infantino, la FIFA ha hecho caso omiso a lo que exigía su propio informe y nunca proporcionó reparación ni indemnización por abusos relacionados con la celebración del torneo en Qatar. El órgano regulador del fútbol mundial tampoco garantizó un proceso competitivo para la Copa Mundial de 2030 ni de 2034, lo que dio lugar a que solo hubiera un licitador para cada torneo y que las estrategias en materia de derechos humanos fueran un remedo. Teniendo en cuenta la magnitud de los riesgos, especialmente en Arabia Saudí, en noviembre de 2024 la Sports & Rights Alliance pidió la interrupción del proceso antes de la votación sobre el país anfitrión del torneo de 2034.“La comunidad mundial del fútbol ha demostrado por fin que puede movilizarse para plantar cara a la FIFA cuando considera que un asunto reviste la suficiente importancia. También es hora de que los miembros de la FIFA defiendan con la misma firmeza cambios que garantizarán un respeto mucho mayor por los derechos humanos “, ha señalado Steve Cockburn, director regional para Europa de Amnesty International. “Se sabrá que en la FIFA se ha producido un verdadero cambio cuando los trabajadores de Qatar por fin reciban indemnizaciones, se introduzcan salvaguardias significativas en materia de derechos humanos para futuras Copas Mundiales y se dé verdadera importancia a la supervisión independiente.”La transformación de la gobernanza en el fútbol mundial también debería implicar un cambio en la relación del liderazgo de la FIFA con los medios de comunicación. En la conferencia de prensa con motivo de la inauguración de la Copa Mundial 2026, Infantino respondió a los periodistas que le preguntaban por la denegación de visados con un “relájense y no se agobien”. Era la primera que daba desde 2023.“La libertad de prensa es la piedra angular de los derechos humanos y la buena gobernanza, pues el trabajo de los periodistas hace posible la protección y el cumplimiento del resto de los derechos humanos, al garantizar la rendición de cuentas, sacar a la luz injusticias y sensibilizar sobre peligros y abusos en materia de derechos humanos”, ha señalado Antoine Bernard, director de trabajo de incidencia y Ayuda de Reporteros sin Fronteras (RSF). “Como guardianes del deporte rey, la FIFA debe comprometerse con la transparencia y la supervisión independiente, celebrar ruedas de prensa periódicas y mostrarse dispuesta a rendir cuentas. A fin de cuentas, el fútbol pertenece a los y las aficionados, y los medios de comunicación son sus ojos y sus oídos dentro fuera de la cancha.”En este momento crítico, la Sport & Rights Alliance pide a la FIFA y a todas sus asociaciones miembros que se aseguren de que llevar a cabo una transformación sistémica que garantice la rendición de cuentas en materia de derechos humanos y buena gobernanza, comenzando por estos primeros pasos:Restablecer un Consejo Consultivo de Derechos Humanos independiente, compuesto por un grupo diverso de personas expertas de prestigio en el campo de los derechos humanos y la buena gobernanza, para exigir responsabilidades a la dirección y el Consejo de la FIFA por la forma en que integran los derechos humanos en su proceso de toma de decisiones.Reformar de manera integral el Comité de Ética de la FIFA mediante el establecimiento de un sistema ético independiente, transparente, externo y responsable, con nombramientos transparentes de personas expertas que cuenten con una sólida trayectoria en materia de derechos humanos y buena gobernanza; y mediante la aplicación de procedimientos que tengan un enfoque sensible al trauma a la hora de recibir, investigar y resolver las denuncias;Adoptar una estrategia de derechos humanos específica y con plazos definidos que sirva de hoja de ruta a la organización en materia de derechos humanos y buena gobernanza, con una participación significativa y continua de las partes interesadas que puedan verse afectadas;Reevaluar todos los acuerdos de futuras sedes de celebración —incluidas las Copas Mundiales masculinas de 2030 y 2034— para garantizar compromisos vinculantes en materia de derechos humanos, y crear un Fondo de Indemnización para las personas afectadas por el Mundial de Qatar de 2022 y todos los futuros torneos.Reinstaurar vías regulares, sólidas y transparentes para la rendición de cuentas pública, incluidas conferencias de prensa habituales con el liderazgo de la FIFA y una relación significativa con una comunidad global diversa de periodistas.Como representantes de deportistas, aficionados, trabajadores, periodistas, organizaciones de base y comunidades —especialmente de mujeres, personas LGBTI+, personas de color, sobrevivientes de abusos y jóvenes—, la Sport & Rights Allianza aprovecha este momento para reafirmar colectivamente su compromiso de garantizar que el fútbol, tanto como deporte como negocio, sea una auténtica fuerza positiva.Sobre Sport & Rights AllianceLa misión de Sport & Rights Alliance es promover los derechos y el bienestar de las personas a quienes más afectan los riesgos para los derechos humanos asociados con la oferta de deporte. Está formada por Amnistía Internacional, The Assist, Building and Wood Workers’ International (BWI), Football Supporters Europe, Human Rights Watch, ILGA Mundo (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex), la Confederación Sindical Internacional (CSI), Reporteros sin Fronteras (RSF), Transparencia Internacional, World Players Association, UNI Global Union. Como coalición global de destacadas organizaciones no gubernamentales y sindicales, Sport & Rights Alliance trabaja para garantizar que organismos deportivos, gobiernos y otras partes interesadas pertinentes den lugar a un mundo deportivo que proteja, respete y haga realidad las normas internacionales de derechos humanos, los derechos laborales, el bienestar y la protección de la infancia, y la lucha contra la corrupción.

6. Venezuela: El escrutinio y la justicia internacional deben prevalecer ante los esfuerzos del gobierno por ignorar los derechos de las víctimas

   En respuesta a la decisión del gobierno encargado venezolano de retirarse del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), confirmada el 6 de agosto, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró:“La lamentable decisión del gobierno venezolano de retirarse del Estatuto de Roma es el último paso de una larga serie de esfuerzos para evitar el escrutinio y la rendición de cuentas por algunos de los crímenes más graves bajo el derecho internacional.Cabe recordarles a las autoridades que la retirada del Estatuto de Roma no afecta en absoluto la investigación penal en curso por parte de la Fiscalía de la CPI sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el país antes de esta decisión, ni de ningún otro hecho anterior al 24 de julio de 2027. Sin embargo, sí muestra el desprecio del gobierno encargado por los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.Durante muchos años, Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional cometidos por las autoridades venezolanas bajo una política de represión que busca silenciar la disidencia. La conclusión de la organización de que algunos de estos crímenes podrían constituir crímenes de lesa humanidad ha sido respaldada por la Fiscalía de la CPI y por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MIIDH) de la ONU. La retirada de Venezuela del Estatuto de Roma hace que la renovación del mandato de la MIIDH durante el próximo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre-octubre sea más crucial que nunca.Hay miles de víctimas de la política de represión del gobierno venezolano. No han renunciado, ni van a renunciar, a sus derechos. Las vías de verdad y justicia que, con tanta valentía, han buscado y abierto fuera de Venezuela siguen activas. La investigación de la Fiscalía de la CPI, la  Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y los casos bajo el principio de jurisdicción universal continúan, y Amnistía Internacional seguirá apoyando su lucha por la justicia.”AntecedentesEl 24 de julio de 2026, el gobierno encargado de Venezuela depositó formalmente su decisión de retirarse del Estatuto de Roma de la CPI, con la retirada con efecto un año después de la fecha de notificación (24 de julio de 2027). Esta decisión había sido anunciada por el gobierno venezolano en 2025 y reiterada en julio de 2026, pero el registro oficial ante la oficina  de tratados de la ONU solo se hizo público en su repositorio web el 6 de agosto.En 2018, la Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar sobre la situación en Venezuela. El 3 de noviembre de 2021, anunció la apertura de una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en el país, centrada en: "Crímenesde lesa humanidad por privación de libertad u otra privación grave de libertad física (...) tortura (...); violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable (...); y persecución con motivación política contra personas detenidas (...), que se han cometido al menos desde abril de 2017, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales (o grupos llamados "colectivos")."En 2019, Amnistía Internacional concluyó que los crímenes bajo el derecho internacional cometidos de manera generalizada y sistemática por las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro contra la población civil podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Estos delitos incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos.

7. Guatemala: Luis Pacheco y Héctor Chaclán podrán volver a casa con sus familias

   En respuesta a la decisión judicial de conceder medidas sustitutivas a la prisión preventiva a los presos de conciencia y ex autoridades ancestrales de los 48 cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán; Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró:“Celebramos que Luis Pacheco y Héctor Chaclán puedan regresar con sus familias y comunidades después de más de un año privados injustamente de su libertad. La decisión de otorgarles una medida sustitutiva a la prisión preventiva representa un avance importante para sus derechos y un alivio para ellos, sus seres queridos y todas las personas que nunca dejaron de exigir justicia.”“Sin embargo, ambos líderes no serán liberados de manera inmediata. La medida está condicionada al pago de una fianza de 160.000 quetzales por cada uno, por lo que continuarán privados de libertad hasta que se cumpla este requisito. Una suma de esta magnitud puede convertirse, en la práctica, en un obstáculo para hacer efectiva la decisión judicial.”Luis Pacheco y Héctor Chaclán fueron encarcelados por ejercer pacíficamente sus derechos humanos y por desempeñar el papel de liderazgo que sus comunidades les confiaron. Permanecieron en prisión preventiva tras ser detenidos en abril de 2025 por cargos relacionados con las protestas nacionales de 2023. En mayo de 2026, Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia al concluir que estaban siendo perseguidos por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión.Si bien la decisión les permitirá regresar con sus seres queridos mientras continúa el proceso, esta medida no subsana las violaciones a derechos humanos que enfrentaron durante su detención y su liberación no será inmediata. Su encarcelamiento prolongado, las demoras injustificadas en el proceso y las restricciones al ejercicio pleno de sus derechos constituyen motivos de preocupación que las autoridades deben abordar.Además, la continuación de los procesos penales en su contra mantiene vigente el riesgo de criminalización contra quienes ejercen liderazgos comunitarios, participan en protestas pacíficas o defienden los derechos de sus pueblos. Las autoridades guatemaltecas deben asegurar que el sistema de justicia no sea utilizado para castigar el ejercicio legítimo de los derechos humanos.“La liberación de Luis y Héctor debe servir para reafirmar un principio fundamental: ejercer pacíficamente los derechos humanos nunca puede ser motivo de castigo. Las autoridades guatemaltecas deben garantizar la protección de la protesta pacífica, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y las condiciones para que las autoridades comunitarias desempeñen su labor sin temor a criminalización.” concluyó Ana Piquer.   

8. Líbano: Ataque mortal israelí contra la periodista Amal Khalil debe investigarse como crimen de guerra

   “El ataque israelí que causó la muerte de la periodista libanesa Amal Khalil y heridas de gravedad a la camarógrafa Zeinab Faraj en el sur del Líbano el 22 de abril de 2026 fue un ataque directo contra civiles que debe investigarse como crimen de guerra”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.Los testimonios de la única sobreviviente y del personal de primera intervención —corroborados por material audiovisual, registros de coordinación e informes externos— indican que las dos periodistas, civiles ambas, se habían resguardado después de que un ataque aéreo contra el coche que iba delante hubiera matado a dos hombres. En las dos horas siguientes, en las que unos drones sobrevolaron a corta distancia sobre ellas, dos ataques aéreos más alcanzaron primero su coche, estacionado cerca de donde estaban, y después el edificio donde se habían refugiado.“La investigación de Amnistía Internacional ofrece un panorama desgarrador de un ataque directo contra dos civiles que se habían refugiado de los ataques israelíes. Después de que el primer ataque hubiera eliminado el objetivo declarado por los militares, y con dos drones volando bajo sobre ellas, el ejército israelí sabía o debía haber sabido que dos mujeres civiles estaban refugiadas en ese edificio. Pese a ello, procedieron a lo que tenemos motivos razonables para creer que constituyó un ataque directo contra civiles, mostrando un estremecedor desprecio por el derecho internacional humanitario”, afirmó Heba Morayef, directora regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.“El hecho de que las dos periodistas estuvieran en lo que Israel ha designado zona de no retorno no las convierte en objetivos legítimos. Todas las partes en un conflicto tienen la clara obligación de distinguir en todo momento entre objetivos civiles y militares, y de dirigir sus ataques únicamente contra objetivos militares. No puede haber nada que justifique atacar a unas civiles que trataban de resguardarse y ponerse a salvo. Este ataque debe ser investigado sin demora y de forma independiente e imparcial como crimen de guerra”.El 22 de abril, el ejército israelí efectuó tres ataques en la población de Al Tiri, en la gobernación de Nabatieh, situada dentro de un área que el ejército israelí ha designado unilateralmente zona de “defensa adelantada” a cuyos residentes civiles prohíbe regresar. El primer ataque alcanzó un coche a las 2.25 p.m. y causó la muerte de dos hombres. Las dos periodistas, que seguían a los dos hombres en otro coche, abandonaron su vehículo y buscaron refugio en una estructura próxima, entre otras razones porque había dos drones sobrevolando el lugar y temían que eso significase más ataques.Alrededor de una hora después, se produjo un segundo ataque dirigido contra el vehículo de las periodistas que estaba estacionado en las proximidades; estas resultaron heridas en la explosión. Aproximadamente una hora más tarde, un tercer ataque alcanzó el edificio donde ambas estaban refugiadas; este ataque causó la muerte de Amal Khalil, periodista del periódico libanés Al Akhbar, e hirió de gravedad a Zeinab Faraj.Durante las dos horas de ataques había dos drones sobrevolando el lugar. Zeinab Faraj dijo a Amnistía Internacional: “Los drones se acercaron muchísimo a través del tejado roto. A menos de un metro. Me tapé la cara, acordándome de un vídeo que había visto en el que un dron mataba a alguien así. Creía que me iba a explotar en la cara. Los drones no llevaban explosivos visibles, pero sobrevolaban el lugar y provocaban miedo constantemente”.Objetivos declarados por el ejército israelíEl hecho de que hubiera drones de vigilancia israelíes sobrevolando a poca distancia, incluso después del primer ataque aéreo y durante un periodo de unas dos horas, quería decir que el ejército israelí sabía, o debería haber sabido, que el primer ataque había matado en el acto a las dos personas a las que, según decía, tenía en el punto de mira por su presunta implicación en actividades militares de Hezbolá. En ese momento, con los objetivos previstos muertos y los drones israelíes sobrevolando el lugar donde se refugiaban las dos mujeres desarmadas vestidas de civil, las fuerzas israelíes deberían haber cancelado sus ataques y permitido a las periodistas ponerse a salvo.En una declaración publicada en árabe en la cuenta en X de su portavoz a las 8.22 de la noche, hora de Beirut, el ejército israelí dijo: “Las fuerzas de las FDI en el sur de Líbano vieron dos vehículos que salían de un edificio militar usado por el terrorista Hezbolá. Los vándalos cruzaron la línea de defensa adelantada y se acercaron a las fuerzas de tal manera que representaba una amenaza inminente. Tras determinar que estaban incumpliendo el acuerdo de alto el fuego, la Fuerza Aérea atacó uno de los vehículos y a continuación atacó un edificio donde se habían refugiado los infiltrados. Los informes indicaban que dos periodistas resultaron heridas como consecuencia de los ataques y las FDI no están impidiendo en este momento el acceso de equipos de rescate a la zona. Se están revisando los detalles del incidente. Cabe destacar que se ha publicado un mapa de la línea de defensa adelantada y la zona ha sido evacuada. Las FDI no atacan a periodistas de ninguna manera y hacen todo lo posible para reducir al mínimo los daños que puedan sufrir al mismo tiempo que mantienen la seguridad de nuestras fuerzas”.En respuesta a una carta de Amnistía Internacional enviada el 12 de junio como parte de su investigación sobre el ataque, el ejército israelí escribió el 22 de junio manifestando que el ataque del 22 de abril “en el que murió una periodista [...] ocurrió como parte de una serie de eventos durante los cuales fueron alcanzados y eliminados dos operativos militares de Hezbolá, Ali Nabil Bazi y Mohammad al Khourani”.Añadió que “el incidente fue objeto de una revisión preliminar, y se implementaron en consecuencia las lecciones pertinentes”, declarando que el ejército israelí “lamenta cualquier daño causado a periodistas. Respeta la libertad de prensa y no los ataca deliberadamente como tales. Hay que subrayar que, antes de cada ataque, se evalúan las circunstancias operativas pertinentes en ese momento, incluidos la naturaleza del objetivo, su uso militar, la inteligencia disponible en tiempo real, el daño incidental anticipado y las precauciones que se pueden adoptar para mitigarlo”. La declaración decía también que se emiten avisos con antelación cuando son viables desde el punto de vista operativo.Según el derecho internacional humanitario, las personas civiles gozan de protección y no pueden ser atacadas mientras no participen directamente en las hostilidades. La parte atacante tiene la responsabilidad de hacer todo lo posible para verificar si una persona es un combatiente que puede ser atacado. En caso de duda, la persona debe considerarse civil.Los ataques directos contra la población civil y bienes de carácter civil están prohibidos y constituyen crímenes de guerra. Según el derecho internacional humanitario, los y las periodistas son civiles y deben ser protegidos en consecuencia.Lugar del ataque: la zona de “defensa” adelantadaEl ataque se produjo en la población de Al Tiri, ubicada a unos siete kilómetros de la frontera con Israel, en el distrito de Bint Jbeil del sur de Líbano, situado dentro de la zona de “defensa” adelantada que abarca el 6% del territorio libanés. El ejército israelí está desplegado en esta zona de no retorno y viene llevando a cabo una destrucción generalizada en su interior.“Declarar una zona prohibida para la población civil no exime a Israel de sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario; en concreto, no le da derecho a tratar estas zonas como zonas de fuego abierto donde cada persona civil que quede o que haya retornado es considerada un objetivo militar”, dijo Heba Morayef.En todo momento y en todo lugar, incluida la zona prohibida, el ejército israelí debe distinguir entre civiles y combatientes, así como entre bienes de carácter civil y objetivos militares, y hacer todo lo posible para verificar que un objetivo previsto es un objetivo militar o un combatiente. Al atacar un objetivo militar, el ejército israelí debe adoptar todas las precauciones posible para evitar daños colaterales a civiles o reducirlos al mínimo.Desde octubre de 2023, Amnistía Internacional viene documentando una constante generalizada de ataques aéreos israelíes ilegales en Líbano, como ataques directos contra la población civil y bienes de carácter civil, incluidos periodistas y personal médico, y ataques indiscriminados. La organización ha pedido que estos ataques se investiguen como crímenes de guerra y ha advertido en reiteradas ocasiones de que la impunidad persistente por estas violaciones anima a las fuerzas israelíes a seguir llevando a cabo ataques ilegales sin temor a la rendición de cuentas.Primer ataque contra dos hombres en un vehículo en movimientoLas periodistas Amal Khalil (42 años) y Zeinab Faraj (21 años) habían estado informando desde todo el sur de Líbano, documentando el impacto del conflicto armado.Según Zeinab Faraj, tras recibir informaciones de que el ejército israelí se había retirado de la población de Al Tiri, condujeron hasta la zona para verificar este dato siguiendo otro vehículo en el que viajaban Ali Nabil Bazzi, jefe de la aldea de Bint Jbeil, y Mohammed Hourani, amigo suyo y residente desplazado que también quería confirmar de primera mano que los israelíes se habían retirado de Al Tiri.Hacia las 2.25 p.m., justo después de entrar en Al Tiri, fue atacado el vehículo en el que viajaban Ali Bazzi y Mohammed Hourani, y la Cruz Roja libanesa recibió la primera llamada pidiendo una ambulancia a las 2.38 p.m. En su respuesta a Amnistía Internacional, el ejército israelí calificó a Ali Bazzi y Mohammed Hourani de “dos operativos militares de Hezbolá” que fueron “alcanzados y eliminados”.Zeinab Faraj contó a Amnistía Internacional que ella y Amal Khalil iban detrás, en el coche de esta, cuando se produjo el ataque. Dijo que vieron que el ataque hizo explotar el coche de delante, lanzando a los hombres desde el vehículo, que se incendió.Amal Khalil llamó inmediatamente al socorrista de la Defensa Civil libanesa Moussa Chaalan a las 2.36 p.m. para informar del ataque. Moussa Chaalan dijo a Amnistía Internacional que Amal le había informado de que “dos hombres [han sido] alcanzados delante de mí en Al Tiri” y que inmediatamente empezó a llamar a sus colegas de la Defensa Civil y la Cruz Roja libanesa, y a los oficiales del ejército libanés encargados de coordinar las solicitudes para evitar incidentes entre las distintas partes a través del mecanismo de vigilancia. Cuando Moussa Chaalan se dirigía al lugar, le dieron el alto en un control militar libanés a la entrada de Al Tiri mientras el personal de rescate esperaba la autorización del ejército israelí para acceder a la localidad de forma segura a través del mecanismo de vigilancia.La autorización para acceder a los pueblos situados dentro de lo que se denomina zona de “defensa adelantada” está coordinada por el Comité Técnico Militar para Líbano (MTC4L), conocido comúnmente como el Mecanismo de Implementación y Vigilancia del Alto el Fuego, del que forma parte la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), establecido para vigilar e implementar el acuerdo de alto el fuego entre Líbano e Israel de noviembre de 2024, lo que incluye coordinar rutas seguras para equipos de rescate una vez que el ejército israelí acepta dejar de disparar.Según una investigación del Washington Post: “Una representación de UNIFIL dijo que la Cruz Roja contactó primero a la agencia con la ruta planeada justo antes de las 3 p.m. UNIFIL, que facilita el paso seguro para equipos de rescate, transmitió inmediatamente la información, incluida la ubicación de las periodistas, al ejército israelí. En torno a la misma hora, el ejército libanés contactó con un comité internacional conocido como el mecanismo de alto el fuego [...] La administración de la Cruz Roja dijo que sus vehículos partieron hacia el lugar justo antes de las 5 p.m., después de que la UNIFIL confirmase una ruta segura. Las FDI acusaron recibo de la solicitud en torno a esta hora, dijo la representación de la UNIFIL, pero no había concedido aún paso seguro a los socorristas”.Segundo ataque contra el coche de las periodistas cerca de donde se habían refugiadoMientras esperaban la llegada de la Defensa Civil con los drones dando vueltas sobre ellas, las dos periodistas salieron de su coche y se refugiaron junto un muro bajo cerca de un edificio abandonado del pueblo que tenía un comercio de planta baja, debajo de un techo de hojalata dañado.El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional verificó imágenes grabadas por Zeinab Faraj entre las 2.35 p.m. y las 2.49 p.m. que muestran el coche de las periodistas en el lateral de una carretera, a unos cinco metros del vehículo destruido. Una de las imágenes muestra también el tejado bajo el que las periodistas esperaban a los equipos de rescate.Zeinab Faraj habló con Amnistía Internacional 10 días después del ataque y contó cómo los drones habían sobrevolado el lugar justo después del primer ataque contra el coche, y dijo que recordaba claramente que “los drones se acercaron muchísimo a través del tejado, a menos de un metro de mi cara y de la de Amal”.Habida cuenta de que había drones de vigilancia sobrevolando el lugar a poca distancia, el ejército israelí sabía, o debería haber sabido para entonces, que los dos hombres que según dijo habían sido atacados por su presunta afiliación a Hezbolá habían muerto en el acto en el ataque inicial. Habida cuenta de que los drones volaban a tan poca distancia, el ejército israelí debería haber podido identificar a las dos periodistas como civiles.El socorrista de la Defensa Civil Moussa Chaalan, que estaba aún en el control, llamó a Amal Khalil a las 3.31 p.m. pidiéndole que volviera al coche y saliera de la zona porque no había recibido aún autorización del mecanismo de vigilancia para entrar en el pueblo, lo que significaba que no tenía garantías de que el ejército israelí no fuera a atacar.Hacia las 3.40 p.m., un segundo ataque alcanzó al vehículo de las periodistas estacionado cerca de donde estaban refugiadas.A las 3.48 p.m., Amal Khalil llamó de nuevo a Moussa Chaalan para informarle de que la habían herido en un segundo ataque aéreo contra su coche: “No puedo hacer nada. Moussa, ven a buscarme”.Ambas mujeres resultaron heridas en la explosión. Esta lanzó hacia ellas una puerta del coche y Zeinab Faraj la usó para protegerlas de las llamas. Zeinab dijo: “Nos llovieron cristales y escombros. Sentí como si me hubiera reventado el oído. Ella [Amal Khalil] sangraba mucho por la nariz y la cabeza, y tenía heridas de metralla en el brazo y el muslo; no podía mover la pierna”.Mientras se intensificaba el fuego, las mujeres lograron entrar gateando en el edificio por su persiana metálica dañada y esconderse en una pequeña habitación.Dentro, Amal Khalil siguió haciendo llamadas pidiendo que las rescataran. Sin embargo, Zeinab Faraj dijo que todas las personas a las que llamaban decían que no podrían acceder a su ubicación porque “estaban esperando autorización” del mecanismo de vigilancia, lo que en la práctica significaría que el ejército israelí había aceptado dejar de disparar para permitir entrar a los equipos de rescate.Moussa Chaalan dijo a Amnistía Internacional: “Le dije al oficial del ejército del control que iba a entrar a pesar del riesgo. Pero me convenció de que no lo hiciera al decirme: ¿Y si te alcanzan a ti antes de que llegues a ella? Mejor espera a la autorización, por el bien de ella y el tuyo”.Finalmente, Amal Khalil se fue debilitando. Zeinab Faraj dijo: “La vi apagarse... y perdí el conocimiento”.La última llamada de teléfono que hizo Amal Khalil fue a su hermana, a las 4.22 p.m.Tercer ataque contra el edificio donde estaban refugiadasAproximadamente a las 4.25 p.m., un tercer ataque alcanzó el edificio de tres pisos donde estaban refugiadas las periodistas, que se derrumbó y enterró a ambas mujeres bajo los escombros. “Recuperé [el conocimiento] con dificultades para respirar”, recordó Zeinab Faraj.Moussa Chaalan dijo a Amnistía Internacional que, desde donde estaba, a unos dos kilómetros, fue testigo de un ataque aéreo a esa hora:“Vi el avión de la fuerza aérea elevarse y abrir fuego. Me di cuenta de que el objetivo eran ellas. La llamé [por teléfono] otra vez; sin respuesta. Me dije: ‘Se han ido’.”Una persona especialista en armas de Amnistía Internacional revisó las imágenes de vídeo del lugar del ataque y concluyó que los daños eran compatibles con los que habría causado un ataque aéreo. Las imágenes de satélite del 24 de abril también muestran una nueva marca de quemadura en el emplazamiento del edificio como la que se suele ver en zonas donde el ejército israelí ha efectuado ataques aéreos.Poco después de las 5 p.m., se concedió autorización para entrar en la zona, pero solo a la Cruz Roja libanesa. El equipo de rescate sacó a Zeinab Faraj, que había sufrido una fractura craneoencefálica, heridas graves en la pierna y el ojo derechos y el aplastamiento de una mano. No pudieron llegar hasta Amal Khalil, que siguió desaparecida bajo los escombros.Poco después de las 6 p.m., personas voluntarias de la Cruz Roja libanesa en el lugar dijeron que se tenían que retirar debido a las amenazas de otro ataque, y se llevaron con ellas a la herida Zainab Faraj y los cuerpos de los dos hombres que habían muerto en el primer ataque.Tras otra ronda de llamadas de las autoridades libanesas, incluidas la Oficina del Presidente y la Oficina del Primer Ministro, y de organismos internacionales, a las 7.20 p.m. se concedió una vez más autorización, lo que permitió volver al lugar del ataque a un equipo de la Cruz Roja, una ambulancia y una excavadora pequeña. El equipo de rescate necesitó equipos más pesados para retirar los escombros de los tres pisos colapsados. Las operaciones de recuperación, con una excavadora, empezaron en torno a las 9 p.m.Moussa Chaalan dijo que encontraron a Amal Khalil enterrada bajo una columna y un muro: “Estaba totalmente aplastada [...] le saqué con mis propias manos”, dijo.En su certificado de defunción, el patólogo forense había hecho constar como hora de la muerte las 7 p.m. y, como causa, “parada cardiaca debido a un traumatismo craneoencefálico y una hemorragia grave”.La impunidad de las fuerzas israelíesAmnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos y de periodistas han condenado en reiteradas ocasiones el homicidio de periodistas con total impunidad a manos de las fuerzas israelíes, en Líbano y en la Franja de Gaza ocupada.En 2023, Amnistía Internacional publicó una investigación exhaustiva sobre el homicidio del periodista de Reuters Issam Abdallah, y concluyó que el ataque aéreo del ejército israelí que lo mató e hirió a seis periodistas más constituyó un ataque directo contra la población civil y pidió que fuera investigado como crimen de guerra.“La impunidad de la que gozan las fuerzas israelíes por el homicidio de periodistas y otras personas civiles en Líbano en los últimos tres años permite que el ejército israelí continúe perpetrando sus ataques aéreos ilegales, incluidos ataques directos contra la población civil. La muerte de Amal Khalil debe investigarse de forma independiente e imparcial. Ya es hora de que la comunidad internacional imponga un embargo integral de armas a Israel”, concluyó Heba Morayef.“Pedimos también al gobierno libanés que acepte la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes cometidos en su territorio desde octubre de 2023 y que inicie investigaciones de ámbito nacional sobre crímenes de guerra”.Información complementariaEl 8 de octubre de 2023, Hezbolá lanzó cohetes contra Israel, acción que fue seguida de operaciones militares israelíes que se intensificaron en septiembre de 2024. Aunque el 27 de noviembre de 2024 se acordó lo que se conoce como un alto el fuego, las hostilidades han continuado junto a la frontera y escalaron una vez más el 2 de marzo de 2026, persistiendo a pesar de nuevos anuncios de alto el fuego.El 20 de abril de 2026, el ejército israelí designó lo que denominó zona de “defensa adelantada” que se extiende entre 8 y 12 kilómetros dentro de Líbano (unos 600 kilómetros cuadrados), restringiendo el acceso a decenas de pueblos y zonas situadas al sur de accidentes geográficos clave como el río Litani.Desde el 2 de marzo, han muerto en Líbano 4.333 personas según el Ministerio de Salud Pública, que no desglosa el número de muertes entre civiles y combatientes. Los ataques de Hezbolá contra Israel han causado la muerte de al menos dos civiles en Israel, mientras que los medios de comunicación israelíes indican que al menos 39 soldados israelíes han muerto en el sur de Líbano.

9. China: Activista detenido en Tíbet por mostrar una foto del Dalái Lama debe quedar en libertad

   En reacción al arresto de un hombre chino de etnia han —el activista de derechos humanos Zhang Yi— en Lhasa (Tíbet), Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional, ha declarado: “El arresto de Zhang Yi tras mostrar una fotografía del Dalái Lama durante una visita a un monasterio es un escalofriante recordatorio de lo lejos que pueden llegar las autoridades chinas para controlar el ejercicio pacífico de los derechos humanos.”“Este caso es un ejemplo perfecto del uso indebido que desde hace largo tiempo hacen las autoridades chinas del delito de ‘incitación al separatismo’ para criminalizar la libertad de expresión pacífica en áreas tibetanas y en relación con la historia, la cultura y las creencias religiosas tibetanas.”“Mostrar una fotografía de un líder religioso nunca debería tratarse como una amenaza a la seguridad nacional. Las autoridades chinas deben poner en libertad de inmediato a Zhang Yi, que ha sido detenido únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos humanos.”“Hasta entonces, deben asegurarse de que tenga acceso inmediato a sus familiares y a asistencia letrada de su elección. Además, deben protegerlo para que no sea sometido a tortura y otros malos tratos mientras esté detenido.”Información complementariaSegún una notificación de arresto recibida por su familia el 5 de agosto, a la que ha tenido acceso Amnistía Internacional, Zhang Yi fue detenido formalmente el 28 de julio de 2026 como sospechoso de “incitación al separatismo”. A su familia se le informó telefónicamente del arresto el 30 de julio.La policía detuvo a Zhang Yi en Lhasa (Tíbet) el 1 de julio de 2026, cuando visitaba con su hermano menor el Monasterio de Sera. Al no poder comunicarse verbalmente con una persona que estaba orando para pedirle que le prestara una alfombra de oración, Zhang Yi le mostró una foto del Dalái Lama en su teléfono móvil. Según sus familiares en el extranjero, dos hombres vestidos de civil observaron la interacción y al parecer grabaron a Zhang Yi cuando abandonaba la zona de oración junto con su hermano, y la policía lo detuvo antes de que saliera del monasterio.La familia de Zhang Yi recibió una Notificación de Detención Penal emitida por el Departamento de Seguridad Pública de Lhasa el 18 de julio. En ella se indicaba que Zhang Yi había sido detenido penalmente como sospechoso de “incitación al separatismo” y se encontraba recluido en el Centro de Detención de Lhasa. Las autoridades no han revelado los hechos en que se basa la acusación.Zhang Yi fue detenido el mismo día en que entró en vigor la Ley de Unidad Étnica, el 1 de julio de 2026. Esta ley contiene disposiciones excesivamente amplias y vagamente formuladas que exigen que se fomente la “unidad étnica” y la identidad nacional compartida, y crea fundamentos jurídicos adicionales para restringir el ejercicio pacífico de los derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, religión o creencias, y los derechos culturales.Amnistía Internacional ha documentado reiteradamente el uso indebido por parte de las autoridades chinas del delito de “incitación al separatismo” para procesar a personas tibetanas por ejercer pacíficamente sus derechos humanos, como por ejemplo defender la enseñanza en tibetano y expresar opiniones sobre la libertad religiosa y el Dalái Lama.Zhang Yi es un destacado activista chino en favor de la democracia de Wuhan (provincia de Hubei). Comenzó con su activismo político durante el movimiento en favor de la democracia de la Plaza de Tiananmen en 1989. 

10. Unión Europea: Los dirigentes europeos deben responder a la situación de Ceuta con humanidad y solidaridad

    Con motivo de la reunión mañana de Ministerios de Interior de los países europeos sobre la respuesta de la Unión Europea (UE) a la situación de Ceuta, Dinushika Dissanayake, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Europa, ha declarado: “Ahora que se preparan para reunirse, pedimos a los líderes y lideresas europeos que respondan a la situación de Ceuta de forma humana y solidaria, así como a cualquier aumento de llegadas en la frontera exterior de la UE. La respuesta inicial de muchos Estados europeos a los sucesos de Ceuta ha sido enormemente preocupante y peligrosa. Los recientes acontecimientos no deben utilizarse con fines políticos para cerrar aún más las fronteras o externalizarlas, ni como herramienta cínica para legitimar la nueva política de la UE que da prioridad a las deportaciones”.“Trágicamente, al menos 72 personas han perdido la vida cuando trataban de entrar en Europa en busca de un futuro mejor. Los dirigentes europeos deben garantizar que su respuesta a la situación de Ceuta no es discriminatoria. Debe rechazarse con firmeza la retórica desmesurada que califica la situación de Ceuta de ‘invasión’ y refuerza estereotipos racistas.”“Las escenas que vemos son resultado de los continuos intentos de Europa de cerrar y externalizar sus fronteras en lugar de invertir en vías seguras y regulares.”“Además, los esfuerzos políticos para atribuir el aumento de llegadas al proceso de regularización de España, cuyo plazo se cerró el 30 de junio, carecen de base y son un vergonzoso intento de sembrar el miedo sobre las políticas migratorias que no están centradas en la contención y la deportación. Los procesos de regularización son una herramienta importante y habitual de gestión de la migración que se usa para garantizar el acceso continuado de las personas afectadas a derechos y servicios y hace años que los implementan gobiernos de colores políticos diversos en varios países europeos.”“Los Estados tienen la responsabilidad de gestionar sus fronteras con humanidad y evitar poner a las personas en peligro. Las autoridades españolas y las marroquíes deben garantizar el acceso al sistema de asilo para quienes lo soliciten, abstenerse de hacer expulsiones colectivas —que siempre son ilegales—, proporcionar asistencia humanitaria urgente a quienes la necesitan y respetar sus derechos humanos con independencia de la forma en que hayan llegado, sin discriminación.”Información complementariaLas autoridades de Ceuta estiman que han cruzado la frontera más de 60.000 personas, de las que se calcula que han retornado a Marruecos 48.000. España ha desplegado unidades del ejército en Ceuta para apoyar a la policía y la Guardia Civil.Según la información recibida, hay miles de personas durmiendo en la calle.Amnistía Internacional continuará haciendo seguimiento de la situación para detectar cualquier indicio de violaciones de derechos humanos, como el uso excesivo de la fuerza o vulneraciones relacionadas con el principio de no devolución.

11. España: Hay que garantizar que los derechos humanos, la dignidad y la humanidad sean el eje central de la respuesta a la llegada excepcional de personas a Ceuta 

    En respuesta al cruce de decenas de miles de personas, entre ellas niños y niñas, desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, y a la muerte de 43 personas —según se ha informado—, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, ha declarado:“Estamos siguiendo muy de cerca la situación. Las autoridades españolas y marroquíes deben situar sus obligaciones en materia de derechos humanos en el centro de su respuesta a esta situación. Deben garantizar el acceso al sistema de asilo a quienes lo soliciten y respetar los derechos humanos de todas las personas migrantes, independientemente de cómo hayan llegado y sin discriminación alguna.”“El elevado número de personas que están llegando a Ceuta y las circunstancias en que se está produciendo el cruce no deben desviar la atención del hecho de que, en virtud del derecho internacional, el principio de no devolución es absoluto y las expulsiones colectivas están prohibidas en todos los casos.”“Todas las fuerzas desplegadas deben actuar de conformidad con el derecho y las normas internacionales, también en lo que respecta al uso de la fuerza. Las autoridades españolas también deben garantizar el despliegue de recursos sanitarios y de asistencia social adecuados para responder a las necesidades de estas personas, incluidas las de niños, niñas y otras personas expuestas a un mayor riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos.”“Amnistía Internacional insta a las autoridades españolas a adoptar las medidas necesarias para evitar que su respuesta a esta situación tenga efectos discriminatorios, en particular sobre las personas racializadas y la infancia, y a condenar la difusión de discursos racistas.” Información complementariaLas autoridades de Ceuta estiman que han cruzado la frontera más de 60.000 personas. España ha desplegado unidades del ejército en Ceuta para apoyar a la policía y la Guardia Civil.Según la información recibida, miles de personas están durmiendo en la calle. Amnistía Internacional seguirá haciendo seguimiento de la situación para detectar cualquier indicio de  que se están cometiendo violaciones de derechos humanos en el control fronterizo, como  el uso excesivo de la fuerza o vulneraciones relacionadas con el principio de no devolución.

12. Global: El calor extremo pone de manifiesto el efecto letal de la combinación de cambio climático, codicia empresarial y fracaso político mientras arden los derechos

    Ante los fenómenos meteorológicos relacionados con el calor extremo en todo el mundo, como incendios forestales generalizados, sequías e inundaciones, Marta Schaaf, directora del Programa de Justicia Climática, Económica y Social y Rendición de Cuentas de las Empresas de Amnistía Internacional, ha declarado:“El calor extremo no es sólo un fenómeno meteorológico. Tiene una dimensión política. Se produce cuando el cambio climático, impulsado por la codicia empresarial y el fracaso político, choca con los derechos, las vidas y los medios de subsistencia de las personas. Se trata de una emergencia de derechos humanos que amenaza el derecho a la vida, la salud, la vivienda, el agua y el saneamiento, la alimentación, la educación y un medioambiente saludable. El calor extremo no es un desastre aislado. Multiplica el daño a los derechos humanos. Mientras muchos gobiernos y actores empresariales dan marcha atrás en sus medidas contra el cambio climático, cada vez más personas en todo el mundo sufren fenómenos extremos causados por el cambio climático, que modifican sus vidas y en muchos casos, desgraciadamente, acaban con ellas”.“Las olas de calor pueden matar directamente, y también propagan los incendios forestales, aumentan la contaminación atmosférica, resecan el suelo y alteran los regímenes pluviales, agravando la sequía en algunos lugares y haciendo que las inundaciones sean más peligrosas en otros. Estos daños se están agravando con las tácticas autoritarias que atacan a la ciencia climática, restringen las protestas, difunden desinformación respecto al clima y protegen los poderosos intereses del sector de los combustibles fósiles para que no rinda cuentas”.“Los gobiernos deben proteger inmediatamente a la población con medidas de adaptación y servicios públicos de resiliencia climática, como sistemas de alerta temprana, viviendas seguras, acceso al agua y medidas de protección contra el calor. Pero también deben hacer frente a la causa fundamental de esta crisis cada vez más grave. Gracias en parte a las generosas subvenciones públicas y al apoyo de sus aliados en el gobierno, las empresas del sector de los combustibles fósiles siguen generando beneficios, mientras las comunidades pagan el precio de los daños que estas empresas han contribuido a causar. Los Estados deben hacer pagar a quienes contaminan, defender la ciencia del clima y el espacio de la sociedad civil y conseguir una eliminación gradual completa, rápida, justa y financiada del uso de combustibles fósiles que no deje atrás a nadie”.Información complementaria:El número de personas expuestas al calor extremo aumenta exponencialmente debido al cambio climático en todas las regiones del mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Con el aumento de las temperaturas medias debido al cambio climático, se incrementa el riesgo de que haya temperaturas extremas, olas de calor, incendios forestales y temperaturas récord.Este mes se ha informado de olas de calor extremo en Estados Unidos, Túnez, Oriente Medio, Turquía y Bangladesh, mientras que en más de la mitad de Inglaterra se ha declarado oficialmente el estado de sequía. Este año se han registrado en todo el mundo elevadas cifras de fallecimientos relacionados con las altas temperaturas, mientras enormes incendios forestales se extienden por Europa, el norte de África y Canadá.

13. Nicaragua: Reforma constitucional busca desmantelar derecho a participar en asuntos públicos

    Ante la iniciativa de reforma constitucional impulsada por las autoridades nicaragüenses para ampliar el mandato presidencial y excluir de manera permanente de los procesos electorales a personas calificadas por el gobierno como “traidoras” o “golpistas”, Amnistía Internacional advierte que estas medidas representan un nuevo paso en el desmantelamiento del derecho de las personas nicaragüenses a participar en los asuntos públicos de su país. El derecho de todas las personas a participar en la dirección de los asuntos públicos, incluido el derecho a votar y ser elegidas sin restricciones indebidas en elecciones auténticas, está reconocido en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Nicaragua sigue obligada por este tratado y no puede eliminar o restringir arbitrariamente estos derechos.“Esta reforma electoral es un intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos.”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.La reforma fue presentada tras las declaraciones realizadas por el copresidente Daniel Ortega durante un acto conmemorativo el 19 de julio, en donde afirmó que “aquí no volverá a haber elecciones”, marcando el inicio de un proceso para incorporar estas restricciones al ordenamiento jurídico del país. Estas medidas se suman a un proceso sostenido de concentración del poder y cierre del espacio cívico que se intensificó desde la represión de las protestas de 2018, en las que, según organizaciones de la sociedad civil y mecanismos regionales y universales de protección de derechos humanos, más de 300 personas fueron asesinadas. Desde entonces, las autoridades han cancelado la personalidad jurídica de más de 5.000 organizaciones de la sociedad civil, cerrado medios de comunicación independientes y despojado arbitrariamente de su nacionalidad a personas consideradas opositoras, periodistas y defensoras de derechos humanos, dejando a muchas en situación de apatridia y obligando a muchas otras a exiliarse.Lejos de revertir este deterioro, las autoridades han continuado el desmantelamiento del Estado de derecho e ignorando sistemáticamente las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos. En 2025 promovieron una reforma constitucional que eliminó la separación de poderes y subordinó los órganos legislativo, judicial y electoral a la Presidencia.Recientemente, en julio de 2026, cientos de profesionales del derecho fueron despojados de sus licencias para ejercer, en lo que expertos de la ONU calificaron como una purga de la profesión jurídica que deja a las víctimas de la represión prácticamente sin acceso a una defensa independiente.“Detrás de cada organización cancelada, cada licencia revocada y cada persona despojada de su nacionalidad hay alguien a quien el Estado le arrebató la posibilidad de expresarse, organizarse y decidir sobre el futuro de su país. Esto es lo que este anuncio pretende convertir en ley”, añadió Ana Piquer.Amnistía Internacional insta a las autoridades nicaragüenses a abstenerse de adoptar cualquier ley o reforma dirigida a eliminar o restringir indebidamente el derecho de las personas a participar en los asuntos públicos de su país.Las autoridades deben garantizar la celebración de elecciones periódicas y auténticas, mediante sufragio universal y en condiciones que aseguren la libre expresión de la voluntad del electorado, de conformidad con el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También deben poner fin a todas las represalias contra quienes ejercen o promueven ese derecho, incluidas las restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica que imposibilitan una participación cívica y política efectiva.La organización también pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a sus Estados miembros que garanticen que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua dé seguimiento específico a las medidas legislativas presentadas y a sus impactos.Asimismo, solicita a los demás Estados que no reconozcan ni normalicen la supresión de este derecho como una decisión soberana de carácter interno, y que planteen la situación en todos los foros multilaterales pertinentes, exigiendo que Nicaragua cumpla con todas las obligaciones vinculantes que le corresponden en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente aquellas que asumió voluntariamente.Amnistía Internacional dará seguimiento y analizará las reformas propuestas y documentará sus impactos sobre los derechos de las personas nicaragüenses que viven en país y de quienes se encuentran en el exilio.

14. India: Las exportaciones de armas a Israel podrían constituir complicidad en el genocidio en curso en Gaza — nueva investigación

    “India ha seguido suministrando armas a Israel pese al riesgo sustancial de que puedan usarse en el genocidio israelí en curso de la población palestina en la Franja de Gaza ocupada”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.Made in India: The Supply of Weapons and Ammunition to Israel documenta cómo el gobierno de India ha establecido una colaboración próxima y rentable con el sector de la defensa israelí y se ha convertido en una importante pieza de las cadenas de suministro que respaldan las operaciones militares de Israel.El informe usa datos comerciales a nivel de envío entre India e Israel para revelar que se han enviado armas, munición, partes y componentes de origen indio a grandes empresas israelíes proveedoras de las fuerzas armadas israelíes. En el informe se identifica asimismo a empresas propiedad del Estado de India y controladas directamente por este.“Nuestra investigación revela que India sigue apoyando al ejército y al sector de la defensa israelíes pese al genocidio en Gaza que desde hace años se retransmite a todo el mundo casi a diario”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.“India fabrica y suministra armas que se transfieren a Israel merced a la propiedad estatal de empresas proveedoras clave y a su control sobre ellas. No solo no ha regulado las exportaciones de armas a Israel por empresas privadas con arreglo al derecho y las normas internacionales, sino que también ha reforzado su colaboración con Israel en materia de defensa”.“Con arreglo a las órdenes de medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia, que reconocen un riesgo plausible de genocidio de la población palestina en Gaza, las autoridades indias no pueden argumentar de forma creíble que no sabían que seguir autorizando y facilitando transferencias de armas a Israel conlleva un riesgo sustancial de contribuir a violaciones graves del derecho internacional. Mientras el ejército israelí infligía muerte, destrucción y sufrimiento generalizados a la población palestina de Gaza, empresas indias seguían obteniendo beneficios suministrando componentes y municiones destinados al sector de la defensa de Israel”.“El gobierno indio debe dejar inmediatamente de autorizar exportaciones de armas, munición y partes a Israel. Además, debe garantizar que las empresas que operan bajo su jurisdicción no contribuyen a crímenes de derecho internacional. Todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus actividades a nivel mundial, lo que conlleva adoptar medidas proactivas y firmes desde el principio para garantizar que sus productos no están implicados en violaciones graves del derecho internacional. Estas medidas deben ser proporcionales al nivel de riesgo”.El equipo de investigación de Amnistía Internacional analizó 2.596 envíos de armas, munición, partes y componentes realizados desde India a Israel desde el 7 de octubre de 2023. Según los registros, empresas indias han suministrado al menos 390.516 partes de armas pequeñas para armas de uso militar, 564.970 piezas de artefactos explosivos (como ojivas de drones, casquillos de proyectiles de artillería y otras) y 298 componentes de vehículos militares a grandes empresas israelíes que son proveedores directos del ejército israelí.Amnistía Internacional excluyó sistemáticamente los datos de envíos que podrían haberse destinado a uso civil, así como armas, partes y munición destinados probablemente a la tecnología de defensa antimisiles que se suele emplear para defender a la población civil de ataques indiscriminados.Amnistía Internacional analizó el marco legal nacional de India sobre transferencias de armas y el cumplimiento por este país del derecho y las normas internacionales. La organización encontró deficiencias estructurales críticas como la inexistencia del requisito expreso de ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos para prevenir que se usen productos militares en violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, así como falta de transparencia, lo que se traduce en un proceso de exportación sin control.India se abstuvo en la votación sobre la adopción del Tratado sobre el Comercio de Armas en abril de 2013. Desde entonces, ni lo ha firmado ni se ha adherido a él. Es vital que India se adhiera este tratado como primer paso para que su normativa en materia de control de las exportaciones sea compatible con el derecho internacional sobre transferencias de armas.Como parte de su obligación de respetar el derecho internacional humanitario y de garantizar que se respeta, todos los Estados tienen prohibido transferir, o permitir que actores no estatales transfieran, armas a una parte de un conflicto armado —sea un Estado o un grupo armado no estatal— cuando haya un riesgo claro de que esto contribuiría a la comisión de violaciones del derecho internacional humanitario.Los actores empresariales implicados en la transferencia de armas a Israel podrían también contribuir a violaciones del derecho internacional humanitario. Además, si las empresas y su personal conocen la probabilidad sustancial de que dichas armas se usarían para cometer crímenes de derecho internacional, podrían incurrir en responsabilidad penal.En junio y julio de 2026, Amnistía Internacional escribió al Estado de India y a las nueve empresas que se citan en el informe detallando las conclusiones del informe. En el momento de la publicación, no se había recibido respuesta. Armas identificadasA raíz de los crímenes de lesa humanidad cometidos por Hamás y otros grupos armados palestinos durante sus ataques a Israel del 7 de octubre de 2023, Israel lleva a cabo una brutal y destructiva campaña en la Franja de Gaza que constituye un genocidio en curso contra la población palestina, y continúa con sus operaciones militares y prácticas ilegítimas, como su apoyo activo a la violencia generalizada de los colonos en Cisjordania. Esto ocurre en el contexto de décadas de ocupación ilegal del territorio palestino por parte de Israel y de su sistema de apartheid contra la población palestina.Israel posibilita que se cometan estos crímenes y violaciones del derecho internacional con suministros a Israel casi ininterrumpidos de armas y municiones desde varios Estados clave, como Estados Unidos y Alemania, así como con el tránsito de armas a través de Eslovenia y de Francia, que ha documentado Amnistía Internacional.Amnistía Internacional ha identificado exportaciones de India a Israel de armas y munición, incluidos partes y accesorios, de artículos clasificados en los códigos HS 93+ y 8710+ del Sistema Armonizado (HS, por sus siglas en inglés) reconocido internacionalmente. El código HS 93+ es una categoría general que incluye la mayoría de los tipos de armas y munición, así como partes y accesorios. El código HS 8710+ incluye tanques y demás vehículos automóviles blindados de combate y sus partes.Amnistía Internacional identificó al menos 2.596 envíos de armas, partes y munición exportados desde India a Israel entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de noviembre de 2025 que incluyen componentes de ametralladoras para armas desplegadas por las fuerzas israelíes en Gaza; proyectiles de artillería de alto poder explosivo de 155 mm suministrados a Elbit Systems; ojivas para la munición de merodeo Skystriker similares a las identificadas entre los escombros en Jan Younis (Gaza); y componentes de vehículos blindados destinados a los principales proveedores del ejército israelí.Amnistía Internacional cree que algunas empresas indias podrían ser cómplices de crímenes de derecho internacional y de otras violaciones graves de derechos humanos cometidas por Israel merced a su relación comercial con empresas israelíes que suministran directamente material al ejército israelí.Amnistía Internacional analizó exportaciones de varias empresas indias entre ellas: PLR Systems Private Limited, que fabrica partes para ametralladoras y es una empresa conjunta de Adani Defence & Aerospace e Israel Weapon Industries; Indo MIM Private Limited, que fabrica componentes de armas de fuego; Kalyani Systems Private Limited, que fabrica proyectiles y casquillos de artillería y es subsidiaria de Bharat Forge; Munitions India Limited, de propiedad estatal, que fabrica proyectiles de artillería de alto poder explosivo; y Alpha Elsec Defence & Aerospace Systems Private Limited que fabrica ojivas y es una empresa conjunta de Alpha Design Technologies y Elbit Systems.Entre las empresas israelíes que hicieron pedidos de armas y recibieron armas figuran Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems Ltd e Israel Aerospace Industries Ltd, conocidas por su contribución a las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por Israel. En 2025, Amnistía Internacional pidió a todos los Estados y entidades privadas que cesaran todas las actividades empresariales con estas empresas, pues “se arriesgan a ser cómplices de los crímenes de lesa humanidad de apartheid y genocidio y de otros crímenes de derecho internacional”.Amnistía Internacional lleva tiempo pidiendo un embargo total de armas a Israel que abarque el suministro directo o indirecto, la venta y la transferencia de armas y material militar, incluidas tecnologías afines, partes y componentes, asistencia técnica, formación, asistencia económica o de otra índole hasta que las empresas implicadas puedan demostrar que no están contribuyendo a la ocupación ilegal de Israel ni a sus crímenes de derecho internacional.El Estado de India —y las empresas indias que suministran armas, munición, partes o componentes— debe cesar inmediatamente todas las transferencias de armas y munición, incluidos partes y componentes, a Israel.“Al permitir a sabiendas la transferencia de armas a Israel, India viola claramente su deber de prevenir el genocidio en virtud de la Convención sobre el Genocidio y su obligación de garantizar que se respetan los Convenios de Ginebra”, concluyó Agnès Callamard.“Si una empresa determina que los productos que ha vendido podrían haber contribuido a abusos contra los derechos humanos de la población palestina en Gaza, deberá establecer un proceso de reparación para todas las personas perjudicadas como consecuencia de ello o colaborar con este”.

15. Malí: Evidencia de crímenes de guerra de grupos armados en la región de Gao

    Las ejecuciones sumarias de al menos 19 soldados malienses perpetradas por miembros de grupos armados en Tabrichat, un pueblo de la región de Gao (centro de Malí) deben ser investigadas como crímenes de guerra, ha afirmado Amnistía Internacional tras analizar imágenes de vídeo del incidente, que tuvo lugar el 18 de julio tras caer los soldados en una emboscada.Amnistía Internacional analizó 12 vídeos publicados en redes sociales que ayudaron a reconstruir el incidente. En tres de ellos, un grupo de al menos 19 soldados malienses camina por el desierto con las manos tras la cabeza, en clara señal de rendición. En otro se ve a cinco hombres armados disparando sobre un grupo de hombres tendidos en el suelo. En un vídeo aparecen primeros planos de los cadáveres de los hombres que habían sido grabados rindiéndose momentos antes. Los vídeos muestran también cómo los hombres armados someten a los prisioneros a golpes y malos tratos.“En las imágenes que ha examinado Amnistía Internacional, queda claro que los soldados estaban “fuera de combate” (habían dejado de participar activamente en las actividades bélicas) antes de que los maltrataran y acabaran con su vida a sangre fría. El derecho internacional humanitario establece que cualquier persona que esté fuera de combate, incluidos los soldados que se han rendido o han sido hechos prisioneros, debe ser protegida. La evidencia de que se han cometido crímenes de guerra es irrefutable”, manifestó Ousmane Diallo, investigador sobre el Sahel de la Oficina Regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.Terribles imágenes circulando en redesEn dos vídeos se veían banderas blancas en la parte delantera de los vehículos de los atacantes, características del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM, por sus siglas en francés).Se publicaron 17 vídeos en cuentas de X y en un canal de Telegram relacionado con la empresa militar privada rusa Wagner Group, activa en Malí entre 2022 y junio de 2025.En una declaración efectuada el 18 de julio, el Frente de Liberación de Azawad (FLA) reivindicó la autoría de la emboscada tendida en Tabrichat a soldados malienses y combatientes rusos aliados miembros del Africa Corps, y afirmó que había causado “numerosas víctimas mortales y considerables daños materiales”. El GSIM también afirmó haber tendido una emboscada a un convoy conjunto de soldados malienses y combatientes del Africa Corps ruso en la zona de Tabrichat, e hizo referencia a “víctimas mortales y graves daños materiales en las filas del enemigo”.Es necesaria una investigación independiente e imparcialLas ejecuciones sumarias son una grave violación del artículo 3 de los Convenios de Ginebra y del derecho internacional humanitario, que garantiza la protección absoluta e incondicional de cualquier persona fuera de combate (que no participa directamente en las hostilidades). Cualquier ejecución, trato cruel o ataque a su dignidad constituiría crimen de guerra por el que sus autores (incluidos los mandos) serían considerados penalmente responsables a nivel individual.El 23 de julio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una declaración en la que condenaba la tortura y el asesinato de soldados malienses que se habían rendido y exigía rendición de cuentas.“El derecho internacional humanitario debe ser respetado por todas las partes en el conflicto. El FLA y el GSIM deben sancionar y retirar de sus filas a todos los sospechosos de haber cometido estas violaciones del derecho internacional humanitario. Pedimos a las autoridades malienses que lleven a cabo una investigación independiente e imparcial de estos crímenes de guerra perpetrados por el FLA y el GSIM, que reivindicaron la responsabilidad del ataque. Deben establecerse las responsabilidades, y los perpetradores deben ser castigados tras un juicio con las debidas garantías. Las víctimas y supervivientes de crímenes de derecho internacional tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, ha declarado Ousmane Diallo.Información complementariaEl sábado 18 de julio de 2026, un convoy militar que se dirigía de Anéfis a Bourem cayó en una emboscada cerca de Tabrichat, pueblo del distrito de Bourem de la región de Gao, en el centro de Malí. En convoy se desplazaba por la carretera de Anéfis a Bourem cuando se produjo el ataque.La emboscada fue realizada conjuntamente por el Frente de Liberación de Azawad (FLA) y el GSIM, conocido también como Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), dos grupos armados no estatales aliados desde 2025 en Malí.En una declaración del 18 de julio, el Estado Mayor de las fuerzas armadas malienses afirmó que los ataques aéreos habían “permitido al convoy escapar de las emboscadas y continuar su camino”.En los últimos diez años, el conflicto entre Malí y diversos grupos armados no estatales ha causado muchas muertes de civiles y miembros de las partes en el conflicto. El país está gobernado por autoridades militares desde que tuvo lugar el golpe contra el presidente Ibrahim Boubacar Keïta en 2020.La Corte Penal Internacional (CPI) lleva investigando la situación en Malí desde 2013. La retirada del país del Estatuto de Roma no afectará a las investigaciones en curso y los procedimientos ante la CPI. La Corte también seguirá siendo competente en los delitos sujetos a su jurisdicción perpetrados antes de que la retirada se haga efectiva el 23 de junio de 2027.

16. Ecuador: las Guerreras por la Amazonía exigen eliminar los mecheros cinco años después de una sentencia histórica

    Amnistía Internacional se une al llamado de las Guerreras por la Amazonía (GxA), que cinco años después de ganar una sentencia histórica que exige a Ecuador eliminar los mecheros petroleros cercanos a centros poblados, así como reparaciones a las comunidades afectadas, siguen exigiendo su cumplimiento."Durante estos cinco años, las Guerreras por la Amazonía, la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), el colectivo Eliminen los Mecheros y las comunidades afectadas han encabezado una resistencia incansable por sus derechos y la justicia climática. Sin embargo, se siguen enfrentando a la indolencia de las autoridades, a acciones que simulan el cumplimiento de la sentencia, así como con actos de estigmatización e incluso ataques en su contra”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía InternacionalLa eliminación de los mecheros: avances parciales y simulacionesDe acuerdo con cifras del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) de Ecuador, para 2023 en la Amazonía Ecuatoriana existían 486 mecheros, 424 operados por la empresa estatal Petroecuador, y 62 por empresas privadas. La sentencia ordenó su eliminación progresiva hasta 2030, comenzando por aquellos cercanos a centros poblados. Estos últimos debían ser eliminados en un plazo de 18 meses, que venció el 29 de marzo de 2023. Para cumplir con esta obligación, el MAE emitió en 2022 un reglamento que considera cercanos a centros poblados únicamente a los mecheros situados a menos de 100 metros de una concentración de al menos 20 viviendas contiguas. En su informe “Arde la Amazonía, Arde el Futuro”, Amnistía Internacional documentó en agosto del 2024 al menos 52 mecheros ubicados a menos de cinco kilómetros de centros poblados, distancia hasta donde pueden llegar contaminantes. Pese a ello, las autoridades consideraron cumplido el primer plazo tras eliminar únicamente dos mecheros situados dentro del criterio restrictivo de 100 metros.Petroecuador informó en julio de 2026 que había eliminado 183 mecheros y comprometido 600 millones de dólares para continuar con el proceso de eliminación. Para finales de 2025, solo nueve de los 62 mecheros operados por empresas privadas habían sido eliminados.Según el monitoreo satelital anual del Banco Mundial que rastrea el progreso mundial hacia la meta de cero quema rutinaria de gas en mecheros para 2030, aunque el volumen de gas quemado de Ecuador cayó en 9% de 2024 a 2025, este sigue estando 34% por arriba del volumen en 2021, año en que tenía que arrancar el programa de eliminación de mecheros.Flourish: Visualisation/29822582Evolución de volumen de gas quemado en Ecuador, 2012-2025. Fuente: Banco Mundial, Global Gas Flaring Tracker, junio 2026. Valores en miles de millones de metros cúbicos (bcm).Cinco años después, los mecheros siguen afectando a las comunidadesAmnistía Internacional verificó en julio de 2026, a través de datos del Banco Mundial, documentos oficiales y entrevistas, que, al menos tres sitios de quema ubicados a menos de 5 km de las viviendas de las GxA (y en general de centros poblados), siguen activos.Dayra Shirap, de 16 años, es una de las GxA, integrante de la nacionalidad indígena shuar; vive a casi 2 km de la Estación Sur Oeste de Shushufindi. Según datos del Banco Mundial, el volumen de gas quemado en ese sitio aumentó 53% desde 2021.“Todos los días cuando voy al colegio puedo verlo [al mechero] y parece fuego forestal” relató Dayra.También, reportó que solamente una vez apagaron los mecheros de esa estación durante una visita de delegados de Ministerios que fueron a constatar el cumplimiento de la sentencia, pero luego lo volvieron a encender. Leonela Moncayo, de 15 años, Guerrera por la Amazonía, convivía con un mechero frente a su casa. Según su testimonio, este no fue eliminado: la tubería que transportaba el gas fue redireccionada hacia otra estación a casi 2 km de su casa. “No lo eliminaron. Cambiaron la dirección de la tubería, la pasaron por la entrada de mi casa y llevaron el gas a la estación que estaba cerca”, explicó Leonela.Este gas fue redireccionado a la estación Lago Norte, la cual duplicó su quema de gas entre 2024 y 2025, alcanzando un máximo histórico de 7.32 millones de metros cúbicos anuales. Los dos mecheros del sitio están incluidos en el plan de eliminación progresiva, con desmantelamiento previsto hasta el 31 de diciembre de 2027.Jamileth Jurado, de 18 años, alterna su residencia entre las casas de su padre y de su madre. La vivienda de su padre se encuentra a unos 150 metros de una plataforma petrolera afectada recurrentemente por derrames. La de su madre está en Shushufindi, una ciudad rodeada de mecheros.A poco más de 4 km de su vivienda está la Estación Norte Shushufindi, que, según los datos del Banco Mundial, registra el mayor volumen de quema de gas del país: alrededor de 69,1 millones de metros cúbicos al año.Jamileth también vive a aproximadamente 1,6 kilómetros de la Estación Shushufindi Central, donde dos mecheros permanecerán activos hasta finales de 2028 de acuerdo con un informe de Petroecuador. “Vivir cerca de los mecheros es una amenaza diaria y una preocupación. Desde que entré al Caso Mecheros, he aprendido que esto puede causarme cáncer”, afirmó JamilethEl plan oficial de Petroecuador prevé eliminar 13 mecheros en 2026, 60 en 2027, 60 en 2028, 50 en 2029 y 54 en 2030. Sin embargo, Pablo Fajardo, abogado de las accionantes e integrante de la UDAPT, advirtió que han identificado nuevos mecheros y que solo un nuevo estudio nacional permitiría determinar con claridad cuántos permanecen activos. Petroecuador ha señalado que el cumplimiento de la planificación depende de condiciones operativas y de posibles pérdidas de producción petrolera. Para Amnistía Internacional, subordinar la eliminación de los mecheros a la continuidad de la producción implica privilegiar intereses económicos de la industria petrolera por encima de los derechos humanos, manteniendo a la Amazonía ecuatoriana como una “zona de sacrificio”. Guerreras por la Amazonía, recibiendo firmas internacionales.Las reparaciones siguen pendientesLa sentencia también estableció reparaciones relacionadas con los derechos a la salud, al agua y al medio ambiente limpio, saludable y sostenible de las comunidades afectadas, que cinco años después siguen sin cumplirse. Según la UDAPT, el Ministerio de Salud Pública no ha presentado el estudio médico-científico que debía entregar a seis meses de establecida la sentencia, sobre el grado de afectación en la salud de las comunidades. Al no determinar la gravedad de esta afectación, tampoco ha implementado una Unidad Clínica Oncológica. “Yo siento que voy a seguir luchando por los derechos de los amazónicos. Seguiré luchando por los pacientes de cáncer de la Amazonía, yo sé lo que es vivir este sufrimiento en carne propia. Algún día se va a acabar esto”.  – afirmó Jamileth Jurado, hija de una de las 749 pacientes con cáncer registrados por UDAPT en las cercanías de los mecheros.Las autoridades tampoco han evaluado idóneamente la calidad del agua ni garantizado acceso a agua apta para consumo humano. Las personas de la zona tienen que usar agua de lluvia o subterránea, en muchos casos contaminada, o deben comprar agua embotellada. “No tenemos agua potable, usamos agua lluvia. Aunque intentemos hervirla, no se eliminan todas las toxinas”, – afirmó Leonela Moncayo, Guerrera por la Amazonía. Finalmente, la sentencia ordenó un sistema efectivo de monitoreo y verificación ambiental para identificar vulneraciones a los derechos de la Naturaleza. Sin embargo, la respuesta de las autoridades se resume a oficios formales.“Todos responden con reglamentos, con informes, pero maquillando, no responden el acatamiento de la sentencia, sino cosas que les permita evadir el cumplimiento de la sentencia”, señaló Pablo Fajardo, de la UDAPT.   La lucha continúaFrente al incumplimiento reiterado, las Guerreras y la UDAPT han exigido justicia ante distintas instancias, como la Asamblea Nacional del Ecuador o la Corte Constitucional. En dicha Corte han presentado dos acciones legales, una desestimada y otra en evaluación. Si bien el Estado no ha cumplido integralmente con la sentencia, según UDAPT, estos cinco años de lucha y resistencia han logrado cambios como una mayor comprensión de los efectos de los mecheros sobre la población. En 2024, la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica incorporó una disposición que prohíbe la combustión al aire libre del llamado gas “natural” mediante mecheros que pongan en riesgo a las comunidades y a los ecosistemas.A pesar de la estigmatización y ataques que han sufrido las Guerreras por la Amazonía y la UDAPT, así como la  falta de medidas de protección estatales, las niñas y jóvenes no han desistido de su lucha. En 2024, seis niñas representantes de los pueblos shuar, kichwa, siona, siekopai, waorani y cofán se incorporaron al colectivo de las Guerreras por la Amazonía. Las Guerreras han recabado solidaridad internacional en espacios como la COP30.En mayo de 2026, GxA, la UDAPT y Amnistía Internacional, entregaron al MAE 492.174 acciones de apoyo de personas de todo el mundo que piden el cumplimiento de la sentencia. Tras esa reunión, el Ministerio se comprometió a impulsar mesas técnicas interinstitucionales para avanzar en la eliminación de los mecheros y en las reparaciones. “Las Guerreras, la UDAPT y las comunidades que enfrentan los mecheros no son víctimas pasivas. Su resistencia activa está presionando al Estado ecuatoriano y se ha convertido en un referente regional e internacional de la lucha por la justicia ambiental y climática. El Estado ecuatoriano debe dejar a un lado la simulación y cumplir con su obligación de eliminar los mecheros y abandonar progresivamente los combustibles fósiles que convierten en zona de sacrificio la Amazonía ecuatoriana”. - afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

17. Nigeria: Mientras crece el escándalo de la contaminación, documentos de Shell ponen de manifiesto la existencia de un oleoducto que es “una ruina”, pozos “desaparecidos” y unos costes de desmantelamiento de 10.900 millones

    Shell debe responder por decenios de contaminación en el delta del Níger después de que unos documentos internos de la empresa hayan revelado infracciones de las normas, infraestructuras defectuosas y costes de limpieza no satisfechos que amenazan con hacer que las comunidades afectadas tengan que pagar el precio. Así lo ha manifestado hoy en un nuevo informe una coalición de organizaciones medioambientales y de derechos humanos, de la que forma parte Amnistía Internacional.El informe, titulado Nigeria: Lifting the Lid, analiza correos electrónicos internos, informes de auditoría y exámenes confidenciales de Shell hechos públicos en unos procedimientos judiciales en Reino Unido que revelan un escándalo de derechos humanos mucho mayor de lo que se había informado. Aunque Shell presentó sus operaciones haciendo ver que cumplían las normas internacionales, el documento señala las preocupaciones planteadas por el ejército nigeriano respecto a presunta complicidad en robo de petróleo, sospechas de connivencia entre personal y contratistas, exenciones de las normas de seguridad, descuido crónico de riesgos conocidos en la integridad del oleoducto, falta de datos relativos a los pozos, una débil detección de las fugas y monitoreos defectuosos de los vertidos.Shell conocía los riesgos de una estructura envejecida y con fugas, incluido un antiguo oleoducto descrito como “una ruina”, pero aun así mantuvo el flujo de petróleo. Más tarde decidió desviar sus negocios en tierra en lugar de enfrentarse al enorme coste de limpiar y desmantelar, que incluía la cifra interna estimada de desmantelamiento de 10.900 millones de dólares estadounidenses. Otra presentación diferente manifestaba que la contaminación había dañado 375 km² de bosque de manglar.Amnistía Internacional escribió a Shell el 3 de julio de 2026 para hacerle partícipe de sus conclusiones respecto a los documentos desvelados. En respuesta al informe de Amnistía, Shell escribió: “No reconocemos la caracterización y la imagen que dan de Shell en su carta. Shell mantiene un compromiso con la honradez, la integridad y el respeto por la gente, y con la realización ética y transparente de actividades empresariales”. Según Shell, las conclusiones no reflejan el “difícil entorno operativo en el delta del Níger en esa época”. Su respuesta completa se incluye en el informe.“Shell lleva mucho tiempo culpando de la contaminación del delta del Níger al robo de petróleo y los sabotajes. Sin embargo, estos documentos echan por tierra años de negaciones y suscitan serias dudas sobre lo que Shell conocía, lo que permitió que continuara sucediendo, y si entonces intentó desentenderse de los costes de su legado tóxico”, ha manifestado Isa Sanusi, director de Amnistía Internacional Nigeria.“El escándalo no era simplemente de ‘bunkering’ ilegal o robo de petróleo. El escándalo real es el intento de Shell de beneficiarse a expensas de los derechos de la población. Shell estaba dispuesta a aceptar en Nigeria daños medioambientales adicionales que no se habrían tolerado en ningún otro lugar, y ahora sus propios documentos rebaten años de negación pública.”El informe ha sido publicado por Amnistía Internacional junto con The Corner House, Hawkmoth, HEDA Resource Centre, Kebetkache Women Development & Resource Centre, Miideekor Environmental Development Initiative (MEDI), Recommon y Social Action. Para las comunidades afectadas, las conclusiones confirman lo que muchos llevan decenios diciendo: la contaminación por petróleo ha dañado agua, tierras de cultivo, lugares de pesca, la salud y los medios de sustento, mientras las empresas seguían obteniendo beneficios y negando su responsabilidad.“No puede permitirse que Shell se lleve el petróleo, se lleve los beneficios y deje tras de sí la contaminación. Las comunidades del delta del Níger merecen verdad, justicia, limpieza y una reparación completa”, ha manifestado Olanrewaju Suraju, presidente de HEDA Resource Centre, una ONG nigeriana que trabaja sobre la gobernanza y la justicia medioambiental.Preocupación respecto al papel en el robo de petróleo, la infracción de normas y las infraestructuras defectuosasLos documentos muestran que, aunque Shell culpó a bandas delictivas del robo de petróleo, altos cargos de la compañía permitieron que los grifos ilegales en el oleoducto continuaran porque eliminarlos supondría “una suspensión considerable del sistema”, lo que significaba la suspensión temporal del beneficioso flujo de crudo. Un alto directivo de Shell escribió en 2013 que esto había provocado que las fuerzas de seguridad nigerianas responsables de la seguridad del oleoducto acusaran a Shell de ser “cómplice” del robo de petróleo “porque no estamos eliminando los puntos de bunkering”. Una presentación realizada por Shell ese año, que hacía referencia a los efectos de la instalación de grifos ilegales, preguntaba: “¿Nos sentimos cómodos al seguir con la producción, SABIENDO que SE PRODUCIRÁN más daños medioambientales?”El informe revela también que Shell eximió a su filial nigeriana, Shell Petroleum Development Company (SPDC), de elementos clave de sus normas internacionales sobre salud y seguridad para que pudiera seguir fluyendo el petróleo por oleoductos saboteados, a pesar de que no se considerara seguro según las normas de seguridad de la propia Shell. Este es un enfoque que un alto ejecutivo de Shell pareció reconocer que no se habría tolerado en otros lugares. Los documentos internos muestran además que los ejecutivos de Shell sospechaban que en el robo de petróleo podían estar implicados personal y contratistas; un correo electrónico advierte: “tenemos que trabajar bajo el supuesto de que los saboteadores tienen buen acceso a los datos de planificación de SPDC”.Las auditorías internas sacaron asimismo a la luz graves debilidades en la gestión del oleoducto por parte de Shell, entre ellas un importante retraso en el mantenimiento, unos sistemas de supervisión débiles y registros deficientes de las abrazaderas de los oleoductos que Shell había permitido que se convirtieran en reparaciones permanentes de fugas. Se registraron más de 1.600 abrazaderas, entre ellas algunas antiguas cuya ubicación se desconocía.Una revisión técnica realizada en 2012 concluyó también que se suponía que las líneas de flujo de SPDC se reemplazaban cada 15 años, pero esto “no se está cumpliendo” y sólo se estaba realizando un “mantenimiento de reparación”.Pozos de petróleo “desaparecidos”, escasa supervisión y deficiente monitoreo de los vertidosUn informe interno de 2014 al entonces consejero delegado de Shell decía que había “cientos” de pozos de SPDC en tierra que estaban desaparecidos de su sistema electrónico de seguimiento de pozos o cuya condición no podía verificarse. Shell realizó más tarde una “campaña de búsqueda de pozos” que identificó 750 tareas de mantenimiento no realizadas y que contribuyó a una clasificación de “insatisfactorio” en la auditoría. Un informe de 2013 concluyó también que los oleoductos de SPDC no contaban con un sistema de supervisión en tiempo real, pese al hecho de que la rápida detección de los vertidos y la limitación de la contaminación son elementos clave para reducir la contaminación de los emplazamientos. Sin esa supervisión, todo lo que no sea una gran rotura puede pasar inadvertido.“Un gigante de los combustibles fósiles que no podía verificar la ubicación e integridad de cientos de pozos y abrazaderas de oleoducto, y que carecía de una detección efectiva de fugas, no puede afirmar con credibilidad que tiene la contaminación bajo control. Shell debe dejar de desviar las culpas”, ha declarado la Dra. Emem Okon, de Kebetkache Women Development & Resource Centre, grupo radicado en Nigeria que promueve los derechos de las mujeres y la justicia medioambiental.La afirmación de Shell de que el robo de petróleo provoca la mayor parte de la contaminación se ve debilitada por sus propios documentos, que muestran que su personal no estaba adecuadamente equipado para determinar su los vertidos estaban causados por la corrosión o por la interferencia de terceros. Esto es importante porque, aunque las empresas deben limpiar los vertidos independientemente de su causa, en virtud de las leyes nigerianas las comunidades afectadas sólo tienen derecho a indemnización cuando los vertidos se clasifiquen como operativos, no como consecuencia de sabotaje o robo.“Para las comunidades que buscan justicia, los deficientes monitoreos de los vertidos por parte de Shell podían significar la diferencia entre la indemnización y el abandono”, ha declarado Celestine Akpobari, de MEDI, ONG dedicada a la lucha de los ogonis que promueve la justicia y la restauración medioambiental.Un oleoducto que es “una ruina”, abandonado lleno de crudoEl informe concluye asimismo que Shell no desmanteló debidamente el viejo oleoducto Nembe Creek Trunk Line tras sustituirlo en 2010. Un correo electrónico interno de 2014 decía que unos 80 km del antiguo oleoducto seguían llenos de crudo estancado, con seis vertidos operativos desde 2010, y que no podía desmantelarse a causa de la falta de presupuesto. El correo describía el oleoducto como “una ruina” y advertía de que, si no se emprendían acciones urgentemente, habría más vertidos. La respuesta parecía confirmar que la falta de desmantelamiento se debía principalmente a motivos económicos, aunque reconocía que se necesitaban acciones para reducir el impacto medioambiental y la responsabilidad.“Shell sabía que sus viejas infraestructuras tenían fugas y debían ser desmanteladas, pero los documentos sugieren que las acciones se demoraron por motivos económicos. Las comunidades no deberían haberse visto obligadas a sufrir la contaminación porque una empresa no quería pagar para limpiar su propio desastre”, ha declarado Simon Taylor, cofundador de Hawkmoth, ONG radicada en Países Bajos que promueve una transición justa y en la que se rindan cuentas para abandonar los combustibles fósiles, y que tiene experiencia en luchar contra los abusos relativos al petróleo y el gas, incluidos los cometidos en Nigeria.Desinversión y unos costes de desmantelamiento de 10.900 millones de dólares no satisfechosUn informe interno enviado al entonces consejero delegado de Shell en 2014 calculaba que el desmantelamiento de todos los bienes existentes de SPDC podía llevar decenios y costar 10.900 millones de dólares, equivalentes a 14.000 millones en la actualidad, al parecer excluyendo los costes de limpieza. Otra presentación interna sobre vertidos de petróleo ocurridos en el pasado identificó 375 km² de bosque de manglar afectados y preguntaba si Shell estaba “dispuesta” a asumir ese “problema sin final a la vista”. Shell vendió SPDC a Renaissance Africa Energy en 2025, a pesar de las preocupaciones sobre la capacidad de la nueva empresa, la limitada información económica pública y la necesidad de préstamos de hasta 1.200 millones de dólares garantizados por Shell para respaldar la adquisición en sí.“La desinversión de Shell no puede convertirse en una vía de escape empresarial. Tras decenios de beneficiarse del petróleo del delta del Níger, Shell no debe transferir los riesgos de unas infraestructuras envejecidas y un legado de contaminación a un comprador cuya capacidad está seriamente en duda. Shell debe pagar su parte correspondiente esté o no dispuesta a responsabilizarse de ella”, ha manifestado Isaac Osuoka, director de Social Action, organización que promueve la justicia medioambiental, los derechos comunitarios y la rendición de cuentas en el delta del Níger.Limpieza, remedio y reformaAmnistía Internacional y las organizaciones asociadas piden a las autoridades nigerianas que reformen su supervisión del sector del petróleo, exijan auditorías accesibles de todas las infraestructuras tanto operativas como desmanteladas y establezcan un superfondo dotado de los recursos necesarios para una limpieza del delta del Níger.“Es una de las empresas del sector de los combustibles fósiles que más invierte del mundo. Ahora sus documentos han salido a la luz. La cuestión es si el gobierno va a hacer algo al respecto”, ha declarado Isa Sanusi. “Además de vivir con una contaminación por petróleo inaceptable, la población de Nigeria está sufriendo calor extremo, inundaciones mortales y otros fenómenos meteorológicos extremos vinculados al calentamiento global provocado por el uso del producto principal de Shell: los combustibles fósiles. Nigeria debe reformar la supervisión del sector del petróleo, mientras que las autoridades de Reino Unido y Países Bajos deben investigar si Shell dio información engañosa a los accionistas, los reguladores y las comunidades afectadas sobre el estado real de sus operaciones y sus pasivos. Shell debe dejar de esconderse detrás de la desinversión, desvelar la verdad, financiar la limpieza y el remedio y garantizar que las comunidades afectadas finalmente reciben justicia.”Información complementariaEn 2015, las comunidades de Ogale y Bille presentaron acciones legales en Reino Unido contra Shell Plc y SPDC por grave contaminación por petróleo. El caso de Bille se verá en marzo de 2027.Nigeria: Lifting the Lid analiza los documentos de Shell de 2008 a 2014; entre ellos hay 27 documentos ocultos hechos públicos en abril de 2026 después de que las ONG Hawkmoth, Heda Resource Centre y Oil Change International – UK pidieran su publicación por interés público; también analiza detalles adicionales de un expediente judicial de mayo de 2026.

18. Irán: Pongan fin a la campaña intensificada de ejecuciones arbitrarias y condenas a muerte contra manifestantes

    La ejecución pública de dos manifestantes hoy, que sucede a la ejecución arbitraria de al menos otros tres manifestantes la semana pasada, marca una nueva escalada en el uso de la pena de muerte por las autoridades para aplastar la disidencia; así lo ha manifestado Amnistía Internacional. La organización sospecha que al menos 60 más, incluidas tres personas arrestadas cuando eran menores de edad, continúan en peligro de ejecución tras haber sido condenadas a muerte, y que muchas más se enfrentan a enjuiciamiento por cargos de pena de muerte en relación con las protestas. En la primera mitad de 2026, las autoridades iraníes han recurrido cada vez más al uso de cargos de seguridad nacional de amplia definición, como espionaje y colaboración con Estados hostiles, para declarar culpables y condenar a muerte a personas arrestadas en el contexto de las protestas de enero de 2026. Desde principios de año han ejecutado arbitrariamente a al menos 26 personas declaradas culpables de delitos en relación con las protestas de enero de 2026, después de juicios manifiestamente injustos y empañados por tortura ante tribunales revolucionarios. Además de las personas perseguidas en el contexto de las protestas, las autoridades han ejecutado arbitrariamente a otras 26 como mínimo por cargos de motivación política, y continúan llevando a cabo cientos de ejecuciones por delitos relacionados con drogas y de otra índole.“Las autoridades iraníes han desatado una ola terrorífica de ejecuciones y condenas de muerte para castigar y reprimir la disidencia, y así proyectar una imagen de fuerza y control absoluto tras el levantamiento popular de enero y en pleno ataque de las fuerzas estadounidenses e israelíes”, ha manifestado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.“La titubeante reacción de la comunidad internacional anima a las autoridades iraníes a continuar con sus ataques letales. Los Estados miembros de la ONU deben adoptar medidas diplomáticas urgentes y coordinadas para presionar a las autoridades iraníes a fin de que se abstengan de llevar a cabo más ejecuciones. Deben situar la crisis de derechos humanos e impunidad de Irán en un lugar prioritario de su agenda, apoyar la creación de un mecanismo de justicia internacional independiente para Irán y pedir al Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación de Irán a la Corte Penal Internacional”.Amnistía Internacional ha hablado con 10 fuentes informadas, incluidos familiares de víctimas fuera de irán y profesionales de la abogacía dentro de Irán. La organización también ha examinado declaraciones oficiales de las autoridades iraníes, así como informes de medios de comunicación estatales y de organizaciones de derechos humanos radicadas fuera de Irán.En los casos documentados, personas ejecutadas arbitrariamente o condenadas a muerte fueron declaradas culpables de los cargos excesivamente generales e imprecisos de “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz). Entre ellas hay personas ejecutadas por presunta participación en incendio premeditado, daños a la propiedad, bloqueo de carreteras o alteración del orden público, actos que no alcanzan el umbral necesario para la aplicación de la pena de muerte según el derecho y las normas internacionales, que restringen su uso a los “más graves delitos” que implican homicidio intencional.Otras han sido enjuiciadas en aplicación de la Ley para Intensificar la Pena por Espionaje y Colaboración con el Régimen Sionista y Estados Hostiles contra la Seguridad y los Intereses Nacionales (Ley de Espionaje), promulgada tras la guerra de los 12 días en junio de 2025. La ley penaliza actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como la participación pacífica en protestas y la difusión de información a organizaciones de medios de comunicación.Dado que miles de manifestantes fueron arrestados en el contexto de las protestas de enero de 2026 y que los familiares a menudo se abstienen de denunciar públicamente las condenas de muerte por miedo a represalias, Amnistía Internacional cree que muchos más corren peligro de ser condenados de muerte.Ejecuciones arbitrarias vinculadas a las protestas de enero de 2026Desde que Israel y Estados Unidos atacaron ilegalmente a Irán el 28 de febrero de 2026, las autoridades iraníes han intensificado su uso de la pena de muerte contra personas arrestadas en el contexto del levantamiento de enero de 2026.El 28 de julio de 2026, las autoridades ejecutaron arbitrariamente y en público a Amir Hossein Safari y a Abolfazl Sepahi. Ambos fueron arrestados durante las protestas en Isfahán el 8 de enero de 2026 y condenados a muerte tras un juicio colectivo manifiestamente injusto con decenas de personas acusadas. El juicio colectivo se refería al homicidio de cuatro agentes de policía durante las protestas de la plaza Alikhani (Isfahán) y a denuncias según las cuales los acusados poseían armas y habían incendiado edificios y causado daños en bienes públicos. Días antes, el 19 de julio, otros dos manifestantes procesados en la misma causa, Erfan Esfandiari y Gol-Mohammad Mohammadi, fueron ejecutados arbitrariamente. La agencia de noticias Mizan informó de que sus “confesiones” bajo custodia habían servido para declararlos culpables.Otros ocho individuos condenados a muerte en la misma causa corren peligro inminente de ejecución. Se trata de Ali Dashti, Alireza Raisi, Abolfazl Ebrahimi, Alireza Sepahi, Amirhossein Ebrahimi, Amirhossein Maleki, Ghaem Hosseini y Shervin Bagherian. Una fuente informada contó a Amnistía Internacional que uno de los jóvenes —Shervin Bagherian— había sufrido desaparición forzada durante 21 días así como tortura y otros malos tratos, incluidas palizas. Su “confesión” forzada fue difundida en un vídeo propagandístico el 25 de enero de 2026, antes del juicio, y se le negó el derecho a asistencia letrada durante toda la fase de investigación. Mehdi Khaneki, Mohammad Amini Dehaghani, Javad Zamani, Abolfazl Saedi, Ashkan Maleki y Mehrdad Mohammadinia están entre las personas ejecutadas arbitrariamente tras ser declaradas culpables de delitos que no conllevaban “homicidio intencional”, en contravención del derecho y las normas internacionales.La agencia de noticias Mizan de la judicatura anunció la ejecución de Mehdi Khaneki en Karaj (provincia de Alborz) el 22 de julio de 2026. Según informó, Khaneki había sido condenado a muerte en aplicación de la Ley de Espionaje tras ser declarado culpable sobre la base de “confesiones” que había hecho bajo custodia. Las autoridades lo habían acusado de vinculación a un grupo de oposición prohibido, posesión de armas y explosivos, y “acciones operativas” en nombre de Israel, Estados Unidos y “grupos hostiles”.El 15 de julio de 2026, las autoridades ejecutaron arbitrariamente a Mohammad Amini Dehaghani después de que un tribunal revolucionario de la provincia de Isfahán lo declarara culpable de “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) en relación con las protestas en la ciudad de Isfahán el 9 de enero de 2026. Según la agencia de noticias Mizan, también fue declarado culpable sobre la base de “confesiones” que había hecho cuando estaba detenido. La agencia afirmaba que las condenas de muerte se basaron en múltiples actos, entre ellos “perturbar la opinión pública”, “intentar establecer contacto con cuentas online asociadas a grupos contrarrevolucionarios”, bloquear carreteras y causar daños en bienes públicos.El 16 de junio de 2026, las autoridades ejecutaron arbitrariamente a Javad Zamani y a Abolfazl Saedi tras sendos fallos condenatorios por “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) mediante “ alteración del orden público”, “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional” e incendio premeditado en relación con las protestas en Shahrud (provincia de Semnán). La judicatura difundió sus “confesiones” forzadas el día de sus ejecuciones.Ashkan Maleki y Mehrdad Mohammadinia, de la minoría kurda oprimida de Irán, fueron ejecutados arbitrariamente y en secreto el 1 de junio de 2026 en la provincia de Alborz, sin previa notificación a familiares ni abogados. La Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán los condenó a muerte por “enemistad con Dios” (moharebeh) por incendiar una mezquita y un seminario en Teherán. Según la agencia de noticias Mizan, fueron declarados culpables y condenados a muerte en aplicación de la Ley de Espionaje, y las “confesiones” que hicieron bajo custodia —difundidas en la televisión estatal antes de su juicio, lo que constituye una violación de su derecho a la presunción de inocencia— se utilizaron para declararlos culpables. Arman Marefati, acusado junto a ellos, corre peligro inminente de ejecución en la prisión de Ghezel Hesar en Karaj (provincia de Alborz).Jueces y medios de comunicación estatales han calificado reiteradamente a los manifestantes ejecutados de “soldados de infantería enemigos”, “asesinos armados con espadas vinculados al Mosad” y “agentes enemigos disfrazados de manifestantes”.Aumento de las condenas de muerte arbitrarias vinculadas a las protestas de enero de 2026Desde que se restableció el acceso a Internet en Irán el 26 de mayo de 2026, tras un apagón nacional que duró tres meses, Amnistía Internacional ha documentado una escalada del uso de la pena de muerte en relación con las protestas de enero de 2026. Desde entonces se han recibido informes de al menos 15 condenas de muerte dictadas por tribunales revolucionarios y 13 condenas de muerte confirmadas por el Tribunal Supremo en las provincias de Alborz, Isfahán, Fars, Hamedán, Qazvin, Markazi, Semnán, Teherán y Yazd.Amnistía Internacional cree que el número real de condenas de muerte vinculadas a las protestas de enero de 2026 es muy superior. Según Iran Human Rights, organización de derechos humanos con sede fuera de Irán, sólo en una prisión de la provincia de Isfahán han sido condenadas a muerte más de 70 personas arrestadas en relación con las protestas de enero de 2026.Este aumento del uso de la pena capital llega en plena proliferación de declaraciones oficiales e informes publicados en medios de comunicación estatales que califican sistemáticamente las protestas de enero de 2026 de “conspiración terrorista sionista-estadounidense” o de “golpe de Estado”. Además, altos cargos judiciales y otras autoridades siguen comprometiéndose públicamente a acelerar los procesamientos y amenazan con la imposición de duras penas a manifestantes.Amnistía Internacional ha documentado casos de manifestantes condenados a muerte tras juicios manifiestamente injustos y procedimientos a puerta cerrada caracterizados por desaparición forzada, tortura y otros malos tratos, negación del acceso a representación letrada durante la fase de instrucción, negación del derecho a un abogado de su elección en el juicio y uso de “confesiones” forzadas, que atentan contra el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a recibir protección frente a la tortura y otros malos tratos, el derecho a no inculparse y el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida. El Tribunal Supremo, además, ha ratificado condenas de muerte sin una revisión significativa, privando a las personas acusadas de su derecho a un recurso justo y efectivo.Las autoridades han generado también un clima de miedo al recurrir cada vez más a la Ley de Espionaje, que penaliza actividades pacíficas protegidas por el derecho internacional de los derechos humanos, como difundir información sobre protestas y violaciones de derechos humanos a medios de comunicación extranjeros, si las autoridades consideran esas actividades contrarias a la seguridad nacional e impone la pena de muerte por actos definidos como “actividad de inteligencia” o espionaje en nombre de Israel, Estados Unidos u otro Estado o grupo calificado de “hostil”.En otra escalada de la represión, el Ministerio de Inteligencia publicó el 14 de julio de 2026 una lista con más de 400 personas y entidades, incluidas organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes radicados fuera de Irán, a las que califica de “hostiles” según la Ley de Espionaje. Quien esté en Irán y se comunique con los individuos o entidades incluidos en la lista se arriesga a su procesamiento y posible condena a muerte si las autoridades califican sus actos de “actividad de inteligencia” o espionaje.Entre las personas en peligro de ejecución está el atleta de artes marciales Benyamin Naghdi, arrestado durante las protestas en Shiraz (provincia de Fars) el 3 de enero de 2026 y acusado de accionar un extintor contra las fuerzas de seguridad. Estuvo más de 50 días sometido a desaparición forzada y su “confesión” forzada fue emitida en la televisión estatal al día siguiente del arresto y antes del juicio. Según la información recopilada por Amnistía Internacional, la Sección 1 del Tribunal Revolucionario de Shiraz lo condenó a muerte por “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) en mayo de 2026 tras un juicio manifiestamente injusto, aunque Naghdi no fue informado de su condena hasta julio de 2026.Peyman Ganji también corre peligro de ejecución. Las fuerzas de seguridad lo arrestaron en Teherán a principios de febrero de 2026. La Sección 26 del Tribunal Revolucionario de Teherán lo condenó a muerte en mayo de 2026, y la sentencia se le notificó formalmente el 26 de julio. Fue declarado culpable de “enemistad con Dios” (moharebeh) en relación con su presunta implicación en el incendio de una mezquita y la fabricación de cócteles Molotov, acusaciones que él negó rotundamente. Según una fuente informada, “confesó” bajo tortura y otros malos tratos y se retractó de su “confesión” en el juicio.Ni Peyman Ganji ni Benyamin Naghdi se enfrentan a acusaciones de implicación en muertes de miembros de las fuerzas de seguridad.Al menos tres individuos —Erfan Amiri, Mansour Jafari y Matin Mohammadi— que eran menores de edad en el momento de los presuntos delitos también corren peligro de ejecución. El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe estrictamente imponer la pena de muerte a personas que tuvieran menos de 18 años en el momento del presunto delito.Las autoridades iraníes deben suspender de inmediato todas las ejecuciones previstas y declarar una suspensión oficial de todas las ejecuciones con vistas a la abolición total de la pena de muerte.Información complementariaLa respuesta de las autoridades iraníes ante las protestas que estallaron en todo el país el 28 de diciembre de 2025 fue una campaña de represión militarizada sin precedentes. Utilizando ilegalmente armas de fuego y otros medios letales a escala masiva, mataron a miles de manifestantes y transeúntes los días 8 y 9 de enero de 2026 y arrestaron a decenas de miles. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, el Estado iraní intensificó la represión interna con el pretexto de las “condiciones de guerra” y ejecutó a al menos 52 personas, entre las que había manifestantes y disidentes, por cargos de motivación política.Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y circunstancias. Esta pena viola el derecho a la vida y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.

19. Israel y el Territorio Palestino Ocupado: Dejen que las personas residentes en Zanuta regresen a su pueblo

    La comunidad palestina de Zanuta, situada en las colinas del sur de Hebrón, en la Cisjordania ocupada, y que se compone de 250 personas, entre ellas 100 niños y niñas, lleva siendo objeto de desplazamiento forzado desde 2023, a causa de la violencia de los colonos respaldados por el Estado. La policía y el ejército israelíes han eludido de forma reiterada y deliberada facilitar el regreso seguro de las personas residentes o protegerlas de la violencia de los colonos, con lo que han incumplido tanto sus obligaciones de derecho internacional como dos sentencias del Tribunal Supremo de Israel.Entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre de 2023, a consecuencia de los constantes asaltos y ataques violentos de colonos israelíes desde un puesto de avanzada ilegal cercano, toda la comunidad de Zanuta se vio obligada a empaquetar sus pertenencias y huir del pueblo en el que sus antepasados habían vivido desde el siglo XIX. Casi tres años después, la comunidad permanece desplazada y fragmentada, sin poder regresar a sus hogares, a pesar de los numerosos intentos de hacerlo."Las autoridades israelíes deben garantizar sin más demora el retorno rápido y seguro de la población palestina de Zanuta a su comunidad, protegerla frente a nueva violencia de los colonos y ayudarla a reconstruir sus casas y sus infraestructuras comunitarias. Las autoridades israelíes deben eliminar rápidamente los puestos de avanzada de colonos ilegales establecidos en las tierras de Zanuta", señala Amnistía Internacional.El caso de Zanuta ilustra la política de limpieza étnica seguida por el actual gobierno israelí, conforme concluyó Amnistía Internacional en su reciente informe sobre el desplazamiento forzado, a manos de Israel, de las comunidades ganaderas y beduinas del Área C de la Cisjordania ocupada.Información complementariaEl pasado 19 de julio se cumplieron dos años de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia que concluyó que la presencia militar de Israel en territorio palestino, la anexión de ese territorio y el régimen discriminatorio impuesto violan el derecho internacional, y ordenó a Israel que ponga fin a su ocupación ilícita y desmantele los asentamientos ilegales. Además, este miércoles 29 de junio se cumplen otros dos años desde que el Tribunal Supremo de Israel ordenara a la policía y el ejército israelíes que facilitaran el retorno seguro de la población residente de Zanuta. Más información aquí. 

20. Reino Unido: La sentencia del Tribunal Supremo sobre la causa del software espía de Bahréin envía un mensaje claro contra la represión transnacional

    Hoy, el Tribunal Supremo de Reino Unido ha desestimado el recurso presentado por Bahréin, que alega inmunidad del Estado frente a una demanda de larga duración presentada por los activistas políticos Saeed Shehabi y Moosa Mohammed por los daños psicológicos sufridos presuntamente tras ver infectados sus ordenadores portátiles con el software espía FinSpy mientras estaban en Reino Unido, en una operación que creen que fue autorizada y dirigida por el gobierno bahreiní.Ante la noticia, Stanley Kwenda, asesor de Comunicaciones Estratégicas de Amnistía Internacional, ha manifestado:“Al establecer que la infección remota de dispositivos desde el extranjero constituye un ‘acto en Reino Unido’, esta sentencia abre nuevas vías para impartir justicia y envía el mensaje de que la represión transnacional facilitada por la tecnología ya no será tolerada.Es un paso importante para ambos demandantes y otras víctimas del uso de software espía tanto en Reino Unido como internacionalmente que llevan tiempo luchando para que haya rendición de cuentas. Esta sentencia les ofrece claridad y una vía judicial clara para intentar que se haga justicia ante tribunales británicos. Es posible que los gobiernos ya no puedan esconderse tras la inmunidad del Estado.Esperemos que sirva de seria advertencia de que el uso transfronterizo ilícito de tecnologías de vigilancia masiva para actuar contra defensores y defensoras de los derechos humanos tendrá consecuencias penales.”Información complementaria Saeed Shehabi y Moosa Mohammed, destacados activistas bahreiníes que viven en Londres, afirman que sus ordenadores fueron infectados con FinSpy por agentes que actuaban en nombre del gobierno bahreiní en septiembre de 2011.FinSpy es un software espía comercial producido por la empresa radicada en Múnich FinFisher GMBH, ya desaparecida. Se ha utilizado contra periodistas y activistas en varios países de todo el mundo.Bahréin ya había impugnado la causa ante el Tribunal Superior y el Tribunal de Apelación, alegando que sus actos como Estado soberano gozaban de inmunidad frente a la jurisdicción de los tribunales británicos. Ambos tribunales resolvieron en contra de Bahréin, posición que ahora ha confirmado el Tribunal Supremo. Está previsto que la causa sea remitida de nuevo al Tribunal Superior, donde se celebrará un juicio completo.