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Las advertencias de evacuación dirigidas por las fuerzas armadas israelíes a los residentes de los suburbios del sur de Beirut y del sur de Líbano fueron inadecuadas y, en algunos casos, también engañosas; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, y ha subrayado que estas advertencias no eximen a Israel de cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario de no atacar a civiles en ningún caso y tomar todas las medidas posibles para minimizar los daños a civiles.
Con arreglo al derecho internacional humanitario, las partes de un conflicto tienen la obligación inequívoca de tomar todas las precauciones posibles para evitar o reducir al mínimo los daños causados a civiles cuando efectúan sus ataques, entre ellas avisar con la debida antelación de cualquier ataque a la población civil de las zonas afectadas, a no ser que las circunstancias no lo permitan.
“Las advertencias dirigidas por las fuerzas armadas israelíes a los habitantes del Dahiye, zona suburbial densamente poblada del sur de Beirut, fueron inadecuadas. Según revela nuestro análisis, los avisos de las fuerzas armadas israelíes no sólo incluían mapas engañosos, sino que además se emitieron con poca antelación —en un caso, menos de 30 minutos antes de que empezaran los ataques— en mitad de la noche, a través de redes sociales, cuando mucha gente dormía, estaba desconectada o no seguía la información de los medios de comunicación”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Además, dar instrucciones de evacuación a la población de ciudades y pueblos enteros en el sur de Líbano es una advertencia excesivamente general e inadecuada, y suscita dudas sobre si la intención era crear las condiciones para un desplazamiento masivo. Con independencia de la eficacia de las advertencias, su emisión no implica que Israel pueda considerar objetivos a los civiles que se quedan. Las personas que deciden permanecer en su casa o que no pueden marcharse porque algún miembro de su familia tiene movilidad reducida, discapacidad, edad avanzada o por otro motivo, siguen estando protegidas por el derecho internacional humanitario. Israel debe respetar en todo momento sus obligaciones en virtud del derecho internacional, entre ellas tomar todas las precauciones posibles para minimizar los daños a la población civil, donde quiera que esté.”
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las advertencias de evacuación han afectado a una cuarta parte del territorio libanés.
Para que sea eficaz, la advertencia debe hacerse a tiempo y proporcionar información sobre rutas y destinos seguros. Amnistía Internacional examinó dos advertencias a la población en la populosa zona urbana del Dahiye emitidas la noche del 27 al 28 de septiembre, tras el ataque sorpresa que causó la muerte del líder de Hezbolá Hassan Nasrallah. Los ataques aéreos derribaron bloques residenciales completos en la zona densamente poblada. En cada advertencia se identificaban tres objetivos militares y se pedía a los residentes que evacuaran un radio de 500 metros. Las advertencias fueron emitidas por la portavocía árabe de las fuerzas armadas israelíes a través de X (antes Twitter), de noche, y sin incluir un horario claro ni información detallada sobre rutas seguras.
En las dos advertencias de evacuación a la población del Dahiye, los mapas —de seis zonas diferentes— publicados por las fuerzas armadas israelíes junto con el aviso eran engañosos. En ambos casos, el área resaltada en los mapas para indicar la zona de peligro para la población civil era muy inferior a la de un radio de 500 metros indicada por las fuerzas armadas israelíes a los civiles como el área que debían evacuar.
Las fuerzas armadas israelíes también hicieron advertencias de evacuación a la población de unos 118 pueblos y localidades del sur de Líbano entre los días 1 y 7 de octubre, tras el inicio de su invasión terrestre. Tales advertencias, que incluyen localidades situadas a más de 35 kilómetros de la frontera con Israel y fuera de la zona de amortiguación declarada por la ONU, no convierten el sur de Líbano en una zona franca.
Para que sean eficaces, las advertencias deben dar a la población civil instrucciones claras de alejarse de los objetivos militares que van a ser atacados. Aunque en algunas circunstancias pueden ser de carácter general, la definición de lo que constituye general no incluye advertencias demasiado amplias que ordenen a la población civil evacuar zonas enteras (véase, por ejemplo, el Comentario de 1987 sobre el Protocolo I).
Las advertencias de Israel en el sur de Líbano cubrían grandes áreas geográficas, lo que plantea la duda de si en realidad tenían la finalidad de impulsar desplazamientos masivos. El Principio 5 de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos establece que, en toda circunstancia, las autoridades y los actores internacionales deben respetar y hacer respetar las obligaciones que les impone el derecho internacional, a fin de “prevenir y evitar la aparición de condiciones que puedan provocar el desplazamiento de personas”.
Metodología
La operación Flechas del Norte lanzada por Israel comenzó el 23 de septiembre con intensos bombardeos aéreos en varias zonas de Líbano, como el sur, el valle de Bekaa y el suburbio del Dahiye en el sur de Beirut. Según el gobierno libanés, el número de personas desplazadas que han huido de los ataques aéreos israelíes se eleva a 1,2 millones, la inmensa mayoría sólo en las tres últimas semanas.
Amnistía Internacional examinó más de una docena de advertencias de evacuación de las fuerzas armadas israelíes y entrevistó a 12 residentes del Dahiye que habían huido tras las advertencias de evacuación israelíes la noche del 27 al 28 de septiembre de 2024, emitidas en Al Laylaki, Hay el Sellom, la carretera Hadi Nasrallah y Burj al Barajneh. Asimismo, la organización entrevistó a tres residentes de pueblos del sur de Líbano.
El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional mapeó las zonas que cubrían las advertencias de evacuación israelíes para compararlas con las zonas afectadas por los ataques.
Con el análisis de estas advertencias, Amnistía Internacional no pretende en esta ocasión determinar si Israel alcanzó objetivos militares en sus ataques, sino establecer si los avisos emitidos por Israel fueron eficaces para proteger a la población civil y si se ajustaron al derecho internacional.
Suburbios del sur de Beirut: “Esto no es una advertencia, es una tortura”
A las 11:06 pm del 27 de septiembre, las fuerzas armadas israelíes comenzaron a dirigir advertencias de evacuación a los residentes del Dahiye. En el primer aviso, las fuerzas armadas israelíes ordenaron a los residentes a través de X (antes Twitter) que se alejaran 500 metros de tres edificios situados en los barrios de Al Laylaki y Al Hadath, ambos zonas densamente pobladas, asegurando que quienes residían allí estaban “situados cerca de intereses de Hezbolá”. En la orden no se especificaba un horario de evacuación.
En el mapa publicado junto con la advertencia se resalta una zona alrededor de los edificios que se supone que correspondía al radio de 500 metros que los residentes debían evacuar. Sin embargo, la zona resaltada de hecho sólo cubre un radio de unos 135 metros. Mientras que en el mapa aparecen 30 edificios dentro del círculo rojo, en realidad hay 500 edificios dentro del radio de 500 metros.
Lo mismo puede decirse de las advertencias de evacuación en el barrio de Al Hadath: las zonas resaltadas en los mapas que advierten a la población que se aleje 500 metros del edificio Sheet y el complejo Al Salam sólo cubren un radio de unos 125 metros y de 100 metros, respectivamente.
Alrededor de las 12.36 am, sólo una hora y media después, los medios de comunicación locales informaron de un ataque israelí en Al Laylaki. A continuación, durante una hora y 10 minutos, la Agencia Nacional de Noticias de Líbano informó de 11 ataques más en el Dahiye, algunos sobre edificios y zonas que no habían recibido advertencia de evacuación.
Fatima, periodista residente en Al Laylaki, contó a Amnistía Internacional que su hermano la había llamado alrededor de las 11:15 pm, cuando estaba cubriendo la noticia del ataque en Nasrallah, para avisarla de que abandonara la zona:
“Me subí corriendo al coche y conduje sin rumbo […] Llegué a Al Laylaki y vi que todo el mundo estaba tan desquiciado como yo. [Si hubieran podido] se habrían tirado por el balcón para irse más rápido. Gritos, carreras, bocinas de coches, motos, bolsas de plástico […] Ayudé a mis padres a bajar las escaleras a toda prisa hasta mi coche, y sólo me llevé a mi gato […] Actualmente no tengo pertenencias de ninguna clase.”
Fatima explicó que Al Laylaki es una zona residencial masificada que esa noche continuaba plenamente poblada ya que está en el extrarradio del Dahiye y sus residentes no pensaban que su zona fuera un objetivo.
Abir, quien vive con su madre cerca de Al Laylaki, contó a Amnistía Internacional que no había podido evacuar su casa de inmediato porque su madre es anciana y está enferma, y necesitaba asistencia para bajar las escaleras: “Fue una noche infernal. Dejé a mi madre en el suelo de la habitación más segura, el antiguo cuarto de baño, y nos protegimos la cabeza con los brazos [durante el bombardeo].” No pudieron marcharse hasta varias horas después, cuando un amigo la ayudó a bajar a su madre desde el sexto piso.
A las 3 am del 28 de septiembre, las fuerzas armadas israelíes dirigieron otra advertencia de evacuación a través de X a la población de los barrios de Burj al Barajneh y Al Hadath, en los suburbios del sur de Beirut, en la que daban instrucciones de alejarse 500 metros de otros tres edificios identificados. La advertencia no incluía un horario de evacuación y los mapas de las zonas afectadas también eran engañosos, ya que resaltaban áreas mucho más pequeñas que el radio de 500 metros indicado.
A las 5:47 am, la Agencia Nacional de Noticias informó de que los ataques israelíes habían alcanzado Al Hadath y Al Laylaki así como los barrios de Chouiefat y Al Kafaat, en los suburbios del sur de Beirut, que no se citaban en la advertencia de evacuación. Los medios de comunicación locales informaron de ataques continuos en los suburbios del sur de Beirut durante todo el día.
Taghreed, mujer residente en Hay el Sellom, afirmó que no había oído la advertencia israelí y había decidido huir después del grave ataque causante de la muerte de Hassan Nasrallah. “Estábamos escondidos y sin acceso a la televisión. No tengo redes sociales, así que no sé lo que dijeron los israelíes”, explicó a Amnistía Internacional.
Ahmad, habitante de Burj al Barajneh, también contó que había decidido salir del Dahiye inmediatamente después del ataque que había matado a Nasrallah, ya que vivía con sus padres de avanzada edad. “En pleno atasco en la carretera de salida del Dahiye, con todas las ambulancias intentando dar prioridad a las personas heridas, oímos la advertencia en la radio de la furgoneta. Sentí una gran amargura. Esto no es una advertencia, es una tortura. Es un juego sádico: ‘pronto os mataremos a ti y a tu familia. A ver cómo escapáis’.”
El 30 de septiembre de 2024, las fuerzas armadas israelíes emitieron una advertencia de evacuación de los alrededores de unos bloques residenciales en Al Laylaki, Haret Hreik y Burj al Barajneh. Y justo 30 minutos después, lanzaron una sucesión de ataques. Igualmente, a las 10:51 pm del 3 de octubre de 2024, las fuerzas armadas israelíes emitieron una advertencia de evacuación que ordenaba a los residentes de Burj al Barajneh marcharse inmediatamente. Minutos después de emitirse la orden de evacuación, los medios de comunicación locales informaron de un “fuerte ataque”, y hubo al menos cuatro más antes de las 11:30 pm.
Según el derecho internacional, Hezbolá y otros grupos armados deben evitar, en la medida de lo posible, situar objetivos militares —incluidos combatientes, municiones, armas e infraestructura militar— dentro o cerca de zonas densamente pobladas. No obstante, la presencia de objetivos militares en zonas pobladas no exime a las fuerzas israelíes de sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario de evitar los ataques indiscriminados o desproporcionados y tomar todas las precauciones posibles para proteger a los civiles, incluidos los que abandonan la zona tras una advertencia de evacuación. No advertir eficazmente y con suficiente antelación de ataques que pueden afectar a la población civil —salvo que las circunstancias no lo permitan— y no tomar otras precauciones posibles para su protección, constituyen violaciones del derecho internacional humanitario.
Advertencias de evacuación masiva a residentes del sur de Líbano
El 1 de octubre, las fuerzas armadas israelíes dirigieron dos advertencias de evacuación a la población del sur de Líbano. El primero, a las 9:21am, ordenaba a la población no desplazarse en vehículo al sur del río Litani “hasta nuevo aviso” con el argumento de que Hezbolá estaba utilizando “el entorno civil y a la población como escudos humanos”.
A las 12:18 pm, las fuerzas armadas israelíes ordenaron a los residentes de más de 25 localidades del sur de Líbano evacuar y trasladarse al norte del río Awwali, a unos 58 kilómetros de la frontera con Israel y unos 30 más allá del río Litani, que marca el límite de la zona de amortiguación de la ONU establecida tras la guerra de 2006.
El 2 de octubre de 2024, a las 9:11 am y después a las 11:15 am, las fuerzas armadas israelíes dirigieron advertencias a otros 24 pueblos y localidades del sur de Líbano, que aconsejaban a los residentes “salvar la vida y abandonar sus casas de inmediato” y desplazarse al norte del río Awwali, afirmando que corrían peligro si se desplazaban al sur. Las fuerzas armadas israelíes emitieron advertencias parecidas a las 12:49 pm del 3 de octubre para 25 pueblos y ciudades, a las 9:11 am del 4 de octubre para 35 pueblos más, y a las 12:58 pm del 7 de octubre para otros 25 pueblos.
Ninguna de esas “órdenes” ofrecía una evacuación segura y eficaz; sólo se daban instrucciones a la población de marcharse “inmediatamente”.
Los motivos de preocupación de Amnistía Internacional relacionados con las advertencias a civiles en el sur de Líbano se agravan con algunas declaraciones de dirigentes políticos y militares israelíes, según las cuales consideran que los civiles y los bienes civiles libaneses son objetivos legítimos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, manifestó el 27 de septiembre de 2024 que hay “un misil en cada cocina, un cohete en cada garaje”. El ministro de Educación israelí afirmó en televisión el 21 de septiembre de 2024 que no hay diferencia entre Hezbolá y Líbano y que Líbano “será aniquilado”. El ministro de Defensa israelí también había advertido en junio de 2024 que Israel es capaz de hacer que Líbano vuelva “a la edad de piedra”.
“La pérdida masiva de vidas en Líbano en los últimos días suscita el temor de que las fuerzas israelíes estén incumpliendo su obligación de tomar todas las precauciones posibles para minimizar los daños a la población civil en cualquier parte, lo que incluye emitir advertencias efectivas. Después de investigar durante los últimos 12 meses los crímenes de guerra cometidos en Gaza, a Amnistía Internacional le preocupa enormemente que Israel esté replicando el enfoque adoptado en Gaza, que ha causado daños sin precedentes a civiles”, ha dicho Agnès Callamard.
Las advertencias en el sur de Líbano y las instrucciones para que no se desplacen vehículos al sur del río Litani también suscitan profunda preocupación sobre el acceso de la población civil a provisiones y servicios esenciales, como alimentos, medicamentos, asistencia médica y combustible.
El jefe de aldea (mujtar) de Rmeich —pueblo situado al sur del río Litani, cerca de la frontera con Israel, que no recibió aviso de evacuación pero está dentro de la zona a la que Israel dijo que no podían desplazarse vehículos— contó a Amnistía Internacional que las provisiones se estaban agotando rápidamente en el pueblo. “La zona va a quedarse en la miseria. ¿Cómo vamos a salir adelante? Es como si quisieran desplazarnos”, dijo.
Las condiciones creadas por las acciones de Israel en el sur de Líbano podrían forzar a la mayoría de la población civil a desplazarse.
Una de las localidades del sur de Líbano que las fuerzas armadas israelíes advirtieron que debían ser evacuadas es Ain Ebel, donde la mayoría de los residentes son cristianos y no tienen relación conocida con Hezbolá.
Rakan Diab, habitante de Ain Ebel, contó a Amnistía Internacional que los habitantes del pueblo se sorprendieron al ver que Ain Ebel estaba incluida en la advertencia de evacuación emitida por las fuerzas armadas israelíes en X (antes Twitter) el 1 de octubre. Poco después, el alcalde del pueblo recibió una llamada en la que alguien que decía pertenecer a las fuerzas armadas israelíes advirtió a los residentes de que tenían unos 45 minutos para huir porque había armas en el pueblo.
“La gente entró en pánico […] Había que hacer el equipaje y marcharse de inmediato”, dijo, y explicó que la mayoría huyó al pueblo vecino de Rmeich, y que el ejército y la Cruz Roja de Líbano facilitaron el paso seguro de un convoy formado por unos 100 vehículos desde Rmeich hacia el territorio situado al norte del río Awwali.
“Amnistía Internacional pide a los aliados de Israel, entre ellos Estados Unidos, que suspendan todas las transferencias de armas y otras formas de ayuda militar a Israel ante el riesgo significativo de que estas armas puedan utilizarse para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional humanitario. Además, la organización solicita una suspensión de todas las transferencias de armas a Hezbolá y otros grupos armados en Líbano”, ha afirmado Agnès Callamard.
Información complementaria
La Operación Flechas del Norte lanzada por Israel comenzó el 23 de septiembre. Durante el primer día, las fuerzas israelíes llevaron a cabo al menos 1.600 ataques en zonas de todo Líbano, causando la muerte a más de 500 y lesiones a más de 1.800 en las primeras 24 horas. Hezbolá también disparó más de 200 cohetes hacia Israel ese día, y unas 10 personas resultaron heridas por metralla o escombros.
Hezbolá e Israel mantienen hostilidades constantes a través de la frontera desde que el grupo lanzó ataques contra el norte de Israel tras el estallido de las hostilidades entre Israel y la Franja de Gaza ocupada en octubre de 2023.
Los ataques israelíes contra Líbano desde el 7 de octubre de 2023 han matado al menos a 2.083 personas, según el Ministerio de Salud libanés. Más de 1,2 millones de personas se han visto desplazadas en Líbano, y al menos 400.000 han cruzado la frontera con Siria.
Muchos de los cohetes disparados por Hezbolá son no guiados, es decir, no pueden dirigirse contra un objetivo específico. Disparar cohetes intrínsecamente imprecisos contra zonas donde hay civiles presentes supone un ataque indiscriminado y, por tanto, una violación del derecho internacional humanitario. Los ataques directos contra civiles y los ataques indiscriminados que matan o hieren a civiles constituyen crímenes de guerra.
Desde el 8 de octubre de 2023, Hezbolá y otros grupos armados han lanzado miles de misiles contra el norte de Israel, causando la muerte de 16 civiles. Otros 12 civiles, todos menores de edad, perdieron la vida en un ataque contra Majdal Shams, en los Altos del Golán ocupados. Desde esa fecha han sido evacuadas unas 63.000 personas del norte de Israel.
En un ataque de Hezbolá perpetrado el 12 de noviembre de 2023, un misil antitanque alcanzó a un grupo de operarios de una empresa eléctrica que estaban realizando obras de infraestructura cerca de Dovev. Uno resultó muerto en el ataque y otro, herido leve.
En otro ataque, realizado el 9 de julio de 2024, dos civiles resultaron muertos cuando su vehículo fue alcanzado por un misil en la autopista 91, en los Altos del Golán ocupados. En una declaración publicada ese mismo día, Hezbolá asumió la autoría y afirmó que el ataque iba dirigido contra la cercana base militar de Nafah en respuesta al asesinato de uno de sus miembros.
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La cámara legislativa debe retirar las enmiendas a la Ley del Estatuto Personal propuestas, pues vulnerarían los derechos de las mujeres y las niñas, ahondarían la discriminación y permitirían el matrimonio de niñas de tan sólo nueve años, ha manifestado hoy Amnistía Internacional con ocasión de la votación parlamentaria inminente de esos cambios.
“La cámara legislativa iraquí debe atender las advertencias de la sociedad civil y los grupos de defensa de los derechos de las mujeres sobre las consecuencias devastadoras de estas enmiendas, que eliminarían la edad mínima para contraer matrimonio tanto para las niñas como para los niños, actualmente fijada en 18 años, y allanarían el terreno a los matrimonios precoces, además de despojar a las mujeres y las niñas de protecciones en materia de divorcio y herencia”, manifestó Razaw Salihy, investigadora de Amnistía Internacional sobre Irak.
“El matrimonio precoz no sólo priva a las niñas de su educación, sino que las niñas casadas son más vulnerables a los abusos sexuales y físicos, y a los riesgos para la salud relacionados con los embarazos precoces. Es alarmante que estas enmiendas a la Ley del Estatuto Personal se impulsen con tanta vehemencia cuando se necesitan reformas legislativas urgentes completamente distintas para proteger los derechos de las mujeres y niñas iraquíes.”
“El Parlamento iraquí debe rechazar estas propuestas de enmienda perjudiciales y, en su lugar, poner su esfuerzo en abordar las lamentables deficiencias del Código Penal, que acepta el “honor” como atenuante de los homicidios de mujeres y niñas y permite el castigo corporal de la esposa y los hijos e hijas por parte del esposo, además de no tipificar como delito la violación conyugal.”
La actual Ley del Estatuto Personal se aplica a toda la población iraquí, independientemente de su religión. Las enmiendas propuestas otorgarían a los consejos religiosos de las ramas suní y chií del islam en Irak la autoridad para elaborar su propio “código de normas de la sharia (ley islámica) sobre las cuestiones relativas a la condición jurídica de la persona” en un plazo de seis meses desde la aprobación de la ley, lo que supondría una amenaza efectiva para los derechos de las mujeres y las niñas y su igualdad ante la ley.
Los cambios también abrirían la puerta a la legalización de los matrimonios no registrados, que a menudo se utilizan para eludir la legislación sobre el matrimonio precoz, y a la eliminación de las penas para los hombres adultos que contrajeran tales matrimonios y los clérigos que los celebraran. También eliminarían protecciones fundamentales para las mujeres divorciadas, como el derecho a permanecer en el domicilio conyugal o a recibir ayuda económica del exesposo.
“Las enmiendas infringen tratados internacionales que Irak ha ratificado, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC). Garantizar la seguridad, la dignidad y los derechos de las mujeres y las niñas no es sólo una obligación del Estado en virtud de la legislación internacional de derechos humanos, sino también un imperativo moral que todas las instituciones iraquíes deben defender”, manifestó Razaw Salihy.
Información complementaria
La primera lectura del proyecto de ley tuvo lugar el 4 de agosto de 2024. En 2014 y 2017 se propusieron enmiendas similares, que no llegaron a aprobarse debido a la indignación que desataron en todo el país. El 3 de septiembre de 2024, el Parlamento de Irak intentó celebrar una segunda lectura del proyecto de ley, pero diputados y diputadas de la oposición habían emprendido una campaña de boicot que impidió el quorum.
La segunda lectura del proyecto de ley tuvo lugar el 16 de septiembre, y las parlamentarias y otras personas que se oponen a él expresaron su preocupación por el hecho de que no se hubiera tenido en cuenta ninguna de sus recomendaciones, ni se hubiera presentado a la cámara un proyecto de ley modificado. El 17 de septiembre, el Tribunal Supremo Federal iraquí falló que las enmiendas se ajustaban a la Constitución de Irak.
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Los Estados miembros de la ONU deben apoyar una resolución para iniciar sin demora las negociaciones formales de una Convención para la Prevención y la Sanción de los Crímenes de Lesa Humanidad, con el objetivo de fortalecer el marco de justicia internacional y reducir considerablemente las zonas de seguridad que impiden investigar y enjuiciar a los autores de los crímenes, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
El llamamiento de la organización se produce cuando la Sexta Comisión de la Asamblea General de la ONU se reúne para debatir el punto sobre “crímenes de lesa humanidad”. Está previsto que el periodo de sesiones de la Sexta Comisión dure hasta el 22 de noviembre.
“Las próximas seis semanas constituyen una ocasión sin igual para que la comunidad internacional logre por fin avanzar en la negociación y adopción de una convención sobre los crímenes contra la humanidad. Un tratado de este tipo abriría nuevas vías —que se necesitan desesperadamente en el mundo actual— para garantizar la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas y supervivientes de algunos de los crímenes más atroces”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
A diferencia de lo que sucede con otros crímenes de derecho internacional, como el genocidio y los crímenes de guerra, en la actualidad no existe ninguna convención específica e independiente para los crímenes de lesa humanidad. Aunque el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) sí prohíbe los crímenes de lesa humanidad en virtud del derecho internacional, una Convención sobre los Crímenes de Lesa Humanidad, que aplicarían los Estados, ampliaría y fortalecería el marco general de la justicia internacional, incluido el de la CPI.
“Las próximas seis semanas constituyen una ocasión sin igual para que la comunidad internacional logre por fin avanzar en la negociación y adopción de una convención sobre los crímenes contra la humanidad.”
Agnès Callamard, Amnistía Internacional
“La Convención sobre los Crímenes de Lesa Humanidad sería un tratado histórico en más de un sentido, ya que impondría a los Estados la obligación no sólo de tipificar y castigar los crímenes de lesa humanidad, sino también de prevenirlos, y de cooperar con otros Estados, incluso mediante la asistencia jurídica mutua”, ha expresado Agnès Callamard.
“La nueva convención supondría una ansiada mejora de las normas internacionales sobre justicia de género, entre otras cosas por medio de reconocer crímenes de género que han recibido muy poca atención internacional, como son el apartheid de género, el matrimonio forzado y el aborto forzado. Ya es hora de que se establezca una ley internacional adecuada para abordar la guerra secular que se libra contra las mujeres, las niñas y las personas LGBTI en muchos rincones de nuestro planeta”.
“Una convención sobre los crímenes de lesa humanidad dificultaría mucho más a los responsables evadir la justicia. Por ejemplo, el proyecto actual incluye disposiciones sobre jurisdicción universal para todos los crímenes contemplados, obligaría a los Estados a enjuiciar o extraditar a cualquier presunto autor que esté en su territorio —independientemente de dónde se haya cometido el crimen y de la nacionalidad del presunto autor o de la víctima— y permitiría a los tribunales nacionales procesar casos, incluidos aquellos a los que la Corte Penal Internacional no pueda o no quiera dar curso.”
Los crímenes de lesa humanidad suceden en todas partes. Tan sólo en los últimos 10 años, Amnistía Internacional ha hallado pruebas de crímenes de este tipo en al menos 18 países de todo el planeta.
“Ninguna región del mundo está libre de estas atrocidades que agitan profundamente la conciencia de la humanidad. Las situaciones recientes y actuales en países como Afganistán, China, Etiopía, Irán, Israel y el Territorio Palestino Ocupado, Myanmar, Nicaragua, Filipinas, Siria, Ucrania y Venezuela nos recuerdan a diario la urgente necesidad de obtener justicia para estos crímenes, lo que a su vez requiere fortalecer sin demora el sistema de justicia internacional”, ha manifestado Agnès Callamard.
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En respuesta a la resolución sobre Afganistán aprobada ayer en el 57 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que amplía el mandato vital del relator especial de la ONU sobre Afganistán pero sigue sin establecer un mecanismo de rendición de cuentas internacional e independiente sobre el país, Smriti Singh, directora regional de Amnistía Internacional para Asia Meridional, afirmó:
“El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha vuelto a eludir apoyar suficientemente la justicia para el pueblo de Afganistán, que ha depositado sus esperanzas en la comunidad internacional. Pese a que la resolución del Consejo reconoce la necesidad de investigar, así como de recopilar, preservar y analizar las pruebas de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos en Afganistán, sigue sin establecer un mecanismo internacional independiente de rendición de cuentas que desempeñe realmente estas funciones”.
“El Consejo de Derechos Humanos ha vuelto a perder la oportunidad de dar una respuesta satisfactoria, promover la rendición de cuentas y la justicia, y disuadir de nuevos abusos contra los derechos humanos en un contexto en que los talibanes siguen intensificando y aumentando su represión de los derechos de la población afgana, lo que incluye imponer restricciones draconianas y de gran calado a los derechos de las mujeres y las niñas. Es fundamental establecer un mecanismo de rendición de cuentas internacional e independiente que permita identificar a los responsables, así como investigar, recopilar y conservar las pruebas, a fin de abordar eficazmente las violaciones de derechos humanos pasadas y presentes y la impunidad generalizada que reina en el país desde hace más de cuarenta años.”
“Las deficiencias de la resolución también defraudan a los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas activistas que, ante la represión, realizan su trabajo asumiendo un enorme riesgo personal. A pesar de estas deficiencias, la resolución sobre Afganistán ha reconocido los principios esbozados en el balance sobre opciones y procesos de rendición de cuentas realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).”
“Es lo más lejos que ha llegado el Consejo de Derechos Humanos en reconocer la importancia de adoptar un enfoque de rendición de cuentas integral por las violaciones de derechos humanos pasadas y presentes. Es imperativo que los Estados miembros de la ONU se basen en el balance y en el reconocimiento de la necesidad de recopilar y conservar las pruebas de violaciones de derechos humanos, y den pasos para establecer un mecanismo internacional independiente de rendición de cuentas lo antes posible.»
Información complementaria
El balance de la OACNUDH sobre las opciones y los procesos de rendición de cuentas, estipulado por la resolución sobre Afganistán el año pasado, fue un intento insuficiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de responder a las crecientes peticiones de la sociedad civil, las víctimas y las personas supervivientes para que se adopten medidas más enérgicas de apoyo a la rendición de cuentas por los crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de los derechos humanos. Dicho esto, el balance supone la primera vez en los últimos años que la ONU debate cómo abordar las graves deficiencias en materia de rendición de cuentas. El informe de la OACNUDH hacía hincapié en la necesidad de un enfoque integral para abordar eficazmente la rendición de cuentas en Afganistán y en que éste “debe abarcar los diferentes periodos del conflicto y las responsabilidades de todas las partes y perpetradores”.
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Tres países del África subsahariana que están a punto de abolir la pena de muerte deben actuar ya y abolirla de una vez por todas, lo que allanará el camino para que otros países de todo el mundo sigan sus pasos, ha declarado Amnistía Internacional con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte (10 de octubre).
Kenia y Zimbabue ya han presentado proyectos de ley para abolir la pena de muerte para todos los delitos, mientras que Gambia, que ha hecho progresos constantes contra este cruel castigo desde 2017, ha iniciado un proceso de enmienda constitucional que, entre otras cosas, abolirá efectivamente la pena de muerte. Hasta la fecha, 24 países de todo el África subsahariana han abolido la pena de muerte para todos los delitos, mientras que otros dos la han abolido sólo para los delitos comunes.
“Aunque en la región del África subsahariana se produjo un aumento tanto de las ejecuciones registradas como de las condenas a muerte registradas en 2023, Gambia, Kenia y Zimbabue tienen la oportunidad de invertir esa tendencia en la región”, ha declarado Oluwatosin Popoola, asesor jurídico de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte.
“Los países que aún mantienen la pena de muerte son una minoría aislada, ya que el mundo sigue alejándose definitivamente de este cruel castigo. Cuantos más países supriman la pena de muerte para todos los delitos, más aislados estarán los países restantes y más débil será su posición respecto a la pena de muerte. La mayoría de los países del mundo han abolido la pena de muerte para todos los delitos. Es hora de que todos los países se alejen de una vez por todas de este castigo cruel, inhumano y degradante”.
Esperanza para la región
Gambia, Kenia y Zimbabue no han llevado a cabo ninguna ejecución en más de una década, y cada uno de estos países ha conmutado varias penas de muerte en el mismo periodo.
La última ejecución de que se tiene noticia en Kenia se registró en 1987. Aunque el país no tiene una moratoria oficial sobre las ejecuciones, ha establecido la práctica de no llevarlas a cabo. A pesar de que los tribunales de Kenia siguen imponiendo condenas a muerte, el país continúa avanzando a buen ritmo contra la pena capital. En 2023 se concedieron 606 conmutaciones de penas de muerte, y actualmente están pendientes en el Parlamento cuatro proyectos de ley para abolir dicha pena.
La última ejecución conocida en Zimbabue se llevó a cabo en 2005, aunque los tribunales siguen imponiendo penas de muerte. Sin embargo, desde que el presidente Emmerson Mnangagwa asumió el cargo en noviembre de 2017, ha dejado clara su oposición a la pena capital.
“El propio presidente de Zimbabue fue condenado a muerte por “terrorismo” cuando era joven, debido a su participación en la lucha por la liberación de Zimbabue. Evitó la ejecución por un escaso margen, ya que en aquel momento era menor de 21 años, y en su lugar fue condenado a 10 años de prisión. El presidente sabe lo que es enfrentarse a la pena de muerte y ahora tiene la oportunidad de garantizar que nadie más pase por eso”, ha afirmado Oluwatosin Popoola.
En diciembre de 2023 se publicó en el boletín oficial de Zimbabue el proyecto de ley de abolición de la pena de muerte, y en febrero de 2024 el gabinete del gobierno anunció su apoyo a dicho proyecto de ley, que actualmente está pendiente de tramitación parlamentaria.
La última ejecución en Gambia se llevó a cabo en 2012, cuando nueve soldados fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Sin embargo, desde que el presidente Adama Barrow asumió el cargo en enero de 2017, Gambia ha dado pasos notables contra la pena de muerte: el país ha establecido una moratoria oficial de las ejecuciones, se ha adherido a un tratado internacional para la abolición de esta pena y conmuta habitualmente las condenas a muerte.
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En 2023, Amnistía Internacional registró 1.153 ejecuciones, un aumento del 31% (270) respecto a las 883 ejecuciones conocidas en 2022. Este año ha continuado una tendencia preocupante, con un alarmante aumento de las ejecuciones en Irán y Arabia Saudí, la decisión de República Democrática del Congo de reanudar las ejecuciones y el fracaso del Tribunal Supremo de Taiwán en abolir la pena de muerte. Sin embargo, los países del África subsahariana ofrecen un rayo de esperanza en el camino hacia la abolición mundial de la pena de muerte. Hasta la fecha, 113 países de todo el mundo han abolido la pena de muerte para todos los delitos.
“Los países que aún mantienen la pena de muerte en sus leyes a menudo recurren a ella creyendo que el castigo puede hacer que su población y sus comunidades sean más seguras. Sin embargo, se trata de una idea equivocada. La pena de muerte no tiene un efecto disuasorio especial y viola el derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La pequeña minoría de países que insiste en utilizar este castigo debe adaptarse a los tiempos y abolir la pena de muerte de una vez por todas”, ha manifestado Oluwatosin Popoola.
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En 2023, Amnistía Internacional documentó un fuerte aumento del uso de la pena de muerte en todo el África subsahariana. Las ejecuciones registradas se triplicaron con creces y las condenas a muerte registradas aumentaron considerablemente, un 66%. Somalia fue el único país de la región del que se sabe que llevó a cabo ejecuciones. Se registraron condenas a muerte en 14 países, 2 menos que en 2022. Cuatro países tomaron medidas legislativas positivas hacia la abolición de la pena de muerte. Para más información, véase Condenas a muerte y ejecuciones 2023.
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Madrid.- Amnistía Internacional ha enviado sendas cartas al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres Pérez, así como al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para lamentar la falta de un acuerdo con las autoridades del resto de Comunidades, tras tantos meses de debate, para hacer frente a la situación de la infancia migrante no acompañada, después de que Canarias reclamara un mejor reparto de los y las menores en el resto del territorio nacional para acabar con la sobreocupación. En Canarias se encuentran acogidos más de 5.500 menores, mientras que solo se han trasladado a otras regiones de España 192 niños y niñas desde septiembre de 2022, a pesar de los compromisos asumidos de manera voluntaria por otras comunidades autónomas: en el último acuerdo, de 2024, se pactó acoger, a través de un sistema voluntario, a 347 (desde Ceuta y Canarias), lo que representa solo el 6% de los que se encuentran en Canarias. Algunos centros canarios se encuentran masificados, sin las condiciones adecuadas para los y las menores, y en algunos se han presentado denuncias por presuntos malos tratos que deben investigarse.
La organización exige que, mientras se llega a este acuerdo vinculante que garantice que se producen los traslados, se tomen medidas urgentes para mejorar las condiciones en las que se encuentran. Entre otras cosas, Amnistía Internacional recuerda que se debe hacer frente a la saturación de los centros (para lo que es necesario habilitar algunos centros más, o trasladarlos a otras CCAA), evitar que los menores acaben en centros de adultos, y que no exista discriminación según su origen, tal y como ha denunciado Fiscalía ante el protocolo del Gobierno canario con el que se condiciona la acogida.
“A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por algunas autoridades para conseguir avances en las negociaciones, existe una vergonzosa falta de voluntad política real por parte de los diferentes partidos políticos y autoridades competentes para cumplir con su obligación de garantizar y primar el interés superior del menor”, lamenta Esteban Beltrán, director de AI España. “Es necesario apostar por una corresponsabilidad y solidaridad por parte de todas las autoridades competentes, y por la creación de un mecanismo vinculante y obligatorio de reparto entre las Comunidades Autónomas.”
El pasado 23 de julio supuso un revés para mejorar la situación de los y las menores migrantes no acompañados, cuando no se consiguió admitir a trámite, con los votos en contra de PP, VOX y Junts, la propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y que establecía un reparto de la responsabilidad en la acogida, como manera de encontrar una solución estable y vinculante.
Criterios de selección para el reparto
Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, el número de llegadas de personas migrantes por vía marítima a Canarias se incrementó respecto al año pasado, lo que significa que también han llegado más niños y niñas que deben ser acogidos de manera estable por las autoridades responsables.
Aunque Amnistía Internacional no entra en detalle sobre los criterios que se deberían tener en cuenta a la hora de establecer el reparto equitativo entre las Comunidades Autónomas, la organización considera importante que se contemplen criterios de carácter económico y poblacional, así como indicadores relativos a los recursos educativos, de carácter asistencial, y de inclusión e integración para garantizar en la medida de lo posible el más alto nivel de bienestar, atención y protección de los niños y niñas en el lugar donde serán trasladados y finalmente ubicados.
Amnistía Internacional tiene prevista una nueva misión de investigación en noviembre para ver cómo se encuentra la situación de la infancia migrante en Canarias.
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Hoy dos activistas climáticos, de un total de 25, han declarado en los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid por participar en actividades no violentas de protesta en favor del medio ambiente.
Amnistía Internacional ha acudido a la cita para mostrar su apoyo a los activistas y recordar que la investigación penal que se sigue contra ellos por pertenencia a organización criminal no tiene cabida según los estándares internacionales de derechos humanos que protegen el derecho a la protesta. Estos activistas son investigados por haber participado en acciones directas no violentas en nombre de Futuro Vegetal. Algunas de las acciones de protesta objeto de investigación son las realizadas en el museo de El Prado en noviembre de 2022, o el bloqueo de la circunvalación de Madrid, M-30, en diciembre de ese mismo año.
“La instrumentalización y aplicación inadecuada de cargos relacionados con la delincuencia organizada contra activistas que participan en actos pacíficos de desobediencia civil no respeta el principio de proporcionalidad que debe cumplir toda respuesta de las autoridades a actos pacíficos de desobediencia civil”, asegura Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional en España.
“La presentación de estos cargos contra participantes en acciones de desobediencia civil puede constituir una limitación indebida de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión, y generar un efecto disuasorio y desmovilizador”, concluye Canales.
El propio Secretario General de Naciones Unidas António Gutierres, señaló en redes sociales sobre casos similares: “A veces se describe a los activistas climáticos como radicales peligrosos. Pero los verdaderos radicales peligrosos son los países que aumentan la producción de combustibles fósiles. Invertir en nuevas infraestructuras de combustibles fósiles es una locura moral y económica.”.
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La protesta pacífica es un derecho, no un privilegio, y un derecho que los Estados tienen el deber de respetar, proteger y facilitar. Sin embargo, el derecho a la protesta está cada vez más amenazado, pues las autoridades usan fuerza ilegítima contra las personas en más de 85 países, España entre ellos. Hace demasiado que autoridades de todo el mundo han lanzado un feroz ataque contra quienes ejercen pacíficamente su derecho a la protesta y han destruido vidas en el proceso.
En el caso de España, la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa señaló en su última visita cómo la aplicación de la Ley Mordaza y de algunos artículos del Código Penal continúan teniendo un impacto negativo sobre el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión y de expresión, especialmente sobre defensores de derechos humanos y periodistas, generando un efecto desmovilizador en la ciudadanía, una preocupación compartida por Amnistía Internacional.
El pasado jueves 3 de octubre, EH Bildu anunció un acuerdo con el Gobierno para reformar la Ley Mordaza. En líneas generales Amnistía Internacional da la bienvenida al anuncio de reforma porque esta ley ha tenido un impacto negativo en derechos humanos en sus más de 9 años de vigencia. El contenido del acuerdo anunciado hoy no se alinea completamente con las recomendaciones de Amnistía Internacional y del conjunto de la sociedad civil, pero contempla modificaciones relevantes que supondrían mejoras respecto de la Ley de Seguridad Ciudadana actual. Desde la organización, instamos a que la tramitación parlamentaria suponga una oportunidad para alinear el texto con los estándares internacionales de derechos humanos y corrija los aspectos más lesivos de la ley.
Por otra parte, en opinión de Amnistía Internacional, los delitos del Código Penal que afectan al derecho a la protesta aun requieren una definición más precisa para no criminalizar indebidamente actos de desobediencia civil pacífica, ni imponer penas desproporcionadas. Por ejemplo, el delito de desórdenes públicos debe asegurar que sólo se castigan actos graves de violencia, sin que se pueda sancionar la protesta pacífica de los movimientos sociales, como los que defienden el derecho a la vivienda o protestan contra la crisis climática.
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“En el periodo previo a la cumbre del clima COP29 que se celebrará el próximo mes en Bakú, los Estados deben ejercer presión sobre las autoridades de Azerbaiyán para que dejen de reprimir a la sociedad civil, pongan en libertad a las personas detenidas sólo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y garanticen que quienes participan en el evento, como activistas y periodistas, pueden involucrarse libre y plenamente en él”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Desde que se anunció, el pasado mes de diciembre, que Azerbaiyán iba a ser el país anfitrión de la COP29, las autoridades han intensificado la represión de el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Se han cerrado organizaciones independientes de la sociedad civil y personas que tienen una actitud crítica han sido encarceladas en virtud de cargos de motivación política o se han visto obligadas a exiliarse en lo que constituye un inquietante eco de olas de represión anteriores documentadas por Amnistía Internacional en torno a otros importantes eventos internacionales celebrados en Azerbaiyán, como Eurovisión 2012 y los Juegos Europeos de 2015.
“Azerbaiyán acoge una conferencia internacional sobre justicia climática al mismo tiempo que menoscaba activamente los principales pilares del activismo climático al reprimir todas las formas de expresión crítica y de protesta, y desmantelar la sociedad civil local. Las autoridades han encerrado a cientos de personas acusadas de cargos de motivación política por atreverse a denunciar. En la lista figuran periodistas, activistas, y defensores y defensoras de los derechos humanos que critican al gobierno que siguen en detención arbitraria en violación del debido proceso y sin garantías de que vayan a ser objeto de juicios justos”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Las autoridades también están sometiendo a represalias familiares de las personas disidentes al mismo tiempo que promulgan leyes represivas para inhibir la labor de las ONG y de los medios de comunicación. El intento del gobierno de Azerbaiyán de ocultar este terrible historial en materia de derechos humanos detrás de una cumbre mundial sobre el clima es un descarado lavado de imagen verde.”
Quienes defienden los derechos humanos de Azerbaiyán calculan que permanecen detenidas alrededor de 300 personas por cargos de motivación política. Entre ellas hay defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas ambientales, políticos y de otros ámbitos enjuiciados en virtud de cargos falsos y/o de motivación política como represalia por sus críticas a las autoridades. Por ejemplo, el destacado defensor de los derechos humanos y del clima Anar Mammadli está en detención en espera de juicio desde el 30 de abril de 2024 por cargos falsos de conspiración para introducir divisas ilegales en el país.
El 22 de abril de 2024, el destacado economista y activista político azerbaiyano Gubad Ibadoghlu fue sometido a arresto domiciliario después de 274 días de detención. Tofig Yagublu, líder de la oposición, está en detención en espera de juicio desde el 15 de diciembre de 2023 por cargos falsos de fraude y falsificación. Entre las personas detenidas también están Ulvi Hasanli, Ilhamiz Guliyev, Mahammad Kekelov, Sevinj Vagifgyzy, Elnara Gasimova, Nargiz Absalamova Hafiz Babali, Imran Aliyev, Shamo Eminov, Teymur Karimov, Arshad Ibrahimov, Ibrahim Humbatov, Alasgar Mammadli, Mushfig Jabbar, Akif Gubanov, Ruslan Izzatli, Ramil Babayev Ali Zeynalov, Afiaddin Mammadov y Bakhtiyar Hajiyev.
Amenaza de represalias cuando se apaguen los focos de la COP29
A Amnistía Internacional le preocupa que las personas críticas que intenten expresar públicamente su disidencia en el periodo previo a la COP29 o durante su celebración corran el riesgo de sufrir represalias graves, especialmente después de la conferencia, que se celebrará del 11 al 22 de noviembre, cuando el país deje de recibir atención.
“Pedimos a todas las delegaciones que asistan a la COP29 que presionen al gobierno de Azerbaiyán para que ponga fin a la represión de la sociedad civil; garantice el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica durante toda la conferencia y después de ésta; y tome medidas significativas para el revertir el deterioro de los derechos humanos en el país. Las delegaciones deben aprovechar todas las oportunidades para presionar a las autoridades de Azerbaiyán a fin de que dejen de represaliar a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, periodistas y personas que critican al gobierno; y pongan en libertad inmediata a todas las personas encarceladas arbitrariamente en represalia por su labor de derechos humanos y sus opiniones disidentes”, añadió Agnès Callamard.
Amnistía Internacional seguirá observando el control policial de las protestas por parte de las autoridades de Azerbaiyán, así como el trato y las represalias a que sometan a activistas ambientales y a defensores y defensoras de los derechos humanos antes y durante la COP27, y después de ésta.
La preocupación por la seguridad de quienes participen en la conferencia se ve agravadas por la inexistencia de salvaguardias en materia de derechos humanos y de transparencia en torno a anteriores acuerdos con el país anfitrión. El acuerdo con Azerbaiyán debe incluir estas salvaguardias y darse a conocer públicamente con rapidez tras la firma.
“Preocupa enormemente que aún no esté disponible el acuerdo con el país anfitrión, por lo que los participantes no saben si la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) ha obtenido una garantía de que, durante la COP29, se van a proteger todos los principios fundamentales de los derechos humanos, incluidos los relativos a la transparencia y a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. El acuerdo debe publicarse inmediatamente, pues esta opacidad crea un efecto disuasorio para la participación de entidades observadoras. Estas salvaguardias son esenciales para garantizar que no se repite la difícil situación que se produjo durante la cumbre del año pasado, cuando las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) comenzaron a enjuiciar a decenas de disidentes, incluidos defensores y defensoras de los derechos humanos y presos y presas de conciencia, en juicios farsa colectivos que mostraron un sobrecogedor desprecio por los derechos humanos”, prosiguió Agnès Callamard.
Amnistía Internacional ha documentado cómo las cumbres sobre el clima de la COP celebradas anteriormente, incluidas las de Polonia, España, Reino Unido, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, han entrañado restricciones al derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Amnistía Internacional también ha registrado violaciones graves de éstos y otros derechos en Azerbaiyán, lo que hace temer por la seguridad de quienes participen en la COP de este año.
“A menos que las autoridades de Azerbaiyán cambien drásticamente su enfoque represivo, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y los y las activistas no podrán expresar libremente sus opiniones críticas ni participar de una forma significativa y efectiva en la COP29. Esto sería un grave menoscabo del proceso y empañaría el resultado de la conferencia. Para lograr un impacto realmente efectivo, la COP29 debe ser un foro para el libre intercambio de opiniones e ideas, no sólo de las delegaciones estatales, sino también de los actores independientes de la sociedad civil que son la fuerza impulsora de la justicia climática y los derechos humanos, tanto en el ámbito local como en el internacional”, concluyó Agnès Callamard.
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Las autoridades de Azerbaiyán vienen recibiendo críticas de la comunidad internacional por las presuntas torturas y otros malos tratos a que someten a algunas de las personas que critican al gobierno. En algunos casos, se niega el acceso a atención médica adecuada a las sufren un empeoramiento de su salud en prisión. Además, también se ha represaliado a familiares de quienes critican al gobierno mediante campañas de desprestigio o el bloqueo de sus bienes con sanciones económicas.
Asimismo, en los últimos años Azerbaiyán ha adoptado leyes restrictivas que regulan en exceso el trabajo de los medios de comunicación y de las ONG, al tiempo que limitan severamente las protestas pacíficas desde hace más de un decenio.
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(Madrid, 7 de octubre de 2024). Representantes de 20 organizaciones especializadas en migración, refugio y derechos humanos se han reunido hoy con el presidente Pedro Sánchez y Elma Saiz, la ministra de Inclusión y Seguridad Social, para reclamarles que implementen el Pacto Europeo de Migración y Asilo de forma que garantice plenamente los derechos humanos, tanto en las fronteras como en territorio español. "Es un momento clave para contribuir a una Europa que defienda los derechos humanos y que sea coherente con sus valores fundacionales", han declarado.
Tras la reunión, las organizaciones sociales valoran positivamente la voluntad del presidente de defender en la UE un enfoque de garantía de derechos de las personas migrantes y refugiadas en la aplicación del Pacto, así como su compromiso para asegurar la interlocución con la sociedad civil durante todo el proceso para su implementación en España. Las organizaciones destacan la importancia de que estos compromisos se hagan realidad.
Las organizaciones firmantes han trasladado su preocupación al presidente del Gobierno por los importantes retos que plantea este Pacto en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario y protección internacional. Han alertado, entre otras cuestiones, sobre la introducción de nuevos controles "previos" a la entrada, los procedimientos de asilo y retornos acelerados en frontera, la reducción de garantías procedimentales y el riesgo de un uso excesivo de la detención. Medidas que podrían suponer graves obstáculos para acceder al derecho de asilo y pondrían en riesgo los derechos humanos y el respeto del principio de no devolución, lo que agravaría la ya enorme situación de vulnerabilidad que sufren muchas personas migrantes y refugiadas.
Oportunidad de marcar el camino en Europa
Además, han recordado que España aún puede “transformar estos retos en oportunidades, sirviendo como ejemplo para el resto de los países de la Unión Europea en la construcción de una política migratoria que ponga en el centro a las personas y a sus derechos, garantizando vías legales y seguras que eviten las muertes en el mar”. La fase de implementación del Pacto, que se llevará a cabo durante los próximos dos años, puede marcar el futuro de la política migratoria española y evitar importantes retrocesos en derechos humanos.
Por este motivo, han pedido al presidente del Gobierno que se comprometa a no extender el plazo constitucional de detención preventiva de 72 horas y a aplicar de forma preferente medidas que no sean privativas de libertad; a garantizar la asistencia jurídica gratuita en todas las fases del procedimiento, así como el análisis individualizado de las solicitudes y a la adecuada atención sanitaria, el derecho a intérprete, a la información y a ser escuchado/a; a tramitar las solicitudes por el procedimiento ordinario cuando se detecten necesidades especiales o situaciones de vulnerabilidad en los procedimientos fronterizos, entre otras propuestas. Además, destacan que es necesario contar con un sistema preparado, dimensionado y con un enfoque estructural para atender a las emergencias de manera adecuada y evitar derogaciones y excepciones de las normas de asilo, tal y como recoge el Reglamento de Crisis y Fuerza Mayor, que puede impedir en la práctica el acceso a la protección a las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Finalmente, se exige la implementación de un mecanismo de vigilancia y monitoreo de los derechos humanos con la participación de la sociedad civil.
Para hacerlo efectivo, reclaman que, en la elaboración del Plan Nacional de Implementación que debe ser entregado a la Comisión Europea en el mes de diciembre, así como a lo largo de todo el proceso, España adopte un enfoque garantista con los máximos estándares de derechos humanos y que involucre a la sociedad civil mediante intercambios y consultas regulares, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Europea en el Plan Común de Implementación.
Por último, señalan que la implementación del Pacto debería suponer una oportunidad para mejorar la situación de la infancia migrante no acompañada y destacan la urgencia de resolver la situación en la que viven miles de personas migradas en nuestro país sin derechos, al encontrarse en situación administrativa irregular.
ORGANIZACIONES FIRMANTES
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Accem, Alianza por la Solidaridad / ActionAid, Alboan, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Asociación Rumiñahui, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, CONVIVE Fundación Cepaim, Cruz Roja Española, Fundación Entreculturas, Iridia, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, Movimiento por la Paz-MPDL-, Instituto Novact de Noviolencia, Oxfam Intermón, Red Acoge, Salud por Derecho, Servicio Jesuita a Migrantes-SJM.
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El lunes 7 de octubre de 2024 se cumple un año desde los horrendos ataques de Hamás y otros grupos armados palestinos en el sur de Israel en los que murieron en torno a 1.200 personas y 250 fueron secuestradas. También se cumple un año desde el comienzo de la devastadora ofensiva israelí, que hasta la fecha ha matado a más de 41.500 personas y obligado a desplazarse a 1,9 millones en la Franja de Gaza ocupada. Para conmemorar la fecha, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:
“El 7 de octubre es un día de luto para las personas israelíes cuyos seres queridos fueron asesinados y secuestrados y para los miles de personas que siguen desplazadas desde los atroces atentados de Hamás y otros grupos armados.”
“El 7 de octubre también se cumple un año desde el comienzo de la espantosa ofensiva de las fuerzas israelíes en Gaza, que ha causado decenas de miles de muertos, ha desplazado por la fuerza al 90% de la población y ha desencadenado una catástrofe humanitaria sin precedentes, poniendo a la población palestina de Gaza en peligro de genocidio, según ha declarado la Corte Internacional de Justicia.”
“Los delitos cometidos por Hamás y otros grupos armados, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está investigando como crímenes contra la humanidad, son horrendos y completamente injustificables. Un año después sigue habiendo unos 100 rehenes en Gaza. Aunque se ha confirmado la muerte de algunos, los que siguen vivos corren peligro de muerte, tortura y otros malos tratos. El temor por su seguridad ha aumentado desde que las fuerzas israelíes recuperaron en agosto los cadáveres de seis rehenes y un posterior examen forense israelí concluyó que habían muerto por disparos poco antes de recuperarlos. Los rehenes civiles deben ser liberados de inmediato y reunirse con sus familias.”
“Mientras tanto, en Gaza, familias enteras han quedado diezmadas y muchas personas aún no han desenterrado los restos de sus seres queridos de entre los escombros de sus hogares destruidos, incluidos niños y niñas. Cientos de familias de Gaza siguen buscando información sobre sus seres queridos detenidos en cárceles israelíes sin cargos ni juicio, y muchos de ellos sometidos a tortura.”
“Es vergonzoso y un fracaso colectivo de la humanidad que un año después siga sin haber un alto el fuego y sin liberarse a los rehenes. Estas atrocidades nunca deberían haberse cometido y mucho menos debería permitirse que continúen”
Agnès Callamard, Amnistía Internacional
“Mientras la guerra se prolonga sin final a la vista, la necesidad de un alto el fuego, el respeto del derecho internacional y los derechos de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación es más acuciante que nunca. Es vergonzoso y un fracaso colectivo de la humanidad que un año después siga sin haber un alto el fuego y sin liberarse a los rehenes. Estas atrocidades nunca deberían haberse cometido y mucho menos debería permitirse que continúen.”
“Este aniversario es un recordatorio aleccionador de la urgente necesidad de abordar las causas profundas, cortar el suministro de armas a todas las partes y poner fin a la prolongada impunidad con la que las fuerzas israelíes, Hamás y otros grupos armados han despreciado el derecho internacional durante décadas sin temer ninguna consecuencia.”
“El mundo no debe olvidar nunca a las víctimas y la angustia de las familias afectadas. La humanidad debe prevalecer. Amnistía Internacional pide un alto el fuego inmediato y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes civiles retenidos por Hamás y otros grupos armados y de todas las personas palestinas detenidas ilegítimamente por Israel.”
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Amnistía Internacional ha realizado una investigación exhaustiva de los crímenes cometidos el 7 de octubre y posteriormente. Amnistía Internacional ha manifestado que Hamás y otros grupos armados deben rendir cuentas por los homicidios, los secuestros y los ataques indiscriminados cometidos de forma deliberada, incluidos los ejecutados con cohetes, contra Israel. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente la liberación inmediata de todos los rehenes civiles retenidos en Gaza. Amnistía Internacional también ha investigado los múltiples crímenes de guerra cometidos por Israel, entre ellos ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil o ataques indiscriminados y desproporcionados, así como otros ataques ilegítimos y castigos colectivos infligidos a la población civil. Amnistía Internacional ha pedido un alto el fuego e instado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a acelerar su investigación sobre la situación en el Estado de Palestina.
Las violaciones de derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado e Israel comenzaron mucho antes de los atentados del 7 de octubre. Amnistía ha investigado y denunciado el cruel sistema israelí de apartheid y la ocupación ilegítima, sobre la que el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado resoluciones.
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A la vista de las rampantes violaciones de derechos humanos que se cometen en Túnez contra las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, especialmente las negras; de la inexistencia en Túnez de un sistema de asilo; de la represión del gobierno tunecino contra la sociedad civil, la independencia judicial y los medios de comunicación; y de la imposibilidad de determinar la nacionalidad de manera imparcial e individual o de evaluar las necesidades de protección de las personas migrantes y solicitantes de asilo mientras se encuentran en el mar, está claro que Túnez no es un lugar seguro para el desembarco de personas interceptadas o rescatadas en el mar. La actual cooperación entre la Unión Europea (UE), los Estados miembros de la UE y Túnez en materia de control migratorio, que incluye la prerrogativa de desembarcar en Túnez a personas rescatadas o interceptadas en el mar —similar a la anterior cooperación con Libia— está contribuyendo a violaciones de derechos humanos.
Las políticas europeas de externalización de la gestión de fronteras a Túnez apoyan a unas autoridades de seguridad que cometen graves violaciones de derechos humanos. También obstaculizan el derecho de las personas a salir de cualquier país y a solicitar asilo, conteniendo a quienes migran y solicitan refugio en países en los que sus derechos humanos peligran. Además, el desembarco en Túnez puede poner en peligro a las personas migrantes y refugiadas y exponerlas a graves daños, así como exponerlas a un alto riesgo de ser expulsadas colectivamente a Libia y Argelia, lo que vulnera el principio de no devolución (non-refoulement). La creación, el 19 de junio de 2024, de la región de búsqueda y salvamento de Túnez solicitada y apoyada por la Comisión Europea, corre el riesgo de convertirse en otra herramienta para violar derechos en lugar de un instrumento para dar cumplimiento legítimo a la responsabilidad de proteger la seguridad en el mar. A semejanza de su cooperación con Libia, el acuerdo de la UE y sus Estados miembros con Túnez puede tener el efecto de normalizar las graves violaciones de los derechos humanos que se cometen contra las personas que buscan protección y socavar la integridad del sistema internacional de búsqueda y salvamento, tergiversándolo para ponerlo al servicio del control migratorio.
Como organizaciones humanitarias y de derechos humanos, pedimos a la UE y a sus Estados miembros que pongan fin a su cooperación en materia de control migratorio con las autoridades tunecinas, responsables de graves violaciones de derechos humanos en el mar y en Túnez. Las ONG de búsqueda y salvamento y los buques mercantes no deben recibir instrucciones de desembarcar a nadie en Túnez.
Violaciones generalizadas y reiteradas de los derechos humanos
Las conclusiones extraídas por las organizaciones tunecinas e internacionales, así como por los organismos de la ONU, durante los dos últimos años indican que Túnez no puede considerarse un “lugar seguro” para las personas interceptadas o rescatadas en el mar, sobre todo las negras, según la definición del Convenio SAR de 1979, el Comité de Seguridad Marítima y los organismos de la ONU.
Pese a ser parte de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, Túnez carece de legislación y un sistema nacional de asilo. La ley penaliza a quienes entran, permanecen o salen del país de forma irregular. Tras interceptaciones en el mar o después de detenciones arbitrarias en territorio tunecino, las autoridades tunecinas han abandonado en repetidas ocasiones a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en el desierto tunecino o en regiones remotas fronterizas con Libia y Argelia. Estas prácticas pueden equivaler a expulsiones colectivas ilegítimas, demuestran un desprecio total por el derecho a la vida de las personas refugiadas y migrantes, y pueden violar el principio de no devolución. Las personas expulsadas corren el riesgo de sufrir graves violaciones de los derechos humanos en Libia y nuevas expulsiones de Argelia a Níger. Según informes que citan información de la ONU, las fuerzas de seguridad de Túnez han detenido a personas presuntamente migrantes irregulares en tierra y las han transferido directamente a las autoridades libias, que posteriormente las han sometido a detención arbitraria, trabajos forzados, extorsión, tortura y otros malos tratos, así como a homicidios ilegítimos.
Según relatos de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo documentados por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, OMCT y Alarm Phone, las autoridades tunecinas en el mar han cometido abusos de derechos humanos y han puesto vidas en peligro durante la interceptación de embarcaciones —incluidas maniobras a alta velocidad que amenazaban con hacerlas zozobrar, violencia física, disparos de gas lacrimógeno a corta distancia y colisiones con las embarcaciones— y no han garantizado sistemáticamente la evaluación individualizada de las necesidades de protección en el momento del desembarco. Las autoridades tunecinas también han sometido a tortura y otros malos tratos a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en el contexto de desembarcos, detenciones o expulsiones colectivas.
Al mismo tiempo, varias organizaciones internacionales y locales, defensores y defensoras de los derechos humanos y profesionales de la abogacía han denunciado un alarmante deterioro de las libertades civiles y los derechos fundamentales en Túnez que afecta tanto a la población migrante como a la nacional. Desde 2021, el país ha sido testigo de un importante retroceso de los derechos humanos, caracterizado por el desmantelamiento de las salvaguardias institucionales para su protección, la erosión de la independencia judicial y la represión de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. El desembarco en Túnez de personas de nacionalidad tunecina interceptadas o rescatadas en el mar, entre las que podría haber personas que huyen de la persecución, la tortura u otros daños graves y tienen intención de solicitar asilo en el extranjero, podría negar de forma efectiva el derecho a solicitar asilo a personas que necesitan protección internacional.
La complicidad de la Unión Europea en las violaciones de los derechos humanos
A pesar de las violaciones de derechos humanos documentadas por las autoridades tunecinas, la UE y sus Estados miembros han incrementado su apoyo al gobierno de Kais Saïed. A través del Memorando de Entendimiento firmado en julio de 2023, la UE prometió a Túnez 1.000 millones de euros, incluidos 105 para la gestión de las fronteras y la migración, a cambio de impedir de facto las salidas por mar hacia Europa, que incluyen personas necesitadas de protección. Con la demarcación de la región de búsqueda y rescate de Túnez, el gobierno tunecino ha cumplido una prioridad de larga data fijada por la UE.
Mientras que, por un lado, esto representa un paso formal hacia el cumplimiento de la responsabilidad de Túnez de proteger la vida en el mar, la realidad es que ahora los centros de coordinación de salvamento europeos remitirán a su institución homóloga tunecina las embarcaciones en peligro que se encuentren en la región de búsqueda y salvamento de Túnez, reforzando la desvinculación gradual de los actores de la UE en favor de actores con un historial de derechos humanos deficiente.
Al apoyar un mayor protagonismo de la Guardia Costera tunecina (Guardia Nacional) —sin parámetros de referencia ni un sistema de seguimiento en materia de derechos humanos, y sin disposiciones que garanticen que las personas rescatadas son desembarcadas en un lugar seguro que no puede ser Túnez— la UE está contribuyendo al riesgo de que se produzcan nuevas violaciones graves de los derechos humanos en el mar y en Túnez contra personas refugiadas y migrantes y personas en riesgo de persecución en el país.
El espacio humanitario para las ONG de búsqueda y salvamento también se verá aún más restringido si los centros de coordinación de salvamento europeos les ordenan que se pongan en contacto con el recién creado Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo tunecino para el desembarco, algo a lo que pueden negarse para respetar el principio de no devolución. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ha señalado que las embarcaciones en el mar no son el lugar apropiado para determinar las necesidades de protección. Según el derecho marítimo internacional, los Estados son los principales responsables de coordinar los rescates dentro de sus regiones de búsqueda y salvamento y de organizar el desembarco en un lugar seguro, que puede ser otro Estado.
Se debe poner fin al apoyo de Europa a las violaciones de derechos humanos
Esta evolución sigue la pauta observada en Libia desde 2016. Además de proporcionar apoyo material, técnico y político, la UE e Italia respaldaron la demarcación de una región de búsqueda y salvamento en Libia y la creación de un centro de coordinación de salvamento marítimo libio, lo que condujo a que se transfiriera a la Guardia Costera libia la responsabilidad de la búsqueda y el salvamento, así como a un aumento de las devoluciones sumarias y los desembarcos en Libia, todo ello teniendo plena consciencia de que con ello las personas migrantes y refugiadas quedarían expuestas a un grave riesgo de ser sometidas a violaciones de derechos humanos horribles y mortíferas en Libia. Tanto el gobierno italiano como las instituciones de la UE no sólo han continuado esta cooperación, sino que han procurado ampliarla a otros países, incluido Túnez.
Por tanto instamos a la Unión Europea y sus Estados miembros a:
Pedir a las autoridades tunecinas que pongan fin a las violaciones de derechos humanos contra las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, lo que incluye acabar de manera urgente con las expulsiones colectivas ilegales y que ponen en peligro la vida de las personas.
Pedir a las autoridades tunecinas que pongan fin a la represión de la sociedad civil.
Garantizar que las ONG de búsqueda y rescate y los buques mercantes no reciben instrucciones de desembarcar en Túnez a las personas que rescatan en el mar, dados los riesgos de violaciones de derechos humanos que plantea el país y dado que en el mar no se pueden realizar evaluaciones individuales imparciales de esos riesgos. Túnez no puede considerarse un lugar seguro para las personas rescatadas en el mar según el derecho internacional aplicable.
Poner fin al apoyo económico y técnico que se brinda a las autoridades tunecinas responsables de graves violaciones de derechos humanos en relación con el control fronterizo y migratorio.
Afrique-Europe Interact
Alarme Phone Sahara (APS)
All Included Amsterdam
Amnesty International
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI)
Association CALAM
Association for Justice, Equality and Peace
Association Lina Ben Mhenni
Association Marocaine d’aide des Migrants en Situation Vulnérable (AMSV)
Association pour la promotion du droit à la différence (ADD)
Association Sentiers-Massarib
Association tunisienne de défense des libertés individuelles
Aswat Nissa
Avocats Sans Frontières (ASF)
BAOBAB EXPERIENCE
Campagna LasciateCIEntrare – MaipiuCIE
Carovane Migranti
CCFD-Terre Solidaire
Chkoun? Collective
Comité de Sauvegarde de la LADDH
Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)
CompassCollective
Damj – l’Association Tunisienne pour la justice et l’égalité
Dance Beyond Borders
EMERGENCY
Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR)
Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH)
Forum Tunsien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES)
FUNDACION SOLIDAIRE
Human Rights Watch
Intersection pour les droits et les libertés
iuventa-crew
L’association Tunisienne pour les Droits et les Libertés (ADL)
La Cimade
LDH (Ligue des droits de l’Homme)
Maldusa
Médecins Sans Frontières
MEDITERRANEA Saving Humans
Melting Pot Europa
migration-control.info project
Migreurop
Missing Voices (REER)
Mission Lifeline International e.V.
PRO ASYL Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V.
r42-SailAndRescue
Reclaim the Sea
Refugees in Libya – APS
Refugees Platform In Egypt (RPE) منصة اللاجئين في مصر
Resqship
SALVAMENTO MARITIMO HUMANITARIO -SMH
SARAH Seenotrettung gUG
Sea-Eye e.V.
Sea-Watch e.V.
Search and Rescue Malta Network
Seebrücke
SOS Humanity e.V.
SOS MEDITERRANEE
Statewatch
Union des diplômés-chômeurs (UDC)
United4Rescue – Gemeinsam retten e.V.
Univ. of Southern California Gould School of Law Immigration Clinic
Watch the med Alarm Phone
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En respuesta a la noticia de que las autoridades de Singapur ejecutaron a un hombre el viernes por un delito de drogas, la directora regional adjunta de Investigación en funciones de Amnistía Internacional, Kate Schuetze, ha manifestado:
“La ejecución en la horca de Azwan bin Bohari ha sido claramente ilegítima según el derecho y las normas internacionales. Resulta especialmente preocupante que se haya llevado a cabo a pesar de existir un proceso legal de apelación pendiente.
La ejecución de personas con recursos de apelación en curso en los tribunales es una violación de las salvaguardias internacionales para la protección de los derechos de las personas condenadas a muerte. Esta ejecución pone gravemente en cuestión las protecciones del sistema de justicia de Singapur para evitar la privación arbitraria de la vida.
El gran número de personas que están en espera de ejecución en Singapur, unido al afán de este país por ejecutar, incluso habiendo recursos pendientes, hace temer que muchas otras personas estén en peligro inminente de morir en la horca. La mayoría de estas personas han sido condenadas a muerte por delitos de drogas, lo cual viola las restricciones que limitan el uso de la pena de muerte a `los más graves delitos´.
Instamos al gobierno de Singapur a que deje inmediatamente de recurrir de manera ilegítima a la pena de muerte y que establezca sin demora una moratoria de las ejecuciones como primer paso fundamental hacia su abolición. La mayoría de los países del mundo ya han abolido totalmente la pena de muerte, y varios gobiernos de la región de Asia y Oceanía han dado pasos en esa dirección. Ya es hora de que Singapur haga lo mismo.”
Información complementaria
Azwan bin Bohari, ciudadano de Singapur, fue ejecutado el 4 de octubre de 2024. En 2019, había sido declarado culpable de posesión de 26,5 gramos de diamorfina (heroína) para traficar con ella.
Su ejecución se había suspendido en abril por existir procedimientos judiciales en curso, pero finalmente se llevó a cabo a pesar de la apelación que Azwan
había presentado junto con otras 30 personas y que seguía pendiente de resolución ante el Tribunal Supremo.
Azwan había sido declarado culpable de narcotráfico, uno de los muchos delitos penales que se castigan con la muerte en Singapur, a pesar de existir dudas de que se hubiera respetado su derecho a un juicio justo.
Amnistía Internacional, junto con organizaciones asociadas en Singapur, como Transnational Justice Collective, ya ha documentado en ocasiones anteriores las múltiples violaciones del derecho y las normas internacionales que supone el uso de la pena de muerte en Singapur. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y circunstancias.
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El profesorado ucraniano de los territorios ocupados por Rusia se ha visto ante la angustiosa disyuntiva de huir o verse obligado a impartir un plan de estudios que pretende adoctrinar al alumnado con propaganda estatal rusa, ha declarado Amnistía Internacional la víspera del Día Mundial de los Docentes. Insistiendo en volver a abrir las escuelas en los territorios ocupados de Ucrania como parte de sus esfuerzos por consolidar su control, las autoridades rusas han buscado la total cooperación de los docentes ucranianos que quedaban en esas zonas, sometiéndolos a chantaje emocional, graves amenazas, registros domiciliarios y, cuando nada de eso ha funcionado, violencia física.
“Profesores y profesoras ucranianos de los territorios ocupados por Rusia han sido sometidos a amenazas y abusos para obligarlos a trabajar contra su voluntad, y se enfrentan a una difícil elección: huir dejándolo todo o entrar a formar parte de un sistema educativo que trata de adoctrinar al alumnado, entre otras cosas justificando la guerra de agresión de Rusia”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Permanecer en los territorios ocupados y negarse a formar parte del sistema educativo no es una opción: secuestros, amenazas y abusos psicológicos y físicos aguardan al personal docente proucraniano que se niega a mostrar lealtad y cooperar. Es fundamental que estas graves violaciones de derechos humanos sean plenamente documentadas e investigadas por las autoridades nacionales competentes y por organismos y expertos internacionales, y que los responsables rindan cuentas.
Ocultar tu profesión por temor a las represalias
Profesores y profesoras entrevistados por Amnistía Internacional denunciaron que las autoridades de ocupación rusas los buscaban activamente, llevadas por la urgencia de reabrir las escuelas y que tuvieran el mismo personal docente. Una forma de sustraerse a la atención de las autoridades de ocupación era ocultar su profesión.
Svitlana, de 38 años, profesora de lengua y literatura ucraniana de la región de Nikolaiev, afirmó: “Me aterraba que [los soldados ucranianos] descubrieran que soy profesora. Y más aún con la asignatura que imparto. Los profesores y profesoras de ucraniano y de historia de Ucrania eran sus mayores enemigos. Les dije a mis hijos que, si alguien les preguntaba, debían decir que trabajaba limpiando la escuela.”
Un caso parecido es el de Olha, de 40 años, profesora de historia de la región de Járkov, quien relató el terror que sintió cuando los soldados rusos registraron su casa: “Los rusos vinieron a registrar mi apartamento. Me aterrorizaba que descubrieran los libros de texto de Historia, los mapas y toda la literatura sobre historia de Ucrania que tenía escondidos. […] Había visto a los soldados rusos saquear la escuela. Allí lo primero que hicieron fue quemar todos los libros ucranianos, los símbolos del Estado y los mapas”, recuerda, describiendo su temor de que sus colegas que se habían incorporado a la escuela cuando ésta volvió a abrir hubieran dado informes sobre ella.
Obligados a cooperar
Tras la invasión de Ucrania y la total interrupción de la vida de la población civil que le siguió, las autoridades rusas de ocupación estaban decididas a reabrir las escuelas en septiembre de 2022 en todas las regiones recién ocupadas. En mayo de 2022, comenzaron a convocar a reuniones al personal docente que quedaba en las zonas ocupadas, y a presionarlo para que volviera al trabajo.
Oksana, jefa de estudios de la región de Jersón, contó a Amnistía Internacional su experiencia en una de estas reuniones: “Estuvieron tres horas tratando de convencerme. No me amenazaron, pero me presionaron psicológicamente. Me dijeron que la región de Jersón era definitivamente rusa, y que Ucrania había dejado de luchar por nosotros. Me prometieron un buen sueldo y me advirtieron que antes o después tendría que acceder a trabajar para ellos, porque no sobreviviría sin ingresos. También hubo chantaje emocional. Me dijeron que si me negaba a trabajar estaría traicionando a mis hijos.”
A quienes se negaron a cooperar se les dijo que dimitieran, pero esto no terminó con la coacción: representantes del sistema administrativo implantado por Rusia los visitaban sin previo aviso —a veces varias veces a la semana— y los amenazaban con que nunca volverían a tener empleo, se les negaría el apoyo social y la asistencia médica y serían incluidos en las llamadas “listas negras” de personas a las que no se permitía salir de los territorios ocupados.
Tetiana, de 56 años, profesora de la región de Zaporiyia, contó a Amnistía Internacional que, poco después de negarse a volver a su puesto de trabajo, una de sus antiguas compañeras la abordó: “Me dijo que yo no había entendido las consecuencias de mi negativa, que me enviarían a cavar trincheras en el frente y me meterían en la ‘lista negra’ y perdería mi casa. Supe que por el pueblo se rumoreaba que había traicionado a mis alumnos. Hubo quien me aconsejó que no saliera de casa bajo ningún concepto, pues podría tener problemas.”
Tetiana huyó a la zona controlada por el gobierno ucraniano. Ese mismo día, soldados rusos asaltaron su casa e interrogaron a su esposo sobre su paradero.
Amenazas, palizas, chantaje y secuestros
Cuando ni las promesas de aumento de sueldo y ascenso, ni el chantaje emocional y las amenazas conseguían obligar al docente a cooperar, las fuerzas de ocupación recurrían a la violencia física y al secuestro.
Oleksandr, de 44 años, jefe de estudios y profesor de geografía en la región de Zaporiyia, contó su estremecedora experiencia cuando unos hombres armados lo secuestraron y lo golpearon por negarse a volver a su puesto de trabajo. “Poco después de negarme a cooperar, vinieron a mi casa cuatro hombres armados. Dos de ellos me agarraron y me llevaron a un automóvil. Me golpearon con sus rifles. Otros dos se quedaron en casa con mi esposa. Me llevaron al patio trasero de una escuela y allí me volvieron a pegar. Me llamaron ‘fascista’ y ‘nazi’. Me exigieron que acudiera a un acto en la escuela y […] que ‘apoyara’ su funcionamiento, posando en fotos con los símbolos del Estado ruso. Su intención era utilizar después esas fotos [como chantaje], para probar mi cooperación y mi apoyo a la ocupación. Me amenazaron con que esas fotos bastarían para que las autoridades ucranianas constataran mi apoyo a la ocupación y me encarcelaran.” La mañana en que se celebraba el acto, Oleksandr recibió “una llamada de recordatorio” de uno de sus secuestradores. No tuvo más remedio que asistir.
Información complementaria
Amnistía Internacional viene documentando crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario desde el comienzo de la invasión en gran escala de Ucrania por Rusia.
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Las principales organizaciones humanitarias, de desarrollo, derechos humanos y paz han denunciado por enésima vez la situación que se vive en Gaza y en el Territorio Palestino Ocupado. Han exigido una vez más el alto el fuego en el mes en el que se cumple el primer aniversario de la ofensiva israelí sobre Gaza. Las organizaciones quieren recordar los nombres de las casi 42.000 personas asesinadas en la Franja -más de 11.000, niños y niñas-. Recuerdan a las más de 96.000 personas heridas, más de 10.000 desaparecidas y casi 2 millones de personas desplazadas. Califican lo que está ocurriendo como “una situación sin precedentes por la impunidad con la que se ha atacado de forma directa a la población civil palestina, con un alto coste para niños, niñas, mayores y mujeres”.
Por otra parte, las organizaciones firmantes también quieren llamar la atención sobre las terribles consecuencias de los ataques llevados a cabo por Hamás y otros grupos armados palestinos el pasado 7 de octubre de 2023, en los que murieron más de 1.200 personas -en su mayoría civiles, incluidos niños y niñas- y más de 240 fueron tomadas como rehenes -al menos 79 de ellas civiles-, de las que a día de hoy más de 100 siguen cautivas.
Tales datos, recuerdan, no justifican que se esté violando sistemáticamente el Derecho Internacional Humanitario con total impunidad. Se bombardean escuelas, hospitales, campos de personas refugiadas. “La situación no tiene precedentes, supone un ataque directo a los derechos y la vida de la población palestina, pero también a las reglas humanitarias internacionales”, declaran.
Las ONG han mantenido durante el año transcurrido decenas de reuniones con distintas personas responsables del gobierno central, los gobiernos autonómicos, los grupos parlamentarios estatales y autonómicos, partidos políticos y otros actores relevantes, para informarles de la crítica situación. Han solicitado apoyo político y económico a mecanismos internacionales imprescindibles para la rendición de cuentas como la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional. A lo largo de estos 12 meses han denunciado las enormes necesidades de la población palestina, que conocen de primera mano por su trabajo con organizaciones locales. Además, han exigido estrategias y vías para lograr un mayor acceso de ayuda, más visados para el personal humanitario y otras medidas, además de la más esencial, que es el final de la ofensiva de Israel y de las atrocidades que a día de hoy se siguen cometiendo en los territorios palestinos ocupados.
Las ONG recuerdan que la Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Israel tomar medidas para evitar el genocidio y garantizar los servicios básicos y la asistencia humanitaria. Destacan también que el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha pedido el alto el fuego en al menos dos ocasiones y ha urgido a permitir la llegada de ayuda suficiente y sostenida para la población del enclave asediado.
Sin embargo, según las organizaciones, “Israel ha hecho oídos sordos y la comunidad internacional no ha presionado para que dichas resoluciones se cumplan y se garantice el Derecho Internacional Humanitario”.
Recuerdan, una vez más, que es urgente poner fin de forma inmediata al castigo colectivo que sufre la población palestina con un alto el fuego inmediato y permanente y un acceso de la ayuda suficiente, seguro, sostenido y sin obstáculos que permita a las organizaciones humanitarias cumplir con su mandato. “La vida de miles de personas, la estabilidad de la zona y los principios básicos de los derechos humanos están en juego. Tomar medidas para acabar con esta deriva es fundamental tanto para quienes sufren directamente sus consecuencias como para toda la humanidad”, concluyen.
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Las organizaciones que hacen este llamamiento son: Asamblea de Cooperación por la Paz, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Amnistía Internacional, Educo, Farmamundi, Greenpeace, IECAH, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras, medicusmundi, Movimiento Por la Paz-MPDL, Mundubat, Novact, Oxfam Intermón, Plan International, Save the Children.
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Amnistía Internacional ha designado hoy presos de conciencia a tres destacados defensores de los derechos humanos de Hong Kong y China continental.
La abogada de derechos humanos Chow Hang-tung, el también abogado de derechos humanos Ding Jiaxi, así como el defensor de la libertad de prensa Jimmy Lai, están encarcelados únicamente por su activismo pacífico en favor de los derechos humanos. Amnistía Internacional ha pedido su liberación inmediata.
“Mientras el gobierno chino anuncia avances en sus medidas para fomentar los derechos humanos, las historias de estos tres defensores de los derechos humanos demuestran que en el país la realidad es radicalmente distinta”, ha declarado Sarah Brooks, directora de Amnistía Internacional para China.
“Reunirse con personal diplomático; debatir sobre política; quejarse sobre el trato indebido bajo custodia policial; hablar con las amistades en una sobremesa: todas estas cosas pueden llevarte a la cárcel en la China actual.
“La actual detención de Chow, Ding y Lai demuestra que las autoridades chinas siguen sin cumplir sus obligaciones internacionales, y su procesamiento pone al descubierto la cobardía de los agentes del Estado, que no aceptan las críticas, ya sean de expertos internacionales o de su propia ciudadanía”.
Jimmy Lai y Chow Hang-tung han sido víctimas del desmantelamiento del espacio de la sociedad civil y los derechos humanos que se viene llevando a cabo en Hong Kong desde la introducción de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020. Ding Jiaxi, como muchos defensores y defensoras de los derechos humanos en China continental, es víctima directa de las “leyes relacionadas con la seguridad nacional”, sumamente amplias e imprecisas, que permiten que se dicten sentencias condenatorias en juicios secretos y se impongan largas penas de cárcel.
Amnistía Internacional considera que preso o presa de consciencia es toda persona encarcelada únicamente debido a sus convicciones políticas, religiosas u otras convicciones profundas, su origen étnico, sexo, color, lengua, origen nacional o social, condición socioeconómica, nacimiento, orientación sexual, identidad o expresión de género u otra condición, y que no ha usado la violencia ni propugnado la violencia o el odio en las circunstancias que condujeron a su detención.
Jimmy Lai
Poco después de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional, cerca de 200 policías asaltaron las instalaciones del periódico Apple Daily de Jimmy Lai, quien fue detenido junto con varios directivos del diario y acabó siendo acusado de “connivencia con fuerzas extranjeras” en aplicación de esta ley, y también de sedición. El Apple Daily cerró en junio de 2021 tras otra redada policial y la congelación de sus activos, una operación que Amnistía Internacional calificó de “flagrante ataque a la libertad de prensa”.
Lai, que está siendo juzgado por delitos contra la seguridad nacional, puede ser condenado hasta a cadena perpetua. Los tribunales de Hong Kong ya lo han declarado culpable en cuatro causas diferentes por “reuniones no autorizadas” en relación con su participación en protestas pacíficas, incluida su asistencia a la vigilia en conmemoración de los sucesos de la plaza de Tiananmen. También ha sido procesado por presunto “fraude”. A consecuencia de ello, ya está cumpliendo varias penas de cárcel por las que pasará casi siete años encarcelado injustamente.
Según los informes, Lai, que cumplirá 77 años en diciembre, ha estado recluido en régimen de aislamiento, y su salud es motivo de gran preocupación, especialmente tras haberse cancelado su comparecencia ante el tribunal a principios de junio de 2024. Esta preocupación se agrava ante los largos retrasos de su juicio por delitos en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, que comenzó en diciembre de 2023 y, tras un largo aplazamiento, se espera ahora que continúe en noviembre de 2024.
Chow Hang-tung
Chow fue acusada en 2020 por participar en una vigilia pacífica en conmemoración de las muertes en la represión de Tiananmen de 1989, y en 2021 volvieron a presentarse cargos contra ella por pedir en redes sociales que se encendieran velas en memoria de las víctimas. Pasó 22 meses en la cárcel por atreverse a conmemorar sus vidas.
Chow también puede ser condenada a hasta 10 años de cárcel por “incitar a la subversión”, en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, como exdirigente de la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Patrióticos y Democráticos de China, que organizó durante 30 años la vigilia anual con velas en recuerdo de Tiananmen.
A pesar de estar encarcelada, Chow ha seguido utilizando sus conocimientos como abogada para defender derechos, y, por ejemplo, en 2022 consiguió que se levantaran las restricciones a la información sobre las vistas de fianza. Su actuación más reciente consistió en plantear un recurso contra la normativa que exige que las mujeres (a diferencia de los hombres) vistan todo el año pantalón largo en las cárceles de Hong Kong, donde las temperaturas suelen superar los 30 grados centígrados en verano. En el pasado, Chow ha sufrido represalias por este tipo de actividades de defensa, incluidos reiterados periodos de reclusión en régimen de aislamiento.
“Amnistía Internacional y muchas otras organizaciones y particulares han puesto de relieve las peligrosas deficiencias de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong en materia de derechos humanos. Pero en vez de tomar medidas para derogarla, en marzo de este año el gobierno de Hong Kong redobló su apuesta con una legislación local sobre seguridad nacional igualmente represiva (el llamado “Artículo 23”), que incrementa las penas de cárcel por el activismo pacífico, aunque se lleve a cabo fuera de Hong Kong o de China continental”, ha manifestado Sarah Brooks.
Ding Jiaxi
Ding fue condenado en abril de 2023 a 12 años de cárcel por “subvertir el poder del Estado”. Está en el punto de mira, como decenas de activistas y profesionales de la abogacía, tras asistir en 2019 a una reunión informal en la ciudad de Xiamen en la que se debatieron temas de actualidad en China. El activista y experto legal Xu Zhiyong, que también asistió a la reunión, fue condenado a 14 años por el mismo tribunal y los mismos cargos.
Ding estuvo más de un año incomunicado en régimen de “vigilancia domiciliaria en un lugar designado” tras ser detenido el 26 de diciembre de 2019. En este tiempo fue sometido a tortura y otros malos tratos, como ser interrogado durante horas y permanecer atado —muchos días más de 10 horas— a una “silla tigre” de hierro con los miembros contorsionados. Durante casi cuatro años, desde su detención inicial hasta su traslado a la cárcel tras su sentencia, no se le permitió el acceso a material de escritura.
Según los informes, sufre graves restricciones en la cárcel, como la suspensión de las salidas al patio. Su derecho a la comunicación se limita estrictamente a recibir cartas de familiares directos, tiene prohibidas las llamadas telefónicas y acceso limitado a material de lectura.
“La estrategia del gobierno chino para evitar el escrutinio incluye justificar de forma sistemática la represión despiadada, así como rechazar los esfuerzos para que las autoridades rindan cuentas por ella, describiéndola simplemente como meros ‘asuntos internos’. Éste es el motivo por el cual las historias de Jimmy Lai, Chow Hang-tung y Ding Jiaxi son tan importantes. Son los ‘asuntos internos’ que las autoridades chinas nos dicen que no merecen atención, dignidad ni justicia”, concluyó Sarah Brooks.
“Al designar a Chow, Lai y Ding presos de conciencia, apoyamos a todas las personas detenidas injustamente por decir en voz alta lo que creen que es cierto. Los tres, junto con las muchas otras personas encarceladas en Hong Kong y China continental por sus creencias, deben quedar de inmediato en libertad incondicional.”
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En el día de hoy se formalizó la investigación penal contra tres personas que ejercieron el alto mando de Carabineros durante la represión policial a las protestas de 2019. Bajo su dirección, dos personas fallecieron a manos de la policía y miles sufrieron lesiones graves, incluyendo traumas oculares irreversibles. En esta audiencia, esperada por más de nueve meses, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte comunicó formalmente que los investiga por su posible participación como autores del delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, y con ello se dará inicio a un proceso judicial.
Según el derecho internacional y la legislación chilena, los mandos a cargo de cuerpos policiales son, bajo ciertas circunstancias, responsables por los actos de sus subordinados, incluso cuando hubiesen omitido la supervisión de estos. Así lo ha señalado Amnistía Internacional en sus informes de 2020, “Ojos sobre Chile”, de 2021, “Responsabilidad penal por omisión de los mandos” y en un reciente informe publicado bajo el día de hoy, “Obligaciones de derecho internacional de investigar y sancionar a los responsables jerárquicos de violaciones de derechos humanos”.
El inicio de un proceso judicial, que comenzaría tras la celebración de esta audiencia, servirá para esclarecer si dichas personas tuvieron responsabilidad penal individual por no haber impedido las graves lesiones causadas a miles de manifestantes, a pesar de que habrían podido hacerlo, tal como era su obligación.
“Esta audiencia nos demuestra que es posible procesar no sólo a quien apretó el gatillo, sino sobre todo a quien omitió hacer todo aquello que estaba a su alcance para evitar que se disparara de forma indiscriminada sobre manifestantes. La responsabilidad por estos hechos debe estar a la altura de la responsabilidad del puesto que tenían”, expresa Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Esta audiencia nos demuestra que es posible procesar no sólo a quien apretó el gatillo, sino sobre todo a quien omitió hacer todo aquello que estaba a su alcance para evitar que se disparara de forma indiscriminada sobre manifestantes”
Ana Piquer, Amnistía Internacional
Desde octubre de 2019, Amnistía Internacional y diversas organizaciones y organismos internacionales y nacionales de derechos humanos denunciaron el uso indiscriminado e indebido de escopetas cargadas con perdigones de metal y goma por parte de Carabineros, que dejaron a miles de personas heridas y a más de 400 con trauma ocular severo. Hoy en día, se cuentan en más de 1.100 las causas por apremios ilegítimos (malos tratos) causados por este tipo de acciones, lo que evidencia el daño generalizado cometido por la acción de Carabineros.
La investigación penal contra los altos mandos de la policía que habrían permitido que esto ocurriera, es un hito para Chile. Cada día, en distintos países, el derecho a protestar se ve amenazado por el uso de armas y munición sumamente lesivas y prohibidas por el derecho internacional para el control de manifestaciones. Hoy, Chile tiene la oportunidad histórica de hacer rendir cuentas a quienes desde posiciones de poder no actuaron para impedir daños irreversibles contra miles de personas.
Amnistía Internacional celebra que esta audiencia, que finalizaría mañana, inicie un proceso judicial que, bajo las garantías del debido proceso pertinentes, esclarezca los hechos y determine las responsabilidades por las graves violaciones a derechos humanos cometidas a partir de 2019.
“Los ojos del mundo continúan sobre Chile. La formalización de altos mandos es un antecedente valioso para otros países de la región, pero sobre todo para Chile y las víctimas de la violencia policial, que han resistido cinco años para que esta puerta hacia la justicia se abriera paso”, dijo Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
Finalmente, Amnistía Internacional considera oportuna la salida del actual Director General de su cargo, ya que como ya denunció la organización en diversas ocasiones, su permanencia suponía un riesgo para la prueba procesal y el cumplimiento de garantías de no repetición .
Más información
Amnistía Internacional aportó a esta investigación penal antecedentes relativos a la violación generalizada del derecho a la integridad física ocurrida entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, documentadas en el informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando en el estallido social”. En particular, este informe evidenció cómo, a través de un obrar omisivo y deliberado, distintos mandos de Carabineros —incluido el actual General Director y entonces Director de Orden y Seguridad— habrían implementado una estrategia para silenciar las protestas, donde se hizo un uso indiscriminado e indebido de escopetas cargadas con munición altamente lesiva, dejando miles de personas heridas y más de 400 personas con trauma ocular.
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“Eslovenia y Montenegro deben impedir que atraque en sus puertos el buque de bandera portuguesa MV Kathrin, que se cree transporta explosivos con destino a Israel, dado el claro riesgo de que dicho cargamento contribuya a la comisión de crímenes de guerra en Gaza”, ha afirmado Amnistía Internacional.
Según el gobierno de Namibia y el ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, la carga del MV Kathrin incluye explosivos destinados a Israel. Las autoridades namibias se negaron a permitir que el buque entrara en su puerto principal en agosto, citando información del operador del barco de que su carga incluye ocho contenedores de explosivos RDX Hexogen con destino a Israel. Las declaraciones de la oficina del primer ministro de Eslovenia y del ministro de Relaciones Exteriores de Portugal indican que el barco se dirige al puerto de Koper, en Montenegro y Eslovenia, donde desembarcará su carga. No está claro cómo llegará ésta después a Israel.
“El cargamento mortal que se cree que está a bordo del buque MV Kathrin no debe llegar a Israel, ya que existe un claro riesgo de que contribuya a la comisión de crímenes de guerra contra la población civil palestina”, ha declarado Nataša Posel, directora de Amnistía Internacional Eslovenia.
“Namibia cumplió debidamente sus obligaciones internacionales al garantizar que el MV Kathrin no pasara por su puerto con cargamento militar destinado a Israel. Ahora corresponde que Eslovenia, Montenegro y todos los demás Estados hagan lo mismo y eviten facilitar una transferencia ilegal”.
El derecho internacional humanitario (DIH) prohíbe a todos los Estados transferir armas a una de las partes en un conflicto armado cuando exista un claro riesgo de que ello contribuirá a la comisión de crímenes de guerra u otras violaciones graves del DIH.
Amnistía Internacional ha documentado numerosas pruebas de crímenes de guerra cometidos con una amplia variedad de armas por todas las partes en la escalada más reciente del conflicto en Israel y el Territorio Palestino Ocupado. La investigación de Amnistía Internacional muestra que, en el último año, el ejército de Israel ha utilizado armas explosivas para llevar a cabo ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil, así como ataques indiscriminados en Gaza; ha bloqueado la asistencia humanitaria y ha infligido un castigo colectivo a la población palestina.
Por lo tanto, los Estados que continúan transfiriendo armas a Israel están incumpliendo sus obligaciones contraídas en virtud del artículo 1 común de los Convenios de Ginebra y deben actuar para evitar con urgencia todas esas transferencias.
Además, como Estados Partes en el Tratado sobre el Comercio de Armas, Montenegro, Portugal y Eslovenia se han comprometido a establecer las normas internacionales comunes más elevadas posibles para regular el comercio internacional de armas convencionales con el fin de reducir el sufrimiento humano. Como país de abanderamiento, Portugal no debe utilizar su buque para transferir los explosivos o debe retirar su pabellón para no contribuir a la transferencia.
“Amnistía Internacional pide un embargo de armas inmediato a Israel y a los grupos armados palestinos en Gaza debido a su uso de armas para cometer crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos. Cualquier Estado que transfiera a sabiendas armas a las partes en este conflicto en curso, lo que incluye mediante el tránsito de buques que transporten armas y explosivos, podría incumplir su obligación de no alentar, ayudar o asistir, en violación de los Convenios de Ginebra. Portugal, Eslovenia y Montenegro no deben facilitar ninguna transferencia de ese tipo de armas a Israel”, concluyó Nataša Posel.
Información complementaria
El 21 de julio, el MV Kathrin emprendió viaje con su carga desde el puerto vietnamita de Hai Phong.
El 24 de agosto, las autoridades de Namibia revocaron el permiso otorgado previamente para que el MV Kathrin entrase en el puerto principal de ese país, citando información del operador del barco de que algunos de los explosivos a bordo estaban destinados a Israel. Esta decisión se basó en la preocupación por una posible complicidad en crímenes de guerra en Gaza. Estaba previsto que el MV Kathrin atracara en la bahía de Walvis de Namibia el 25 de agosto.
El 31 de agosto, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el territorio palestino ocupado, Francesca Albanese, dijo que ocho contenedores de explosivos a bordo del MV Kathrin “son, según se informa, componentes clave de las bombas de aviación y misiles” utilizados por Israel contra la población palestina. Albanese pidió a otros Estados que impidieran que el barco atracara en sus puertos.
Los Estados deben cumplir sus obligaciones legales contraídas en virtud del artículo 1 común de los Convenios de Ginebra y detener de inmediato todas las transferencias de armas a Israel.
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“Las autoridades de Arabia Saudí han ejecutado a más de 198 personas desde que comenzó 2024, el mayor número de ejecuciones registrado en el país desde 1990”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
A pesar de las reiteradas promesas de limitar el uso de la pena de muerte, las autoridades saudíes han multiplicado el número de ejecuciones al tiempo que incumplen sistemáticamente las normas internacionales sobre juicios justos y las salvaguardias para las personas procesadas. Las ejecuciones por delitos de drogas se dispararon este año: 53 hasta la fecha —una media de una ejecución cada dos días solo en julio—, frente a solamente dos en 2023. Las autoridades también han utilizado la pena de muerte como arma para silenciar la disidencia política, castigando a los miembros de la minoría chií del país que apoyaron las protestas “antigubernamentales” entre 2011 y 2013.
“Las autoridades de Arabia Saudí están llevando a cabo un baño de sangre implacable que muestra su escalofriante desprecio por la vida humana, al tiempo que promueven una campaña de palabras vacías para renovar su imagen”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“La pena de muerte es un castigo abominable e inhumano que Arabia Saudí usa contra las personas por una amplia gama de delitos, incluidos la disidencia política y cargos relacionados con las drogas, tras juicios manifiestamente injustos. Las autoridades deben establecer de inmediato una moratoria de las ejecuciones y ordenar que se vuelva a juzgar a las personas condenadas a muerte de conformidad con las normas internacionales y sin recurrir a la pena capital”.
Ejecutado por apoyar “protestas antigubernamentales”
El 17 de agosto de 2024, la agencia saudí de noticias (SPA) anunció la ejecución de Abdulmajeed al Nimr, agente retirado de la policía de tráfico, por delitos de terrorismo relacionados con su pertenencia a Al Qaeda. Sin embargo, sus documentos judiciales cuentan otra historia sobre los cargos, que están relacionados con su presunto apoyo a las protestas “antigubernamentales” en la Provincia Oriental, de mayoría chií, de Arabia Saudí.
Según el documento judicial examinado por Amnistía Internacional, fue condenado inicialmente por el Tribunal Penal Especializado a nueve años de prisión el 25 de octubre de 2021, acusado de “intentar desestabilizar el tejido social y la unidad nacional participando en manifestaciones […] apoyando disturbios, coreando consignas contra el Estado y sus gobernantes”, así como de “disentir de la decisión de detener y enjuiciar a personas buscadas” y de unirse a un grupo de WhatsApp en el que había personas buscadas por motivos de seguridad. Tras la apelación, su condena fue aumentada hasta la pena de muerte. El Tribunal Penal Especializado no hizo ni una sola referencia a la implicación de Al Nimr con Al Qaeda. La discrepancia entre los cargos anunciados por la agencia saudí de noticias y los documentos judiciales de Al Nimr muestra una llamativa falta de transparencia en las actuaciones judiciales en casos de pena de muerte.
Tras su detención el 28 de octubre de 2017, se denegó a Al Nimr a durante alrededor dos años el acceso a asistencia letrada en los interrogatorios y en el periodo de prisión preventiva. Al Nimr pasó tres meses detenido sin que se le informara del motivo de su detención.
Según un documento judicial, la sentencia condenatoria de Al Nimr se basó únicamente en una “confesión” que, según dijo el condenado, fue obtenida bajo coacción, incluida la reclusión en régimen de aislamiento durante mes y medio.
Espectacular aumento de las ejecuciones por delitos de drogas
En 2024, las autoridades saudíes han ejecutado hasta ahora a 53 personas únicamente por delitos de drogas, cuando se habían registrado sólo dos ejecuciones por este tipo de delitos en el país en 2023. Entre mayo y junio, fueron ejecutadas por delitos de drogas tres personas de nacionalidad extranjera, procedentes de Siria y Nigeria. Este aumento ha continuado desde julio, y hasta el momento son 53 personas las que han sido ejecutadas únicamente por delitos de drogas en todo el país, 38 de ellas extranjeras.
Este repunte de las ejecuciones por delitos de drogas suscita serios temores por la suerte de decenas de personas presas condenadas por delitos similares actualmente en espera de ejecución. Hoy, las autoridades han ejecutado por delitos de drogas a dos hombres egipcios que estaban recluidos en la prisión de Tabuk.
Amnistía Internacional ha documentado los casos de cuatro hombres egipcios condenados a muerte recluidos en la prisión de Tabuk por delitos de drogas. Los cuatro son parte de un grupo de al menos 50 personas condenadas a muerte por delitos relacionados con las drogas recluidas en la prisión de Tabuk, la mayoría de ellas egipcias.
Este mes, Omar (seudónimo), uno de los hombres, contó a Amnistía Internacional: “Llevo siete años en el corredor de la muerte por la posesión de ocho gramos de hachís. También fui declarado culpable de la intención de recibir drogas, que no confesé y que he negado. ¿En qué otro lugar del mundo se condena a muerte a alguien por esto?”
Las autoridades condenaron a la pena capital a los hombres en enero de 2019 por varios cargos de drogas y confirmaron la pena en noviembre de 2019. Desde entonces, los condenados no han recibido ninguna información sobre el estado de su caso y si el Tribunal Supremo ha confirmado su pena de muerte.
Omar añadió: “He preguntado a todas las entidades gubernamentales que podrían saber, desde el Ministerio del Interior hasta el Consejo Judicial Supremo, y nadie ha podido decirme el estado de mi caso. Mi hijo ha crecido siete años sin mí. Esto hace que sienta que ya estoy muerto… Hace unos días, compartí una última comida con otro recluso antes de que se lo llevaran para ser ejecutado la mañana siguiente. No supo de su ejecución inminente hasta esa mañana. Lo único que quiero saber es el estado de mi caso”.
Según el documento judicial analizado por Amnistía Internacional, los cuatro hombres no contaron con asistencia letrada durante todo el periodo de prisión preventiva, los interrogatorios y el juicio preliminar que desembocó en su condena a muerte. Tras su sentencia condenatoria, el tribunal declaró que tenían derecho a que un representante legal presentara un recurso de apelación. Sin embargo, el tribunal solo nombró un abogado para uno de los condenados.
Omar contó a Amnistía Internacional que, durante la vista de la apelación, el juez le dijo que no podía oponerse a su condena porque no tenía abogado. Omar presentó personalmente otra apelación ante el Consejo Judicial Supremo después de la sentencia condenatoria, pero no sabe si la han recibido o no. Todavía no tiene abogado.
“Condenar a muerte a personas tras juicios injustos que carecen de transparencia y de las debidas garantías procesales es abominable y pone de relieve la cruda realidad del país. La única manera de limpiar la imagen del país es a través de una reforma genuina y la adhesión a los derechos humanos y el derecho internacional. De lo contrario, estos hitos represivos quedarán en primera línea de cualquier campaña”, ha dicho Agnès Callamard.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado o del método de ejecución utilizado por el Estado.
Información complementaria
La SPA ha confirmado hoy la ejecución número 198 llevada a cabo este año. El número real de ejecuciones podría ser más alto si tenemos en cuenta que la Agencia no informó de la cifra real de ejecuciones en 2022.
En 2022, Arabia Saudí ejecutó a 196 personas, la cifra anual de ejecuciones más elevada registrada por Amnistía Internacional en el país en los últimos 30 años. En marzo de ese año, el príncipe heredero Mohammed bin Salman dijo que el país se había “librado” de la pena de muerte excepto en los casos en que es obligatoria en virtud de la sharia (ley islámica). Sin embargo, en noviembre de 2022, las autoridades llevaron a cabo las primeras ejecuciones por delitos de drogas en casi tres años, revocando así una moratoria de las ejecuciones por este tipo de delitos anunciada por la Comisión de Derechos Humanos Saudí en 2021.
Este mismo año, Amnistía Internacional analizó el proyecto de Código Penal del país, que establece la pena de muerte como castigo y sigue permitiendo a los jueces utilizar su criterio para imponerla por asesinato, violación, blasfemia o apostasía.
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En la segunda temporada del pódcast de Amnistía Internacional On the Side of Humanity, personas que defienden el derecho al aborto han revelado lo que supone prestar atención médica que salva vidas frente a la violencia, la represión y el estigma.
La entrega, que tendrá tres episodios y se publicará el 28 de septiembre, Día Internacional del Aborto Seguro, en todas las aplicaciones de pódcast importantes, presenta historias de personal sanitario y activistas que defienden el derecho de las mujeres, las niñas y cualquier otra persona que pueda quedarse embarazada a tomar el control de su propio cuerpo y obtener la mejor atención médica disponible cuando más la necesitan. Cada episodio dura aproximadamente 30 minutos.
“Toda persona tiene derecho a un aborto sin riesgos. Sin embargo, en un momento en que el relato y la legislación contra el aborto ganan terreno en todo el mundo, las personas que necesitan abortos, o quienes los practican, se enfrentan a riesgos cada vez mayores con secuelas de por vida”, según ha manifestado Fernanda Doz Costa, directora del Programa de Justicia de Género y Racial y Derechos de las Personas Migrantes y Refugiadas de Amnistía Internacional.
“Las personas que defienden el derecho al aborto, incluidas las que prestan servicios de salud esenciales —como el personal de enfermería, médico y de atención al parto—, así como las personas activistas que distribuyen píldoras abortivas, son estigmatizadas, intimidadas, atacadas y sometidas a enjuiciamientos injustos, lo que hace que su trabajo sea cada vez más difícil y peligroso. Es hora de arrojar luz sobre sus historias a través del nuevo pódcast de Amnistía y mostrarles el apoyo que merecen.”
Las personas que aparecen en el nuevo pódcast de Amnistía no son diferentes: se han enfrentado a infinidad de abusos simplemente por apoyar a personas que necesitaban abortar. Algunas han sido incluso encarceladas, como la profesora y defensora de los derechos humanos venezolana Vannesa Rosales, que ayudó a acceder a un aborto seguro a una alumna de 13 años que había sido violada.
“Registraron mi casa y confiscaron un kit de aseo para mis mascotas que tenía unas tijeras”
Vannesa Rosales ayudó a acceder a un aborto seguro a una alumna de 13 años que había sido violada.
“Registraron mi casa y confiscaron un kit de aseo para mis mascotas que tenía unas tijeras”, dijo Vannesa. “Lo usaron como prueba de que mantenía una clínica de aborto clandestino. Inmediatamente después nos arrestaron a las dos: a la madre de la niña y a mí. Ella se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión, y yo, de hasta 15.”
Junto a la historia de Vannesa, el pódcast presenta a defensoras del derecho al aborto, como Verónica Cruz Sánchez, fundadora de Las Libres, organización feminista mexicana que coordina una red de activistas valientes que envían píldoras abortivas gratuitas a mujeres en Estados Unidos; la matrona Sylvia Hamata, de Namibia, que defiende el acceso a un aborto sin riesgos y lucha contra el estigma del aborto en su país; la eminente ginecóloga y profesora de medicina maltesa Isabel Stabile; la activista por los derechos de género y socia de campaña de Amnistía Internacional Stephanie Willman Bordat; la catedrática universitaria, ginecóloga de renombre mundial y ex presidenta de FIGO (Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia) Sabaratnam Arulkumaran; así como la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.
La penalización del aborto es el factor que más contribuye a los 35 millones de abortos peligrosos que se estima que se practican cada año. Eso significa que el personal sanitario se ve constantemente atrapado en el conflicto entre el deber moral y profesional de proporcionar a mejor atención posible y el hecho de poder ser considerado responsable penal si no cumple leyes nocivas.
La investigación realizada durante decenios muestra que la capacidad de la persona de controlar su reproducción y ejercer la autonomía reproductiva afecta a todos los ámbitos de la vida. Es esencial para lograr la igualdad de género y la justicia social, racial, de género y económica. En el marco de nuestra campaña global sobre el derecho al aborto, Amnistía Internacional pide a los Estados de todo el mundo que cumplan con su obligación de proteger el derecho a un aborto sin riesgos y legal para todas las personas, y de respetar y proteger el derecho de todas aquellas que defienden el derecho al aborto”, ha manifestado Fernanda Doz Costa.
La segunda temporada de On the Side of Humanity se puede escuchar en Spotify, Apple y Deezer.
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Según ha manifestado Nayden Rashkov, director de Amnistía Internacional Bulgaria, en respuesta a una votación parlamentaria en la que se rechazaron reformas de una ley que habrían penalizado la prestación de atención de la salud de afirmación de género:
“Es un gran alivio que se haya rechazado este intento de imponer sanciones e incluso penas de prisión al personal sanitario que preste asistencia sanitaria de afirmación de género a personas trans e intersexuales menores de 18 años. De haberse aprobado, las reformas de la Ley de Protección de la Infancia habrían puesto a Bulgaria en la deshonrosa posición de ser el primer Estado miembro de la UE en penalizar este tipo de atención de la salud”.
“El hecho de que se sometieran a debate ilustra el ambiente cada vez más tóxico para la comunidad LGBTI+ búlgara, aún conmocionada por la reciente aprobación de disposiciones legales que prohíben la ‘propaganda LGBTI’”
Nayden Rashkov, Amnistía Internacional
“Votar en contra de las reformas propuestas era la única opción de que disponían los diputados para garantizar que Bulgaria no viole el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, el hecho de que se sometieran a debate ilustra el ambiente cada vez más tóxico para la comunidad LGBTI+ búlgara, aún conmocionada por la reciente aprobación de disposiciones legales que prohíben la ‘propaganda LGBTI’.”
“Las reformas homofóbicas y transfóbicas aprobadas el mes pasado constituyen un ataque directo a la comunidad LGBTI+ que empeora un entorno ya de por sí hostil. Las personas activistas LGBTI+ de Bulgaria y quienes les brindan apoyo son objeto de frecuentes ataques y hostigamiento por parte de autoridades públicas, figuras políticas y particulares. Es esencial frenar la creciente oleada de odio, poner fin a la difusión de desinformación y garantizar la protección y el apoyo adecuados a esta comunidad.”
Información complementaria
Las reformas de la Ley de Protección de la Infancia propuestas habrían establecido la imposición de sanciones, condenas de prisión y la censura pública de “toda persona que prescribi[era] o realiz[ara] una actividad médica con métodos y tecnologías para cambiar el sexo biológico de una persona menor de 18 años”. También habría prohibido publicitar estas actividades médicas, así como divulgar “información u otros materiales con contenido que cuestione la premisa de que el sexo de las personas naturales es una categoría biológica” en “otros espacios públicos que los niños y niñas frecuenten fuera del horario escolar”.
La ley antipropaganda LGBTI (reformas de la Ley sobre Educación Escolar y Preescolar) se aprobó el 7 de agosto.
