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Con la entrada en vigor hoy de una ley que podría utilizarse para prohibir los desfiles del Orgullo en Hungría, Amnistía Internacional ha anunciado el lanzamiento de una campaña internacional que pide a las autoridades húngaras que “Dejen que el Orgullo desfile”.La campaña, que se lanzará mañana, en el periodo previo al 30 aniversario del Orgullo de Budapest, pide al jefe de policía de la capital que permita a la gente tomar parte en el Desfile del Orgullo de forma segura, sin intimidaciones, hostigamientos ni violencia. Asimismo anima a la gente de todo el mundo a que muestren su apoyo y su solidaridad con las personas LGBTI y quienes las apoyan en Hungría.En junio se celebrará el Desfile del Orgullo en Budapest y marcharemos junto a todas las personas que se oponen a la discriminación.“Durante los últimos 30 años, en Hungría la gente ha marchado por las calles de Budapest para celebrar el Orgullo y exigir igualdad y dignidad para las personas LGBTI. En junio se celebrará el Desfile del Orgullo de Budapest y marcharemos junto a todas las personas que se oponen a la discriminación y al retroceso de la libertad de expresión y de reunión pacífica”, ha declarado Dávid Vig, director de Amnistía Internacional Hungría.“La reciente ley contra el Orgullo es la última medida que ataca y estigmatiza a las personas y los grupos LGBTI intentando eliminar los derechos de las personas LGBTI, conquistados con tanto esfuerzo. Se espera que gran número de personas salgan a la calle pacíficamente y debe permitírseles que desfilen con seguridad.”La nueva ley contra el Orgullo que se presentó precipitadamente en el Parlamento en marzo para su tramitación por un procedimiento acelerado y sin consultas, prohíbe “celebrar reuniones que violen” la legislación de 2021 que prohíbe “la representación y promoción” de la homosexualidad y la diversidad de identidades de género a menores de 18 años. La nueva ley permite a las autoridades imponer multas a quienes participen en cualquier reunión prohibida, así como utilizar software de reconocimiento facial para su identificación. Según el Código Penal, quienes organicen una reunión prohibida se enfrentan a cargos penales y se arriesgan a penas de hasta un año de prisión.La nueva ley amplía además las condiciones bajo las que la policía puede dispersar una reunión notificada. La dispersión ilegal de las personas asistentes Desfile del Orgullo puede crear malestar, tensiones y una posible escalada de violencia. Amnistía Internacional pide a la policía que respete, proteja y facilite el derecho de las personas a protestar, como exigen sus obligaciones en virtud del derecho internacional.La adopción de esta nueva ley fue posible gracias a la votación celebrada ayer en el Parlamento húngaro en la que se aprobó una enmienda. Esta votación proporciona la base constitucional para negar las identidades de género de algunas personas en Hungría, y permite a las autoridades recortar derechos, en particular los de las personas LGBTI, en nombre de la protección de la infancia.“Es fundamental que las autoridades húngaras no impongan restricciones indebidas ni prohíban preventivamente el Desfile del Orgullo de Budapest. Por el contrario, la marcha debe desarrollarse sin trabas y la respuesta de la policía, que tiene responsabilidad operativa, debe ser plenamente respetuosa con los derechos humanos”, ha manifestado Catrinel Motoc, directora de Campañas sobre el Derecho de Manifestación.“Invitamos a las personas que celebran el Orgullo en todo el mundo que se unan a nuestra campaña exigiendo a las autoridades húngaras que dejen que el Orgullo desfile (#LetPrideMarch) y terminen con el uso de legislación basada en estereotipos, discriminación, homofobia y transfobia nocivos. Protestar es un derecho humano y debemos apoyar a quienes protestan valientemente en el Orgullo de Budapest.”Información complementaria La nueva ley contra el Orgullo modifica la Ley sobre el Derecho de Reunión, la Ley de Faltas y la Ley sobre el Análisis de Imágenes Faciales, y tipifica como delito la organización de eventos que violen la Ley de Propaganda de Hungría, que prohíbe la “representación o promoción” de la homosexualidad y las diversas identidades de género a menores de 18 años, y como falta su asistencia a ellos.Si se prohíbe el Desfile del Orgullo, las personas que asistan a él pueden ser multadas con hasta 200.000 forintos (500 euros).La ley ha levantado una oleada de protestas en Hungría que ya duran más de un mes.En un informe publicado en julio de 2024, Amnistía Internacional documentó una serie de tendencias y patrones de restricciones y violaciones del derecho de manifestación en 21 países, incluida Hungría.Hungría es uno de los países que están incumpliendo sus obligaciones internacionales y regionales de derechos humanos de respetar, proteger y facilitar las reuniones pacíficas, eliminar obstáculos y evitar intromisiones indeseadas en el ejercicio del derecho de reunión pacífica y expresión.
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Con motivo del segundo aniversario del estallido de la guerra civil en Sudán, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:“Hoy es un día de vergüenza. Vergüenza para los perpetradores de este terrible conflicto en ambos bandos, que han causado un sufrimiento inimaginable a la población civil. Vergüenza para el mundo por mirar hacia otro lado mientras Sudán arde en llamas. Vergüenza para los países que siguen echando combustible al fuego.“Durante los dos últimos años, las Fuerzas Armadas de Sudán, las Fuerzas de Apoyo Rápido y sus aliados han cometido crímenes atroces, que incluyen violencia sexual contra mujeres y niñas, civiles torturados y muertos por inanición, detenciones y homicidios, y bombardeos de mercados, campos de personas desplazadas y hospitales. Estas atrocidades constituyen crímenes de guerra.“La semana pasada, Amnistía Internacional publicó una nueva investigación en la que concluye que las Fuerzas de Apoyo Rápido cometieron actos generalizados de violencia sexual, incluidas violaciones individuales y en grupo así como esclavitud sexual, que constituyen posibles crímenes de lesa humanidad.“A pesar de estas atrocidades, gran parte del mundo ha optado por la pasividad. Es alarmante que el Consejo de Seguridad de la ONU no haya impuesto un embargo de armas integral a Sudán para detener la afluencia constante de armas que alimenta estos crímenes atroces.“El mundo no ha apoyado a las víctimas de la guerra en Sudán, muchas de ellas expuestas a morir de inanición u obligadas a huir de sus hogares, y sólo ha aportado un mísero 6,6% de los fondos necesarios para hacer frente a la catastrófica situación humanitaria en el país. La última puñalada cruel a la población civil sudanesa —que, a pesar de no tener la culpa, está atravesando momentos de máxima necesidad— ha sido el drástico recorte de fondos a USAID aprobado por el presidente Trump.“El pueblo de Sudán necesita urgentemente apoyo y solidaridad. El Consejo de Seguridad de la ONU debe declarar un embargo de armas sobre todo el territorio sudanés, y los países de todo el mundo deben incrementar considerablemente su ayuda humanitaria. Además, los socios de Sudán deben ejercer una presión efectiva sobre las partes del conflicto para que dejen de atacar a la población civil y lleven ante la justicia a los perpetradores de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.“El mundo tiene que dejar de ignorar lo que está pasando en Sudán.”
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En el marco de la visita oficial del presidente Nayib Bukele a la Casa Blanca, este 14 de abril, Amnistía Internacional emitió una declaración pública para alertar sobre la profundización de la crisis de derechos humanos en El Salvador y la ahora complicidad de Estados Unidos al unirse a las prácticas represivas que violan el derecho internacional.Ante la reciente expulsión arbitraria de personas venezolanas desde Estados Unidos hacia el CECOT, una mega cárcel salvadoreña – una acción que no solo agrava la situación de derechos humanos en El Salvador, sino que también establece un precedente alarmante de cooperación represiva entre gobiernos que ha derivado en la desaparición forzada de 261 personas—, Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló:"En El Salvador se está ejecutando una política estatal sistemática de privación masiva y arbitraria de la libertad. Después de tres años, más de 85 mil personas permanecen detenidas sin evidencia admisible suficiente, víctimas de un sistema judicial convertido en una herramienta para el castigo colectivo y la represión generalizada. Pretender exportar esta política hacia la situación de personas migrantes y refugiadas venezolanas en Estados Unidos deja en evidencia la desprotección y el riesgo que ahora enfrentan cientos de miles de personas a que se violen sus derechos humanos, ya no por uno, ni dos, sino por tres Estados distintos.“Esta cooperación represiva ahora ha derivado en la desaparición forzada de más de 200 personas venezolanas trasladadas arbitrariamente al CECOT en El Salvador. Esta situación profundiza aún más la vulnerabilidad de las víctimas al negarles deliberadamente su derecho a la defensa, al debido proceso y al contacto con sus familiares y sus abogados, generando un profundo sufrimiento tanto para las personas detenidas como para sus familiares. La cooperación entre Estados debe tener al centro mejorar las condiciones de vida de las personas y no el desmantelamiento de sus derechos humanos.”Amnistía internacional hizo un llamado a las autoridades salvadoreñas y estadounidenses para poner fin de forma inmediata a estas acciones, garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos, restablecer el debido proceso, garantizar el derecho al asilo y el principio de no-devolución, y proteger eficazmente a todas las personas detenidas frente a la tortura, la incomunicación y las desapariciones forzadas.“Recordamos a las autoridades de El Salvador y de los Estados Unidos de América que los derechos a la libertad, a un juicio justo, al asilo, a la defensa legal y a no sufrir tortura o desaparición forzada no son privilegios, son obligaciones que sus gobiernos deben garantizar en todo momento. La seguridad no puede construirse sobre los escombros de la justicia, ni pueden considerarse exitosos los modelos que sustituyen la violencia de estructuras criminales por violencia institucional”, concluyó.
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“Las autoridades de Ghana no han protegido ni han hecho cumplir los derechos humanos de cientos de víctimas de acusaciones de brujería y de ataques rituales que las obligaron a huir de su comunidad temiendo por su vida”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.Branded for life: How witchcraft accusations lead to human rights violations of hundreds of women in North Ghana documenta la situación en cuatro campos informales donde las personas acusadas, en su mayoría mujeres mayores, viven actualmente sin acceso adecuado a servicios de salud, alimentos, una vivienda segura, agua potable y oportunidades económicas. Cuando Amnistía Internacional visitó estos campos, en noviembre de 2023 y abril de 2024, residían en ellos más de 500 personas.“Las acusaciones de brujería y los abusos relacionados vulneran los derechos de cada persona a la vida, a la seguridad y a la no discriminación. Esta práctica, profundamente arraigada y extendida, ha causado un sufrimiento y una violencia incalculables. Aunque la creencia en la brujería está protegida en el derecho internacional, no lo están las prácticas nocivas derivadas de ella, y las personas afectadas por éstas necesitan protección y reparación”, declaró Michèle Eken, investigadora jefa de Amnistía Internacional.Las acusaciones, que pueden desembocar en amenazas, ataques físicos o incluso la muerte, suelen empezar en el seno de la familia o entre miembros de la comunidad después de un suceso trágico como una enfermedad o una muerte. Las mujeres mayores que viven en la pobreza, con problemas de salud o discapacitadas son quienes más riesgo corren, así como las que no se ajustan a los estereotipos relativos a los roles de género.En algunos casos, quienes hacen las acusaciones basan éstas en un mal sueño que han tenido sobre alguien.Residente del campo de Kukuo: “Mi vecino dijo que había soñado […] que yo intentaba matarlo. No me quiere [en la comunidad], por eso me acusó”, dijo Fawza*, residente del campo de Gnani. “Me negué a que el jefe [de la aldea] se casara con ninguna de mis hijas. Un día, un niño se puso enfermo en la comunidad y el jefe me acusó”, contó Fatma*, residente del campo de Kukuo.Otra residente de unos 60 años del campo de Kukuo dijo: “Siempre planean acusarte, especialmente si trabajas duro y aún eres fuerte y te va bien como mujer”.Las autoridades no garantizan unas condiciones de vida dignas en los camposLas mujeres acusadas de brujería no tienen un lugar seguro al que huir salvo unos campos, vigilados por líderes religiosos, en las regiones del norte y el nordeste de Ghana, que tienen ya más de un siglo de antigüedad.Aunque los campos ofrecen albergue, las condiciones de vida son poco adecuadas. Alimata* tiene problemas con su alojamiento: “Tengo mi propia habitación aquí, pero hay que arreglar el tejado. Cuando llueve, cae agua a través del tejado”. Una residente de unos 80 años del campo de Kukuo no ha podido mantenerse desde que huyó de su aldea: “Extraño mucho [mi casa]. Lo tenía todo. Cosechaba nueces de karité. Ahora, si no me da de comer alguien, ¿cómo comería?”.El gobierno no ha garantizado el acceso a alimentos suficientes, una vivienda segura y agua potable en los campos. Los servicios de salud también son insuficientes para las mujeres que tienen problemas de salud graves o en curso. Las oportunidades de subsistencia son limitadas y no hay ningún programa gubernamental de ayuda para las víctimas de acusaciones de brujería.“Como la gente en los campos no puede valerse por sí misma, las autoridades tienen la obligación de protegerlas y ayudarlas. Pero hasta ahora no lo han hecho”, declaró Marceau Sivieude, director regional interino de Amnistía Internacional para África Occidental y Central. Las acusaciones de brujería y los ataques rituales deben ser penalizadosLos testimonios señalan la inacción del Estado a la hora de establecer un entorno propicio para que se hagan investigaciones y enjuiciamientos penales de los ataques relacionados con la brujería. Esto, a su vez, contribuye a la recurrencia de las acusaciones y abusos relacionados.Al no proporcionar un marco legal específico para abordar esta práctica nociva, las autoridades ghanesas incumplen su obligación de proteger a las víctimas.“Las autoridades deben aprobar legislación que penalice expresamente las acusaciones de brujería y los ataques rituales, y que incluya medidas de protección para posibles víctimas”, afirmó Genevieve Partington, directora de país de Amnistía Internacional Ghana y miembro de la Coalición contra Acusaciones de Brujería, asociación creada tras el linchamiento de una mujer de 90 años en julio de 2020.También hay que abordar las causas fundamentalesLa creencia en la brujería está arraigada en varias comunidades. Limitarse a penalizar las acusaciones de brujería no resolvería el problema. Aunque las ONG y el gobierno local han puesto en marcha algunas iniciativas de sensibilización, éstas no son suficientes para combatir de forma integral los estereotipos ligados a las acusaciones de brujería.“Pedimos la adopción de un enfoque holístico que aborde las causas fundamentales de los abusos e incluya programas de reintegración social y económica, junto con protección y reparaciones para las personas que han sufrido abusos debido a una acusación”, añadió Genevieve Partington.“El gobierno debe hacer una campaña nacional de sensibilización a largo plazo dotado con los recursos adecuados para cuestionar las prácticas culturales y sociales que discriminan a las mujeres y a las personas mayores, incluidas las acusaciones de brujería.”Información complementariaEste informe se basa en investigaciones llevadas a cabo entre julio de 2023 y enero de 2025. La organización entrevistó a 93 personas acusadas de brujería que vivían en cuatro campos, de las que 82 eran mujeres, en su mayoría de entre 50 y 90 años.Como parte de la campaña de Amnistía Internacional, se celebraron reuniones a principios de febrero de 2025 con la Fiscalía General y el Ministerio de Género, Infancia y Protección Social, que expresaron interés en la reintroducción en el Parlamento del proyecto de ley para penalizar las acusaciones de brujería y proteger a las víctimas de estas acusaciones. El proyecto de ley se reintrodujo poco después.Amnistía Internacional entregó a las autoridades las conclusiones preliminares de este informe el 26 de febrero de 2025. En el momento de finalizar el informe, no se había recibido ninguna respuesta.*Los nombres se han modificado para proteger la identidad de las personas en cuestión.
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En respuesta a una resolución del Tribunal Superior danés según la cual una querella presentada por Amnistía Internacional Dinamarca y otras tres organizaciones que acusan a Dinamarca de violar el derecho internacional por exportar armas a Israel no es admisible ante el tribunal, Vibe Klarup, secretaria general de Amnistía Internacional Dinamarca, ha declarado:“Las exportaciones de armas son una cuestión de derechos humanos, y nuestro interés legal está claro. Si nosotras, como organizaciones humanitarias y de derechos humanos que tratamos de hacer cumplir las obligaciones contraídas por Dinamarca en virtud del Tratado sobre el Comercio de Armas en relación con los bombardeos en la Franja de Gaza, no podemos impugnar judicialmente la legalidad de la decisión del gobierno danés de suministrar armas a Israel cuando, según informa UNICEF, al menos 15.600 niños y niñas palestinos han muerto desde octubre de 2023... ¿quién puede? Nuestra lucha por la justicia y la rendición de cuentas no se detendrá aquí”.Información complementariaEl Tribunal Superior de Dinamarca ha resuelto que Amnistía Internacional Dinamarca, Oxfam Dinamarca, ActionAid Dinamarca y Al-Haq no tienen interés legal en la presentación de la causa —que se centraba en la exportación de piezas de armamento para aviones de combate israelíes F-35— ante los tribunales daneses. Las organizaciones van a apelar ante el Tribunal Supremo.
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El jurado que otorga el Premio Amnistía Internacional en la 22ª edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián ha concedido el galardón al largometraje “Tratado de invisibilidad”, producción mexicana dirigida por Luciana Kaplan.La película narra las vidas y experiencias de trabajadoras de la limpieza de los espacios públicos de Ciudad de México, construyendo un retrato íntimo alrededor de la precariedad laboral, mezclando diversas herramientas narrativas entre el documental y la ficción, y creando un mosaico de voces y formas de vida afectadas por la subcontratación.En opinión del jurado “la película visibiliza, con rigor estético y un gran nivel cinematográfico, la explotación de estas mujeres y la conculcación de derechos que dicha situación genera”.El jurado, integrado por la productora de eventos culturales Ione Ituarte, la periodista y cineasta Kristina Zorita y los representantes de Amnistía Internacional Miguel Ángel Ramos, Javier Maura e Itziar Zeberio, ha acordado también otorgar una Mención Especial a la película ‘Vlny’ (Ondas), coproducción de la República Checa y Eslovaquia, por “abordar la lucha por la libertad de expresión durante la Primavera de Praga, un derecho que sigue amenazado en la actualidad”.El festival, que comenzó el 4 de abril, se clausura esta tarde en una ceremonia que tendrá lugar en el Teatro Victoria Eugenia, en el curso de la cual se hará entrega del Premio Amnistía Internacional. El galardón de este año es obra de la artista Uxue Lasa, que toma el relevo de Koldobika Jauregi. El escultor guipuzcoano, que falleció de forma repentina en junio del año pasado, fue un colaborador asiduo de Amnistía Internacional, y el autor de todas las esculturas que la organización ha entregado durante la última década como símbolo del premio que otorga en este festival. A la vez que ha anunciado su decisión sobre el premio, el jurado ha querido dedicar un emocionado recuerdo de homenaje y agradecimiento a Koldobika Jauregi./// FIN
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Ante la resolución judicial de hoy que permite que prosiga el procedimiento de deportación de Mahmoud Khalil, Justin Mazzola, director adjunto de Investigación de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:“Esta decisión judicial transmite un mensaje dolorosamente disuasorio para cualquiera que viva en Estados Unidos: con la administración Trump, la libertad de expresión está reservada sólo a una minoría y no a toda la población”. “Digámoslo con claridad: es un paso peligroso hacia una mayor represión de la libertad de expresión y del derecho a protestar sobre cualquier cuestión para todas las personas en Estados Unidos”.“Perseguir y amenazar a quienes protestan pacíficamente y su estatus migratorio o de residencia es contrario a los derechos humanos. La persistencia en la persecución de estudiantes y comunidades inmigrantes con actuaciones que van desde silenciar su discurso a engrilletar arbitrariamente a personas y enviarlas a crueles prisiones en El Salvador sin ninguna garantía procesal empuja a las personas más profundamente en las sombras por temor a ser las siguientes”.“Lo que le ha hecho la administración Trump a Mahmoud Khalil y a demasiados estudiantes más en todo el país es utilizar la maquinaria de deportación masiva para silenciar la disidencia en el país y aplastar a quienes luchan por poner fin a los crímenes de guerra y el genocidio que comete Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza ocupada. Al mismo tiempo, Estados Unidos continúa proporcionando armas al gobierno israelí”.“Estudiantes de todo el mundo buscan en los centros universitarios estadounidenses la oportunidad de ampliar su formación y de ser parte de todas las facetas de la vida universitaria. Las escuelas superiores y universidades de todo el país deben proteger a su alumnado y a los miembros del cuerpo docente que deseen expresar sus opiniones libremente sin la amenaza de que la administración Trump ordene su arresto, detención y deportación”.“Demasiados estudiantes se enfrentan ahora a una suerte similar. Esto no es más que racismo”.“Aunque Mahmoud Khalil está detenido de forma ilícita y arbitraria, y ha estado en uno de los centros más duros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del país, sigue siendo un residente permanente legal que goza de los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y al debido proceso, derechos que tienen incuestionablemente todas las personas que viven en Estados Unidos con independencia de su estatus migratorio”.“Amnistía Internacional Estados Unidos seguirá defendiendo enérgicamente a Mahmoud Khalil y a todo el alumnado y docentes afectados injustamente por las políticas racistas de esta administración”.
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En respuesta a la liberación de Ahmad Manasra, hombre palestino detenido a los 13 años de edad, tras pasar nueve años y medio en una prisión israelí, Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha manifestado: “La liberación de Ahmad Manasra hoy supone un gran alivio para él y su familia, pero nada puede borrar los años de injusticias, abusos, traumas y maltrato que ha pasado en prisión. En lugar de dejarlo en libertad por motivos médicos años atrás, cuando su salud mental se deterioró significativamente, la comisión de libertad condicional israelí hizo valer una disposición de la abusiva Ley Antiterrorista para impedir su puesta en libertad anticipada. Ahmad Manasra fue interrogado a los 13 años sin asistencia letrada ni presencia de sus progenitores. Las imágenes del vídeo de su interrogatorio mostraban a los interrogadores gritándole e insultándolo, mientras él se angustiaba cada vez más. Pese a las crecientes peticiones que exigían su liberación, las autoridades israelíes lo mantuvieron recluido en régimen de aislamiento durante casi dos años, lo que empeoró significativamente su estado. La reclusión en régimen de aislamiento durante más de 15 días viola la prohibición de tortura.” “Las autoridades israelíes lo mantuvieron recluido en régimen de aislamiento durante casi dos años, lo que empeoró significativamente su estado. La reclusión en régimen de aislamiento durante más de 15 días viola la prohibición de tortura”Heba Morayef, Amnistía Internacional “Expresamos nuestra más sincera esperanza de que Ahmad se recupere del profundo trauma sufrido. Debe concedérsele acceso adecuado a la atención sanitaria que necesita en su Jerusalén Oriental natal, sin ningún tipo de discriminación. Además, tanto él como su familia deben disponer de protección frente a cualquier forma de intimidación y abuso.” “Los alarmantes malos tratos contra Ahmad Manasra y la crueldad mostrada hacia él por las autoridades penitenciarias israelíes y el sistema de justicia israelí son una muestra de los abusos constantes cometidos contra las personas palestinas detenidas, especialmente aquéllas menores de edad. Hace tres semanas, Walid Khalid Abdullah Ahmad, palestino de 17 años detenido, murió bajo custodia israelí, probablemente debido a una combinación de inanición, negligencia médica extrema y abusos, como refleja su autopsia.” La liberación de Ahmad Manasra se produce en un momento en el que miles de personas palestinas presas y detenidas se enfrentan a niveles sin precedentes de tortura y otros malos tratos, así como a la negación de sus derechos más básicos, como a la alimentación y la atención sanitaria. Las autoridades israelíes afirmaron repetidamente que la prolongada y cruel reclusión en régimen de aislamiento de Manasra tenía como objetivo protegerlo, pero en realidad lo sometió a un inmenso sufrimiento. Información complementariaAhmad Manasra fue detenido en octubre de 2015 en relación con un caso de apuñalamiento en la Jerusalén Oriental ocupada. Pese a las pruebas que sugerían que no participó en el apuñalamiento, y a su corta edad, se le sometió a un duro interrogatorio sin asistencia letrada ni presencia de sus progenitores. El vídeo de su interrogatorio, en el que se le veía angustiado y herido, fue motivo de preocupación internacional. En 2016, Ahmad Manasra fue condenado por intento de asesinato en un proceso que suscitó profundas dudas acerca del respeto de las garantías procesales y los derechos de la infancia. Ahmad Manasra fue inicialmente condenado a 12 años de prisión, que luego se redujeron a nueve años y medio. La comisión de libertad condicional israelí rechazó su solicitud de libertad anticipada por motivos médicos en 2022; los tribunales israelíes confirmaron la decisión. A lo largo de los años en prisión, la salud mental de Ahmad Manasra se deterioró significativamente, en particular durante los casi dos años que pasó recluido en régimen de aislamiento a partir de noviembre de 2021. Amnistía Internacional expresó en repetidas ocasiones preocupación por su bienestar y por el impacto perjudicial de la reclusión prolongada en régimen de aislamiento, que viola el derecho internacional. Amnistía Internacional ha expuesto repetidamente el caso de Ahmad Manasra como muestra de las violaciones sistémicas de los derechos humanos a las que se enfrenta la población palestina menor de edad en el sistema de justicia militar israelí.
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Madrid.- El próximo 29 de abril se cumplen seis meses desde que una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) provocó lluvias torrenciales de gran intensidad en varias Comunidades Autónomas, causando 235 muertes, 227 de ellas en la provincia de Valencia.Amnistía Internacional denuncia en un nuevo informe de investigación, "Tengo pesadillas en las que suena esa alarma", cómo la Generalitat Valenciana, responsable de la dirección de la emergencia, vulneró el derecho humano a la vida y a la integridad física de miles de personas, al no proporcionar información adecuada, oportuna y accesible que pudiera haber evitado o mitigado el impacto de la catástrofe. Como consecuencia, miles de personas, que recibieron la alerta cuando la mayoría de ellas se encontraban ya en extremo peligro, quedaron desprotegidas, y cientos de ellas sufrieron las terribles consecuencias de una tragedia en parte evitable.Esta gestión negligente constituye por tanto una violación del derecho a la información, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que la obligación del Estado de salvaguardar vidas incluye la obligación de informar adecuadamente a la población sobre cualquier emergencia potencialmente mortal. Todo ello en cumplimiento de los artículos 2 y 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como de los artículos 6 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 3 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que amparan el derecho a la vida, a la seguridad o al derecho a emitir y recibir información. Esta actuación también ha infringido las normativas estatal y autonómica de protección civil, que reconocen el derecho de las personas a ser protegidas en caso de catástrofes, y a ser informadas de los riesgos y de las medidas de seguridad a adoptar para hacerles frente."Las personas con las que hemos hablado coinciden en señalar la desprotección y el desamparo en el que se encontraron antes, durante y después de la DANA. El Estado español, en sus distintos niveles, no cumplió con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, y por lo tanto es necesaria una rendición de cuentas, mediante investigaciones exhaustivas que garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas, y que permita incorporar aprendizajes en un sistema de protección civil que debe ser revisado en profundidad", afirma Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional y autor del informe."La alarma me llegó al móvil cuando ya llevaba tiempo subido a un semáforo. Por momentos no sabía si iba aguantar, pensé que me había llegado la hora”: José Manuel, de Alfafar, que estuvo seis horas subido a un semáforo hasta que bajó el nivel del agua, perdió a su hermano por la DANA, mientras intentaba ayudar a una mujer que estaba dentro de un coche.Meri, también vecina de Catarroja, perdió a su padre Felipe. Los vecinos lo vieron subido a una valla, esperando un rescate que nunca llegó. Fueron los voluntarios quienes ayudaron a Meri a encontrar el cuerpo de su padre, diez días después. “Yo he sentido la soledad más absoluta en el peor momento. Es muy doloroso la pérdida de un padre, pero también es muy duro darte cuenta del sistema en el que vives”.Marta (nombre ficticio), de Picanya, también decidió ir a buscar a su padre ella misma con apoyo de su familia y de voluntarias, en vista de que no recibían otra ayuda y los teléfonos para denunciar desaparecidos tampoco funcionaban. Encontraron el cuerpo gracias a que, a través de las redes sociales, alguien localizó su coche. “Por la no toma de decisiones mi padre hoy está muerto”, lamenta.Distintos niveles de responsabilidad Tal y como también señala la jueza instructora de Catarroja que actualmente está investigando la gestión de la DANA, Amnistía Internacional recalca que la gestión de la emergencia en la provincia de Valencia era responsabilidad directa e inequívoca de la Generalitat Valenciana. Le correspondía adoptar las medidas necesarias para alertar a la población y garantizar su protección.Por otra parte, el Gobierno central no ejerció la facultad que le reconoce la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para asumir la dirección de la emergencia. El Ministerio de Interior ha trasladado a la organización que solo puede ejercer esta facultad previa solicitud del gobierno autonómico, y que como esta solicitud no tuvo lugar, la Generalitat Valenciana era en todo momento responsable de la dirección de la emergencia. Amnistía Internacional considera que la ley otorga al gobierno central la posibilidad de actuar por iniciativa propia cuando la emergencia afecta a más de una comunidad autónoma, situación que sin duda se produjo el día de la DANA.Finalmente el Presidente de la Generalitat no asumió de forma directa la dirección de la emergencia, en aplicación de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana, a pesar de la magnitud de la crisis, ni siquiera cuando la situación ya se había desbordado.Amnistía Internacional recuerda que la responsabilidad internacional del Estado con respecto a este tipo de emergencias es unitaria, es decir, no puede eludirse alegando su diseño institucional interno o su reparto competencial, y debe responder a la catástrofe de forma coordinada, tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.Finalmente, la emergencia ha evidenciado la necesidad de que los Ayuntamientos implementen de forma efectiva el servicio de protección civil, con personal técnico y especializado. La organización se ha reunido con personal de algunos de los municipios más afectados por las inundaciones: Paiporta, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Picanya y Massanassa, que coinciden en afirmar que no dispusieron de información suficiente ni precisa sobre el desastre durante el 29 de octubre de 2024. Es decir, no solo fue tardío el envío del mensaje ES-Alert a la población, sino prácticamente inexistente el envío de información a los Ayuntamientos por parte de las autoridades competentes en la dirección de la emergencia.Los días posteriores Amnistía Internacional considera que la falta de coordinación entre los distintos niveles de la administración los primeros días posteriores al desastre, con una asistencia que llegó de forma desigual, dependiendo muchas veces del voluntariado local o de la autoorganización ciudadana, contribuyó a una sensación de abandono que numerosas personas han trasladado a la organización. Algunos responsables de Ayuntamientos con los que ha hablado la organización así lo denuncian. Por ejemplo, Alfafar ha lamentado cómo, tras la emergencia, estuvieron tres días aislados y ha calificado la situación como una omisión del deber de socorro. Benetússer ha descrito la situación de caos, sintiendo abandono y descoordinación por parte de la administración estatal y, especialmente, por parte de la autonómica. Paiporta se ha quejado de los procesos burocráticos complicados para pedir ayuda a la Generalitat y de que desde el Puesto de Mando Avanzado (que gestiona y coordina la respuesta a la crisis, desde recursos humanos, materiales, vehículos, hasta incidencias) no hubiesen acudido al pueblo. También Catarroja ha manifestado su preocupación por la ausencia de indicaciones y directrices, y tanto Massanassa como Picanya han denunciado la falta de coordinación entre administraciones."La fase inicial de recuperación, además, no ha contado con un enfoque basado en derechos humanos, que habría garantizado que las personas afectadas pudieran participar de manera significativa en decisiones que impactan en sus vidas", señala Canales. Algunos testimonios así lo demuestran:Meri asegura que la falta de información también la sufrieron los días posteriores de la DANA: "No había nada de información. De hecho, nosotros buscábamos a mi padre con bolsas de basura en los pies. A partir del sexto día ya llegaron mensajes de `pónganse mascarillas y guantes´, cuando llevábamos ahí varios días todo el mundo arrastrado, con barro hasta arriba y sin agua... Una higiene nula y nadie decía nada".El padre de Katrin, Carlos, residía en una de las viviendas de protección oficial para personas con movilidad reducida en Picanya, localizadas a unos 30 metros del barranco, pero la DANA destrozó su vivienda. A duras penas consiguió sobrevivir, poniéndose a salvo con la ayuda de un vecino. La mayoría de sus vecinos fallecieron. Tras ser rescatado, Carlos fue trasladado junto con otros supervivientes a una residencia, en la que se alojaron como “no residentes” (por lo tanto, sin los servicios médico-sociales de la misma) durante tres meses, hasta que fueron instalados en una vivienda. Katrin explica que obtener información sobre la situación de la vivienda de su padre fue una tarea difícil, así como la gestión con el seguro. "Nadie sabía nada de lo que iba a pasar con nosotros, nos han llevado de aquí para allá...", explica Carlos. "Era como si no fueran dueños de sus vidas", añade su hija.Colectivos vulnerablesComo en el caso de Carlos, el impacto de la DANA fue especialmente devastador para colectivos vulnerables: casi la mitad de las víctimas mortales tenían más de 71 años, y muchas de ellas vivían solas y/o en viviendas bajas. La falta de información a tiempo y precisa sobre la emergencia afectó de manera especialmente grave a las personas mayores, con discapacidad y/o con movilidad reducida.Teresa, vecina de Paiporta, relataba así la situación que vivió con sus padres, de 84 y 87 años: “Mis padres son mayores y vivían en una planta baja. Mi madre pudo subir a la planta de arriba, pero mi padre no, porque tenía la cadera rota, y me quedé con él durante horas, metidos en el agua. Estaba convencida de que no íbamos a salir ninguno de los tres de ahí. Recuerdo a mi padre pidiendo una manta porque tenía frío, tumbado en una mesa en el salón, ¡y menos mal que la mesa flotó!”.Impacto directo y negativo de los bulos El informe de Amnistía Internacional analiza también las consecuencias desestabilizadoras que los bulos o noticias falsas tuvieron sobre los derechos humanos de las personas afectadas.“El día 30, sobre las 11 de la mañana, vi un coche de la Guardia Civil, con un agente gritando por la ventanilla que todo el mundo se subiera a las primeras plantas porque se había roto la presa de Forata. Me asusté muchísimo y me dije a mí misma ‘otra vez no, por favor’. Entonces empecé a correr y a alertar a las personas que me encontraba por la calle, y al poco el pueblo quedó vacío. Sólo más tarde supimos que esto no era cierto”. Así narraba Soraya, vecina de Picanya, cómo vivió el bulo de la presa de Forata. Amnistía Internacional considera que la mejor manera de prevenir las consecuencias negativas de la desinformación, difundida con intención de confundir a la población o no, es que las autoridades creen un sistema fiable y rápido de información precisa que genere una mayor confianza del público en general, a la que todas las comunidades afectadas y la sociedad en general tengan acceso. "Es fundamental que en situaciones así las autoridades redoblen sus esfuerzos en difundir información fiable, accesible, basada en pruebas y fidedigna, también sobre las medidas que se están adoptando para proteger a la población y hacer frente a la emergencia, lo que es crucial para contrarrestar la información falsa y engañosa", señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.En su informe, la organización señala catorce recomendaciones para las autoridades de la Comunidad Valenciana, el Gobierno central, la Fiscalía General del Estado y los municipios, que garanticen que “nunca más” una gestión negligente de una catástrofe ambiental viola el derecho a la vida y a la integridad física. Entre las recomendaciones, además de que se impulsen investigaciones penales exhaustivas, independientes y transparentes, la organización recalca tres de ellas:Revisar los sistemas de comunicación y de avisos y alerta en emergencias dentro del Sistema de Protección Civil, tanto técnicos como decisorios, para incorporar las lecciones aprendidas y los más actualizados estándares internacionales, garantizando la implantación efectiva de Planes de Protección Civil con personal técnico especializado. Además, se debe protocolizar el uso del sistema ES-Alert en los planes de emergencias de las comunidades para asegurar que los organismos competentes pueden, deben y saben cómo hacer uso de esta herramienta.Adoptar un enfoque participativo en los procesos de toma de decisión, planificación y seguimiento de los esfuerzos de recuperación, incorporando plenamente a las personas y comunidades afectadas, y asegurando que son informadas de manera continua y garantizando que los derechos humanos están en el centro de la respuesta a la catástrofe de la DANA.Desarrollar planes de sensibilización y formación a la ciudadanía sobre actuaciones en contexto de emergencias y toma de conciencia del riesgo aparejado a determinados niveles de alerta, a través de ejercicios, simulacros y formación escolar temprana, incluida en el currículo, sobre autoprotección, prevención y actuación en caso de emergencia.
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La interrupción repentina e irresponsable de la ayuda exterior por parte del gobierno de Estados Unidos pone en peligro la salud y los derechos humanos de millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria en Yemen, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Tras una década de conflicto devastador, Yemen sigue enfrentándose a una de las peores crisis humanitarias del mundo. Personal humanitario ha explicado a Amnistía Internacional que la decisión del presidente Donald Trump de dejar de financiar la ayuda de Estados Unidos ha provocado la interrupción de servicios de asistencia y protección de primera necesidad, como el tratamiento de la desnutrición en niños y niñas, mujeres embarazadas y madres lactantes, los albergues seguros para supervivientes de violencia de género y la atención médica para menores que padecen cólera y otras enfermedades. “La interrupción repentina e irresponsable de la ayuda estadounidense tendrá consecuencias catastróficas sobre los grupos más vulnerables y marginados de Yemen, incluidas las mujeres y las niñas, los menores y las personas internamente desplazadas, ya que pondrá en peligro su seguridad, su dignidad y sus derechos humanos fundamentales”, ha afirmado Diala Haidar, investigadora de Amnistía Internacional sobre Yemen. “A menos que Estados Unidos restablezca de inmediato el financiamiento suficiente para prestar ayuda de primera necesidad en Yemen y garantice un rápido desembolso de fondos, la situación humanitaria en Yemen, ya devastadora de por sí, se deteriorará aún más y millones de personas se quedarán sin el apoyo que tanto necesitan.” “La interrupción repentina e irresponsable de la ayuda estadounidense tendrá consecuencias catastróficas sobre los grupos más vulnerables y marginados de Yemen, incluidas las mujeres y las niñas, los menores y las personas internamente desplazadas, ya que pondrá en peligro su seguridad, su dignidad y sus derechos humanos fundamentales”Diala Haidar, Amnistía Internacional“Otros Estados donantes también deben actuar urgentemente para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, en concreto proporcionar asistencia humanitaria y apoyar los derechos humanos en Yemen.” Tras años de conflicto y crisis agravadas en Yemen, se estima que 19,5 millones de personas —más de la mitad de la población— dependen de la ayuda. Yemen es el escenario de la quinta mayor crisis de desplazamiento a escala global; según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, el número de personas internamente desplazadas, la mayoría de las cuales son mujeres y menores, se estima en 4,8 millones. En los últimos cinco años, tanto durante el primer mandato del presidente Trump como durante el del presidente Biden, Estados Unidos ha sido sistemáticamente el mayor donante de Yemen; en 2024, aportó 768 millones de dólares de ayuda, equivalente a la mitad del plan de respuesta humanitaria coordinada de Yemen. Amnistía Internacional entrevistó a diez especialistas humanitarios y trabajadores de ayuda humanitaria con conocimiento directo de la situación sobre el terreno, así como a seis representantes de organizaciones locales de derechos humanos, cinco de las cuales prestan servicios directos a grupos vulnerables; todos ellos afirmaron que el impacto de la suspensión sería devastador y provocaría sufrimiento, muerte y más inestabilidad en un país ya de por sí frágil. Todas las personas entrevistadas solicitaron permanecer en el anonimato. La forma en que el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a los huzíes como Organización Terrorista Extranjera ha agravado aún más la situación humanitaria. Varias organizaciones humanitarias internacionales se han visto obligadas a suspender sus operaciones de asistencia en los territorios bajo control huzí en el complejo entorno humanitario del norte de Yemen ante las dificultades a las que se enfrentan para certificar que cumplen las condiciones que lleva aparejada esa designación. La designación de Organización Terrorista Extranjera ha provocado gran confusión y preocupación, según refirió el personal humanitario a Amnistía Internacional. En la orden ejecutiva que puso en marcha el proceso de designación no figuraba ninguna exención humanitaria y se ordenaba que dejaran de aportarse fondos a toda organización que “criticara los esfuerzos internacionales para contrarrestar a Ansar Allah [los huzíes] y no documentara suficientemente los abusos de Ansar Allah”. “Las medidas de Estados Unidos dirigidas contra las autoridades huzíes de facto deberían prever exenciones claras y efectivas paralas operaciones de ayuda humanitaria y el suministro de artículos de primera necesidad. La mayoría de la población civil que necesita ayuda urgente vive en zonas controladas por los huzíes en el norte de Yemen. La designación de los huzíes como organización terrorista por parte de Estados Unidos no debería obstaculizar la prestación de ayuda y otros suministros indispensables para mantener a las personas con vida, en buen estado de salud y protegidas”, ha afirmado Diala Haidar. Además, desde el 15 de marzo, Estados Unidos ha intensificado sus operaciones militares en Yemen y llevado a cabo varias oleadas de ataques aéreos contra objetivos huzíes, en especial en Saná, Saada, Hodeida y otras gobernaciones bajo control huzí. “La población de Yemen, hambrienta, desplazada y exhausta por la violencia, vivía ya una de las crisis humanitarias más graves del mundo. La escalada de las fuerzas armadas en Yemen, junto con la suspensión de la ayuda estadounidense, agravará el desastre humanitario al que se enfrenta una población que trata aún de recuperarse de un prolongado conflicto. No tiene por qué ser así: Estados Unidos debe reanudar de inmediato el financiamiento de estos programas”, ha declarado Diala Haidar. “Nos hemos visto obligados a tomar decisiones de vida o muerte”El 20 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la orden ejecutiva de paralizar toda la ayuda exterior mientras se llevaba a cabo una revisión de 90 días para garantizar su adecuación a la política exterior de su gobierno. El 24 de enero, Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, emitió una orden de paralización de la actividad de quienes prestaban asistencia en todo el mundo. Estados Unidos indicó que se concederían exenciones, en especial para la “asistencia humanitaria de primera necesidad”. El 10 de marzo, apenas seis semanas después de que se ordenara la revisión, Rubio anunció en X que el 83% de los programas de ayuda exterior de USAID se habían cancelado oficialmente. Las organizaciones humanitarias se han visto obligadas a tomar decisiones imposibles sobre servicios de primera necesidad, sin recibir indicaciones claras de las agencias estadounidenses como USAID, según han comunicado a Amnistía Internacional varios miembros del personal humanitario. Un miembro del personal de ayuda humanitaria afirmó: “Nos hemos visto obligados a tomar decisiones de vida o muerte con poca o ninguna información. A menudo no hay nadie con quien hablar, porque han desmantelado USAID. Las personas a las que enviamos correos electrónicos ya no están. Eso afecta a nuestro financiamiento para Yemen, así como a muchos otros en distintos lugares”. El 28 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos notificó oficialmente al Congreso la disolución de USAID, lo que supondrá la eliminación de algunas funciones y el traspaso de las restantes al Departamento de Estado. Impacto devastador sobre mujeres y niñas Las mujeres y niñas de Yemen sufren discriminación sistémica y violencia de género desde hace largo tiempo. En Yemen no hay edad mínima legal para contraer matrimonio, y casi un tercio de las niñas se casan antes de cumplir 18 años. El matrimonio infantil se asocia a vulneraciones de los derechos humanos de por vida. Además, Yemen tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas de Oriente Medio y el norte de África; según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), mueren casi 200 mujeres por cada 100.000 nacimientos.Según especialistas y personal humanitario entrevistados por Amnistía Internacional, en marzo de 2025, la suspensión de los fondos de ayuda estadounidenses había obligado ya a cerrar decenas de espacios seguros —diseñados para prevenir o paliar la violencia de género— para mujeres y niñas en todo Yemen. Se advirtió de que, de no restablecerse el financiamiento, se cerrarían decenas de centros sanitarios y clínicas de salud y protección reproductivas, lo que negaría el acceso a atención sanitaria de primera necesidad, apoyo psicosocial y asistencia letrada a cientos de miles de mujeres y niñas, incluidas aquéllas sobrevivientes de la violencia de género. Una representante de una organización local que presta diversos servicios a sobrevivientes de la violencia de género, como albergues seguros, asistencia letrada y apoyo psicosocial, afirmó que la suspensión de la ayuda estadounidense había afectado gravemente a más de la mitad de sus programas. Según contó a Amnistía Internacional: “Cientos de mujeres se verán afectadas… Ya no ofrecemos apoyo psicológico, que es un servicio crucial para las sobrevivientes de la violencia de género. También se suspenderá la asistencia letrada gratuita”. Además de la suspensión del financiamiento, la designación de los huzíes como organización terrorista por parte de Estados Unidos ha llevado a suspender sus operaciones en zonas bajo control huzí a organizaciones internacionales al frente de programas de primera necesidad que prestan apoyo a menores con desnutrición, mujeres embarazadas y madres lactantes. “Estados Unidos echa por tierra años de trabajo de organizaciones lideradas por mujeres yemeníes para apoyar y empoderar a otras mujeres”, ha declarado Diala Haidar. “Cuando las sobrevivientes de la violencia de género pierden el acceso a los albergues, al apoyo psicosocial, a las derivaciones a centros de salud, a la asistencia letrada y a otros servicios esenciales, se enfrentan a consecuencias que ponen en peligro su vida. La suspensión del financiamiento amenaza con desmantelar la red de protección y apoyo existente que han construido a lo largo de los años las mujeres yemeníes defensoras de los derechos humanos y las organizaciones humanitarias; como consecuencia, las niñas serán cada vez más vulnerables, entre otras cosas, al matrimonio precoz, la trata de personas, la mendicidad y el trabajo infantil”. Las políticas de Estados Unidos con respecto a Yemen han afectado también a otros grupos vulnerables, como los menores y las personas internamente desplazadas. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, aproximadamente 2,3 millones de la población infantil de Yemen, cerca de la mitad de los menores de cinco años, sufren desnutrición aguda. Varias organizaciones han tenido que suspender o cancelar los servicios de protección, salud y nutrición que prestaban a bebés, niños y niñas. También se prevé que cientos de miles de personas internamente desplazadas pierdan el acceso a asistencia humanitaria de primera necesidad como consecuencia de la interrupción del financiamiento. “La suspensión del financiamiento silencia las voces de las víctimas y debilita la justicia”Representantes de organizaciones locales de derechos humanos en Yemen también han expresado que la interrupción repentina de los fondos estadounidenses ha puesto en peligro su trabajo de observación de las violaciones de derechos humanos y los abusos contra estos derechos, al tiempo que socava los derechos de cientos de personas a las que ayudaban a encontrar albergues, asistencia letrada y seguridad, en especial sobrevivientes de violencia de género, mujeres defensoras de derechos humanos y familias de víctimas de desaparición forzada. Han señalado, además, que la medida socava sus intentos de exigir justicia y rendición de cuentas en Yemen, y que temen que envalentone aún más a los responsables de los abusos. Al describir la suspensión, un defensor de los derechos humanos explicó: “Ya nos enfrentamos a restricciones en nuestro trabajo [a favor de los derechos humanos] por parte de diferentes autoridades [yemeníes], así que esta situación nos hace sentir como si la comunidad internacional nos hubiera abandonado”. Una defensora de los derechos humanos explicó que la suspensión del financiamiento estadounidense tendría un impacto directo sobre las víctimas de violaciones de esos derechos, especialmente las personas sometidas a detención arbitraria y desaparición forzosa, dado que el trabajo de documentación y los servicios de asistencia letrada gratuita se verían interrumpidos. Según sus palabras: “El derecho de estas víctimas y sus familias a obtener verdad y justicia está en juego”. Otro defensor de los derechos humanos afirmó: “La suspensión del financiamiento no sólo pone fin a los proyectos, sino que silencia las voces de las víctimas y debilita la justicia en Yemen”. Información complementaria En los últimos cinco años, Estados Unidos ha sido de forma continuada el mayor donante de ayuda humanitaria en Yemen. Otros grandes donantes que contribuyen a la respuesta humanitaria son Reino Unido, la Comisión Europea, Arabia Saudí y Alemania. Incluso antes de la suspensión de la ayuda estadounidense, el plan de respuesta humanitaria en Yemen llevaba años de grave y constante fata de financiamiento. En abril de 2025, el plan sólo estaba financiado en un 6,9%. Los huzíes también han exacerbado la crisis humanitaria, al atacar a personal humanitario e internacional que presta servicios de primera necesidad en el norte de Yemen. Desde el 31 de mayo de 2024, los huzíes han llevado a cabo incursiones en zonas bajo su control y han detenido arbitrariamente a 13 miembros del personal de la ONU y no menos de 50 personas que trabajaban para organizaciones internacionales de la sociedad civil. Del 23 al 25 de enero de 2025, los huzíes emprendieron otra campaña de arrestos y sometieron a detención arbitraria a ocho miembros del personal de la ONU. El 11 de febrero, uno de los ocho trabajadores de la ONU detenidos murió bajo custodia huzí. Muchas de las personas detenidas trabajaban para prestar asistencia o protección a la población más necesitada; las detenciones llevaron a la ONU a anunciar la suspensión de todos los movimientos oficiales hacia zonas bajo control huzí y dentro de ellas en enero de 2025.
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Las Fuerzas de Apoyo Rápido (Rapid Support Forces, RSF) han ejercido violencia sexual generalizada contra las mujeres y las niñas durante los dos años de guerra civil en Sudán para humillar, asegurarse el control y desplazar a comunidades en el país. Las atrocidades de las RSF, que incluyen la violación, la violación en grupo y la esclavitud sexual, constituyen crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad, sostiene Amnistía Internacional en un nuevo informe. El informe, titulado “They raped all of us”. Sexual violence against women and girls in Sudan (“Nos violaron a todas”. Violencia sexual contra mujeres y niñas en Sudán), documenta la violación de 36 mujeres y niñas, algunas de sólo 15 años, por soldados de las Fuerzas de Apoyo Rápido, individualmente o en grupo, además de otras formas de violencia sexual, en cuatro estados de Sudán entre de 2023 y octubre de 2024. Las violaciones de derechos humanos incluyen la violación de una madre después de arrebatarle su bebé lactante y la esclavitud sexual durante 30 días de una mujer en Jartum, así como brutales palizas, tortura con líquido caliente o cuchillas afiladas y asesinato. “Las agresiones de las RSF contra mujeres y niñas sudanesas son repulsivas, depravadas y tiene como objetivo infligir la máxima humillación. Las Fuerzas de Apoyo Rápido han atacado a civiles, especialmente mujeres y niñas, con una crueldad inimaginable durante esta guerra”, ha afirmado Deprose Muchena, director/a general de Impacto Regional en Derechos Humanos de Amnistía Internacional. “El mundo debe actuar para acabar con las atrocidades de las RSF cortando el flujo de armas a Sudán, presionando a los dirigentes para que pongan fin a la violencia sexual y haciendo rendir cuentas a los responsables, incluidos los altos mandos.” “Las agresiones de las RSF contra mujeres y niñas sudanesas son repulsivas, depravadas y tiene como objetivo infligir la máxima humillación”Deprose Muchena, Amnistía InternacionalLa guerra civil de Sudán estalló en abril de 2023 entre las Fuerzas de Apoyo Rápido y las Fuerzas Armadas de Sudán, y ha causado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de más de 11 millones hasta la fecha. Los dos bandos han cometido violaciones graves del derecho internacional humanitario, que en algunos casos constituyen crímenes de guerra, incluida violencia sexual contra mujeres y niñas. Para el informe, Amnistía ha entrevistado a 30 personas, en su mayoría sobrevivientes y familiares de sobrevivientes en campos de personas refugiadas de Uganda. La totalidad de sobrevivientes y testigos identificaron a combatientes de las RSF como responsables. El uso de la violencia sexual por las RSF desde que se inició el conflicto y en todo Sudán, unido al hecho de que muchos ataques tuvieron lugar en presencia de otros soldados, víctimas y otras personas civiles, indica que los autores no se sentían obligados a ocultar sus crímenes ni temían una respuesta. Las Fuerzas de Apoyo Rápido no respondieron a la petición de comentarios de Amnistía. “El día más horrible de mi vida” Todas las sobrevivientes de violencia sexual a las que se entrevistó contaron que la agresión causó un daño físico o mental enorme y tuvo consecuencias devastadoras para sus familias. Todas huyeron de sus lugares de origen después. En Nyala, Darfur Meridional, soldados de las RSF ataron a una mujer a un árbol antes de que uno la violara mientras los demás miraban. “Fue el día más horrible de mi vida”, dijo. En Madani, Gezira, tres soldados de las RSF violaron en grupo a una mujer en presencia de su hija de 12 años y su cuñada. “Fue muy humillante”, dijo la mujer. “Me sentí destrozada”. Numerosas sobrevivientes dijeron que los soldados de las Fuerzas de Apoyo Rápido las violaron por considerarlas sospechosas de afiliación a las Fuerzas Armadas de Sudán. Trabajadoras médicas dijeron que efectivos de las RSF las violaban si no podían salvar a soldados heridos. En uno de estos casos, una enfermera dijo que 13 soldados la secuestraron en Jartum Norte y la obligaron a tratar a hombres heridos de gravedad antes de violarla en grupo y dejarla inconsciente. Amnistía encontró dos casos de esclavitud sexual en Jartum, uno de ellos el de una mujer que dijo que tropas de las RSF la mantuvieron cautiva en una casa durante un mes y la violaron casi a diario. Las sobrevivientes dijeron que quienes se resistían a la violación corrían el riesgo de sufrir palizas, tortura y otros malos tratos o asesinato, incluido un niño de 11 años al que un soldado de las RSF mató a golpes cuando intentó ayudar a su madre. “El horror de la violencia sexual de las RSF es inmenso, pero los casos documentados entre personas refugiadas representan una ínfima parte de las violaciones de derechos humanos que probablemente han cometido las RSF”, ha manifestado Deprose Muchena. “Los ataques de las RSF contra civiles son vergonzosos y cobardes, y todo país que apoye a las RSF, entre otras cosas mediante el suministro de armas, participa de su vergüenza.” Una respuesta “reprobable” La respuesta del mundo ha sido igualmente vergonzosa, ya que víctimas y sobrevivientes carecen tanto de atención de la salud como de justicia. Ninguna sobreviviente ha accedido a atención oportuna después de la violación ni ha denunciado los ataques a las autoridades sudanesas debido a la continuidad de los combates o por miedo a sufrir estigma o represalias. Algunas sufren dolores renales, menstruaciones irregulares, dificultades para caminar o trauma psicológico de larga duración. Los niños y niñas que han visto violar a sus familiares sufren pesadillas. Como personas refugiadas, todas las sobrevivientes dijeron que su prioridad era conseguir tratamiento médico para las lesiones y las enfermedades causadas por las Fuerzas de Apoyo Rápido o para las dolencias contraídas en su cautiverio. Sin embargo, los recortes en los programas financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) han disminuido las perspectivas de acceder a atención de la salud sexual integral. Las sobrevivientes también reclamaban justicia y rendición de cuentas. Una mujer violada en Omdurmán dijo: “Las mujeres no dirigen esta guerra ni participan en ella, pero son las mujeres las que más sufren. Quiero que el mundo entero conozca el sufrimiento de las mujeres y niñas sudanesas y se asegure de que todos los hombres malos que nos violaron son castigados.” “La respuesta internacional al sufrimiento de las mujeres y niñas sudanesas ha sido reprobable”, ha afirmado Deprose Muchena. “El mundo no ha protegido a la población civil, no ha proporcionado suficiente ayuda humanitaria no ha hecho rendir cuentas a los autores de estos crímenes. Es hora de que personas y gobiernos de todo el mundo esclarezcan la verdad de lo que ocurre en Sudán, pongan a los presuntos responsables a disposición de la justicia y proporcionen reparaciones y atención de la salud sexual y reproductiva integral a las sobrevivientes.”FIN
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Más de 200 socios y socias de Amnistía Internacional acuden este fin de semana a Mérida para celebrar la 51 Asamblea General de la organización. El encuentro será los días 12 y 13 de abril en el Palacio de Congresos de Mérida. Ahí se revisará el trabajo realizado en el último año, y se discutirá el próximo plan de acción de la organización. En esta ocasión, los socios y socias de Amnistía Internacional quieren poner el foco en la durísima situación a la que están sometidas las mujeres en Afganistán y en Irán, y sobre cómo sus compatriotas siguen luchando desde el exilio por sus derechos. Las mujeres en Afganistán se enfrentan día a día al control sobre su forma de vestir, sus movimientos, su presencia y participación en espacios públicos, así como a la prohibición de acceder a la educación o a un puesto de trabajo. Las mujeres de Irán sufren también gran represión por oponerse a leyes que limitan sus movimientos, sus opiniones y su libertad. Amnistía Internacional ha reiterado en varias ocasiones su llamamiento a los Estados para que reconozcan el apartheid de género como crimen del derecho internacional, a fin de combatir la dominación y opresión institucionalizada y sistemática basada en el género, con independencia de donde suceda. Por ello, más de 200 activistas de la organización realizarán un acto simbólico en el que rodearán e iluminarán el Templo de Diana en Mérida. El efecto TrumpEn estos días, Amnistía Internacional debatirá los retos a los que se enfrenta la organización en 2025, en un momento en el que el mundo se está convulsionando, entre otras cosas, por la deriva de las decisiones de Donald Trump, y su impacto en conflictos como el de Gaza o el de Ucrania. Amnistía Internacional hará hincapié también en las graves violaciones del derecho internacional que se están cometiendo en los actuales conflictos, incluido el crimen de genocidio contra la población palestina, el aumento del autoritarismo en el mundo, los ataques a los sistemas de protección de derechos humanos y los mecanismos de justicia internacionales, el retroceso en derechos de las mujeres y de las personas LGBTI, la desprotección y criminalización de las personas migrantes o la falta de compromiso con los derechos económicos y sociales, así como la inacción de los Estados ante la crisis climática. Acto público en el Templo de DianaEl sábado 12 a las 20.30 horas, activistas de Amnistía Internacional realizarán un acto de movilización con el lema "Ni violencia, ni discriminación: Derechos para todas", en el que una cadena humana rodeará e iluminará el Templo de Diana para visibilizar los recortes de derechos que sufren las mujeres en Afganistán e Irán y la represión que padecen aquellas que siguen defendiendo los derechos de todas ellas. ///FIN
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Las ejecuciones en el mundo alcanzaron la cifra más alta desde 2015, con más de 1.500 personas ejecutadas en 15 países en 2024, ha afirmado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su informe anual sobre el uso global de la pena de muerte.Según el informe Condenas a muerte y ejecuciones 2024, en 2024 se registraron 1.518 ejecuciones, la cifra más alta desde 2015 (al menos 1.634), la mayoría en Oriente Medio. Sin embargo, por segundo año consecutivo, el número de países que llevaron a cabo ejecuciones fue el más bajo del que se tiene constancia.Las cifras totales conocidas no incluyen los miles de personas que se cree han sido ejecutadas en China, que sigue siendo el país que más ejecuciones lleva a cabo en el mundo, ni las de Corea del Norte y Vietnam, donde también se cree que se hace un amplio uso de la pena de muerte. Las crisis en curso en el Estado de Palestina y Siria impidieron que Amnistía Internacional confirmara sus cifras.Arabia Saudí, Irak e Irán fueron responsables del aumento general de las ejecuciones conocidas. En total, estos tres países llevaron a cabo la impactante cifra de 1.380 ejecuciones registradas. Irak casi cuadruplicó sus ejecuciones (de al menos 16 a al menos 63) y Arabia Saudí duplicó su total anual (de 172 a al menos 345), mientras que Irán ejecutó a 119 personas más que el año anterior (de al menos 853 a al menos 972), cifra que representa el 64% del total de ejecuciones conocidas.La pena de muerte es una práctica abominable que no tiene cabida en el mundo actual. Aunque el secretismo seguía rodeando el escrutinio en algunos países que consideramos responsables de miles de ejecuciones, es evidente que los Estados que mantienen la pena de muerte son una minoría aislada. En 2024, sólo 15 países llevaron a cabo ejecuciones, la cifra más baja registrada hasta la fecha por segundo año consecutivo, dato que indica la tendencia a dejar atrás esta pena cruel, inhumana y degradante”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.“Arabia Saudí, Irak e Irán fueron responsables del fuerte incremento de las muertes el año pasado, al llevar a cabo el 91% de las ejecuciones conocidas, violando derechos humanos y segando cruelmente vidas por cargos relacionados con drogas o terrorismo.”Los cinco países que llevaron a cabo el mayor número de ejecuciones en 2024 fueron China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Yemen.Autoridades que utilizan la pena de muerte como armaEn 2024, Amnistía Internacional observó cómo dirigentes utilizaban la pena de muerte como arma con el falso pretexto de mejorar la seguridad pública o para infundir miedo entre la población. En Estados Unidos, que ha experimentado un constante tendencia al alza de las ejecuciones desde el final de la pandemia de COVID-19, se ejecutó a 25 personas (frente a 24 en 2023). El nuevo presidente electo Trump invocó repetidamente la pena de muerte como instrumento para proteger a la población “de violadores violentos, asesinos y monstruos”. Su deshumanizadora declaración promovía el falso discurso según el cual la pena de muerte tiene un efecto disuasorio especial contra la delincuencia.En algunos países de la región de Oriente Medio, las condenas a muerte se usaron para silenciar a defensores y defensoras de los derechos humanos, disidentes, manifestantes, oponentes políticos y minorías étnicas.“Quienes se atreven a cuestionar a las autoridades se exponen al más cruel de los castigos, especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se usa para silenciar a quienes son lo bastante valientes para alzar la voz”, ha afirmado Agnès Callamard.En 2024, Irán persistió en su uso de la pena de muerte para castigar a personas que habían desafiado, o se consideraba que habían desafiado, al poder establecido de la República Islámica durante el levantamiento Mujer, Vida y Libertad. El año pasado, dos de esas personas —una de ellas un joven con discapacidad mental— fueron ejecutadas en relación con el levantamiento después de juicios sin garantías y de “confesiones” empañadas por la tortura, lo que demostró hasta qué punto están dispuestas a llegar las autoridades para afianzar su control del poder.”Las autoridades saudíes siguieron utilizando la pena de muerte como arma para acallar la disidencia política y castigar a la ciudadanía de la minoría chií del país que apoyó las protestas “antigubernamentales” entre 2011 y 2013. En agosto, las autoridades ejecutaron a Abdulmajeed al Nimr por delitos de terrorismo relacionados con su adhesión a Al Qaeda, pese a que los documentos judiciales iniciales hacían referencia a su participación en protestas.República Democrática del Congo anunció su intención de reanudar las ejecuciones y las autoridades militares de Burkina Faso anunciaron planes para restablecer la pena de muerte para delitos comunes.Aumento de las ejecuciones por delitos de drogasMás del 40% de las ejecuciones de 2024 se llevaron a cabo de forma ilícita por delitos relacionados con drogas. Según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, el uso de la pena de muerte ha de estar restringido a “los más graves delitos”, e imponer condenas a muerte por delitos de drogas no cumple este requisito.“Las ejecuciones relacionadas con drogas abundaron en Arabia Saudí, China, Irán, Singapur y, aunque no fue posible confirmar el dato, probablemente en Vietnam. Se ha observado que, en muchos contextos, imponer condenas a muerte por delitos relacionados con drogas afecta de forma desproporcionada a personas de entornos desfavorecidos, aunque no tiene ningún efecto demostrado en la reducción del tráfico de drogas”, ha señalado Agnès Callamard.“Los dirigentes que promueven la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas proponen soluciones ineficaces e ilícitas. Se debe exhortar y animar a los Estados que estudian la posibilidad de introducir la pena capital para delitos relacionados con drogas, como Maldivas, Nigeria y Tonga, a que los derechos humanos ocupen un lugar central en sus políticas en materia de drogas.”La fuerza del trabajo de campañaA pesar del aumento de las ejecuciones, sólo se tenía constancia de que 15 países las hubieran llevado a cabo, el número más bajo jamás registrado por segundo año consecutivo. En la actualidad, 113 países son totalmente abolicionistas y 145 han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica.En 2024 entró en vigor en Zimbabue una ley que abolía la pena de muerte para delitos comunes. Por primera vez, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU votaron a favor de la décima resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte. Las reformas en materia de pena de muerte en Malasia también permitieron que el número de personas en riesgo de ejecución se redujera en más de 1.000.Además, el mundo fue testigo de la fuerza del trabajo de campaña. Hakamada Iwao —que pasó casi cinco décadas en espera de ejecución en Japón— fue absuelto en septiembre de 2024. Esto ha continuado en 2025. En marzo, Rocky Myers —un hombre negro condenado a muerte en Alabama a pesar de las graves deficiencias observadas en los procedimientos— fue indultado tras las peticiones de su familia, su equipo jurídico, un exjurado, activistas locales y la comunidad internacional.“Cuando la gente da prioridad al trabajo de campaña para acabar con la pena de muerte, realmente funciona”, ha manifestado Agnès Callamard. “A pesar de la minoría de dirigentes decididos a utilizar la pena de muerte como arma, las cosas están cambiando. Sólo es cuestión de tiempo que el mundo esté libre de las tinieblas de los patíbulos.”
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Las autoridades iraníes se disponen a aplicar la pena cruel e irreversible de amputación de dedos a tres presos el inminente 11 de abril, tras sendas sentencias condenatorias empañadas por la tortura y dictadas en juicios sin garantías, ha advertido hoy Amnistía Internacional. La organización pide a la comunidad internacional que presione con urgencia a las autoridades iraníes para que pongan fin a este brutal espectáculo. Todos los funcionarios iraníes responsables de ordenar y/o llevar a cabo estos actos de tortura deben ser objeto de investigación criminal y enjuiciamiento.Hadi Rostami, Mehdi Sharfian y Mehdi Shahivand, recluidos en la Prisión Central de Urmía, provincia de Azerbaiyán Occidental, fueron informados por las autoridades del ministerio público el 13 de marzo de 2025 de que la ejecución de sus condenas de amputación se llevaría a cabo el 11 de abril de 2025. Las autoridades amputaron los dedos de dos hermanos en la misma prisión en octubre de 2024 utilizando un dispositivo de guillotina, lo que generó la alarma de que están dispuestas a ejecutar otras condenas de amputación.“La amputación constituye tortura, que es un crimen de derecho internacional y un flagrante y abominable atentado contra la dignidad humana. Instamos a las autoridades iraníes a suspender de inmediato todos los planes de dar cumplimiento a estas condenas crueles e inhumanas y a eliminar todas las formas de castigo corporal en la ley y en la práctica”, ha afirmado Sara Hashash, directora general adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.“Durante años, estos hombres han vivido en una pesadilla constante, al saber que en cualquier momento las autoridades podían mutilar sus cuerpos y cometer tortura con la aprobación judicial. Las amputaciones previstas, basadas en ‘confesiones’ obtenidas mediante tortura e impuestas en juicios manifiestamente injustos, son un escalofriante recordatorio de la propensión de las autoridades iraníes a infligir sufrimientos irreversibles y de que el sistema judicial de Irán es una pieza esencial de la maquinaria de la tortura.“Las fiscalías y las autoridades judiciales responsables de ordenar y ejecutar tales delitos deben saber que, con arreglo al derecho internacional, pueden ser objeto de procesamiento penal por ello, y los Estados deben seguir vías legales para hacerles rendir cuentas a través de la jurisdicción universal.”En una carta de noviembre de 2024, Hadi Rostami, Mehdi Sharfian y Mehdi Shahivand describían su angustia psicológica y la “constante pesadilla” que suponía esperar la aplicación de su condena, y afirmaban: “No hemos podido dormir ni comer, esperando con ansiedad la ejecución de nuestras condenas. [...] Esta pesadilla debe acabar para que podamos encontrar un camino para volver a la vida.”Tras las últimas amenazas de marzo de 2025, Hadi Rostami escribió otra carta desde la prisión en la que suplicaba ayuda a la comunidad internacional: “Pido a las organizaciones de derechos humanos, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional que actúen con urgencia para impedir la ejecución de esta pena inhumana.”“Confesiones” obtenidas mediante tortura y juicio manifiestamente injustoHadi Rostami (de 38 años), Mehdi Sharfian (42) y Mehdi Shahivand (29) llevan años soportando tortura psicológica, con reiteradas amenazas de amputación por parte de las autoridades.Los tres fueron detenidos en agosto de 2017 y declarados culpables de robo en 2019 después de un juicio manifiestamente injusto. Según rezaba la sentencia, se los condenó a “la amputación total de los dedos de la mano derecha de manera que sólo les queden la palma y el pulgar”.A los tres se les negó el acceso a asistencia letrada durante la fase de investigación de sus causas, y los tribunales se basaron para condenarlos en “confesiones” forzadas que, según su testimonio, se consiguieron mediante tortura, a pesar de que se retractaron de ellas en el juicio.Según fuentes bien informadas, a los tres los torturaron propinándoles golpes y patadas, azotándolos con un cable y colgándolos de las muñecas y los pies durante los interrogatorios. A Hadi Rostami le rompieron la mano y que a Mehdi Shahivand los interrogadores le quitaron los pantalones y amenazaron con violarlo con un objeto de madera si no se incriminaba e incriminaba a los otros.Las autoridades iraníes, incluidos los jueces del Tribunal Supremo, han incumplido su obligación de ordenar la apertura de investigaciones sobre las denuncias de tortura formuladas por estos hombres.Desde que se dictaron sus sentencias condenatorias, estos hombres han protagonizado múltiples huelgas de hambre en la prisión para protestar por las condiciones de reclusión inhumanas y las amenazas de ejecutar sus condenas de amputación. Hadi Rostami también ha intentado suicidarse en varias ocasiones.Además, en febrero de 2021 las autoridades torturaron a Hadi Rostami ejecutando una condena de flagelación de 60 latigazos impuesta por “alterar el orden de la prisión” en represalia por sus huelgas de hambre.Una constante de tortura mediante condenas de amputaciónEl 29 de octubre de 2024, las autoridades de la Prisión Central de Urmía ejecutaron las condenas de amputación impuestas a dos hermanos —Mehrdad Teimouri y Shahab Teimouri— pertenecientes a la minoría étnica kurda de Irán. Tras amputarles los dedos, trasladaron a los hermanos a un hospital fuera de la prisión para que recibieran atención médica pero los llevaron de nuevo a la prisión al cabo de unas horas. A continuación los tuvieron recluidos en régimen de aislamiento durante varios días, sin permitirles el acceso a atención médica continua.Al menos otros dos hombres recluidos en la Prisión Central de Urmía —Kasra Karami y Morteza Esmaeilian— también están condenados a la amputación de dedos. Se teme que actualmente haya en el país decenas de personas presas condenadas a amputación. Irán es uno de los últimos países del mundo que mantiene los castigos corporales. Según la organización de derechos humanos Centro Abdorrahman Boroumand, radicada fuera de Irán, las autoridades iraníes han impuesto al menos 384 penas de amputación y han llevado a cabo 223 amputaciones desde 1979. Las autoridades no publican estadísticas oficiales sobre las condenas de amputación dictadas o ejecutadas, por lo que es probable que las verdaderas cifras sean muy superiores.Las víctimas de amputación son en su mayoría personas de entornos pobres y vulnerables. Al mutilarlas deliberadamente, las autoridades iraníes las despojan aún más de posibilidades de trabajar y sobrevivir, máxime en una sociedad donde las personas con discapacidad física sufren discriminación generalizada.La legislación iraní exige la presencia de un médico durante la ejecución de castigos corporales, lo que viola las directrices éticas y las normas internacionales, que prohíben expresamente la participación de profesionales de la salud en actos de tortura. Los profesionales médicos presentes durante la ejecución de condenas de amputación son cómplices del delito de tortura.
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En respuesta a la resolución de hoy del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por la que se establece un grupo de trabajo encargado de redactar un tratado internacional sobre los derechos humanos de las personas mayores, Elena Sergi, responsable de campañas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional, ha declarado:“El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha dado un gran paso adelante. El día de hoy marca un hito en la lucha por la protección de los derechos de las personas mayores”.“Pese al creciente número de personas mayores en el mundo, sus derechos siguen a menudo ignorándose. La necesidad de reconocer y proteger adecuadamente los derechos humanos de la tercera edad es ahora mayor que nunca.”“Hace mucho que debería haberse creado un marco jurídico integral para combatir la discriminación por razón de edad. Ahora, la participación completa y significativa de las organizaciones de la sociedad civil que representan a las personas mayores es esencial para garantizar que los siguientes pasos son efectivos.”Información complementariaLos tratados internacionales de derechos humanos existentes no prohíben explícitamente la discriminación por razón de edad, ni destacan específicamente las obligaciones de los Estados hacia las personas mayores.Durante años, Amnistía Internacional y otras organizaciones han puesto de manifiesto los abuso contra los derechos humanos de las personas mayores, y han abogado por un instrumento jurídicamente vinculante que refuerce y promueva esos derechos.Las evaluaciones llevadas a cabo por el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento, de la ONU, el Experto Independiente sobre los derechos humanos de las personas de edad, la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras organizaciones que representan a personas mayores muestran que el actual sistema internacional de derechos humanos está fallando a estas personas.Amnistía Internacional ha documentado experiencias de personas mayores en situaciones de conflicto y crisis, exponiendo la debilidad o inexistencia de las protecciones de sus derechos, y también ha lanzado la campaña ¡Envejece con fuerza! para pedir cambios.Una convención específica de la ONU mejorará la comprensión de los derechos de las personas mayores y establecerá un conjunto claro de obligaciones para la protección de estos derechos en el ámbito nacional.
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En respuesta a la noticia de que Hungría, Estado miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), ha recibido a Benjamin Netanyahu en su territorio sin detenerlo y ha declarado que abandonará la CPI, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:“El primer ministro Orbán está dando cobijo a un fugitivo contra quien pesa una orden de arresto de la CPI. Benjamin Netanyahu está acusado por la CPI de cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra la población palestina. Al recibir a Netanyahu, Hungría expresa su aprobación del genocidio de Israel, es decir, la destrucción física del pueblo palestino en Gaza, en todo o en parte.”“Los dirigentes y autoridades de los Estados miembros de la CPI no deben contribuir a socavar la institución por medio de reuniones con Netanyahu ni con ningún otra persona contra quien la CPI haya dictado orden de arresto. El deplorable viaje de Netanyahu a Hungría no debe convertirse en una gira de impunidad por otros Estados miembros de la CPI.”“La pretendida retirada de Hungría de la CPI es un intento descarado e inútil de eludir la justicia internacional y obstaculizar la labor de la Corte. Este cínico anuncio no cambia el hecho de que Hungría sigue sujeta a la obligación fundamental de detener y entregar a Benjamin Netanyahu a la CPI. Una posible retirada no entraría en vigor hasta dentro de un año y no debe distraer la atención de las obligaciones legales internacionales de Hungría.”“Las instituciones y los Estados miembros de la UE deben mostrarse inequívocos ante lo que supone esta visita: un ataque directo de Hungría para tratar de socavar la CPI y su labor, un intento de debilitar a la Unión Europea en un momento en que necesita mantenerse fuerte y unida, y un insulto a todas las víctimas que buscan justicia.”“La Unión Europea y todos los Estados miembros de la CPI deben pedir urgentemente a Hungría que arreste y entregue a Netanyahu y que se comprometa firmemente a defender a la Corte de las insidiosas amenazas a la justicia internacional que constituye una visita de esta índole. Esta bancarrota moral debe detenerse antes de que cause daños mayores al orden internacional basado en normas.” Información complementariaLa visita del primer ministro Netanyahu se produce 18 meses después de que comenzara el genocidio de Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza ocupada. Israel ha acabado con la vida de más de 50.140 personas palestinas, entre ellas más de 15.600 menores, y unas 114.000 personas han resultado heridas. Israel ha desplazado por la fuerza a 1,9 millones de personas palestinas en Gaza. La población gazatí se enfrenta a un aumento de las enfermedades y lucha contra el hambre debido al asedio ilícito de Israel, que bloquea por completo desde hace más de un mes la ayuda humanitaria que Gaza necesita desesperadamente. Ayer mismo, el primer ministro Netanyahu anunció su intención de tomar territorio para dividir Gaza.Abandonar la Corte Penal Internacional es posible en virtud del artículo 127 del Estatuto de Roma. Dicha retirada surte efecto un año después de que la Sección de Tratados de la ONU en Nueva York reciba la notificación. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta que la retirada no afectaría a las actuales obligaciones legales de Hungría como Estado miembro, incluidas la de detener a cualquier persona sujeta a una orden de arresto de la CPI y la de cooperar plenamente con las investigaciones en curso.La retirada de Hungría es una traición a todas las víctimas de crímenes de guerra y socava las protecciones otorgadas al pueblo húngaro, ya que le priva, dentro de un año, de la opción de exigir justicia ante la CPI por crímenes cometidos en su contra.Las autoridades estatales de los Estados parte de la CPI deben romper todo contacto no esencial con personas fugitivas como Netanyahu, contra quienes la Corte ha dictado orden de arresto. Todos los Estados de la UE se han comprometido a evitar tales contactos no esenciales como política oficial de la UE.
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El gobierno sirio debe garantizar que los perpetradores de una oleada de homicidios masivos contra civiles alauíes en zonas costeras responden de sus actos, y tomar medidas de inmediato para que ninguna persona o grupo sufra ataques por su filiación religiosa; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.Milicias vinculadas al gobierno mataron a más de 100 personas en la localidad costera de Baniás los días 8 y 9 de marzo de 2025, según la información recibida por Amnistía Internacional. La organización ha investigado 32 de estos homicidios y concluye que fueron deliberados, expresamente dirigidos contra la minoría religiosa alauí, e ilegales.Hombres armados preguntaban a la persona si era alauí antes de amenazarla o matarla y, en algunos casos, le reprochaban violaciones de derechos cometidas por el gobierno anterior, según contaron testigos a Amnistía Internacional. Las autoridades obligaron a familiares de víctimas a enterrar a sus seres queridos en fosas comunes y sin un rito religioso o ceremonia pública.“Los autores de esta terrible ola de homicidios brutales y masivos deben ser obligados a rendir cuentas. La evidencia de que disponemos indica que milicias vinculadas al gobierno actuaron deliberadamente contra civiles de la minoría alauí en espeluznantes ataques de represalia, disparando desde cerca y a sangre fría. Durante dos días, las autoridades no intervinieron para poner fin a la masacre. Una vez más, la población civil siria sufre las peores consecuencias de un conflicto en el que las partes enfrentadas buscan saldar cuentas”, ha afirmado Agnès Callamard , secretaria general de Amnistía Internacional.“Matar deliberadamente a civiles o a combatientes heridos, rendidos o capturados es un crimen de guerra. Los Estados tienen la obligación de garantizar investigaciones prontas, independientes, efectivas e imparciales sobre las denuncias de homicidios ilícitos y de obligar a rendir cuentas a los perpetradores de crímenes de derecho internacional.La población siria lleva soportando más de un decenio de impunidad por las graves violaciones de derechos humanos y atrocidades masivas cometidas por el gobierno de Asad y grupos armados. Las recientes masacres contra la minoría alauí dejan nuevas cicatrices en un país que ya tiene demasiadas heridas sin curar. Es vital que las nuevas autoridades garanticen verdad y justicia a las víctimas de estos crímenes para indicar su ruptura con el pasado y su tolerancia cero de estos ataques contra minorías. Sin justicia, Siria corre el riesgo de volver a caer en un círculo vicioso de atrocidades y derramamiento de sangre”.El 6 de marzo de 2025, grupos armados afiliados al gobierno anterior del presidente Bachar al Asad lanzaron múltiples ataques coordinados contra emplazamientos militares y de seguridad en las gobernaciones costeras de Latakia y Tartús. La respuesta del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, respaldados por milicias, fue lanzar una contraofensiva que provocó una importante escalada de la violencia. El 8 de marzo, las autoridades anunciaron que habían recuperado el control de todas las áreas afectadas.Los días siguientes, milicias afiliadas al gobierno actual mataron deliberadamente a civiles alauíes en pueblos y ciudades de la costa, incluida la ciudad de Baniás , donde, según informes generalizados, el gobierno de Bachar al Asad había perpetrado una masacre en 2013.El 9 de marzo, el presidente Ahmed al Sharaa se comprometió a hacer rendir cuentas a los autores de los crímenes y estableció una comisión de investigación sobre los acontecimientos en la costa y una comisión superior para mantener la paz civil. Aunque el establecimiento de una comisión de investigación parece ser un paso positivo para determinar lo sucedido e identificar a los presuntos autores, las autoridades deben garantizar que el mandato, autoridad, conocimientos y recursos de dicha comisión le permiten investigar eficazmente estos homicidios, lo que debería incluir acceso a testigos y familiares de víctimas y capacidad para protegerlos, acceso a las fosas comunes y los conocimientos forenses necesarios. Asimismo deberían garantizar que la comisión dispone de tiempo suficiente para completar su investigación.Amnistía Internacional entrevistó a 16 personas, entre ellas cinco residentes en Baniás y siete en otras partes de la costa, a otras dos en otras partes de Siria y a dos más fuera del país.El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional verificó nueve fotografías y vídeos compartidos con el personal investigador o publicados en redes sociales entre el 7 y el 21 de marzo de 2025, realizó análisis de armas y examinó imágenes de satélite.Amnistía Internacional entrevistó a nueve personas, entre ellas cinco residentes de la ciudad de Baniás , que denunciaron que 32 familiares y vecinos —24 hombres, 6 mujeres y 2 menores— habían sido víctimas de homicidio deliberado a manos de milicias afiliadas al gobierno en Baniás los días 8 y 9 de marzo de 2025. De las 32 personas asesinadas, 30 estaban en el barrio de Al Qusour , ciudad de Baniás . Amnistía Internacional entrevistó asimismo a un profesional de la salud en Baniás .Las personas entrevistadas identificaron a sus parientes cercanos y vecinos y contaron a Amnistía Internacional cómo los habían matado. La organización también obtuvo los nombres de 16 civiles cuyos familiares denunciaban que habían sido víctimas de homicidio deliberado en zonas rurales de Latakia y Tartús.A finales de enero de 2025, después de que Hayat Tahrir al Sham (HTS) y grupos armados de oposición aliados tomaran Damasco, el gobierno provisional anunció que todas las facciones armadas serían desarticuladas e integradas en las fuerzas armadas gubernamentales. Según informes, el proceso está en curso.Aunque la ONU cree que el número de personas asesinadas en la costa es muy superior, pudo documentar 111 homicidios de civiles en las gobernaciones de Tartús, Latakia y Hama . Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, muchos de los casos documentados son de “ejecuciones sumarias” que “se han llevado a cabo con criterios sectarios [...] según se informa, por elementos armados sin identificar, miembros de milicias que supuestamente apoyan al ejército de las autoridades provisionales, y por grupos vinculados al antiguo régimen”. La Red Siria de Derechos Humanos documentó los homicidios ilegales de 420 civiles y combatientes desarmados ( hors de combat , fuera de combate), incluidos 39 menores, cometidos principalmente por milicias vinculadas a las autoridades.“Además de garantizar investigaciones efectivas y exigir rendición de cuentas a los perpetradores de estas muertes atroces, el gobierno tiene la obligación de llevar a cabo un procedimiento de verificación de antecedentes en materia de derechos humanos”, ha dicho Callamard . “Si existen pruebas admisibles de que una persona ha cometido violaciones graves de derechos humanos, ésta no debe acceder o seguir ocupando un puesto en el que podría repetir tales violaciones.”Homicidios ilícitos de civiles en el barrio de Al Qusour , BaniásCuatro residentes del barrio de Al Qusour contaron que habían oído un intenso tiroteo el 7 de marzo de 2025. Al día siguiente, decenas de miembros de milicias vinculadas al gobierno actual irrumpieron en el barrio. Y comenzó la masacre. Los homicidios se sucedieron los días 8 y 9 de marzo.Samira* contó a Amnistía Internacional que varios hombres armados irrumpieron en su casa hacia las 10 de la mañana del 9 de marzo y mataron a su esposo de un disparo en la cabeza. Uno de los hombres preguntó, a ella y a su esposo, si eran alauíes y después culpó a la comunidad alauí de la muerte de su hermano. Así lo contaba: “Les supliqué que no se llevaran [a mi esposo]. Expliqué que no teníamos nada que ver con los homicidios cometidos en el pasado ni con la muerte de su hermano.” Samira* contó que los hombres habían subido a su esposo a la azotea, diciéndole que iban a enseñarle cómo los alauíes mataban a los suníes. Y cuando los hombres se fueron: “Subí a la azotea y vi su cadáver. Tuve que huir para salvar la vida. Pedí a mis vecinos que protegieran el cuerpo.” Amnistía Internacional examinó seis imágenes del cadáver, que presentaba una herida visible en la cabeza y yacía en un charco de sangre.Según Samira, además de a su esposo también mataron al marido de su vecina, que tenía cerca de 80 años, y a su cuñado.Hacia las 11 de la mañana del 8 de marzo, Ahmad* fue informado a través de la llamada de un familiar de que unos hombres armados habían registrado su vivienda y disparado a su padre, que tenía cerca de 70 años. Así lo contaba: “Mi madre me contó que cuatro hombres armados habían irrumpido en nuestra casa por la mañana temprano. Lo primero que preguntaron [a mis familiares] fue si eran alauíes.” Los hombres empezaron a golpear al hermano de Ahmad, y su padre intentó impedírselo. “Le ordenaron [a mi padre] que se apartara [...] Cuando él lo hizo, un hombre armado le disparó por la espalda y la bala salió por el pecho [...] 20 minutos más tarde volvieron y se llevaron el cadáver.” Amnistía Internacional examinó una grabación en vídeo de sangre esparcida por el suelo, que según Ahmad pertenecía a su padre. Ahmad contaba que otro pariente cercano tuvo que buscar múltiples veces entre los cadáveres almacenados en un hospital cercano, en presencia de hombres armados, para encontrar el cadáver de su padre. Un profesional de la salud confirmó a Amnistía Internacional que habían recibido decenas de cadáveres de manos de milicias, equipos de defensa civil y la Media Luna Roja Árabe Siria, y que éstos se almacenaban en el hospital de Baniás , en su mayoría apilados fuera de la cámara mortuoria refrigerada. Las familias tenían que buscar a sus seres queridos entre montones de cuerpos.Saed * estaba ese fin de semana en el barrio visitando a sus padres. La mañana del 8 de marzo, la familia oyó disparos y después se hizo el silencio. Pensaron que se habían librado, hasta el día siguiente. Sobre las 10 de la mañana, unos hombres armados irrumpieron en el edificio. Oyeron disparos.Saed * contó: “Dije a mi familia que me siguiera y salí corriendo hacia la azotea. Venían detrás de mí. Al llegar la a azotea, miré hacia atrás y [mis parientes] ya no estaban [...] Entonces oí a los hombres armados preguntar a mi hermano si era alauí o suní. Él respondió pero le temblaba la voz. Mi otro hermano intervino y les dijo: “Llévense lo que quieran pero váyanse”. Luego oí la voz de mi padre, y sonó como si se los llevaran escaleras abajo.” Entonces oyó disparos.Minutos después, Saed * encontró los cadáveres de su padre, de 75 años, y sus hermanos, de 31 y 48, con disparos en la cabeza en la entrada del edificio. Amnistía Internacional examinó imágenes en las que se veían tres cadáveres delante de lo que parecía un edificio residencial.Según contaron testigos a la organización, muchos de los hombres que habían participado en la matanza eran sirios, aunque también había algunos extranjeros entre ellos.Según los residentes, las autoridades no intervinieron para poner fin a los homicidios ni ofrecieron a la población local vías seguras para huir de los hombres armados. Dos residentes contaron a Amnistía Internacional que habían tenido que recorrer al menos 15 kilómetros por el bosque en busca de seguridad. Otros tres contaron que finalmente pudieron huir gracias a los viajes en coche facilitados por HTS, antiguo grupo armado ahora integrado en las fuerzas armadas gubernamentales.“Vi cientos de cadáveres”Siete de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional contaron que las autoridades no les habían permitido —a ellas o a sus familiares— enterrar a sus familiares asesinados en el barrio de Al Qusour con un rito religioso o ceremonia pública, ni en el lugar de su elección. Los cadáveres yacían apilados en un solar vacío situado junto al cementerio de Sheikh Hilal , cercano al barrio.Saed * contó que las fuerzas de seguridad cavaron una fosa junto al cementerio y apilaron allí los cadáveres. No le permitieron tomar fotografías, ni que otros familiares asistieran al entierro. “Vi cientos de cadáveres”, dijo. “Tuve que enterrar yo solo a mis hermanos [el 10 de marzo]. Los cadáveres estaban muy juntos y en varias capas. El camión los cubrió la fosa con tierra.”El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis verificó cuatro fotografías del lugar de enterramiento en el barrio de Al Qusour , en las que se veían tumbas marcadas de manera informal. Imágenes de satélite confirman que el terreno de la zona fue removido entre el 8 y el 10 de marzo de 2025.Según el derecho internacional humanitario, las personas fallecidas deben ser enterradas, si es posible, según los ritos de la religión a la que pertenecían y, en principio, en tumbas individuales.*Nombre ficticio por motivos de seguridad.
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A 2 de abril de 2025, al menos nueve personas de nacionalidad marroquí se encuentran en situación de calle, tras haber entrado a nado en Melilla y haberles sido denegada la entrada en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Esta situación supone una grave discriminación por nacionalidad, que impera en los criterios de acogida en el CETI y según los cuales no pueden acceder personas de nacionalidad marroquí por la vía de atención humanitaria. A esta situación, en Melilla se añaden los recientes cambios en el sistema de citas para acceder al procedimiento de protección internacional, y que dificultan aún más garantizar el ejercicio de los derechos de estas personas.Las entidades firmantes denuncian, en primer lugar, una situación de discriminación por nacionalidad para la entrada en el CETI de Melilla y Ceuta, así como arbitrariedad y opacidad en los criterios de admisión. Esta discriminación viene dada por el hecho de que, de facto, se esté exigiendo exclusivamente a personas de nacionalidad marroquí presentar documentación que acredite su condición de solicitantes de protección internacional para acceder al centro. Este requerimiento vulnera el derecho de acceso al programa de atención humanitaria previsto para las personas que, independientemente de ser solicitantes de protección internacional, han accedido a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por vías irregulares. Esto se recoge en las Instrucciones de procedimiento y gestión de plazas aplicables a la acción concertada para el programa de atención humanitaria 2023-2026, que resulta aplicable al CETI, como centro de atención humanitaria.En este sentido, la dirección del CETI de Melilla, tras reunirse con la Secretaría de Migraciones, se ha remitido a un supuesto Acuerdo entre España y Marruecos, según el cual las personas de nacionalidad marroquí quedarían excluidas como beneficiarios del programa de atención humanitaria. Las entidades firmantes señalan el carácter discriminatorio de esta medida, así como la falta de transparencia respecto a los acuerdos de cooperación entre España y Marruecos. Así pues, se exige se pongan en conocimiento del público de forma inmediata.En segundo lugar, se denuncia la vulneración del derecho a solicitar asilo. A pesar de haber manifestado de forma verbal ante las autoridades competentes la voluntad de solicitar protección internacional, no se expide en Melilla ni en Ceuta el tradicional resguardo de dicha manifestación, lo que genera inseguridad jurídica e indefensión en las personas que quieren pedir asilo y que son remitidas a un sistema de cita telemática inoperativo en la actualidad.La negativa a emitir este documento es especialmente grave dado que se vulnera la garantía del principio de no-devolución; y, además, está condicionando también el acceso a los CETI, dejando a las personas afectadas en situación de calle, desde hace más de dos semanas en el caso de Melilla. Esta situación se ve agudizada por el hecho de que en la ciudad fronteriza no existen alternativas habitacionales para las personas recién llegadas y se impide su libre circulación hacia la Península, quedando las personas atrapadas en la ciudad sin posibilidad de acceso a derechos básicos como el empadronamiento o la sanidad. Cabe recordar que las personas afectadas, al haber entrado a nado en las ciudades autónomas, cumplen con los requisitos establecidos en la recientemente dictada Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Subsecretaría sobre el procedimiento de protección internacional, con fecha del 14 de marzo de 2025, según la cual, “el acceso al procedimiento de protección internacional en los puntos de formalización de Ceuta y Melilla, se circunscribirá con carácter exclusivo [...] a las solicitudes de protección internacional de aquellos extranjeros que hubieren accedido directamente y de forma irregular a Ceuta y Melilla”.Desde el 27 de febrero, en Melilla, sin que se haya publicado ninguna circular o documento que lo recoja, se ha puesto en marcha un nuevo sistema telemático de solicitud de cita de protección internacional. Este procedimiento, nunca antes implementado en esta ciudad, impide que las personas que entran de forma irregular en Melilla puedan hacer efectivo el derecho al asilo. Anteriormente, la asignación de la cita para la entrevista de asilo era emitida exclusivamente de manera presencial por las autoridades policiales en el puesto fronterizo de Beni Ensar.Las personas afectadas han expresado las dificultades para acceder a la plataforma online de solicitud de cita, dado que la Policía Nacional solo les ha facilitado un QR para acceder a la página web, teniendo en cuenta que algunas de estas personas no tienen dispositivos móviles, ni cuentan con conexión a Internet y que la página web está disponible solamente en español. Además de las barreras idiomáticas, una vez conseguido acceder al sistema, se indicaba que no había citas disponibles (se abren mes a mes).Las personas afectadas expresan haber llegado al CETI, incluso en uno de los casos, con la ropa mojada y sin zapatos, por la noche y de madrugada tras haber cruzado a nado, y han sido referidos a la oficina de asilo, a pesar de que se tuviera conocimiento de que la oficina se encontraba cerrada. También expresan que, en todas las ocasiones que se han dirigido a las instalaciones del CETI, no han podido hablar con el personal ni con la administración del centro, sino que ha sido la seguridad privada que custodia el recinto la que les ha indicado que tenían que ir al puesto fronterizo de Beni Ensar y El Tarajal, donde repetidamente les han remitido a pedir citas telemáticas a través de un sistema que no funciona.En conclusión, las personas se han visto abocadas a un laberinto burocrático sin salida. Cabe destacar que las personas solicitantes de acceso al CETI son personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, al encontrarse sin recursos económicos, en situación de calle, tras haber entrado a nado. Además algunas de estas personas han manifestado haber sido víctimas de devoluciones en caliente en el mar, por parte de las autoridades españolas, incluso en diversas ocasiones. Al menos una de las personas ha requerido asistencia médica. Ante esta grave situación se han interpuesto Quejas a la Defensoría del Pueblo para poner en su conocimiento los hechos y solicitar un pronunciamiento.De nuevo, esta situación pone de manifiesto la vulneración de derechos humanos que ocurre de forma sistemática en las fronteras del Estado español, en un marco de racismo estructural, así como la falta de transparencia respecto los protocolos y normativas que rigen los procedimientos y centros de gestión migratoria, más allá de la realidad concreta de la ciudad autónoma de Melilla y Ceuta.
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Las fuerzas armadas de Myanmar deben abstenerse de llevar a cabo ataques deliberados, aéreos y de otra índole, contra objetivos civiles en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,7 que tuvo lugar la semana pasada; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, al tiempo que ha pedido más rapidez en el reparto de ayuda humanitaria a la población residente en el epicentro de la catástrofe.Los testimonios recabados por Amnistía Internacional en los días siguientes al terremoto confirman los informes según los cuales las fuerzas armadas no han interrumpido su campaña de letales ataques aéreos, que se añaden a la tensión de los esfuerzos de recuperación y al miedo y la angustia de quienes han sobrevivido.“Las fuerzas armadas de Myanmar, junto con todos los demás actores que participan en actividades de ayuda humanitaria tras el terremoto, deben garantizar que se respetan plenamente los principios de derechos humanos y que las necesidades humanitarias de las personas sobrevivientes tienen prioridad máxima”, ha afirmado Joe Freeman, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar.“No se puede pedir ayuda humanitaria con una mano y lanzar bombas con la otra.”Joe Freeman, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar“No se puede pedir ayuda humanitaria con una mano y lanzar bombas con la otra. Perpetrar ataques aéreos y atacar a la población civil en una zona impactada por el terremoto es inhumano y revela un desprecio manifiesto por los derechos humanos.”El terremoto ha causado al menos 2.065 muertes y dejado más de 3.900 personas heridas, según medios de comunicación controlados por las fuerzas armadas en Myanmar. El rápido aumento de las cifras cada día que pasa y las dificultades para establecer comunicación hacen temer que el número de víctimas sea muy superior.El epicentro del terremoto está en Sagaing, una extensa región del centro de Myanmar. También hay informes sobre daños significativos en Mandalay, segunda ciudad más importante de Myanmar, en Naipyidó, la capital, y en algunas partes del estado de Shan y la región de Bago.Los ataques aéreos, que se han convertido en un hecho cotidiano en Myanmar desde el golpe de Estado de 2021, han impactado en zonas próximas al foco de las actividades de recuperación del terremoto y en otras zonas de conflicto, como los estados de Karen y Karenni. “Suena como una motosierra”Desde el golpe de Estado, las fuerzas armadas han librado feroces batallas contra grupos de resistencia armada en Sagaing y el centro de Myanmar en general, con ataques aéreos ilícitos, ejecuciones extrajudiciales e incendios de casas en gran escala. En algunos casos también se han atribuido abusos a los grupos enfrentados a las fuerzas armadas.Amnistía Internacional habló con una enfermera myanmara en el pueblo de Nwe Khwe (municipio de Chaung-U, región de Sagaing) y con un rescatista del mismo municipio.El rescatista contó que tras el terremoto habían tenido que ponerse a cubierto de ataques, varios de ellos perpetrados la mañana del martes 1 de abril y otro el mismo día del terremoto, con parapentes tripulados a motor —llamados localmente “ataques con paramotor”—, nueva táctica de las fuerzas armadas de Myanmar en el centro del país que permite ahorrar recursos como el combustible de aviación.“Estaba en un refugio subterráneo [durante los ataques] cuando escuché el sonido de un motor atravesando mi pueblo. Un ataque con paramotor suena como una motosierra”, explicó el rescatista. “Se ha convertido en nuestra realidad cotidiana, sobrevivir a los ataques aéreos. No sé por qué todavía no han cesado.”La enfermera, afiliada al movimiento de desobediencia civil que se opone a las fuerzas armadas mediante protestas y boicots, también contó que hubo un ataque con paramotor al anochecer el mismo día del terremoto, y otro el 31 de marzo. En esta ocasión no hubo víctimas de ataques con paramotor, gracias en gran medida a los sistemas de alerta temprana instalados.“Psicológicamente no estoy bien, todo el mundo en el pueblo está asustado por los ataques y el terremoto”, contó.El Gobierno de Unidad Nacional en la oposición, del que dependen las Fuerzas Populares de Defensa creadas tras el golpe de Estado de 2021 para combatir a las fuerzas armadas, anunció un cese de las hostilidades durante dos semanas a partir del 30 de marzo. El 1 de abril, la Alianza de las Tres Hermandades, facción armada diferenciada aunque alineada con el anterior, anunció una pausa humanitaria de un mes de duración excepto en el caso de acciones defensivas. “La situación era como en la pandemia de COVID-19”A diferencia de sus respuestas anteriores a catástrofes naturales documentadas por Amnistía Internacional, las fuerzas armadas de Myanmar han hecho un excepcional llamamiento a la comunidad internacional para pedir ayuda humanitaria y, según información recibida por la organización, esta ayuda ya está llegando a algunas zonas afectadas. Pero el panorama es desigual, complicado por interrupciones de Internet e informes sobre retenciones o bloqueos del reparto de ayuda humanitaria.En la ciudad de Sagaing, capital de la región homónima, Amnistía habló con tres residentes. Además examinó un informe sobre las actividades de recuperación de un grupo de coordinación surgido de la sociedad civil de Myanmar, que decía que en la ciudad de Sagaing cada vez se necesitaban más bolsas para cadáveres y polvo de cal viva, linternas, suministros médicos y espirales antimosquitos.También contó que las fuerzas armadas, que controlan gran parte de la ciudad, estaban imponiendo medidas de “estricta vigilancia” para los vehículos ligeros que se dirigían a Sagaing desde Mandalay. Los soldados inspeccionan los envíos, y los controles pueden durar más si el vehículo llega de otras zonas de Sagaing con más conexiones a grupos de resistencia.Según los residentes, hay destrozos en gran parte de la ciudad y la población no tiene acceso regular a agua potable, alimentos, refugio, medicamentos, tratamiento médico adecuado ni electricidad (algunos están utilizando pequeños paneles solares). Contaron que la gente está durmiendo en la calle con colchonetas, lonas y mosquiteras.“Cruz Roja de Myanmar está aquí, y se han activado grupos de la sociedad civil local con sede en Sagaing, y están funcionando. Pero no veo a ninguna organización internacional en la ciudad”, dijo un residente el 31 de marzo. “No se puede comprar comida ni agua potable porque no hay un solo proveedor en la ciudad.”Otro residente local que estaba ayudando a repartir ayuda humanitaria dijo que hacen falta raciones secas, como comida enlatada y fideos envasados, y que grupos locales estaban usando sus equipos particulares para llevar a cabo labores de búsqueda y salvamento.Aunque el acceso de organismos internacionales a Sagaing al parecer ya se había autorizado, ninguna de las personas con las que habló Amnistía había visto ninguno en la ciudad a fecha de 31 de marzo.Una mujer embarazada describió escenas de horror en el hospital local tras el terremoto.“La situación en el hospital [general de Sagaing] era como en la pandemia de COVID-19, montones de cadáveres en el hospital, sin saber quiénes son ni a quién pertenecen. El hospital se limitó a incinerarlos.”Según la mujer, le dijeron que necesitaba una cesárea pero que ésta debía hacerse en Mandalay, adonde no puede llegar. El 31 de marzo estaba esperando en la parte descubierta del recinto hospitalario.“Los derechos humanos corren peligro máximo en situaciones de crisis y emergencia. Las fuerzas armadas de Myanmar y otras partes del conflicto deben ocuparse de las necesidades inmediatas y esenciales de todas las comunidades afectadas y garantizar que las actividades de salvamento y ayuda humanitaria se llevan a cabo sin discriminación”, dijo Joe Freeman.“La provisión de ayuda internacional humanitaria —como agua potable, alimentos y suministros médicos— y económica a la población más vulnerable y marginada debe ser prioritaria.”
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Debe abrirse una investigación independiente e imparcial sobre las circunstancias en las que al menos 15 profesionales médicos y trabajadores de salvamento palestinos, que habían viajado al sur de Gaza para llevar a cabo una operación de salvamento, murieron por disparos tras abrir fuego las fuerzas israelíes contra sus vehículos, ha afirmado hoy Amnistía internacional, reiterando las peticiones de que se permita de inmediato el acceso de observadores independientes a la Franja de Gaza ocupada. Entre las víctimas mortales había ocho miembros del personal sanitario de la Sociedad Palestina de la Media Luna Roja (SPMLR), un miembro del personal de la Agencia de la ONU para la Población Refugiada Palestina (UNRWA) y seis miembros de la Defensa Civil palestina. Otro paramédico de la SPMLR continúa en paradero desaparecido. “Estos hombres eran paramédicos y trabajadores de salvamento que arriesgaban su vida día tras día, desafiando las bombas y las balas y trabajando en terribles condiciones para salvar vidas. El hecho de que los mataran cuando intentaban ayudar a otras personas es profundamente desolador y una absoluta tragedia. El personal médico que lleva a cabo sus tareas humanitarias debe ser respetado y protegido en todas las circunstancias. Los ataques deliberados contra personal médico y humanitario están prohibidos por el derecho internacional y constituyen crímenes de guerra. Cuando se impide que el personal médico y de ayuda humanitaria desempeñe una labor que salva vidas, todas las víctimas del conflicto sufren. Estos homicidios deben ser investigados de forma independiente e imparcial, y los autores deben rendir cuentas”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional. “Los ataques deliberados contra personal médico y humanitario están prohibidos por el derecho internacional y constituyen crímenes de guerra”Erika Guevara Rosas, Amnistía Internacional Según un miembro de la Defensa Civil palestina entrevistado por Amnistía Internacional, las víctimas habían viajado a la zona de Hashashin, en Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, el 21 de marzo de 2025 en una misión conjunta de salvamento de la SPMLR y la Defensa Civil palestina. Habían viajado a la zona para prestar asistencia a varias personas heridas, entre ellas un miembro del personal médico de la SPMLR, Mustafa Khafaja, que había resultado herido tras acudir a la zona para prestar primeros auxilios a personas heridas como consecuencia de bombardeos israelíes. El equipo de la SPMLR estuvo en paradero desconocido hasta el 30 de marzo, cuando se encontraron sus cuerpos sin vida en una fosa común después de una angustiosa búsqueda de nueve días. Uno de los paramédicos fue detenido por las fuerzas israelíes, que lo pusieron en libertad el 23 de marzo. Los militares israelíes dijeron que una investigación inicial determinó que sus tropas abrieron fuego contra vehículos que consideraron “sospechosos”, y reconocieron que habían disparado contra ambulancias y camiones de bomberos palestinos. Las fuerzas israelíes controlaban totalmente la zona en ese momento. Amnistía Internacional seguirá investigando los detalles de este incidente. Los intentos de investigar las violaciones y los crímenes de derecho internacional en Gaza siguen viéndose gravemente obstaculizados por el asedio total de la Franja de Gaza por Israel, incluida su negativa a permitir el acceso de personal investigador de derechos humanos, incluidos expertos forenses. “La persistente negativa de Israel a permitir la entrada en Gaza de personas expertas forenses y de investigadores independientes, incluidos los de la Corte Penal Internacional (CPI) y de organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, reforzarán la impunidad y envalentonarán a los autores de crímenes de guerra de todas las partes”, ha manifestado Erika Guevara Rosas. “La investigación de Amnistía Internacional indica que Israel es responsable de crímenes de guerra y genocidio en Gaza. No se debe permitir que las autoridades israelíes sigan obstruyendo las investigaciones sobre crímenes atroces, desobedeciendo las órdenes jurídicamente vinculantes de la Corte Internacional de Justicia. Deben permitir con carácter inmediato que personal investigador profesional lleve a cabo investigaciones imparciales e independientes y recopile y almacene pruebas decisivas, incluidas las personas que reciban ese mandato de la ONU y la CPI, así como las que trabajan para organizaciones de derechos humanos palestinas e internacionales. Sin estas investigaciones, Israel está negando a las víctimas toda posibilidad de justicia y reparación. “Ante el descarado incumplimiento del derecho internacional por Israel, incluidos los principios fundamentales del derecho internacional humanitario, los Estados no pueden seguir guardando silencio y quedarse de brazos cruzados. Tienen la obligación inequívoca de garantizar que Israel respeta el derecho internacional humanitario y poner fin al genocidio y otras violaciones manifiestas del derecho internacional contra la población palestina cometidas por Israel. Cada día de inacción cuesta vidas en Gaza y envalentona aún más a los responsables.” El genocidio de Israel en Gaza ha causado ya un número sin precedentes de muertes de trabajadores y trabajadoras de ayuda humanitaria, en su inmensa mayoría palestinos. En total, desde el 7 de octubre de 2023, al menos 408 trabajadores y trabajadoras de ayuda humanitaria han muerto en Gaza, de ellos al menos 280 del personal de la UNRWA y 34 de la SPMLR.
